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El 03 de abril de 2011, la radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, de Macas, localidad ubicada a 647 kilómetros al sureste de Quito, fue clausurada por personal de la Intendencia General de Policía del lugar.
El propietario de la radio, Wilson Cabrera, denunció que en el operativo de clausura se cortaron cables y se retiraron los equipos transmisores del cerro que daba señal a la emisora.
Según narró Cabrera a Fundamedios, a las 10:00 del domingo se percató de que la radio no tenía señal, por lo que acudió hasta el cerro para verificar si existía algún problema con los equipos y antenas. Fue cuando se encontró con este operativo que Cabrera lo calificó de «un atropello y un sabotaje», porque nunca fue notificado y porque le resulta raro que esto ocurrió en un día no laborable. «No es posible que se afecte así a la ciudadanía. No se dan garantías jurídicas», aseveró Cabrera.
El 17 de septiembre de 2010 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió «negar la renovación del contrato de concesión» de esta emisora «por una sanción administrativa» y el 16 de diciembre esta entidad dispuso que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) proceda a «clausurar la estación radial», tras rechazar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el comunicador, respecto a la no renovación de la concesión de frecuencia.
Todas estas medidas han sido rechazadas por el propietario de la radio, quien lo atribuye a la línea crítica de la emisora con las autoridades locales y el gobierno nacional.
Fundamedios y otros organismos de defensa de la libertad de Expresión han señalado la grave arbitrariedad que significa la no renovación de la frecuencia de Radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela por sanciones administrativas menores .
Al momento, este caso se encuentra en apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo en un proceso que todavía no ha sido resuelto, por lo que Cabrera aseguró que esta clausura es claramente ilegal puesto que no hay ninguna sentencia en firme.»
Según el comunicador, esta acción responde a una persecución por su línea crítica y por presuntas presiones políticas de Vethowen Chica, asambleísta del partido de Gobierno, Alianza PAIS.
Radio station closed by police operation in the amazon region
On 3 April 2011, radio station La Voz de la Esmeralda Oriental Canela of Macas, a town 647 km southeast of Quito, was closed by General Police Intendance personnel.
The station’s owner, Wilson Cabrera, denounced that during the police operation to close the radiocables were cut and the broadcasting equipment located on a hill, which provided the station’s signal, was removed.
According to what Cabrera told Fundamedios, at 10:00 on Sunday he noticed that he had no signal, so he went to the hill to check if the equipment and antennae had any problems.This was when he found about the police operation, which he qualified as «an abuse and sabotage», because he was never notified and because he thought it was strange it was happening during a nonbusiness day.»It is not possible that the public should be affected in thisway.There are no legal guarantees», he stated.
On 17 December 2010, the National Telecommunications Council (CONATEL) determined to «refuse to renew the (radio station’s) concession contract» as an «administrative sanction» and on 16 December this entity determined that the Communications Superintendence (SUPERTEL) should proceed to «close down the radio station» after rejecting the extraordinary appeal filed by the communicator regarding the non-renewal of the radio station’s frequency concession.
All these measures have been rejected by the station’s owner, who attributes them to its critical stance against the local authorities and the national government.
Fundamedios and other organizations that defend the freedom of expression have pointed out the serious arbitrariness involved in not renewing Radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela’s frequency because of minor administrative sanctions.
The case is currently being appealed before the Court for Contentious Administrative Proceedings in a process that has still not been settled. This has led Cabrera to declare that the closure is clearly illegal because there is no official sentence.
According to the communicator, this action responds to a persecution because of his critical editorial line and to alleged political pressure exerted by VethowenChica, assembly representative of the ruling party Alianza PAIS.