Ecuador, 21 de abril de 2021. El jueves 22 de abril a las 10h00 se realizará la audiencia de Hábeas Data que fue planteada por el ciudadano sueco, Ola Bini ante el Gobierno de Ecuador.
Carlos Soria, abogado de Ola Bini, contó a Fundamedios que el recurso fue plantado en octubre de 2020 para saber si existe una orden judicial para los seguimientos que ha sido sujeto Ola Bini. Según su defensa, el informático sueco ha sido perseguido durante las 24 horas, todos los días del año, por miembros de la Policía Nacional y por personas no identificadas.
El Objeto del hábeas data, aclaró, es informativo para solicitar al Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y al Centro de Inteligencia Estratégica que señalan si ellos solicitaron alguna orden judicial para los seguimientos.
“Seis meses estamos en esto y esperamos que el señor juez decida en derecho y nos entreguen toda la información con relación al caso Ola Bini”, dijo Soria.
El 20 de junio de 2019 Fundamedios alertó que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de Hábeas Corpus y concedió la libertad a Ola Bini, quien fue acusado de, presuntamente, atacar la integridad de sistemas informáticos en el país. En la audiencia los miembros del Tribunal, Patricio Vaca y Henry Cáliz fallaron a favor de la libertad de Bini, asegurando que se vulneraron sus derechos, mientras que Miguel Narváez votó en contra.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por la dilación del proceso contra el informático sueco. En su Informe Anual 2020 emitido en los últimos días, el organismo «considera preocupante que durante 2020 haya continuado en suspenso el proceso contra el activista informático Ola Bini, cuyas audiencias preparatorias de juicio fueron suspendidas y reprogramadas por lo menos cinco veces».
Desde abril del 2019 Fundamedios, consciente de su responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión a través de todo medio, incluido Internet, ha exigido a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Gobierno ecuatoriano garantizar el derecho al debido proceso de Ola Bini, así como su inmediata liberación.