Con palabras de Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, se inició la primera jornada de audiencias públicas ante la Mesa por la Verdad y la Justicia de Perseguidos Políticos Nunca Más. Durante su intervención, la funcionaria afirmó que hasta la fecha se han receptado y analizados las denuncias presentadas a través del sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Transitorio en cuanto a violaciones de Derechos Humanos y Persecución Politica. Paúl Jácome, presidente de la mesa, señaló que existen al menos 1,000 denuncias, de las cuales 200 corresponden a Pichincha, siendo esta la provincia con mayor número de denuncias de violaciones a DDHH y persecución política.
Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa intervinieron en la primera audiencia pública, este 5 de noviembre, por el caso 30S que les representó persecución judicial y política durante el Gobierno de Rafael Correa. “Mi desgracia de una década radica principalmente en mi acción como periodista de investigación y, en esencia, por mi investigación en casos de corrupción”, dijo el actual director del portal La Fuente.
Villavicencio aseguró que desde 2007, cuando se presentaron denuncias sobre contratos del Estado con Petrobras, su labor como periodista de investigación fue truncado por el régimen y empezó una persecución política. A raíz de los eventos ocurridos el 30S, y la posterior denuncia, su viviendo fue allanada por miembros del GOE, alegando un supuesto hackeo a los correos del entonces presidente Rafael Correa. Durante estos sucesos, no se respetó la cadena de custodia, se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes. A partir de entonces, denunció no haber podido acceder a un trabajo. Su esposa, Verónica Sarauz, fue despedida de su empleo tras lo ocurrido.
Carlos Figueroa fue otra de las víctimas de la persecución por solicitar investigaciones en torno a los eventos del 30 de septiembre del 2010. Según su testimonio, los informes presentados ante la Fiscalía y Procuraduría que no fueron tomados en cuenta señalaban que el entonces presidente Correa ordenó el ataque al Hospital de la Policía, violando directamente el Estatuto de Roma. Tras sus denuncias, Villavicencio, Figueroa y Cléver Jiménez tuvieron órdenes de prisión y portaron grilletes electrónicos. El periodista debió ‘indemnizar’ al exMandatario con 48.000 dólares, además de “exiliarse” y vivir en la selva.
“Necesitamos que el Estado reconozca y pida disculpas al país para que esto no se repita. No estamos priorizando una demanda económica, primero el señor Presidente debe hacer una manifestación pública para decir a los ecuatorianos que esto no va a suceder, reconociendo la validez de organismos internacionales que nos estaban protegiendo”, concluyó Figueroa.
Durante esta jornada también intervino el periodista Juan Carlos Calderón, coautor junto a Christian Zurita, del libro ‘El Gran Hermano’, en donde se revelaron una serie de contratos del sector público adjudicados a Fabricio Correa, hermano del entonces Presidente. A partir de la publicación, los periodistas recibieron una serie de amenazas provenientes específicamente de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación.
En 2010, los autores del libro fueron notificados con una demanda de Rafael Vicente Correa Delgado, quien los demandó como “ciudadano común”, pero haciendo uso del aparataje estatal para lograr su objetivo: una indemnización de un millón de dólares por cada periodista por supuesto daño moral. Ambos periodistas recibieron otra demanda de María de los Ángeles Duarte, entonces ministra de Desarrollo Urbano, por supuestos daños morales, demandando una indemnización de 500 mil dólares por cada uno. Este último proceso sigue abierto y sin una sentencia.
Calderón señaló que, si bien Correa se presentó como un ciudadano común, utilizó los recursos del Estado para financiar su defensa y creó una campaña de represión sistemática en contra de los medios de comunicación, declarándolos enemigos políticos del Estado y utilizando casos como El Gran Hermano como ejemplificadores de las sanciones que vendrían con la Ley de Comunicación. La sentencia, que obligaba a Calderón y a Zurita a cubrir un monto de 1 millón de dólares (cada uno), no se basó en más pruebas que el testimonio deferido del demandante.
Calderón afirma que se dieron claras violaciones al debido proceso judicial y que existió una evidente manipulación política al sistema judicial. Los autores de ‘El Gran Hermano’ incluso fueron atacados por una delegación de supuestos migrantes que apoyaban al régimen de Correa en Nueva York, durante una de las audiencias en la CIDH.
Calderón concluyó que el impacto más grande es que su credibilidad, su buen nombre como periodistas, fue manchada y arrastrada por el piso. Fueron acusados constantemente de ser traidores de la patria e incluso agentes de organizaciones extranjeras. Lo que el régimen buscaba era conducir a ambos profesionales a una muerte civil. “Estas acciones tenían como única misión advertir y sentar un precedente para atemorizar a la prensa”.
Hace algunas semanas, informó Calderón, la CIDH admitió la demanda en contra del Estado, tras constatar que se movilizó todo el aparataje estatal para intimidar a dos periodistas. Hasta la fecha, el Estado, por medio de su procurador General, Íñigo Salvador, no se ha pronunciado al respecto.
FUNDAMEDIOS es una de las organizaciones que participa en el proceso brindando apoyo técnico en las distintas etapas.