El 28 de julio de 2012, el presidente Rafael Correa anunció que el Gobierno ya no pautará publicidad oficial en los medios de comunicación a los que califica como mercantilistas, entre ellos diario Hoy, El Comercio, El Universo, La Hora y los canales Ecuavisa y Teleamazonas. Este anuncio lo hizo en el segmento «La Libertad de expresión ya es de todos» del Enlace Ciudadano No. 282 desarrollado en Ibarra, provincia de Imbabura.
El Jefe de Estado ordenó a Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, retirar la publicidad de varios medios. «De ahora en adelante usted no manda publicidad oficial a los medios mercantilistas, porque no tenemos por qué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar los negocios de seis familias de este país. (…) De aquí en adelante cero publicidad oficial en los medios mercantilistas, para ver si hacen la comunicación por vocación o por negocio», puntualizó el Mandatario.
El pasado 16 de junio el Presidente desafió a los medios privados a enviar cartas rechazando la publicidad oficial. En este sentido, señaló que no ha recibido ninguna respuesta.
La orden emitida por el Presidente Correa este fin de semana pone en evidencia un sistema de premios y castigos en los medios de comunicación, en relación con el otorgamiento de pauta oficial. Al respecto, en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión por la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el continente. El principio 13 de este instrumento internacional señala:
(…) La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.