El miércoles 21 de abril de 2010, Carlos Ochoa, periodista y presentador del espacio «La Entrevista» de la estación televisiva Gama Tv (canal en manos del Estado), fue enjuiciado penalmente por Fausto Lupera, representante del Parlamento Andino, en la ciudad de Quito.
La querella se origina por el comentario vertido por el periodista, en su espacio, el pasado miércoles 14 de abril, cuando al entrevistar a Patricio Zambrano, Vicepresidente del Parlamento Andino, sobre la organización y trabajo del mismo, el periodista Ochoa expresó «recordemos a la ciudadanía como fue que el señor Lupera se tomó por asalto el Parlamento Andino, porque parece que estos señores están acostumbrados a ese tipo de cosas».
Ante lo cual, el pasado 15 de abril, en la sección cartas al director del rotativo La Tarde de la ciudad de Cuenca, Lupera rechazó las afirmaciones de Ochoa, señalando que las mismas se «constituyen en injurias graves contra mi persona y la dignidad que represento».
En comunicado de prensa, emitido por Lupera, anota que, la acusación fue presentada contra el periodista por haber sido «perjudicado en mi honor y dignidad debido a la serie de calumnias y mentiras emitidas por el mencionado periodista» con el objeto de «causarme daño ante la sociedad, perjudicar mis actuaciones y hacerme quedar mal con los ciudadanos que me eligieron».
Fundamedios considera que este tipo de acciones contradicen lo establecido en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su artículo 10 señala «…La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública…» y en su artículo 11 indica «los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad»; en consecuencia las leyes que penalizan la opinión atentan contra la libertad de expresión e información.
Exhortamos al Gobierno Ecuatoriano que en cumplimiento de su compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de marzo, presente a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales e impulse en los hechos la despenalización de los llamados delitos de opinión.