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Sanciones por Ley Comunicación

Proyecto de Código de Ética para abogados impone limitaciones a la libertad de expresión

Nov 12, 2011

ENGLISH VERSION

Dos artículos del anteproyecto del Código de Conducta de los Abogados en Libre Ejercicio Profesional, propuesto por el fiscal general, Galo Chiriboga, podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión, pues impide que los juristas absuelvan consultas o emitan opiniones sobre casos jurídicos concretos para los medios de comunicación, así como estarían impedidos a referirse públicamente sobre procesos judiciales en marcha, estén o no patrocinados por ellos.

Los artículos 13 y 14 del proyecto que contiene un total de 51 artículos, plantean lo siguiente:

Art. 13 establece que: «El abogado no podrá dar a conocer, por ningún medio de publicidad, sobre asuntos por él patrocinados y que no se encuentren resueltos por tribunales y juzgados, salvo para rectificar la moral y la justicia violada. Concluido el proceso podrá publicar los escritos y constancia de autos, haciendo sus comentarios en forma respetuosa y ponderada…»mientras que el Art. 14 dice:»Falta a la ética profesional el abogado que hábilmente absuelve consultas por radio, televisión y otros medios de comunicación, emitiendo opiniones sobre casos jurídicos concretos que le fueren planteados, sean o no gratuitos sus servicios.

Sobre estos dos artículos, Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cree que atentan contra la libertad de expresión de los abogados y buscan callar, para que no puedan pronunciarse sobre casos en trámite, estén o no patrocinados por el profesional.

Guarderas considera, además, que estos artículos específicos atentan contra el principio de publicidad que está consagrado en la Constitución. «todos los juicios son públicos y los medios de comunicación que no son especialistas en temas jurídicos hacen bien en consultar con abogados y profesionales del derecho, para averiguar sobre cuál es el procedimiento o criterio que tiene respecto de alguna providencia expedida por un juez, dentro de la causa y establecer si se han respetado los principios de derecho, normas constitucionales o tratados internacionales, además, que la ciudadanía tiene todo el derecho de estar debidamente informada respecto a las causas que se cometen porque justamente ese es el objetivo del principio de la publicidad», puntualizó.

Sobre este punto el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Vizueta calificó como «monstruoso» el artículo en mención por considerar que vulnera las garantías constitucionales de opinar y expresar su pensamiento libremente. «Aquí se estaría evidenciando que se trataría de sembrar miedo para cosechar silencio», aseguró en declaraciones públicas con los medios, mientras que su homólogo, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro Viteri cuestionó en días anteriores el contenido de la propuesta en el sentido de que amplía las facultades sancionadoras en contra de los juristas en libre ejercicio .

La abogada y asambleísta independiente María Paula Romo aseguró, en entrevista para diario El Universo, que la propuesta, especialmente los artículos 13 y 14, «es absurda» y no tiene precedentes. «Ni en Ecuador ni en ningún lado» y señaló que «si bien la Judicatura debe emitir un Código de Conducta, no se pueden crear nuevas causales de suspensión y, menos, prohibir la opinión».

De su parte, el fiscal Chiriboga dijo, en entrevista para Ecuavisa el pasado 28 de noviembre que «Es razonable que tengamos unas normas de comportamiento ético entre los abogados, una relación ética con los tribunales y también una relación adecuada con nuestros clientes y con las contrapartes».

Code of ethics bill for lawyers imposes limitations on freedom of expression

Two of the articles of the draft bill for the Code of Conduct for Lawyers in the Free Exercise of their Profession, presented by the prosecutor general, GaloChiriboga, could limit the exercise of the freedom of expression. The articles would prevent jurists from answering questions or issue opinions to the media about concrete legal cases. They would also prevent them from referring publicly to ongoing legal processes, whether they are involved with them or not.

Articles 13 and 14 of the bill, which contains 51 articles, propose the following:

Art.13 establishes that:“The lawyer shall not be able to provide information, through any public media, about affairs in which he is involved and which are not resolved and judged by the tribunals, unless it is to rectify the infringed moral and justice.Once the process is over he may publish the scripts and records, making his comments in a respectful and measuredly way…” while Art.14 says: “The lawyer who cleverly answers questions through radio, television and other media, issuing opinions about concrete legal cases presented to him, whether his services are free or not, acts against professional ethics”.

 

Regarding these two articles, Santiago Guarderas, dean of the Faculty of Jurisprudence of the Catholic University of Ecuador, believes they attempt against lawyers’ freedom of expression and aim to silence them, so that they cannot express their opinion about ongoing processes, whether they are supported or not by them.

Guarderas also believes that these specific articles attempt against the principle of publicity established by the Constitution.“All trials are public and the media that are not specialists in legal matters do well to consult with lawyers and specialists in legal issues to find out about the process, or their opinion about a judge’s ruling as part of it, as well as to establish if legal principles, constitutional regulations or international treaties have been respected. Moreover, the public has every right to be duly informed about ongoing cases because that is precisely the objective of the principle of publicity”, he stated explicitly.

About this item, the president of the Guayas Lawyers’ Association, Juan Vizueta, described the article as “monstrous” because he believes it violates constitutional guarantees to express thoughts and opinions freely.“This would be evidence that fear is being sown in order to harvest silence”, he asserted in public declarations made to the media. Meanwhile his counterpart, the president of the Pichincha Lawyers’ Association, Ramiro Viteri, questioned the bill’s contents a few days earlier stating that it widens the possibility of applying sanctions to jurists exercising their profession freely.

Lawyer and independent member of the Assembly, María Paula Romo, stated in an interview for the newspaper El Universo, that the proposal, especially articles 13 and 14, «is absurd» and has no precedents.“Neither in Ecuador nor anywhere else” she said, and pointed out that “although the judiciary must issue a Code of Conduct, new causes for suspension must not be created and, even less so, should opinion be forbidden».

On the other hand, prosecutor Chiriboga said in an interview for Ecuavisa on 28 November that “it is reasonable that we should have regulations for ethical behavior among lawyers, and an ethical relationship with the tribunals as well as an adequate relationship with our clients and the counterparts”.

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