El 16 de febrero de 2013, la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ordenó a diario El Universo publicar un «comunicado íntegro» del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) «antes del 18 de febrero de 2013», es decir, en el día de los comicios presidenciales y legislativos en que rige el silencio electoral.
El comunicado, con fecha del 25 de enero de 2013, rechaza «la embestida y los excesos» contra la Escuela Superior Politécnica del Litoral y se solidariza con Jorge Glas Espinel, miembro de la organización y candidato a vicepresidente en binomio presidencial de Rafael Correa.
El oficio con número 0218-UJGPCDFG-2013 se envió»en atención a las medidas cautelares presentadas por Ramiro Rivadeneira», en calidad de defensor del pueblo, porque El Universo ha violado los derechos a la libertad para opinar y expresarse del mencionado Colegio, al negarse a realizar dicha publicación por solicitar que primero se pida una autorización al Consejo Nacional Electoral. El 29 de enero de 2013, el CNE indicó en un oficio que el CRIELL, al no ser institución pública,no requiere de autorización de ese organismo, por lo que posteriormente el juzgado ordenó al rotativo que realice dicha publicación.
Esta es la segunda ocasión que un diario es obligado a publicar algo mediante orden judicial. El 14 de noviembre, Diario La Hora tuvo que difundir la rectificación judicial ordenada por el juez 21° de lo Civil de Pichincha, tras aceptarse una acción de protección presentada por el subsecretario nacional de la Administración Pública, Óscar Pico Solórzano en contra del medio, por la supuesta violación «a los derechos constitucionales» del Gobierno Nacional. Esto, porque el rotativo se negó a rectificar una información referente al gasto oficial en publicidad obtenida de la ONG Participación Ciudadana.
Este caso evidencia que la ambigüedad de las restricciones a la información relacionada con los comicios establecidos en el Código de la Democracia, generó incertidumbre en los medios, afectando su posibilidad de informar sobre asuntos de relevancia pública. Si bien, de modo general, la imposición de una orden judicial a un medio para publicar algún contenido no es en sí contraria a la libertad de expresión, se deben considerar de antemano mecanismos menos severos y conciliadores de resolver dichas controversias. Lo anterior es especialmente importante tomando en cuenta la multiplicidad de precedentes judiciales emitidos por diversas cortes ecuatorianas, que desde sus distintas materias han limitado el derecho de información y opinión de los medios críticos al gobierno. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre los peligros de abusar de los procesos judiciales para imponer sanciones o contenido a los medios independientes para una sociedad democrática.