Quito, 26 de octubre de 2023.- En su edición del miércoles 25 de octubre, Diario Expreso, de la ciudad de Guayaquil, publicó una denuncia de discurso estigmatizante en contra de su trabajo periodístico por parte de María del Carmen Búnea, relacionista pública del Municipio de Samborondón, provincia de Guayas.
El rotativo guayaquileño explicó que la denuncia se basa en las expresiones de descrédito contenidas en una carta en que Búnea respondió de forma negativa a pedidos de acceso a información pública cursados por el medio a la Alcaldía de Samborondón, y pedido de entrevista con su alcalde, Juan José Yúnez.
En dicha carta, publicada de manera íntegra en la sección “Cartas de los Lectores”, la mentada relacionista cuestiona los enfoques de las investigaciones periodísticas respecto de las cuales, precisamente, los periodistas de Expreso solicitaron información municipal y la entrevista con el alcalde Yúnez. Asimismo, la carta sugiere que se publiquen y difundan «acciones positivas de la entidad”:
“La labor de un periodista es informar hechos noticiosos, no de fiscalizar, y en las últimas publicaciones han expuesto titulares que incitan al escándalo y a la crónica roja y que se perciben fiscalizadores, cuando los contenidos que hemos dado nosotros han sido informativos y con acciones inmediatas por parte de la Alcaldía y eso no se ve reflejado”, señala María del Carmen Búnea.
Johnatan Palma, uno de los periodistas de Expreso a quienes se les negó el acceso a la información municipal, comentó a Fundamedios que dicha negativa representa un perjuicio en doble sentido a los derechos y libertades de la prensa, por un lado, para acceder a fuentes de información pública, y por otro, respecto de los derechos de la ciudadanía de estar informada, sobre todo, respecto de cuestiones de interés público.
“Esta persona, de manera arbitraria, nos dice qué tenemos que contar y nos refiere esa intención de bloquear cualquier intención de fiscalizar, porque fiscalizar esa es una de las funciones del periodismo, contar los hechos noticiosos, pero también escudriñar esas problemáticas que están siendo partes de una realidad social para que las autoridades vean una solución”, dijo Palma. Palma también publicó esta queja en su cuenta de X.
Hasta el cierre de esta alerta, Fundamedios no recibió una respuesta por parte del alcalde ni del Departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Samborondón con respecto a estos hechos.
Fundamedios considera inaceptable que una persona que representa y ejerce una vocería a título oficial, como es la relacionista pública municipal, se ampare en conceptos absolutamente distorsionados de la función de la prensa en una sociedad democrática: además del derecho, la prensa tiene la obligación de vigilar y fiscalizar los actos y/u omisiones de instituciones, autoridades y funcionarios públicos.
Esta es parte esencial de las dimensiones individual, social y estructural de la libertad de expresión, protegida por convenios, tratados y sentencias de Cortes internacionales y nacionales. Por tanto, es una obligación intrínseca a la labor pública la de garantizar el acceso a información pública que permita, precisamente, estos actos de fiscalización por parte de trabajadores de la comunicación y de cualquier ciudadano.
Frente a este caso, César Ricaurte, director de Fundamedios, señaló que “el ejercicio de la gestión pública requiere de funcionarios conscientes de que el ejercicio del poder tiene límites y responsabilidades que son los que diferencian a una sociedad democrática de una monarquía absolutista”.