Ecuador, 21 de julio de 2020.- El pasado 15 de julio, Juan Carlos Calderón, director del portal Plan V, recibió un correo electrónico desde la cuenta “post@legal-abuse.eu”. El mensaje contenía una solicitud de Robert Adams y de otra persona a nombre de Marcelo Herdoíza, que no se identifica.
Finalmente, el empresario no fue vinculado en el caso Sobornos, un proceso a través del cual se condenó al expresidente Rafael Correa por delito de cohecho en una trama de corrupción. En ese contexto, en el e-mail se solicita que se respete la honra de Herdoíza y se oculte su identidad en los buscadores de Internet. Esto, tras la publicación el 6 de enero de 2020 de la crónica Las reprimendas de la jueza Daniella Camacho en el portal. Justamente, allí se detalla como la jueza ordena a Fiscalía que siga las investigaciones sobre los empresarios que no fueron vinculados en el caso original, entre ellos Herdoiza.
En el artículo se le menciona una vez y no se hace juicio de valor. “Tampoco fueron vinculados Marcelo Herdoíza, de la empresa Midisa S.A. (código v3) y Luis Valero, de Semaica (código v6). Asimismo la empresa china CWE (código v9), Francisco Suárez (código v18) y el exsecretario de Alianza País, Galo Mora (código GM)”, informa el texto.
En el correo electrónico se pide que: “se proceda a ocultar la referencia a la identidad del Sr. Marcelo Herdoiza en los buscadores de internet mediante la adopción de medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc., para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca su información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de internet de los siguientes enlaces”. Además, se advierte que si no se procede en un plazo de 20 días se iniciarán acciones judiciales.
En el mensaje se cita al artículo 18 de la Constitución de la República de Ecuador, que se refiere al derecho de buscar y acceder a información oportuna. También al 92 de la Acción de Hábeas Data y al 66 sobre la protección de datos de carácter personal. Se menciona a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, sobre la responsabilidad de la información, la accesibilidad y confidencialidad de los datos.
Llama la atención que la misiva se envió a Plan V desde un correo europeo, como si el dominio del sitio web ecuatoriano estuviese alojado en Europa.
Fundamedios contactó a Juan Carlos Calderón, quien aclaró que el hosting está en Estados Unidos y el dominio en Ecuador, por ello no comprende por qué llega esta comunicación. Además, asegura que el artículo está bien y cumple con los requisitos de una nota periodística; es decir, está contrastada. “Nosotros hicimos una crónica, que salió de una cobertura que la hicieron todos los medios del país, mencionando al señor y a su empresa”.
Este 22 de julio, el periodista contestó el correo electrónico asegurando que no se ha violado ningún principio de la Constitución ni de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. “No vemos relación alguna entre los derechos citados y la crónica periodística, toda vez que se refiere a un proceso judicial público. Recalcamos que, pese a todas las normas citadas por usted de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, el nombre de una persona no corresponde a dato confidencial o reservado alguno, más aún cuando forma parte de un proceso judicial público”, expuso.
El pedido hecho al medio de comunicación se ampararía en la aplicación del mal llamado “derecho” al olvido que algunas instancias jurídicas de la Unión Europea protegen en detrimento del acceso a la información pública y el ejercicio de la libre expresión.
A criterio de Fundamedios, la pretensión de aplicar extraterritorialmente, este criterio supone un alto riesgo a la libertad de expresión. La organización considera que en la petición hay una clara exposición a una acción intimidante que pretende censurar. Además, es preciso recordar que Marcelo Herdoíza no fue vinculado al caso Sobornos, pero la Fiscalía recomienda en su sentencia final que se siga investiguando al empresario, quien sí aparece en la documentación que sirvió como pruebas del caso.
Frank LaRue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, señala que abolir decisiones judiciales, recomendaciones o récord de los tribunales no está permitido. El abogado explica que la ley europea reconoce el mal llamado “derecho” al olvido, pero su jurisdicción tiene alcance en ese territorio, es decir, no podría exigir que se borren de los motores de búsqueda información que esté en otros continentes. “Utilizar la legislación europea no tiene sentido, la pueden usar como argumento de fondo, filosófico que inspire a una Corte, pero no como un tema de jurisprudencia establecida”.