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Fundamedios

Agresiones físicas

Periodistas de medios gubernamentales son impedidos de cubrir marcha de movimiento indígena

por | Mar 20, 2012

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El 19 de marzo de 2012, el periodista Máximo Barba, corresponsal en Ambato (136 Km al sur de Quito) de Ecuador TV, fue agredido físicamente e impedido de cubrir la marcha indígena en su paso por esa ciudad.

Barba narró a FUNDAMEDIOS que él y su camarógrafo estaban realizando su trabajo en el parque central de la ciudad, cuando un individuo, que se identificó como parte del comité de seguridad de la marcha, los interceptó y exigió que abandonaran el lugar, porque los medios del Gobierno tenían restringido la cobertura de la marcha.

«Nos empezó a decir que no éramos gratos ahí, que nos alejemos, pese a que estábamos en la vía pública, pero comenzaron a ponerse violentos, me sacudieron y amenazaron con hacerme justicia indígena hasta que intervino la Policía, pero ya no pudimos cubrir», comentó Barba.

En las tomas grabadas por el equipo de Ecuador TV y que fueron publicadas en un enlace de su página web, se ve cómo el periodista es sacudido por uno de los manifestantes, quien cubre la mitad de su rostro con una bandera de colores, que identifica al movimiento indígena.

A esta agresión se suma una ocurrida el pasado viernes 16 de marzo, cuando esta marcha, que se denomina «Marcha Plurinacional Por la Vida» arribó a la ciudad de Riobamba, a 188 Km, al sur de Quito.

Según detalló diario El Comercio, ese día y durante los discursos de dirigentes indígenas, «un grupo de marchantes identificó a un camarógrafo del diario oficialista El Ciudadano y los obligaron a retirase del sitio porque aseguraron que ese medio tiene como objetivo deslegitimar la marcha» .

De acuerdo con el rotativo, la acción se dio como una represalia a una nota que publicó el medio oficialista bajo el título «Quishpe recibe una botellita por marchar».

Esto, en la versión del medio de Gobierno significa «pretender seguir pagando a este sector de indígenas con alcohol como hace cientos de años». El contenido de esta nota ha sido señalada, por diversos sectores, como «racista» y/o discriminatorio con los indígenas que marchan en protesta por los proyectos mineros de gran escala que pretende implementar el Gobierno.

Government media journalists prevented from covering indigenous movement march

On 19 March 2012, journalist Máximo Barba, a correspondent for Ecuador TV in Ambato (136 km south of Quito) was physically attacked and prevented from covering an indigenous march as it passed through that city.

Barba told FUNDAMEDIOS that he was working with his camera operator in the city’s central park when a man, who identified himself as part of the march’s security committee, intercepted them and demanded that they should leave the area because government media were not allowed to cover the march.

“He started to tell us that we were not welcome there, that we should move off, although we were in a public space. They started to become violent, they shook me up and threatened to apply indigenous justice until the Police intervened, but we could no longer cover the event” he commented.

In the images taped by the Ecuador TV team, which were published as a link in its webpage, the journalist can be seen as one of the demonstrators shakes him up, covering half his face with the colored flag that represents the indigenous movement.

This aggression adds up to another one that took place on Friday 16 March when the march, which is being called “Multinational March for Life”, arrived at the city of Riobamba, 188 km south of Quito.

According to the newspaper El Comercio, that day, while the indigenous leaders where delivering speeches, “a group of the demonstrators identified a camera operator for the pro-government newspaper El Ciudadano and forced him to leave the area because, they asserted, the paper’s objective is to delegitimize the march”.

According to the newspaper, the action came as a reprisal to an article published by El Ciudadano under the title “Quishpe receives a little bottle for marching”.

This, in the version presented by the government paper, means “there is an intention to continue paying this group of indigenous people with alcohol, as it happened hundreds of years ago”.The article’s content has been classified by several sectors as “racist” and/or discriminatory against the indigenous people who are marching against the large-scale mining projects that the government wants to implement.

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