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El 02 de junio de 2011 y bajo el título «¡No callaremos, señor presidente!», diario El Universo publicó una carta firmada por los propietarios del periódico, en respuesta a las notas que ha venido publicando el diario estatal El Telégrafo y reproducida por otros medios de gobierno, en la que se trata de vincular a la familia Pérez, propietarios de El Universo, con la construcción del terminal terrestre de Guayaquil, un negocio que habría perjudicado económicamente al Estado, tres décadas atrás.
En la carta, Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos del medio afirmaron que: «El Gobierno nacional debe entender una verdad muy simple, EL UNIVERSO no se va a callar. Para conseguirlo, para que nuestra voz enmudezca, al presidente de la República solo le quedará un camino, destruirnos, y por lo visto, eso es lo que ha resuelto».
«Durante cuatro años y medio nos ha endilgado toda clase, no de insultos, sino de vulgaridades. Ha perseguido a nuestros periodistas, columnistas y funcionarios».
En la publicación, los hermanos Pérez también recordaron que el periódico enfrenta una demanda por $80 millones y un pedido de prisión de tres años para cada uno y para el editorialista Emilio Palacio.
La información que dio lugar a la respuesta de El Universo data del 03 de mayo de 2011. En ella, y bajo el título de: «Negocios de El Universo afectan línea editorial», El Telégrafo aseguró que Carlos Pérez Perasso y sus hijos estuvieron vinculados en la construcción del terminal terrestre de Guayaquil que resultó en un negociado, puesto que la estructura se desplomó antes de que se entregue la obra, hace casi treinta años. La nota también fue ilustrada con una caricatura del fallecido director de El Universo Carlos Pérez Perasso.
El reportaje afirmó que, en la construcción de la obra, que estuvo a cargo de la empresa japonesa Fujita, estaría implicada la empresa Matricsa, «cuyo mayor accionista era Inamasa, de propiedad de Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos y César; estos dos últimos actuales directivos del Diario».
Ante estas afirmaciones, El Universo, el 01 de junio aclaró que el caso ya tuvo sentencia definitiva en 1992 y que Matricsa nunca tuvo una relación con el Estado, porque como «contratista particular había asistido a la transnacional japonesa Fujita Corporation en alguno de los trabajos» para la Terminal. Y agregó que Fujita es la única responsable por los perjuicios «por ser la que suscribió el contrato con la entonces Comisión de Tránsito del Guayas».
Además de citar esta presunta vinculación de la familia Pérez, el medio estatal hizo referencia a otros casos de corrupción en los que también podría estar involucrada esta familia y citó la compra de una procesadora de basura con sobreprecio, «extraños, pero comprensibles vínculos con un vicepresidente de la República que malbarató los gastos del Estado» y la compra de una embarcación que naufragó . En todos ellos no se esclarece el vínculo, pero se lo menciona y concluye con la siguiente pregunta: «Quiénes son los que dan lecciones de moral en el Ecuador y ahora demandan respeto a la libertad de expresión?».
Hoy, el medio de gobierno El Ciudadano afirmó que el supuesto perjuicio contra el Estado por la construcción de dicho terminal sería de $100 millones y que el caso quedó en la impunidad, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador ya está investigando al respecto.
Government media try to link founder and owner of the newspaper El Universo to corrupt businesses
On 2 June 2011 and under the headline «We won’t remain silent, mr president!» the newspaper ElUniverso published a letter signed by the paper’s owners as a reply to the articles that the state owned newspaper El Telégrafo has been publishing and other government media outlets have reproduced, attempting to link the Pérez family, owners of El Universo, to the construction of Guayaquil’s bus terminal three decades earlier, a business that was allegedly financially detrimental to the State.
In the letter, Carlos, César and Nicolás Pérez, the paper’s directors, state that:»The national government must understand a very simple truth; EL UNIVERSO will not remain silent.To achieve that, to make our voice go quiet, the President of the Republic can only do one thing, destroy us, and apparently this is what has been decided.
During four and a half years he has accused us of all sorts of, not insults, but vulgarities.He has persecuted our journalists, editorialists and officials.»
In the letter, the Pérez brothers also recall that the paper is facing a lawsuit for $80 million and a request of a prison sentence of three years for each of them and editorialist Emilio Palacio.
The information that led to the publication of this letter was published on 3 May 2011. With the title «ElUniverso’s businesses affect its editorial line», El Telégrafo claimed that Carlos Pérez Perasso and his children were linked to the construction of Guayaquil’s bus terminal, which resulted being a shady deal, as the structure collapsed even before the work was completed nearly 30 years ago. The piece was illustrated with a caricature of the now deceased director of El Universo Carlos Pérez Perasso.
The article affirmed that a company called Matricsa, «whose largest shareholder was Inamasa, owned by Carlos Pérez Perasso and his children María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos and César, the last two being the newspaper’s current directors» was involved in the construction of the terminal by Japanese company Fujita.
Faced by these assertions, on 1 June El Universo explained that a definitive sentence had been issued about the case in 1992 and that Matricsa was never associated to the State, because as a «private contractor it had assisted the Japanesetransnational Fujita Corporation in some of the work» for the Terminal.It also added that Fujita was the only responsible for the damages «because it had signed the contract with the then Guayas Traffic Commission».
As well as mentioning the Pérez family’s alleged link to the construction of the terminal, the State owned newspaper referred to other cases of corruption in which the family would also be allegedly involved and mentioned the purchase of a waste processing plant at a markup, «strange but understandable links to a Vice-president of the Republic who bargained away the State’s expenditures» and the purchase of a ship that sunk.The link is not made clear in any of those cases, but it is mentioned, and the article ends with the following question:»Who are the ones who give lessons in morals in Ecuador and now demand respect for the freedom of expression?»
Today, the government media outlet El Ciudadano claimed that the alleged damages against the State for the construction of the terminal amounted to $100 million and that as the case resulted in impunity, the Traffic Commission is now investigating it.