A dos semanas de que la Unión Nacional de Educadores (UNE) recuperé el acceso a su sede en Quito, sus miembros continúan esperando que la Comisión Liquidadora, a cargo del manejo de sus bienes, les entregué el informe que les permita decidir sobre el uso y futuro de los mismos, como dictan sus estatutos. Rossana Palacios, presidenta del gremio informó a FUNDAMEDIOS que la Comisión «no ha realizado ni entregado un inventario de los bienes de la organización en disolución para que sus dueños definan el camino que tomarán en adelante».
Es por eso que, a raíz de una asamblea general, llevada a cabo el 10 de mayo, se decidió que se presentaría una denuncia en contra de la Comisión, en primera instancia, por desacato a la autoridad, al no cumplir con lo establecido en la resolución que les permitió recuperar los bienes de la organización y luego presentarán una solicitud de prórroga para entregar sus propios informes, pues sin la entrega de la documentación por parte de la Comisión, se exponen «a circunstancias adversas al no poder liquidar ni saber dónde ni bajo que orden se trasladó el dinero de las cuentas de la UNE a otras».
Para ella, existió abuso de autoridad al vender cuatro sedes, sin autorización de los propietarios. Las sedes de Gualaceo, Shushunfi, Mocha y Loja pasaron a ser propiedad de nuevos dueños. “El patrimonio de la UNE estaba valorado en 11 millones de dólares. Eran 205 propiedades y queremos que nos expliquen dónde está ese dinero, ni si quiera han pagado los impuestos prediales”, acotó la representante.
El pasado 30 de abril el Ministerio de Educación realizó la entrega del informe de la Comisión Liquidadora de la Unión Nacional de Educadores a sus representantes legales. Durante el acto se transfirió la información sobre el patrimonio de la organización, para que sean sus miembros quienes decidan el uso de los bienes internamente, como dictan sus estatutos.
En agosto de 2016 la UNE fue disuelta con la aplicación del Decreto 16 que, en palabras de su representante, Rossana Palacios, tenía el objetivo de evitar la organización social de la sociedad civil con un pensamiento distinto. “Se procedió a la disolución violentando el debido proceso y asaltaron los bienes”, acotó.
El artículo 579 del Código Civil determina que una vez disuelta una organización se dispondrá de sus propiedades de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. En este caso, en el artículo 57 de la UNE, vigente a la fecha de su disolución, se señaló que “de producirse la disolución, sus directivos nacionales, en cumplimiento del mandato de sus miembros, resolverán sobre el destino sus bienes”.
En esa línea, el ministro de Educación, Milton Luna, expresó que se ejecutan las acciones en el marco de todos los aspectos legales. “Vamos a establecer rutas que beneficien en términos concretos la realización de condiciones democráticas dentro del sistema educativo”, destacó.