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Asambleístas y ciudadanía comprometidos en reformar la Ley de Comunicación

por | Jun 26, 2017 | Sin categoría | 0 Comentarios

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Con motivo de los 4 años de vigencia de la Ley de Comunicación y generar propuestas para reformar este cuerpo legal, se realizó el pasado jueves el foro público Resistiendo a la Censura: 4 años de la Ley Mordaza, en el auditorio Julio Tobar Donoso de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

El acto contó con la presencia de representantes de la Asamblea Nacional, la sociedad sociedad civil, comunicadores y académicos, fue inaugurado por el decano de la Facultad de Jurisprudencia Iñigo Salvador, quien resaltó que es fundamental evaluar “los muchos contras y los pocos pros de la norma” para evitar que sus efectos generen nuevamente consecuencias en la sociedad.

La presidenta de Fundamedios Mariana Neira realizó una retrospectiva histórica de los ataques a la prensa desde que inició el régimen de la Revolución Ciudadana, el cual tomó fuerza con la entrada de la vigencia de la Ley. Aseguró que los periodistas deben modernizarse en la denuncia y control de la corrupción porque ésta se ha modernizado, por lo que debe desaparecer de la Ley de Comunicación y todo lo que trabe el ejercicio periodístico.

A través de un video, se enfatizó que más de 837 procesos se han tramitado ante la Supercom en contra de medios de comunicación y periodistas desde octubre del 2013 hasta mayo del 2017 a causa de la LOC. 527 terminaron en sanción: 323 fueron multas, 136 amonestaciones escritas y 54 disculpas públicas.

En el primer panel, moderado por el abogado de Fundamedios Marcelo Espinel, las asambleístas del Movimiento Madera de Guerrero (MDG)/Partido Social Cristiano (PSC) Cristina Reyes, y del Movimiento Creando Oportunidades (CREO) Mae Montaño, junto a la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) Guadalupe Fierro, y el director de la Asociación de Editores de Periódicos (AEDEP) Francisco Rocha, presentaron las reformas a varios artículos de la normativa, con el fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, deterioradas en los últimos años.

El asambleísta de Alianza País Augusto Espinosa también fue invitado a formar parte de este panel. En un inicio aceptó participar en el mismo, sin embargo, a último momento canceló, según dijo, por un compromiso previo.

Entre las propuestas destacaron el reemplazo de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) por un Consejo de la Comunicación que promueva las libertades, conformado por representantes de varios espacios, la reformulación del concepto de noticias de interés público y la eliminación de la autocensura. Mae Montaño incluyó su proyecto de reformas a la Ley, a la que denominó “la joya de la corona del régimen del expresidente Rafael Correa”. Esto, debido a que el proyecto fue archivado por la Asamblea anterior, por orden del mismo.

Desde Washington, el director de Fundamedios César Ricaurte reiteró los efectos negativos que la LOC ha generado en el periodismo ecuatoriano. Insistió en que es urgente rediseñar la norma porque ahora las decisiones finales en la publicación de las noticias en los medios de comunicación no las tienen los editores sino los abogados.

El segundo panel contó con la presencia de los periodistas y víctimas de la Ley Janeth Hinostroza, entrevistadora del espacio Los Desayunos de 24 Horas, Luis Miguel Baldeón, locutor de la Radio Redonda, y el editor de diario Extra Juan Manuel Yépez, quienes dieron su testimonio sobre cómo la LOC ha afectado sus labores periodísticas y a los medios de comunicación donde trabajan. Además, analizaron las contradicciones e ilegalidades de la Supercom. Yépez resaltó que la Supercom es la única entidad que acusa y juzga a la vez, es decir, es juez y parte.  

Los panelistas concluyeron que con la LOC se creó una estrategia jurídica de control de la información que debe terminar. Guadalupe Fierro recalcó que es saludable que haya una ley no sancionadora sino educadora. Una ley no represora sino que promueva las libertades y garantice un periodismo de calidad.

 

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