El 06 de julio de 2012, en medio de gritos como «¡no nos callarán, carajo!» y «¡abajo la dictadura!», un piquete de cerca de 30 policías cortó la señal de radio Morena FM, de Guayaquil, y se llevó sus equipos. El operativo fue violento, se utilizó gas lacrimógeno para callar a sus trabajadores.
Cerca de las 17:15, hora en la que llegaron los uniformados, los locutores de la estación se negaban a dejar de narrar lo que ocurría en las instalaciones de la radio y, entre gritos y quejas por las molestias que ocasiona el gas lacrimógeno, relataban la violencia con la que los policías ingresaban a la estación. «Los trabajadores no tenemos por qué ser perseguidos ni por qué ser rociados con gas», decía uno de los locutores, mientras continuaban relatando al aire desde la frecuencia 540 AM y a través de internet, tras el cierre de la frecuencia FM.
Esta clausura responde a que el juez tercero de la Niñez y Adolescencia del Guayas, Melvin Zavala Plaza, resolvió revocar la acción constitucional de medidas cautelares otorgada -el pasado 22 de junio- a radio Morena FM. La renovación de frecuencia a este medio fue negada mediante resolución No. RTV-538-14 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 11 de julio de 2011.
Así, la decisión del juez Zavala dio paso al cierre inmediato de la emisora de propiedad de Pastora Morán, madre del asambleísta de Sociedad Patriótica, Luis Almeida Morán.
Según el CONATEL, la no renovación se da porque los administradores de las frecuencias 98.1 en Guayaquil, 94.5 en Portoviejo y 98.1 en Santa Elena no cumplieron con «los dos requisitos que determinan los artículos 9 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y el artículo 20 del Reglamento General» -del referido marco legal- «al no operar técnicamente de acuerdo al contrato de concesión y por mantener una deuda de ocho meses por el uso del espectro; y, en consecuencia dar cumplimiento a la letra a) del artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y declarar terminada la concesión por haber vencido el plazo del contrato de concesión», reza el documento.
Ante esto, el asambleísta mostró recibos del pago por el uso de la frecuencias de diciembre de 2010 a agosto de 2011, lo cual -según él- «hecha al piso» la aseveración de las autoridades del CONATEL sobre una supuesta deuda de ocho meses que generó la resolución de revocatoria de las frecuencias de julio de 2011. Además, mostró un documento donde consta que consignó al juzgado cuarto de lo Civil 5811 dólares por concepto del pago del uso de frecuencias de septiembre de 2011 a mayo de 2012.
«Aquí están los originales de todo lo que hemos pagado hasta el mes de julio del año pasado, y de allí ya no comenzaron a cobrar porque así es parte del abuso, entonces, consignamos en un juzgado», expresó Almeida, quien calificó la decisión del juez como política, tras órdenes recibidas por el Consejo de la Judicatura. «Eso hace la dictadura de Correa y el país tiene que saber que lo que quieren ellos es dejar una sola radio, un solo periódico y un solo canal de televisión», manifestó.
«La providencia del juez todavía no se ha ejecutoriado y está impugnado, por lo tanto, tiene que esperar los tres días y resolver la impugnación de ese recurso de nulidad del recurso de protección», expresó.
Almeida insistió en que lo que se intenta hacer «es una arbitrariedad» porque «Morena FM ha estado al día en todo momento».
Negó también que hayan usado la frecuencia sin seguir los parámetros técnicos que exige el contrato de concesión. «Decían que los transmisores no estaban en el sitio y luego les mostramos los documentos y después dijeron que estábamos en mora».