ENGLISH VERSION
El 21 de agosto de 2015 la periodista franco-brasileña Manuela Picq, pareja del líder indígena Carlos Pérez Guartambel anunció públicamente que abandona el país para precautelar su seguridad jurídica y su integridad física. La decisión fue tomada después de que se le negara la acción de protección solicitada para resarcir sus derechos constitucionales, tras la detención de la que fue objeto el pasado 13 de agosto en el marco de protestas ciudadanas en Quito y la posterior cancelación de su visa, que le quitó el estatus migratorio legal en Ecuador.
En una rueda de prensa emotiva, en donde estuvo acompañada por su pareja, el líder indígena Carlos Pérez Guartambel, Picq agradeció a los ecuatorianos por la solidaridad y explicó lo que la motivó a tomar la decisión de salir del país: “Dada la falta de defensa constitucional; la precariedad de mis derechos y este limbo jurídico en el cual me encuentro, además la preocupacion de mi familia nos parece lo más adecuado regresar a Brasil y seguir con el pedido de visa Mercosur, con seguridad jurídica y cerca de mi familia”, apuntó la periodista y académica.
En ese sentido explicó que de repente se encontró detenida en todo este proceso, y tras haber sido negada la defensa de sus derechos, está “más preocupada que nunca” de lo que pudiera pasar con ella. “Hasta ahora no me informa el Estado cuál crimen cometí (…) escuché que mi crimen era actividad política, que yo sepa no hay delito de opinión en la Constitucion ecuatoriana (…) que yo sepa no hay delito emocional tampoco de amar a un líder político”, se preguntó Picq.
Por su parte, su compañero, Carlos Pérez Guartambel comentó que Manuela se encuentra en un estado de indefensión y se preguntó si “teniendo visa fue maltratada, golpeada, detenida ilegal y arbitrariamente, manteniéndola más de cuatro días sin fórmula de juicio, ahora que no tiene visa en qué situación se encuentra”.
El 19 de agosto, el caso de Picq dio un giro inesperado, cuando la Jueza Gloria Pinza, quien resolvió negar su deportación elevó a consulta ante el Ministro del Interior la sentencia que fue dictada en su favor. Esto llamó la atención de la defensa de Picq por considerar que dichos artículos citados en la Ley de Migración han sido derogados tácitamente por ser contrarios a la Constitución.
En diálogo con Fundamedios, el abogado Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos y a cargo de la defensa de Picq sostuvo que no cabía que la Jueza eleve a consulta al Ministro del Interior, ni tampoco que el Ministro haya solicitado revisar el expediente, como, según dijo, ocurrió en la tarde del 19 de agosto y que a su criterio es “muy grave”.
Albán explicó que la Jueza ha citado artículos de una Ley que data de los años 70, cuando los procedimientos de deportación se encontraban a cargo de los Intendentes de Policía. En ese sentido manifestó que dichos artículos han sido tácitamente derogados porque con la Constitución del 2008, en su artículo 168, numeral tres, se introdujo el Principio de la Unidad Jurisdiccional, el cual sostiene que solo las autoridades de la Función Judicial pueden administrar justicia. “Las autoridades de otros poderes del Estado no pueden administrar justicia, ni revisar las decisiones de la justicia. Un funcionario de otros poderes del Estado no tiene por qué intervenir porque no es parte del proceso”, apuntó el jurista .
Otro aspecto que llamó la atención de la resolución de la Jueza fue que a pesar de oficiar a la Fiscalía, no se incluyó su pronunciamiento oral requiriendo la investigación, con lo que, según Albán, la investigación podría quedar en nada porque no se especifica para qué oficia.
El 13 de agosto Picq fue detenida junto a su pareja, el líder indígena Carlos Pérez Guartambel en las afueras de la Iglesia de la Merced, en el centro de Quito, en medio de las protestas ciudadanas. Según pudo conocer Fundamedios, la periodista fue golpeada y permanecía bajo vigilancia policial en el hospital público Eugenio Espejo, para después ser llevada a un albergue llamado “Hotel Carrión”, un centro de detención donde permanecen los extranjeros indocumentados, en donde permaneció encerrada por cerca de 90 horas.
Journalist Manuela Picq decides to leave the country to safeguard her personal integrity because of the «legal limbo» in which she finds herself
On 21 August 2015, Franco-Brazilian journalist Manuela Picq, partner of the indigenous leader Carlos Pérez Guartambel, announced publicly that she would leave the country to safeguard her legal certainty and physical integrity. She made this decision after being denied the protective action requested to recover her constitutional rights, after the arrest which was subject to on 13 August in the context of citizen protests in Quito and the subsequent cancellation of her visa, depriving her of her legal migratory status in Ecuador.
In an emotional press conference, during which she was accompanied by her partner, the indigenous leader Carlos Pérez Guartambel, Picq thanked Ecuadorians for their solidarity and explained what motivated her to make the decision to leave the country: «Given the lack of constitutional defense; the precariousness of my rights and this legal limbo in which I find myself, as well as my family’s concern, it seems most appropriate to us that I should return to Brazil and continue with the request for the Mercosur visa, with legal certainty and near my family», said the journalist and academic.
She explained that suddenly she found herself detained in this process, and after being denied the defense of her rights, she felt «more concerned than ever» about what could happen to her. «The State has still not informed me what crime I committed (…) I heard that my crime was political activity, to my knowledge there is no crime of opinion in the Ecuadorian Constitution (…) to my knowledge, neither is there the emotional crime of loving a political leader», Picq pondered.
Meanwhile, her partner, Carlos Pérez Guartambel commented that Manuela is in a state of defenselessness and wondered if when «having a visa she was mistreated, beaten, unlawfully and arbitrarily detained, held more than four days without trial, now that she has no visa, what is her situation».
On 19 August Picq’s case took an unexpected turn when Judge Gloria Pinza, who ruled against her deportation, submitted the sentence in favor of the journalist to consultation with the Minister of Interior. This caught the attention of Picq’s defense, who believed that the quoted articles of the Immigration Law had been tacitly repealed as being contrary to the Constitution.
Speaking to Fundamedios, attorney Juan Pablo Albán, human rights expert and the person in charge of Picq’s defense, claimed that the judge could not submit the sentence to consultation with the Minister of the Interior, nor could the Minister request to review the file, as it was said had occurred on the evening of 19 August, and described the situation as «very serious».
Albán explained that the judge has quoted articles of a law dating back to the 1970s, when Police Intendants were in charge of deportation proceedings. He stated that these articles have been tacitly repealed because the 2008 Constitution, in Article 168, paragraph three, introudced the Principle of Jurisdictional Unity, which holds that only the authorities of the Judiciary can administer justice. «The authorities of other branches of government can neither administer justice, nor review the decisions of justice. An official of other branches of government should not intervene at all because he is not part of the process», explained the lawyer.
Another aspect that caught the attention of the defense in regard to the judge’s resolution was that although the Prosecutor’s office was notified of it, her oral statement requiring the investigation was not included, with which, according to Alban, the investigation could never happen because the resolution does not specify why it is being notified.
On 13 August Picq was arrested with her partner, the indigenous leader Carlos Pérez Guartambel, outside the Church of La Merced, in central Quito, in the midst of public protests. Fundamedios was informed that the journalist had been beaten and remained under police surveillance in public hospital Eugenio Espejo, from where she was later taken to a hostel called «Hotel Carrion», a detention center where undocumented foreigners are held, where she was detained for approximately 90 hours.