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El 21 de enero de 2013, el presidente y candidato para la reelección Rafael Correa anunció que en su próximo período de gobierno el Estado subsidiará a los pequeños medios «sin fines de lucro» como una medida para afrontar el aumento salarial de los periodistas con y sin título profesional, cuyo sueldo fue establecido por el Ejecutivo a finales del año pasado.
En una entrevista en Radio Majestad, Correa dijo que ha «pedido a la Secretaría de Comunicación que prepare un plan de contingencia para apoyar desde el gobierno a esas estaciones pequeñas sin capacidad de acumulación, sin fines de lucro, que no podrían pagar salarios más altos, y pueda participar el Estado subsidiando ese salario». Sin embargo, este subsidio no aplicará para los grandes medios porque, según el candidato por el partido oficialista Alianza PAIS, a «las grandes empresas mediáticas lo que más les sobra es plata y siempre han explotado a sus trabajadores».
Con el último incremento ordenado por el Gobierno, el salario de los comunicadores subió en al menos un 58%, de los cerca de $345 en 2011, a $817 para periodistas titulados en 2013, lo que ha provocado el despido de profesionales de la comunicación y el temor de posibles recortes de personal en los medios.
De acuerdo a una publicación del diario estatal El Telégrafo, Radio Colón cesó vía telefónica a ocho colaboradores, mientras que diario La Hora despidió a tres de sus reporteros de las secciones de Economía, Sociedad y Ciudad, el pasado 26 de diciembre y el periódico digital Ecuadorenvivo, también despidió a un periodista.
Fundamedios se contactó con Luis Vivanco, jefe de información de diario La Hora quien admitió que sí hubo los despidos y aseguró a que «con el dolor del alma, tuvimos que prescindir de tres colaboradores para precautelar el trabajo de otros cientos» y aseguró que los despidos sí están relacionados con la medida que, a su criterio, no afecta a los medios, sino a los periodistas.
Por su parte, Alfonso Pérez de Ecuadorenvivo también confirmó que el despido de uno de sus periodistas está relacionado al incremento salarial, a la vez que calificó a esta medida de «perversa», pues a su criterio, es una medida política cuya finalidad es crear un clima laboral desagradable dentro de los medios y perjudicar a los trabajadores de la comunicación, para quienes cada vez habrá menos plazas laborales.
En el caso de radio Colón, su apoderada, Glenda Silva dijo a Fundamedios que no es verdad que hayan despedido a ocho, sino a dos colaboradores, uno en enero de este año y otro en octubre del año pasado y afirmó que estos despidos no tienen relación con el anuncio del aumento salarial. «No entiendo de dónde sacaron eso», enfatizó.
Tanto el alza salarial como el anuncio del subsidio preocupa a entidades como el Colegio de Periodistas de Pichincha. Susana Piedra, titular de esta entidad aseguró a Fundamedios que el incremento salarial fue una decisión unilateral y representa un arma de doble filo porque no todos los medios tienen la capacidad de cubrir esta nueva demanda.
Piedra considera que el subsidio anunciado por el Candidato-Presidente no es claro y cree que este solo beneficiaría a los medios comunitarios que son auspiciados por el mismo gobierno, «pero no se dice nada del resto de medios que emplean a la gran mayoría de periodistas y que, ahora pueden ampararse en la Ley para contratar profesionales no titulados para pagarles menos», por lo que también se pregunta qué va a pasar con los profesionales titulados.
Por ello, la presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha aseveró que los subsidios no son la solución y, en este caso, lo que se debería hacer es repartir de manera equitativa la publicidad oficial en los medios para que todos cuenten con un presupuesto adecuado.
Al respecto, Lucía Lemos, decana de la Facultad de la Universidad Católica de Quito también considera que le preocupa la propuesta del ejecutivo ya que eso quitaría libertad y afectaría la independencia de los periodistas para denunciar lo que se debe en cualquier ámbito de la política, economía, sociedad.
El anuncio del Presidente Correa se dio en medio del período de campaña electoral para los comicios presidenciales y legislativos del próximo 17 de febrero, dónde buscará la reelección.
Fundamedios recuerda que la Corte Interamericana ha advertido que las violaciones indirectas al derecho a la libre expresión son todas las acciones estatales que pretendan impedir o entorpecer la posibilidad que los medios difundan información u opiniones, mientras que la Comisión Interamericana ha advertido que la asignación discriminatoria de recursos públicos como castigo o premio a ciertos medios de comunicación con el fin de influir en la información que imparten, constituye una violación al derecho a la libre expresión.
En este sentido, se podría interpretar que un subsidio directo de parte del Estado a ciertos periodistas o medios de comunicación, constituye una restricción indirecta basada únicamente en la naturaleza de los mismos. Si se toma en cuenta que el discurso reiterado del Presidente Rafael Correa ha sido asociar a los medios privados con la oposición, este anuncio podría tener, además, fines claramente discriminatorios contra los medios que son críticos al gobierno.
President correa announces subsidy to pay «small media» journalists, but experts believe this endangers their independence
On 21 January 2013, the president and candidate for reelection, Rafael Correa, announced that during his next period in office the State will subsidize small «non-profit» media outlets as a measure to provide an increase in wages to qualified and unqualified journalists, whose salary was set by the Executive at the end of last year.
In an interview on Radio Majestad, Correa said he had «requested the Communication Department to prepare a contingency plan to provide support from the government to small stations with no savings capacity, that are non-profit, and which cannot pay higher wages, so that the State can participate by subsidizing those wages».This subsidy, however, will not apply to the mainstream media because, according to the candidate for the ruling party Alianza PAIS, «the big media companies are drowning in cash and they have always exploited their workers».
With the latest government ordered increase, journalists’ salary rose by at least 58%. They went from receiving nearly $345 in 2011, to $817 for qualified journalists in 2013. This has led to the dismissal of media professionals and a fear of possible job cuts in the media.
According to an article published by the State newspaper El Telégrafo, Radio Colón fired eight employees over the telephone, while the newspaper La Horalet go three of its reporters from the Economy, Society and City sections on 26 December and the online newspaper Ecuadorenvivohas also fired a journalist.
Fundamedios contacted Luis Vivanco, La Hora’s chief of information, who admitted that there had been layoffs and stated that «painful as it was, we had to do without three contributors to protect the jobs of hundreds» and asserted that the layoffs were in fact related to the measure which, he believes, does not affect the media but journalists themselves.
Meanwhile, Alfonso Pérez of Ecuadorenvivo also confirmed that the sacking of one of its journalists was related to the increase in wages and called the measure «perverse», because, in his opinion, it is a political move aimed at creating an unpleasant working environment within the media and harm communications workers, for whom there will be fewer jobs.
In the case of radio Colón, its representative, Glenda Silva, told Fundamedios that it is not true they have fired eight workers, but just two: one in January of this year and another one in October of last year. She also stated that these dismissals were not related to the wage increase announcement.»I do not understand where they got that», she emphasized.
Both the salary increase and the subsidy announcement have created concern among organizations such as the Journalists Association of Pichincha.Susana Piedra, president of this organization, stated to Fundamedios that the wage increase was a unilateral decision and that it represents a double-edged sword because not every media outlet has the means with which to meet this new demand.
Piedra considers that the subsidy announced by the President-Candidate is unclear and believes that it will only benefit community-based media that are already sponsored by the government, «but nothing is said of other media outlets, which employ the vast majority of journalists and can now take advantage of the law to hire unqualified professionals to pay them less». This led her to wonder also what will happen to qualified professionals.
The president of the Journalists Association of Pichincha asserted that subsidies are not the solution and, in this case, what should be done would be to distribute fairly official advertising in the media so that they all have an adequate budget.
LucíaLemos, dean of the Faculty of the Catholic University of Quito, is also concerned by the Executive’s proposal because she believes it will take away freedom and undermine the independence of journalists to report whatever happens regarding politics, the economy and society.
President Correa’s announcement was made during the campaign period for the presidential and legislative elections of 17 February when he will vie for reelection.
Fundamedios recalls that the Inter-American Court has warned that indirect violations of the right to free expression include all State actions that are intended to prevent or hinder the possibility that the media disseminate information or opinions, while the Inter-American Commission has warned that the discriminatory allocation of public resources as punishment or reward to certain media outlets in order to influence the information they provide is a violation of the right to free expression.
In that sense, a direct subsidy from the State to certain journalists or media outlets could be interpreted as an indirect restriction based solely on their nature.If we take into account that President Rafael Correa has repeatedly attempted to link the private media to the opposition, this announcement could also have clearly discriminatory motives against media that are critical of the government.