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Procesos legales

Veedores ciudadanos son condenados a un año de prisión

por | May 21, 2014

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El 9 de mayo de 2014, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, dos de los cuatro veedores ciudadanos que investigaron los contratos que mantenía el hermano del Presidente de la República con el Estado, fueron declarados culpables de haber cometido los delitos de falso testimonio y condenados por el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha a un año de prisión. Los otros dos miembros de la veeduría fueron absueltos.

Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando los veedores –elegidos por sorteo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar las investigaciones- concluyeron en su informe que el Primer Mandatario conocía acerca de los contratos de su hermano. Afirmaron además que en los procesos hubo preferencias e ilegalidades ocasionando un grave perjuicio al Estado. Con base en la divulgación de estas conclusiones, la Fiscalía pidió que se procese a Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, quienes fueron llamados a juicio en septiembre de 2012.

El Presidente Correa afirmó que la acusación de los veedores “es falsa de falsedad absoluta, siendo público y notorio que he manifestado que no sabía de los contratos que ha tenido mi hermano con el Estado” y añadió que “solo la mala fe, malicia, temeridad y el odio político de los denunciados y hoy acusados, han hecho que no les importe cometer esta clase de delito de falso testimonio” .

La sentencia absolvió a José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, dos de los cuatro veedores, no obstante que el informe por el cual fueron acusados tenía la firma de todos los integrantes de la Comisión. Al momento, la defensa de los veedores condenados espera la notificación formal de la sentencia para apelar.

Cabe recordar que por este mismo tema, el presidente Correa demandó por daño moral a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, cuyo texto también señaló que el Jefe de Estado conocía acerca de dichos contratos. Ellos fueron condenados en febrero de 2012 a pagar $1 millón cada uno como indemnización y posteriormente fueron perdonados por Correa.

Citizens were found guilty for investigating the President’s brother

On May 9, 2014, Paul Chambers and Gerardo Portillo, two of the four suppliers citizens investigating contracts that kept the brother of the President of the Republic with the State, were found guilty of having committed the crimes of perjury and sentenced for Eighth Criminal Court of Pichincha to a year in prison. The other two members were acquitted oversight.

This case dates back to February 2011 when the overseers-chosen by lot by the Council of Citizen Participation and Social Control to conduct investigations, concluded in his report that the Presidentknew about the contracts of his brother. They stated that in the process there were illegalitiespreferences and causing serious damage to the state. Based on the disclosure of these findings, the prosecution asked for the prosecution of Paul Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe and Victor Hugo Hidalgo, who were called to trial in September 2012.

President Correa said that the charge of the overseers’ absolute falsehood is false, being public knowledge that I said it did not know of the contracts that my brother has had with the state, «adding that» only bad faith, malice, recklessness and political hatred of the accused anddefendants today have made do not mind committing this kind of crime of perjury. «

The verdict acquitted Quishpe José Hidalgo and Victor Hugo, two of the four suppliers, however the report for which they were charged was signed by all the members of the Commission. At the time,the defense of those facing providers expected formal notification of the decision to appeal.

Recall that for this topic, President Correa sued for pain and suffering journalists Juan CarlosCalderón and Christian Zurita, authors of Big Brother, the text also noted that the Head of State knew about such contracts. They were sentenced in February 2012 to pay $ 1 million each as compensation and were subsequently pardoned by Correa.

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