Ecuador, 13 de mayo 2020.- El director de Radio Sucesos, José Najas, recibió ataques de trolls simpatizantes del expresidente Rafael Correa, luego de tuitear el 9 de mayo una captura de pantalla que revelaba, supuestamente, el salario de Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE. Tras la publicación, el funcionario universitario lo amenazó con enjuiciarlo por difundir información que atenta contra su honor.
“Vi que Paola Pabón (prefecta de Pichincha) retuiteaba, Virgilio Hernández, Robinson Robles, Sandra Correa todos me hicieron cargamontón. El tuit estuvo una hora, pero nunca había sentido semejante arremetida de trolls y de personas casi queriendo lincharme”, mencionó el comunicador.
Najas explicó a Fundamedios que la información del trino se la proporcionó una fuente oficial; pero, tras publicarla, Hidalgo le advirtió que podría llevarlo a juicio por atentar contra su honra, basándose en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP). La ley plantea una pena privativa de libertad de quince a treinta días por emitir expresiones de descrédito.
El rector de la UTE aseguró que el contenido expuesto por Najas data de 2018 y fue una de las razones que motivaron un juicio contra el periodista y exdocente de la Universidad, Kléber Mantilla. “(…) Le seguí un juicio y él tuvo que disculparse al final. En marzo de 2019, Fundamedios publicó que Mantilla “dio cumplimiento al acuerdo de conciliación” entre él e Hidalgo. El articulista publicó en Twitter las disculpas públicas, tras llegar a un acuerdo amistoso, evitando una sanción pecuniaria y pena privativa de libertad.
El rector desistió del juicio contra José Najas luego de que el tuit fue borrado. “He hablado con mi abogado, quien se ha comunicado con alguien de Telesucesos y al final se retiró el tuit.”
Fundamedios condena este nuevo acto de intimidación y por lo tanto de censura de una autoridad universitaria que más bien estaría llamado a precautelar los valores de la pluralidad y debate de ideas que incluye la sana crítica y el pedido de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos al uso de recursos económicos hacia quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.