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Libertades Informativas

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La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados la tarde del 26 de marzo06 de abril por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 3.747 portadores de COVID19 y 191 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de cinco periodistas en Guayaquil. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo. Ambos murieron el pasado 30 de agosto.

Finalmente, Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud.

La organización registra nueve periodistas con diagnóstico positivo. Además, se levantó una lista de dieciocho profesionales de la comunicación con síntomas de contagio y en aislamiento. Adicionalmente, quedan cuatro casos más por confirmar. 

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

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La prensa cumple un rol indispensable en la cobertura de las crisis y emergencias sanitarias. Son los periodistas y sus equipos quienes se encargan de llevar a la ciudadanía la información de primera mano. 

Actualmente el COVID19 es la noticia en el mundo. Los medios informan sin parar sobre los resultados de esta pandemia que ha contagiado a más de 80 mil personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está entre las seis emergencias de salud pública más potentes desde 2009.

En Ecuador, hasta este 20 de marzo, la cifra asciende a 367 casos. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por calamidad pública durante 60 días y anunció toque de queda.

En el Decreto 1017 se limitan algunos derechos como el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Esto implica que los ciudadanos no podrán transitar por las calles o reunirse. La disposición no limita la libertad de expresión, ni menciona la censura previa. 

Fundamedios te entrega información importante que debes tomar en cuenta durante las próximas coberturas. 

Como periodista, ¿puedo movilizarme durante el toque de queda y estado de excepción?

SÍ. El artículo 5 del Decreto menciona que los comunicadores acreditados podrán movilizarse en el territorio nacional pues cumplen con el rol de informar a la ciudadanía. 

¿Cuáles son las limitaciones en el toque de queda?

El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda, es decir la prohibición total de que los ciudadanos circulen. Los periodistas que porten con su credencial y el salvoconducto entregado por el Ministerio de Gobierno, a través de www.ministeriodegobierno.gob.ec, podrán circular porque cumplen con el rol fundamental de informar. 

A partir del 21 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guayas, el toque de queda se iniciará desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Mientras que para Guayas la medida regirá desde las 16:00 hasta las 05:00.

¿Cómo puedo acreditarme?

Ingresa a www.ministeriodegobierno.gob.ec, haz clic en la parte superior izquierda (en el slide show de noticias) donde dice “Salvoconducto”. Imprime el formulario que está disponible. Un responsable del medio de comunicación debe llenarlo y firmarlo, así como la persona que saldrá de cobertura. No necesitas firma adicional del Ministerio de Gobierno. Tu acreditación es el salvoconducto.   

¿Hay algo adicional que deba llevar  y que garantice mi circulación sin problema?

Sí, debes portar la credencial del medio de comunicación que certifique que eres periodista o perteneces a la empresa.

¿Tengo restricciones para emitir información durante el estado de excepción?

Según el Decreto 1017, la libertad de expresión no está limitada, solamente el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Es decir, los periodistas pueden informar en sus canales de comunicación sobre el COVID19 sin restricciones. Sin embargo, existe la responsabilidad ulterior, contemplada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación LOC) que menciona que los medios son responsables de la información que publican en sus canales informativos.  

El numeral 4 del artículo 165 de la Constitución dispone censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Sin embargo, en el Decreto suscrito por el Presidente no se hace referencia explícita a limitar el derecho de libertad de expresión. Según expertos consultados por Fundamedios, los decretos de estado de excepción deben mencionar expresamente los derechos que se verán limitados. 

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información durante la emergencia del COVID-19?

El Gobierno Nacional dispuso que la fuente oficial de información en el territorio nacional sea el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que funciona como una instancia interinstitucional para reducir riesgos en contextos de emergencias nacionales.

¿Cómo puedo acceder a información oficial?

El Gobierno ofrece varias cadenas nacionales al día, que se transmiten en línea en el perfil de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y en medios tradicionales. En estas ruedas de prensa se presentan ministros y autoridades para actualizar datos sobre la situación del COVID19 y contestar dudas de la prensa.

¿Puedo preguntar en las ruedas de prensa virtuales? ¿Cómo lo hago?

Sí. Los periodistas pueden enviar sus interrogantes a los funcionarios a través de los chats de prensa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Debes mandar tu consulta en forma de mensaje e identificarte.  

Si cubro Asamblea Nacional, ¿cómo puedo acceder a las reuniones de los legisladores?

El poder Legislativo tiene habilitada su plataforma en Facebook para transmitir algunas sesiones. La radio de la Asamblea: www.laradio.asambleanacional.gob.ec permanece al aire. Además, existe un chat de prensa donde se envían diariamente la agenda y enlaces de reuniones legislativas en Zoom. Si eres periodista y deseas ser incluido en la lista, escribe al +593 98 408 0980.

Mi especialidad son temas judiciales, ¿cómo puedo informarme sobre ellos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con el correo electrónico comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec, el cual se encuentra activo. Además, en el sitio www.fiscalia.gob.ec consta la plataforma estadística donde se actualizan datos de personas procesadas por no acatar toque de queda y otros temas. Las redes sociales se alimentan diariamente. 

¿Cómo obtengo  información sobre el tránsito y los operativos en Quito?

Existe un chat de prensa donde puedes ser incluido y recibir información actualizada. Si deseas hacerlo, comunícate al +593 98 704 4409 . Las seis redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se actualizan con información relevante y datos estadísticos, así como la plataforma Quito Informa (http://www.quitoinforma.gob.ec). 

¿Con quién debo comunicarme si tuve inconvenientes durante mi cobertura?

Fundamedios ha habilitado su línea telefónica: +593 98 453 5165 en donde puedes reportar agresiones al trabajo periodístico e impedimentos de cobertura. El Consejo de Comunicación ha dispuesto el correo electrónico gvalencia@consejodecomunicacion.gob.ec para ello. 

Si tengo sospechas de un contagio por COVID-19, ¿a quién debo reportarlo?

Debes llamar a la línea 171 para que evalúen tus síntomas. El personal se encargará de derivarte a un centro especializado para someterte a una prueba.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar durante mi trabajo?

Fundamedios preparó con manual con información relevante sobre el tema. Las recomendaciones se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Descarga el documento aquí

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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Ricardo Freire, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), no compareció este 19 de febrero a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Se esperaba su presencia para exponer los antecedentes que motivaron el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal el pasado 23 de enero. 

Carlos Romero, secretario relator de la Comisión, indicó a Fundamedios que Freire envió un oficio refiriéndose al tema, el cual será enviado a los demás miembros para que lo analicen. Explicó que es la segunda vez que no comparece y, según la Ley de la Función Legislativa, una de las atribuciones de los asambleístas es requerir la información de autoridades sujetas a control político.  

La primera vez fue citado el 5 de febrero por un pedido expreso del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, del partido Otro Movimiento, respaldado por el bloque de la Revolución Ciudadana.  

Fundamedios accedió al oficio de Arcotel en que su Presidente se excusa por no asistir y cita el recurso de apelación en el caso de Pichincha Universal que está en marcha y para el cual “se encuentra actualmente sustanciando”. 

Por ello, manifestó que está impedido “de esgrimir cualquier juicio de valor fuera del debido proceso administrativo, respecto a la resolución por medio de la cual el Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resolvió revocar el título habilitante” a radio Pichincha Universal. Ricardo Freire se ampara en el artículo 76 de la Constitución, numerales 1 y 7 (letras a, b,c y k). 

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Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta iniciativa nació tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas; Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia).

El 12 de diciembre de 2019, el ESE presentó el Informe Final a las autoridades colombianas, ecuatorianas y a los familiares. En el capítulo tres se refiere a las investigaciones realizadas por Colombia y Ecuador y destaca aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones judiciales para definir una real teoría del caso.

Fundamedios explica los puntos más críticos que la Fiscalía ecuatoriana debería revisar para desarrollar una línea de indagación más clara y así evitar la impunidad.

 

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El pasado jueves 12 de diciembre, Fundamedios, la Federación Nacional  de Periodistas (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Chimborazo organizaron el taller Nuevas regulaciones para el periodismo, desinformación. Al encuentro asistieron más de 130 personas, entre estudiantes y periodistas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar.

La primera parte del taller fue abordada por Darwin Altamirano, catedrático universitario de Guaranda. El experto compartió información sobre el marco regulatorio bajo el cual trabajan los periodistas ecuatorianos.

Por su parte, Susana Piedra, presidente (e) de la Fenape, hizo un recuento de lo que fue la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), desde 2013 hasta 2019. Durante ese período, Fundamedios registró la apertura de 1200 procesos y más de 776 sanciones contra medios.

La periodista se refirió a los principales cambios de la LOC: eliminación del linchamiento mediático, régimen sancionatorio, normas deontológicas, supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La norma fue el arma principal en contra del periodismo independiente entre 2013 y 2017.

Piedra habló de la incorporación al artículo 42 de un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación; sin embargo, estima que los periodistas también deben apostar por la autoprotección en sus labores cotidianas de búsqueda de información.

Paola Aguilar, coordinadora de Fundamedios, expuso a los asistentes sobre la importancia de contar con una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La comunicadora profundizó sobre los principales cambios a los cuales esta norma debe someterse, proyecto que fue construido por varias organizaciones públicas y privadas y que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional.

El editor de Ecuador Chequea, Gabriel Narváez, se refirió al fenómeno de la desinformación. Enfatizó que por la naturaleza de una noticia: un hecho verificado y contrastado no existen las mal llamadas noticias falsas. “Hay procesos de desinformación, que buscan generar desestabilización”, acotó.

Narváez exhibió el Álbum de la desinformación, que detalla las características de 53 mensajes engañosos desmentidos entre el 3 y el 13 de octubre, durante el paro nacional. Además, ofreció herramientas para determinar si la información: imagen, videos o audios que se difunden a través de redes son falsos o no.

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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

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Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. «La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación», dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.