El 30 de enero de 2013 la jueza Laura López de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha autorizó el allanamiento a la imprenta Don Bosco y el decomiso de más de 10 mil ejemplares del libro denominado «La Roca, cementerio de hombres vivos», por presuntamente contener «expresiones injuriosas» que afectarían los derechos de ciudadanos y demás funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República. El texto es de autoría del interno Óscar Caranqui, quien cumple una condena por narcotráfico en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No 2 de Guayaquil, conocido como La Roca.
El decomiso ocurrió la noche del 30 de enero, un día antes de la realización del lanzamiento del libro, en medio de un operativo policial que arribó cerca de las 22:00 a la imprenta, ubicada al norte de Quito.
En el oficio No 0597-2013-UJGPP, firmado por López, la fiscal María Susana Rodríguez al referirse al texto señala lo siguiente: «presumimos contiene una serie de expresiones injuriosas, fotografías y afirmaciones que afectarían principalmente los derechos de ciudadanos (…) al mismo tiempo que a varias de las autoridades y demás funcionarios del gobierno nacional, entre ellos, el Presidente Constitucional de la República, Ministros de Estado y otros funcionarios públicos…».
En diálogo con Fundamedios, Iván Durazno, abogado defensor de Caranqui calificó a la incautación de «ilegal, ilegítima y abusiva» porque, a su criterio, no se dan argumentos jurídicos. «Ellos manifiestan una presunción y no dan una disposición legal o constitucional». Para este jurista, la incautación de esos libros representa una clara violación a los derechos humanos, sobretodo, a la libre expresión de una persona que dada su situación de privación de libertad, pertenece a un grupo vulnerable, así como a la Constitución que garantiza esos derechos y al artículo 58 del Código de Ejecución de Penas referente a que «el producto del trabajo de los internosno podrá ser materia de embargo, secuestro oretención, salvo para el pago de alimentosforzosos».
Durazno aseguró que internamente podrían plantear una Acción de Protección o solicitar la devolución de los libros por no existir una causa legal, pese a que posteriormente se inició una indagación previa de este caso. Sin embargo, han decidido apostar al Sistema Interamericano con la solicitud de medidas cautelares a la CIDH.
Un video que fue subido al blog de Oscar Caranqui, tras la incautación, dice que el libro narra la vida de los internos, el hacinamiento, la corrupción, el ingreso de drogas y armas, así como casos como los de Ivonne Cazar, desaparecida en Cuenca desde febrero de 1996.