El sábado 13 de marzo de 2010, el presidente Rafael Correa incitó a los ciudadanos a presentar demandas jurídicas en contra de los medios de comunicación. Además descalificó los comentarios del periodista Jorge Ortiz de la estación televisiva Teleamazonas acerca de la pesca incidental de tiburones y la regularización de los residentes haitianos en Ecuador.
Por estos comentarios el jefe de estado calificó a Ortiz de «tipejo» y un «pobre de pequeñeces humanas que ha incitado a la xenofobia», llamó a la ciudadanía para que «organicen agrupaciones sociales que promuevan juicios contra estos tipos, por atentar contra los derechos humanos».
Correa además incitó a la ciudadanía a organizarse en contra de los medios de comunicación, argumentando que «los medios han atentado contra la fe pública y los han engañado…no podemos seguir sometiéndonos a estos abusos en nombre de la libertad de expresión».
El presidente Correa cuestionó, además, los comentarios de Alfonso Espinoza, presentador del espacio noticioso Televistazo del canal Ecuavisa. El primer mandatario deslegitimó este comentario al expresar «quién lo eligió a Alfonso Espinoza para hacer ese comentario netamente político?.. ¿Qué legitimidad democrática tiene? Es el abuso del poder informativo» señaló.
Por otro lado, el mandatario respondió a las críticas formuladas por varios sectores sobre el pedido, que hiciera a la Asamblea Nacional para que en el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la sección de rendición de cuentas, se incluya a los medios de comunicación «por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas que prestan servicio público de la comunicación».
Correa acusó a los medios de hacer una campaña tratando de decir que el gobierno quiere fiscalizar a los medios y atentar la libertad de expresión, expresó que lo que se quiere con ese pedido no es que rindan cuentas al gobierno sino a los ciudadanos
Esta semana el legislativo planea analizar esta Ley, por lo que el presidente llamó a los ciudadanos a movilizarse «decenas miles de ciudadanos fuera de la asamblea para que nadie se nos arrugue y los medios de comunicación, también, tengan que rendir cuentas al menos una vez al año, a los ciudadanos».
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se ha pronunciado en casos similares señalando que «frente a estas disposiciones, preocupa a la CIDH que la clasificación o uso de la categoría «servicios públicos» para los medios de comunicación privados pueda ser usada para restringir el derecho a la libertad de expresión de manera incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana.»