El viernes 05 de febrero de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, afirmó que el fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha favorable a Teleamazonas en la demanda constitucional que había interpuesto la televisora es «otra muestra del grado de descomposición» de la justicia del país y del «poder inmenso» al que su Gobierno se enfrenta: «el informativo y financiero».
Correa sostuvo que su proyecto político «se está enfrentando con el poder más grande que ha tenido Ecuador y América Latina: la prensa, que de una y otra manera ha tratado de boicotear los cambios que se están dando».
La Supertel planea aplicar un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, para dejar sin efecto la resolución a favor del canal. Sin embargo, en declaraciones periodísticas Rafael Oyarte, constitucionalista, indicó que la acción que se intenta aplicar es un recurso que protege a los ciudadanos y no a las instituciones, según el artículo 437 de la Carta Magna «los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección, contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia».
La Superintendencia de Telecomunicaciones suspendió a Teleamazonas por haber difundido una noticia el pasado 22 de mayo sobre la afectación que provocaría la exploración de gas natural en la Isla Puná (Guayas), según el organismo de control la información habría sido basada en supuestos.
A pesar que en la sentencia a favor de la estación, dictada el pasado lunes 01 de febrero de 2010, establece que con la suspensión de la estación se quebrantaron nueve derechos constitucionales: el derecho al debido proceso y a la defensa así como a la libertad de pensamiento, de comunicación e información, los derechos a la tutela judicial efectiva, al principio de legalidad o reserva legal, de jerarquía normativa, al trabajo y a la presunción de inocencia.
La Corte estableció además que la Superintendencia de Telecomunicaciones indemnice a la televisora por concepto de pérdida de los ingresos, que afectaron a Teleamazonas por suspensión de 72 horas.
Pablo Ortiz, abogado del canal, dijo a Fundamedios que la sentencia de la Corte «demuestra lo que siempre mantuvo Teleamazonas» que la resolución dictada por el organismos de control acerca de la suspensión fue «inconstitucional». Señaló que esta sentencia al ser producto de un proceso constitucional no está sujeta a apelaciones de ningún tipo.