El nuevo presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el 12 de abril de 2021, durante una rueda de prensa, que los medios públicos serán vendidos a través de subastas públicas. Se refirió a la prohibición establecida en la Constitución que determina que el dueño de una acción de un medio de comunicación no puede tener otra actividad económica a lo que calificó como una “trampa”.
“Si queremos realmente ver una transformación de fondo es necesaria también una reforma constitucional para eliminar tal disposición y tener una mayor participación en una subasta pública de las acciones de los medios incautados, fundamentalmente”, aseguró Lasso.
Desde Fundamedios, creemos urgente y necesario dar una solución definitiva al enorme problema de los medios incautados, cuya sólo existencia es un despropósito, pues son medios en el limbo, sin ser ni públicos ni privados. Sin embargo, creemos que se debe diferenciar a medios incautados, medios gubernamentales y medios públicos. Los medios públicos son esenciales para asegurar la pluralidad y diversidad de voces en una sociedad democrática. Su papel es fundamental para proveer contenidos no necesariamente comerciales, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población.
El desafío para el nuevo Gobierno radica en que estos medios de comunicación sean independientes del Poder Ejecutivo, verdaderamente pluralistas, universalmente accesibles, con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos, para garantizar la libertad, autonomía e independencia de los medios de comunicación públicos.
Hacemos un llamado al próximo Gobierno a diferenciar los medios incautados de los medios públicos y a explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de estos últimos, para que puedan cumplir con su mandato de servicio público.
Así mismo, vemos con buenos ojos, la posibilidad de que se permita la inversión en medios de comunicación de empresarios de otros sectores económicos, siempre respetando los principios de pluralidad y no concentración. No obstante, recordamos que a nivel constitucional sólo está la disposición para que los banqueros no participen en medios, medida que se amplió de forma arbitraria en la llamada Ley Antimonopolio.
Estos temas fueron incluidos en la Hoja de Ruta para la Libertad de Expresión 2021-2025, documento que fue firmado por 42 actores entre los cuales se encuentran organizaciones de sociedad civil, gremios de periodistas y personas que, a título personal, solicitaron a los candidatos presidenciables incluir en sus agendas la protección a la libertad de expresión y prensa, así como garantizar la independencia de los medios públicos e implementar estándares internacionales para su funcionamiento.
El Presidente electo Guillermo Lasso mencionó su compromiso de cumplimiento de la Hoja de Ruta, pero no lo ha materializado con su firma. Llamamos al futuro Primer Mandatario a atender dicha solicitud.
Recordamos que en su Declaración Conjunta los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana sostuvieron que el mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, que debe dar voz y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad.
