Ecuador, 04 de febrero de 2025.- El periodista Boris Sarango del portal digital Primer Reporte fue acusado judicialmente por Giovanny Loayza, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza. El candidato interpuso una querella en contra del periodista por haber emitido supuestas expresiones de “descrédito o deshonra”. Esto se da tras la publicación de la investigación sobre los antecedentes de los 2.089 postulantes a la Asamblea, liderada por Fundamedios y replicada por más de 40 medios de comunicación a nivel nacional, incluido Primer Reporte.
La investigación, presentada este fin de semana, fue colaborativa y desarrollada por 38 periodistas. La misma ofrece información verificada y accesible sobre quienes buscan llegar a tener una curul en el Legislativo.
El candidato Loayza indicó que la publicación realizada el 03 de febrero por Primer Reporte es “maliciosa y temeraria”.
“Ocho de los 76 candidatos a Asambleístas por Loja, han sido denunciados penalmente en los últimos diez años”, cita el medio lojano. Entre estos, consta el candidato Geovanny Loaiza que, según el sistema del Consejo de la Judicatura, tuvo dos procesos penales que nunca superaron la fase investigación previa por falta de evidencia y que ya están archivados.
Loayza no está nombrado en la investigación, pero sí consta en la base de datos adjunta, accesible a cualquier ciudadano que quiera consultar los antecedentes de los candidatos.
“Se siente aludido, nos escribió directamente y yo le dije que si quería aclarar la nota podían hacer una entrevista”, dijo Sarango a Fundamedios. Sin embargo, el candidato no aceptó y pidió que se elimine su nombre de la lista. El periodista indicó que eso no era posible y que la investigación no era de su autoría sino que se trataba de una investigación colaborativa y con procesos estrictos de rigurosidad y contraste.
Yalilé Loaiza, presidenta de Fundamedios, escribió una respuesta formal al candidato respecto a su pedido, en el que le explica que los datos obtenidos se basan en información de acceso público que se encuentra en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). “La mención de su nombre se limita a un listado de candidatos lojanos que en algún momento han enfrentado proceso legales incluyendo archivos de investigaciones previas”, escribió Loaiza. Añadió en el mail que, no se trata, de ninguna forma, de un daño dirigido a ningún candidato, sino que el objetivo es brindar información de interés público de manera transparente.
Ante esto, el candidato inició acciones legales en contra del periodista este 04 de febrero. En una publicación en su Facebook personal escribió: “Por más disculpas o llamadas de Fundamedios, tenemos como ciudadanos el derecho a la honra y a la dignidad”. Sin embargo, Fundamedios aclara que nunca se disculpó con el candidato, sino que emitió un correo formal con la explicación de la transparencia de la investigación. Desde la organización señalamos, que tampoco no hay nada de que disculparse pues la información sobre el candidato está en bases de datos públicas y no ha sido señalado en la investigación de Fundamedios de ninguna forma.
Las contravenciones de cuarta clase tipificadas en el Código Integral Penal imponen una pena de privación de libertad de 15 a 30 días. El candidato en la demanda solicita reparaciones que llegan a lo delirante como que el periodista acuda a tratamiento psicológico para “superar sus psicopatías de ofender a las personas” y además, pide una indemnización de 50 mil dólares.
Fundamedios expresa su rechazo ante esta acción de un candidato que consideramos únicamente busca ganar notoriedad y elevar el perfil de su campaña con base en acusaciones absolutamente infundadas e improcedentes en contra de un periodista que únicamente difundió una investigación periodística sobre los antecedentes de los 2.085 candidatos a la Asamblea Nacional liderada por Fundamedios con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Desde Fundamedios apoyamos firmemente y vamos a defender con todas las herramientas legales al periodista Boris Sarango. Esperamos que el sistema de justicia deseche una demanda que no tiene ningún sustento.