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El 8 de noviembre, el juez 21° de lo Civil de Pichincha, Marco Albán Núñez, aceptó la acción de protección presentada por el subsecretario nacional de la Administración Pública, Óscar Pico Solórzano a nombre de la Función Ejecutiva. La acción fue presentada contra Diario La Hora, por la supuesta violación «a los derechos constitucionales» del gobierno nacional, tras la negativa del medio de rectificar información referente al gasto oficial en publicidad obtenida de la ONG Participación Ciudadana.
En la sentencia emitida el 12 de noviembre, el Juez declaró que se han violado en perjuicio del Gobierno Nacional y la Función ´Ejecutiva, sus»derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación, previstos en los Art. 18 numeral 1 y 66 numeral 7 de la Constitución, respectivamente, a consecuencia de las publicaciones de Diario La Hora». Por ello, ordenó al medio que «el día miércoles 14 de noviembre del año 2012, expresen disculpas públicas al Estado ecuatoriano por haber publicado información que, al ser contrastada (…) ha resultado inexacta».
Adicionalmente, el Juez pidió que «en la misma fecha y como parte de la misma publicación se incluya la información contenida en el oficio N° PR-SSADP-2012-001513-0, de 11 de octubre del 2012, en lo pertinente al gasto del gobierno en relación al asunto litigioso, de modo que la publicación no genere a sus lectores la impresión de tratarse de una «réplica» del gobierno a las publicaciones materia del presente juicio, sino de una «rectificación judicial» de carácter constitucional al contenido de dicha publicación».
En la sentencia también se ordena que dicha rectificación se haga «con igual diagramación e igualdad de caracteres y en los mismos espacios de la edición de la publicación de 10 de octubre del 2012», reza el escrito que, en uno de sus párrafos finales establece que «ejecutoriada la resolución se dará cumplimiento a lo que dispone el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución». Esto es, que «todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia».
Por su parte, Francisco Vivanco, director de diario La Hora aseguró que «la demanda desde el Gobierno para La Hora, no es en contra de sus autoridades o del mismo medio, es el contra de los ciudadanos que tienen derecho a recibir libre información mediante su elección. «No tenemos que pedir disculpas porque la información publicada se basa en los datos de Participación Ciudadana. Además se adjuntaron los puntos de vista de Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y del Vocero oficial de PAIS», dijo el directivo en declaraciones publicadas por el mismo rotativo el 12 de noviembre.
Fundamedios considera que esta sentencia de primera instancia constituye una violación al derecho a la libertad de expresión y prensa, toda vez impone sanciones por responsabilidad ulterior a un medio, por la publicación de una nota cuyo contenido era de interés público. El gasto en publicidad electoral está estrechamente vinculado con el manejo de recursos del Estado, por lo que es necesario que todos los ecuatorianos puedan debatir libremente sobre estos temas .
La restricción atenta contra el principio de legalidad necesario para imponer cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión, pues la Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales no otorga a la Función Ejecutiva la legitimación activa para presentar acciones de protección como titular de derechos presuntamente conculcados. En este sentido, los derechos humanos consagrados en la Constitución amparan de manera exclusiva a individuos y colectivos, y por su naturaleza, no pueden incluír en su espectro de protección al Estado o a ninguna de sus funciones o instituciones, como bien se puede constatar de la lectura de los artículos citados por el Juez Albán en su sentencia.
Sentence confirms the Government as holder of Human Rights and forces newspaper to apologize
On 9 November, the 21st Civil Judge of Pichincha, Marco AlbánNúñez, accepted the injunction presented by the national sub-secretary of the Public Administration, Óscar Pico Solórzano, acting on behalf of the Executive.
The appeal was presented against the newspaper La Hora based on an alleged violation of the national government’s «constitutional rights», after the newspaper refused to rectify information about official expenditure in propaganda obtained from the NGO ParticipaciónCiudadana. In the sentence, issued on 12 November, the judge declared that the National Government and the Executive’s “constitutional rights to truthful information and rectification, as established in Art. 18 item 1 and Art. 66 item 7 of the Constitution, respectively, (had been violated) by newspaper La Hora’s publications”.Therefore, it ordered the paper that “on Wednesday 14 November of the year 2012, it should apologize publicly to the Ecuadorian State for having published information that, when corroborated (…) proved to be inexact”.
The judge also requested that “on the same date and as part of the same publication, the information contained in document N° PR-SSADP-2012-001513-0 of 11 October 2012 about the government’s expenditure concerning the issue in question must be included, so that the newspaper does not generate among its readers the impression that this is the government’s “reply” to the publications that are the matter of this judgment, but a “judicial rectification”, of a constitutional nature, of the contents of said publications”. The sentence also orders that this rectification should be published “with the same layout and characters and in the same space as the publication of 10 October 2012″, and in one of its final paragraphs it establishes that “once the resolution has been enforced, item 5 of Art. 86 of the Constitution shall be executed”.
In other words, “all enforced sentences will be sent to the Constitutional Tribunal for its development of jurisprudence”. Meanwhile, Francisco Vivanco, director of the newspaper La Hora, stated that “the government’s lawsuit is not against La Hora’s authorities or the media outlet itself, it is against the citizens who have the right to receive free information through their choice.We don’t have to apologize because the information we published is based on data provided by ParticipaciónCiudadana.We also included the viewpoints of the National Assembly’s Budget Commission and PAIS’s official spokesperson”, added Vivanco in declarations published by his own paper.
Fundamedios considers this first instance sentence amounts to an infringement of the freedoms of the press and expression insofar as it imposes liability sanctions for publishing information of public interest.The expenditure in electoral propaganda is closely related to the management of State resources, which is something that all Ecuadorians should be able to debate freely.
The restriction attempts against the principle of legality that is necessary to impose any restrictions to freedom of expression, insofar as the Constitutional Control and Constitutional Guarantees Law do not grant the Executive the capacity to present injunctions as the holder of allegedly violated rights.In this sense, the human rights established by the Constitution only protect individuals and collectives, and by their own nature cannot include the State or any of its functions or institutions, as can be clearly ascertained by reading the articles quoted by Judge Albán in his sentence.