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Ecuador, 29 de octubre del 2020. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y las acciones que se realizan para impulsar esta normativa, Fundamedios realiza mesas de socialización a través de las cuales se nutre el proyecto con aportes de diversos sectores.

Previo al tratamiento de la Ley en la Comisión de Derechos Colectivos, que iniciará el 30 de octubre a las 10:00, se organizó un nuevo encuentro en el que participaron legisladores y periodistas y en el cual pudieron despejar algunas dudas. El Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que: “mañana iniciará el debate y esperamos que se pueda aprobar en este periodo parlamentario, existe la mejor predisposición de todos los bloques pues se ve la necesidad de proteger el derecho del acceso a la información pública, así como tener una herramienta para la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a la estructura y espíritu de la Ley se explicó que entre los principios están la supremacía de Interés Público; Gratuidad y la no regresión de la información y la máxima publicidad.  El objetivo es promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Desde Fundamedios consideramos que la actual Ley de Acceso fue una buena ley, pero ha estado vigente durante 14 años y no se contempla nuevas realidades como el manejo de la información digital ni el manejo de datos abiertos por lo cual existe una brecha entre la ley actual y la nueva realidad que es necesaria actualizar con urgencia.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al final de la socialización, los participantes hicieron diversos aportes. Destacaron la importancia de los datos abiertos y la lucha contra la corrupción. También solicitaron considerar expresamente las obligaciones de las Universidades que manejan fondos públicos para que transparenten su información y solicitaron que las responsabilidades de los funcionarios públicos ante posibles multas por no entregar información pública, sean analizadas en función de la calidad y cantidad de información, así como de los mecanismos institucionales  disponibles para procesar dicha información.

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Fundamedios organizó el 21 y 23 de octubre mesas de diálogo con el objetivo de dar a conocer los avances en relación a los proyectos de Acceso a la información y al de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, este último clave para avanzar en temas como comercio electrónico y que constituyen una exigencia de la Unión Europea para implementar un tratado de libre Comercio. Además, regulan un derecho humano fundamental como es la protección de nuestro espacio privado que incluye los datos que se generan en el mundo digital. 

El proyecto de Acceso a la Información fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y dirigido a la Comisión de Derechos Colectivos, que lo conoció la tarde del 23 de octubre. El objeto principal de esta Ley es garantizar el derecho a la información pública, fomentando la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado. 

Se contempla la transparencia activa, información que entregan las entidades del Estado y que exista un Oficial de Información en el área, además de un Portal Nacional de Transparencia. El proyecto de ley contempla un régimen de excepciones; el primer caso cuando se trata de información confidencial y, en segunda instancia, cuando se trata de información reservada. La ley busca resolver los mayores problemas como la falta de una entidad con facultad sancionatoria; además de incentivar la proactividad de la sociedad civil a empoderarse en los temas de información pública.

Por otro lado, entre los puntos más relevantes de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales tenemos que el proyecto recoge distintos principios como juridicidad, transparencia, lealtad, legitimación conservación y los derechos incluyen la rectificación, actualización y eliminación, derecho a la portabilidad, derecho al olvido, excepciones y educación digital.  Además, los datos personales serán conservados solamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su tratamiento.

Se contemplan categorías especiales de datos sensibles como los relacionados con los niños, niñas y adolescentes, datos crediticios, de salud de personas con discapacidad y datos relativos a las telecomunicaciones. Existen una serie de obligaciones para proteger los datos de las personas como que el tratamiento de datos personales por terceros deberá ser regulado por un contrato.

Habrá un delegado de protección de datos personales que tendrá las funciones de informar y asesorar sobre el uso de los datos personales, así como supervisar la implementación de las disposiciones; aplicar e implementar herramientas administrativas y registrar y mantener actualizado un Registro Nacional de Protección de Datos para su protección.  

Los ciudadanos podrán presentar amparados en esta Ley quejas a las Autoridad de Protección de Datos cuando consideramos que sean vulnerados derechos, principios y obligaciones. La autoridad podrá aplicar infracciones leves y graves, multas a funcionarios públicos que incumplen con la protección a la privacidad o acceso a datos personales

La Ley de Acceso a la Información debe ser compatible con la Ley de Protección de Datos Personales y son instrumentos indispensables para el país pues promueven derechos fundamentales como el acceso a la información pública, como un instrumento de lucha contra la corrupción e indispensables en la nueva economía digital. 

Ante ello, se ha tratado de compatibilizar la autoridad de Protección de Datos Personales y la Autoridad de Acceso a la Información. Inicialmente se había pensado en la creación de una Superintendencia, pero dada la austeridad fiscal se ha planteado que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) tenga autonomía del Ejecutivo y que tenga una composición que refuerce su independencia para que cobije a la autoridad de Protección de Datos así la de Acceso a la Información.

 

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Ecuador, 15 de octubre del 2020. El manejo de las emociones que pueden experimentar los comunicadores en situaciones de emergencia es un elemento importante y pocas veces abordado. Para tratar este tema, la Dra. Lu Ortiz, Directora Ejecutiva de Vita-activa.org dictó el taller: Recomendaciones para el manejo emocional de periodistas durante la pandemia.

El webinar, impulsado por la oficina Regional para Centroamérica de la UNESCO y FUNDAMEDIOS, es parte del programa de salud mental Periodismo Consciente. Se trata de una iniciativa inédita que busca analizar las afecciones mentales de los periodistas en el marco de la pandemia.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que en Ecuador se lanzó una encuesta para conocer la salud mental de los periodistas, lo cual será un proyecto piloto que será replicado. “Los riesgos de la profesión no sólo son físicos, sino también existen riesgos a la salud mental pues en muchas veces hay impactos por la naturaleza del trabajo y es algo que debe ser abordado en la Región” aseguró el periodista.

El Taller se caracterizó por la interacción con los asistentes, la buena energía y los ejercicios participativos. La primera actividad que realizaron los asistentes virtuales fue dibujar en un papel un cuerpo humano en el cual se analizaron los efectos del estrés en cada una de las partes: La cabeza es uno de los órganos más sensibles y que se ve afectado por el estrés con la presencia de migrañas, dolores múltiples en los ojos, dientes o mandíbula. Se destacó la importancia del cuidado de las manos y de las muñecas como herramientas claves para el trabajo periodístico y también de los pies.

“El cuerpo no se expresa con conceptos, lo hace con sensaciones y de manera más profunda con emociones. Es ideal que permitamos que la relación cuerpo-emociones se manifieste en entornos seguros y no violentos”, aseguró Ortiz.

La actividad “Tu propia historia” consistió en pensar los círculos viciosos en los que podemos entrar. Se analizó la importancia de dar un descanso al cerebro; de llorar para liberar adrenalina y de la risa pues aumenta la presencia de sangre y oxígeno en el cuerpo “el cuerpo es un sistema y es importante descargarlo”. 

La experta compartió cuatro consejos para desarrollar la resiliencia como un músculo de fortaleza interna: estar presente realizando un alto y respirando; cultivar la esperanza dejando a un lado el enojo y el resentimiento; la gratitud hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, finalmente, la necesidad de la risa y las distracciones.

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Con el propósito de levantar un informe con datos reales sobre la salud mental de los periodistas en el Ecuador, Fundamedios, junto con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 lanzó una encuesta sobre la salud mental de los periodistas, un estudio inédito en Ecuador, cuyos resultados servirán como insumo para incidir en la protección y seguridad a través de la aplicación de una política pública de seguridad.

El insumo fue enviado a una amplia base de datos que incluye reporteros y fotógrafos que trabajan en medios de comunicación de todo tipo, con el propósito de que los resultados reflejen la mayor diversidad posible. La encuesta toma alrededor de 25 a 30 minutos y al terminar el participante recibe un informe personalizado gratuito sobre su estado de salud mental.

Fundamedios considera que uno de los aspectos menos explorados y aún indeterminados de la pandemia es su incidencia en la salud mental. A esto se suma que es un hecho que el paso a la denominada «nueva normalidad» afecta directamente a grupos específicos, como quienes están en la primera línea. Ahí figuran las reporteras y los reporteros, los periodistas y todos los trabajadores de la prensa que en su objetivo de informar a la ciudadanía han debido exponerse y sobrellevar jornadas arduas de labores intensas. 

Diseñamos un programa de salud mental para periodistas que incluye: tres webinars que están disponibles en línea y permitirán a los trabajadores de la prensa ecuatoriana, que están en primera línea, afrontar los desafíos con más y mejores herramientas, al tiempo que pueden desarrollar una resiliencia interna. 

El pasado 22 de julio se realizó la primera sesión ‘Salud mental y periodismo: un enfoque desde la ciencia‘, junto a la psiquiatra y docente de la Universidad de la Sabana (Colombia), Yahira Guzmán; El 29 de julio se realizó el segundo taller virtual a cargo de Myriam Vidal y Rodrigo Pérez, periodistas especializados en ciencia y ganadores de la beca Rosalynn Carter 2019 sobre salud mental de la Fundación Gabo; El miércoles, 05 de agosto se realizó el tercer Webinar: Periodismo y autocuidado, buscando el equilibrio emocional. La charla estuvo guiada por los expertos Lu Ortiz y Byron Bustamante. 

Además, elaboramos el podcast “En búsqueda del equilibrio emocional”, producido por Al Grano Press con testimonios de personas que padecen trastornos emocionales, consejos de psicólogos y terapeutas alternativos.

Si usted desea llenar esta encuesta puede escribirnos a  info@fundamedios.org.ec o libertadesinformativas@fundamedios.org.ec

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El trabajo colaborativo realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados acerca de la “Ley Ecuatoriana de Acceso a la Información Pública” ha sido nominado para el Premio de Colaboración TrustLaw 2020 de la Fundación Thomson Reuters.

Este premio reconoce las relaciones de trabajo entre los equipos jurídicos, ONG’s y las organizaciones sociales cuyos resultados permiten aumentar el potencial impacto de distintos proyectos.

FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados unieron esfuerzos para recabar información acerca de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, así como los riesgos identificados en cuanto a la aplicación de normas de acceso a la información. Esto con la finalidad de evaluar la inclusión de estas buenas prácticas en la normativa que se estaba construyendo.

El trabajo realizado fue utilizado para la elaboración del anteproyecto de la nueva “Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública” de Ecuador. El documento fue entregado por FUNDAMEDIOS al Presidente de la Asamblea Nacional y a un grupo multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información, el pasado 7 de agosto del presente año.

El Presidente de la Asamblea y los distintos legisladores presentes, así como sus equipos técnicos, se comprometieron a darle un tratamiento prioritario a dicho proyecto con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual período legislativo.

FUNDAMEDIOS recibe esta honrosa nominación al premio con gran reconocimiento a nivel internacional con el compromiso de continuar trabajando conjuntamente para velar por la libertad de expresión en el Ecuador. Agradecemos el excelente trabajo realizado por FERRERE Abogados durante este proceso de construcción normativa.

Asimismo, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública permita que en breve nuestro país cuente con un cuerpo normativo acorde con los avances más recientes en la materia, a las disposiciones constitucionales y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

 

Informe-Análisis Acceso Información Pública

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Ecuador, 8 de octubre del 2020. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, compareció la tarde del 7 de octubre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el propósito de presentar los resultados de la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa que revelan la concentración de medios de comunicación en manos del empresario Ángel González, conocido como el Fantasma, quien utiliza una red de testaferros para evitar señalamientos.

Fundamedios trabaja desde hace 14 años en Ecuador y desde hace 5 en América Latina en la defensa, promoción y monitoreo de la libertad de prensa y expresión por lo que el interés en el concurso de frecuencias se enmarca exclusivamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia ya que la concentración de medios restringe la pluralidad que asegura el pleno derecho a la información.

“Cuando hablamos de concentración de medios no estamos ante un tema meramente técnico y administrativo, estamos ante un hecho que tiene serias consecuencias sobre la calidad de la democracia en el país”, sostuvo Ricaurte.

A través de una presentación con 24 diapositivas se presentó las pruebas que ratifican la presencia de Ángel González en el Ecuador y que compite, actualmente por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  Además de 19 repetidoras en provincias.

En 2019 la Contraloría General del Estado presentó los resultados del Examen Especial a los Procesos de Concesión de Frecuencias. En el documento detectó la concentración de medios de comunicación y señaló que al menos 8 medios de comunicación se encuentran ubicados en una misma dirección y que los contadores de estas empresas son los mismos ciudadanos. Con este antecedente, Ricaurte alertó que las empresas señaladas en el informe del 2019 entran nuevamente a concurso: MEGACOMUNICATION S.A; ANDIVISIÓN; RADIODIFUSORA AYAX; DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES; ECUADORADIO S.A; RIDALTO RIDALTOSA S.A; RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

Estas empresas ecuatorianas tienen como accionistas a 8 empresas en Montevideo, Uruguay y 6 de estas se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989 que es un predio donde funciona una empresa de contadores.

Para demostrar la presencia de El Fantasma a través de una red de testaferros, Fundamedios presentó varios casos puntuales:

Cirvane Trading S.A es una empresa de nacionalidad uruguaya presidida por Remigio Ángel González González, cuya dirección es Juan Parra del Riego 989. Cirvane Trading S.A es accionista de la empresa ecuatoriana Adaratop S.A., dueña a su vez de Megacomunications S.A., una empresa que concursa por la frecuencia 105.7 que es la Radio Fabu Stereo.

Andivisión tiene como accionistas a la empresa uruguaya FIZLER S.A y a la empresa RADIO Y TELEVISIÓN GUATEMALA S.A que es parte del Grupo Albavisión, de Remigio Ángel González. José Fernando Villanueva Carrera, es el representante legal, la compañía pertenece a la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana Cardona, y a su hija Jani Tzik Tzik. Además, este medio de comunicación está implicado en el caso de corrupción de financiamiento ilegal de la política en Guatemala y que desembocó en la Destitución y Encarcelamiento del Ex-Presidente, Otto Pérez Molina y de su Vicepresidenta Roxanna Baldettí y se mostró cheques y facturas de ese caso.

También presentó el caso de Cuminol S.A. que es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 96.1 Joya Stereo. Cuminol S.A.  está presidida por el mexicano Guadalupe Carlos Hernández Martínez, según

información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. En una declaración jurada, Hernández reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

Risfelar S.A. es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 104.1 Alfa Stereo, la cual está presidida por el mexicano José Luis Yarzabal Burela, según información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. Así mismo, en otra declaración jurada, Yarzabal reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

De esta manera Fundamedios demostró que en el Ecuador existe una concentración de medios, que en el Concurso actual de frecuencias se admitió la participación de empresas que ya estaban observadas por Contraloría y que se han tomado medidas para blanquear la situación.

La asambleísta Jeannine Cruz agradeció a Fundamedios y dijo que es la sociedad civil la que está poniendo alertas sobre estas irregularidades: “El informe es tan claro y contundente, el Fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad”, dijo la legisladora.

Fundamedios solicitó a la Comisión de Fiscalización que investigue a fondo la situación actual de concentración. En especial la validez de las resoluciones que la ARCOTEL ha expedido en los últimos dos años, relativos a los concesionarios mencionados en el informe de Contraloría.

También que se exhorte a Contraloría para que examine y elabore un informe sobre la situación actual de las frecuencias del país, incluyendo sus propias observaciones sobre concentración de medios establecidas en su informe DNA4-0025-2018 y que se conmine al Ministro de Telecomunicación y al Director de ARCOTEL para que se haga una revisión exhaustiva de la información que hemos presentado ante esta Comisión y de otros posibles casos de concentración de medios y se tomen los correctivos que permitan llevar a buen fin este concurso, sin cometer los pecados del pasado. 

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también participó el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Kléver Chica y el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, quien se excusó de comparecer en dos ocasiones anteriores.

Chica hizo referencia al fallido concurso del 2016 y al Informe de Contraloría que reveló las irregularidades que provocaron su suspensión. Aseguró que este es un proceso eminentemente técnico y que las nuevas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones han socializado todas las etapas del concurso a través de la comunicación digital: “Si hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias, si eso es verdad, nosotros apoyaremos”.

Por su parte Michelena subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría y se refirió a que la entrega de los títulos habilitantes será un “derecho condicionado” bajo una declaración responsable para que se cumplan la ley y las normativas y no un derecho adquirido pues el Estado debe precautelar el correcto uso de las frecuencias. 

Fundamedios se mantiene expectante sobre el concurso de frecuencias y exige a las autoridades estatales a ceñirse a la ley y verificar los datos de los concursantes para preservar la libertad de expresión en el país.

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Washington, October 7, 2020.- Fundamedios and Reporters Committee for Freedom of the Press denounced today, in the 177th Period of Sessions of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), violations of freedom of expression and freedom of the press that have occurred since May 2020 during the recent protests in the United States.

When presenting this complaint, the two organizations asked the IACHR: That the Commission issue a statement protesting the detentions and excessive use of force against journalists during public protests for restricting freedom of expression.

That the Commission demands that the State stop all arrests and the excessive use of force against journalists.That a petition is formulated at all levels of the United States government to carry out a thorough investigation of the incidents reported by organizations that document violations of freedom of expression and to make the results of these investigations public.

Establish a set of principles and recommendations for law enforcement and security authorities at the local, state and federal levels regarding respect for the press during public events of any kind, particularly demonstrations, and how to guarantee freedom of the press and the safety of journalists.

These recommendations should cover:

  • Training of the police forces in charge of the control of protests so that they understand the right of journalists to document police activity in public.
  • Transparency – Police records of interactions with journalists should be made available to the public immediately so that the public can assess the legitimacy of police conduct.
  • In addition, police officers must wear identification of their name, badge number and organization to which they belong on their uniforms.
  • Sanctions – Police departments must take urgent action to discipline officials who violate the rights of the press.
  • Proportionality – That law enforcement agencies follow the United Nations guidelines for the use of force, based on necessity, legality and proportionality.

That is, officers must ensure that crowd control tactics are appropriate and proportionate. Such tactics must be designed to prevent collateral damage to journalists covering protests and must not unduly restrict that coverage.

The speakers from civil society at this thematic hearing on freedom of expression in the United States were Frank LaRue, Legal and Defense Director of Fundamedios; Gabriel Rottman, Director of the Technology and Press Freedom Project and Sarah Matthew, Lawyer for the Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP). And as a witness to the violations, the journalist Gustavo Martínez Contreras. Frank LaRue said this hearing was requested by Fundamedios and the RCFP in light of the attacks and harassment by law enforcement officers suffered by journalists covering peaceful public demonstrations against racism throughout the United States since May 2020.

«From the highest level of government of the president of the nation, we have a systemic discourse of attack against the press and independent journalists, calling them «enemies of the country», «enemies of the people», » false media «, » false news «, «liars». This confuses the population and has progressively eroded the trust that society may have in the media”, LaRue said.

U.S. Press Freedom Tracker has reported more than 850 incidents of violation of freedom of expression during the coverage of protests and demonstrations so far in 2020. 81% of the documented cases correspond to excessive use of force or arbitrary detentions by the forces of order. Sarah Matthews, a lawyer for the Reporters Committee for the Freedom of the Press, assured that «the most serious thing is to show the tendency that the police had the clear objective of attacking journalists who were clearly identified as the press». The attacks have been registered in 79 cities in 36 states.

Rottman said that recent months have seen a significant increase in arrests and the use of force against members of the media covering the protests. In many cases, the incidents appear to violate clearly established laws in the United States, including rights that have long been recognized under the First Amendment to the United States Constitution.

Gustavo Martínez Contreras, a journalist for Asbury Press, presented himself as a witness and example of the 100 journalists who have been detained or attacked since May 2020 in the United States. Martínez, who was arrested on June 1st in New Jersey, was detained for 5 hours, despite having worn his press badge on his chest from the beginning.

“My experience on the night of June 1st at the Asbury Park protest continues to haunt me. I have no doubt that I was a target for the police to be approached and arrested because I was reporting on events around me, protected by the First Amendment in my right to do so. I hope that by speaking today, you will help ensure that many other journalists can report freely without censorship by law enforcement”.

Pedro Vaca, the new Rapporteur for Freedom of Expression, said that it is difficult to find another country in the region that has been more respectful of press freedom than the United States, so the reported events call for deep reflection to maintain fundamental freedoms.

The Rapporteur argued that the federal authorities must guarantee the right of coverage of the demonstrations by the press so that the people can be informed. Additionally, it offered the support of the Office of the Rapporteur by «alerting the representatives of the State that they consider that the Office of the Rapporteur is a partner to avoid the repetition of these cases of police abuse».

Although the United States has not ratified the American Convention on Human Rights, the legislation and doctrine of the Organization of American States are binding on all member states.

The United States delegation was made up of the representatives to the OAS Bradley A. Freden; and the representative of the State Department, Thomas Weatherral, who confirmed that the independent media are a pillar for the exchange of ideas and that the United States supports the rule of law.

Bradley A. Freden assured that «they condemn the threats and harassment against journalists because they should not suffer harassment for carrying out their work in accordance with the law» and assured that the United States is committed to defending members of the press with investigations when there are violations to rights.

At the end of the Hearing, the President of the IACHR, Joel Hernández, thanked Fundamedios and RCFP for the information and highlighted the positive, proactive and constructive attitude of the Government representatives.

“For us, this hearing is very timely, we recognize the strength of democracy in the United States (…) we are aware of the impact that its Constitution had worldwide to protect press freedom; We know that the United States has established a standard to protect civil and political rights and that is why we are following with concern the high attack on members of the press». He recalled that for the IACHR it is a sensitive moment since social demonstrations are more active than ever throughout the region and that is why it is important to safeguard the right of the press to be able to carry out its work. «We express the best aspirations so that journalists and communicators can carry out their work without any interference by covering social protests», said the Commissioner.

The IACHR is an essential organ of the Human Rights Protection System of the Organization of American States, and it is in charge of contextualizing and documenting human rights violations and holding States accountable for their actions and rulings in protecting the rights of its citizens.

 

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Washington, 7 de octubre 2020. Fundamedios y Reporters Committee for Freedom of the Press denunciaron hoy, en el 177º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa ocurridas desde mayo del 2020 durante las recientes protestas en los Estados Unidos. 

Al presentar esta denuncia, las dos organizaciones solicitaron a la CIDH:

  1. Que la  Comisión emita una declaración de protesta por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas durante las protestas públicas por restringir la libertad de expresión. 
  2. Que la Comisión demande del Estado el cese de todos los arrestos y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas.  
  3. Que se formule una petición a todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes denunciados por las organizaciones que documentan las violaciones a la libertad de expresión  y que haga públicos los resultados de estas investigaciones.  
  4.  Establezca un conjunto de principios y recomendaciones para las autoridades policiales y de seguridad a nivel local, estatal y federal en relación con el respeto de la prensa durante los eventos públicos de cualquier tipo, en particular de las manifestaciones, y la forma de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Estas recomendaciones deberían abarcar: 
    1. Formación de las fuerzas del orden encargadas del control de protestas para que comprenda que el derecho que asiste a los periodistas a documentar la actividad policial en público.
    2. Transparencia – Los registros policiales de las interacciones con los periodistas deben ponerse a disposición del público de inmediato, para que el público pueda evaluar la legitimidad de la conducta policial.  Además, los agentes de policía deben llevar en sus uniformes identificación de su nombre, número de placa y organización a la que pertenece.
    3. Sanciones – Los departamentos de policía deben adoptar medidas urgentes para disciplinar a los funcionarios que violen los derechos de la prensa.
    4. Proporcionalidad – Que las fuerzas del orden sigan las directrices de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza, basadas en la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad.  Es decir, los oficiales deben asegurarse de que las tácticas de control de multitudes sean apropiadas y proporcionales.  Tales tácticas deben ser diseñadas para prevenir daños colaterales a los periodistas que cubren las protestas y no deben restringir indebidamente esa cobertura.

Los expositores por parte de la sociedad civil en esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Estados Unidos  fueron Frank LaRue, Director Legal y de Defensa de Fundamedios; Gabriel Rottman, Director del Proyecto Tecnología y Libertad de Prensa y  Sarah Matthew, Abogada de  Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP). Y como testigo de las violaciones el periodista Gustavo Martínez Contreras.

Frank LaRue dijo que esta audiencia fue solicitada por Fundamedios y el RCFP a la luz de los ataques y hostigamientos por parte de agentes del orden que sufren los periodistas que cubren las manifestaciones públicas pacíficas contra el racismo en todo Estados Unidos desde mayo de 2020. 

“Tenemos desde el más alto nivel de gobierno del propio presidente de la nación, un discurso sistémico de ataque contra la prensa y periodistas independientes, llamándolos “enemigos del país”, “enemigos del pueblo”, “medios falsos”, “ noticias falsas ”,“ mentirosos”. Esto confunde a la población y ha erosionado progresivamente la confianza que la sociedad pueda tener en los medios”, dijo LaRue.

U.S. Press Freedom Tracker ha reportado más de 850 incidentes de violación a la libertad de expresión durante la cobertura de las protestas y manifestaciones en lo que va del año 2020. 81% de los casos documentados corresponden al excesivo uso de la fuerza o detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden. Sarah Matthews, abogada de Reporters Committee for the Freedom of the Press, aseguró que “lo más grave es evidenciar la tendencia que los policías tenían como objetivo claro agredir a periodistas quienes estaban claramente identificados como prensa”. Las agresiones se han registrado en 79 ciudades de 36 estados. 

Rottman aseguró que en los últimos meses se ha visto un importante aumento de las detenciones y el uso de la fuerza contra miembros de los medios de comunicación que cubren las protestas. En muchos casos, los incidentes parecen violar leyes claramente establecidas en los Estados Unidos, incluyendo derechos que durante mucho tiempo han sido reconocidos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 

Gustavo Martínez Contreras, periodista de Asbury Press se presentó como testigo y ejemplo de los 100 de periodistas que han sido detenidos o agredidos desde mayor de 2020 en Estados Unidos. Martínez, quien fue detenido el 1 de junio en Nueva Jersey, permaneció 5 horas detenido, pese a haber portado su gafete de prensa en el pecho desde el principio. 

“Mi experiencia en la noche del 1 de junio en la protesta de Asbury Park sigue persiguiéndome. No me cabe la menor duda de que fui un objetivo para la policía a ser  abordado y arrestado porque estaba informando sobre los acontecimientos a mi alrededor, protegido por  Primera Enmienda en mi derecho a hacerlo. Espero que al hablar hoy, ayude a asegurar que muchos otros periodistas puedan informar libremente sin censura por parte de las fuerzas del orden.”

Pedro Vaca, el nuevo Relator de la Libertad de Expresión, dijo que es difícil encontrar otro país a la región que le haya sido más respetuoso de la libertad de prensa que Estados Unidos, por lo que los eventos denunciados llaman a una profunda reflexión a fin de que se mantengan las libertades fundamentales.

El Relator sostuvo que las autoridades federales  deben garantizar el derecho de cobertura de las manifestaciones por parte de la prensa para que la gente pueda estar informada. Adicionalmente ofreció el apoyo de la Relatoría  al   “alertar a los representantes del Estado de que consideren que la Relatoría es un socio para evitar la repetición de estos casos de abusos policiacos”. 

Si bien Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación y doctrina de la Organización Estados Americana es vinculante para todos los estados miembros.

La delegación de los Estados Unidos estuvo conformada por los representantes ante la OEA Bradley A. Freden; y el representante del Departamento del Estado, Thomas Weatherral,  quienes ratificaron que los medios de comunicación independientes son un pilar para el intercambio de ideas y que Estados Unidos respalda el Estado de Derecho.

Bradley A. Freden aseguró que “condenan las amenazas y hostigamientos contra periodistas pues no deberían sufrir hostigamiento por realizar su trabajo de acuerdo a la ley” y aseguró que Estados Unidos está comprometido con defender a los miembros de la prensa con investigaciones, cuando haya violaciones a los derechos.

Al final de la Audiencia, el Presidente de la CIDH, Joel Hernández,  agradeció a Fundamedios y a RCFP por la información y destacó la actitud positiva, propositiva y constructiva de los representantes del Gobierno. “Para nosotros esta audiencia es muy oportuna, reconocemos la fuerza de la democracia de los Estados Unidos (…) estamos conscientes del impacto que tuvo su Constitución a nivel mundial para proteger la libertad de prensa; sabemos que Estados Unidos ha establecido un estándar para proteger los derechos civiles y políticos y es por eso que seguimos con preocupación el alto ataque a miembros de la prensa”. Recordó que para la CIDH es un momento sensible pues las manifestaciones sociales están más activas que nunca en toda la región y por eso es importante salvaguardar el derecho de la prensa a poder realizar su trabajo. 

“Expresamos las mejores aspiraciones para que los periodistas y comunicadores puedan realizar su trabajo sin ninguna interferencia al dar cobertura a las protestas sociales”, dijo el Comisionado. 

La CIDH es un órgano esencial del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y se encarga de contextualizar y documentar las violaciones de los derechos humanos y de hacer que los Estados rindan cuentas de sus acciones y de sus fallos en la protección de los derechos de sus ciudadanos.

 

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Ecuador, 6 de octubre del 2020. Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA agradecemos públicamente a Edison Lanza, quien durante los últimos 6 años fue el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiempo en el cual demostró su interés por precautelar este derecho fundamental, así como una actuación permanente y crítica contra aquellos que pretenden menoscabar esta Libertad.

En Ecuador, Edison Lanza desempeñó un papel importante en varios momentos claves. En el caso del secuestró y asesinato de los periodistas de El Comercio, encabezó el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH que emitió recomendaciones y se formó con el objetivo de vigilar de cerca las investigaciones para que el hecho no quede en la impunidad.

A finales de octubre, en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al combustible, Lanza llegó al Ecuador en una visita oficial para que la CIDH investigue lo ocurrido durante los once días de manifestaciones masivas y disturbios. En ese tiempo el ex Relator cuestionó las agresiones físicas a medios de comunicación que fueron atacados y aseguró que serán investigados.

El 25 de julio de 2018, Lanza fue recibido por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramitó las reformas a la Ley de Comunicación. Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que, si bien el texto muestra algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

A inicios de octubre, Lanza aseguró que mira con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias  en el concurso público, después de que estas se hayan entregado

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. Por lo que damos la bienvenida a Pedro Vaca, quien fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio.

Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA acompañaremos al nuevo relator en su camino de defensa de la Libertad de Expresión y le auguramos los mejores deseos.

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Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes felicitan a Pedro Vaca y le dan la bienvenida como nuevo relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.

Agradecemos, además, el trabajo comprometido de Edison Lanza, quien hasta el día de ayer fue titular de dicha Relatoría, así como los notables avances logrados en materia de libertad de expresión durante sus seis años de mandato.

Pedro Vaca fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio. Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. La RELE ha sido fundamental en el desarrollo de doctrina, jurisprudencia y estándares interamericanos en esta materia. Su labor ha sido crucial en la reforma de legislaciones nacionales y su adecuación a los estándares del Sistema Interamericano. En resumen, el trabajo de la Relatoría ha sido fundamental para responder de forma efectiva a los desafíos cada vez más complejos que se presentan para la libertad de expresión y el acceso a la información en las Américas.

Actualmente la libertad de expresión en el hemisferio continúa enfrentado grandes desafíos, alguno de ellos son la violencia contra quienes ejercen este derecho – especialmente periodistas – y la impunidad en esos casos; el cierre del espacio cívico; las restricciones al acceso a la información pública y la tendencia a la opacidad en temas de interés públicos o relacionados con Derechos Humanos; los nuevos desafíos que presenta la tecnología digital en el ejercicio de la libertad de expresión, en temas como vigilancia de las comunicaciones, neutralidad de red o conectividad y acceso a la información; la garantía efectiva de la participación en el debate público de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil con menor visibilidad al nivel regional – como mujeres, población LGTBI, comunidades étnicas, etc.- entre otras.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro firme apoyo a la labor que se lleva a cabo en el ejercicio de este mandato y estamos prestos a colaborar y trabajar con Pedro Vaca y su equipo para atender los problemas más acuciantes que afectan hoy a la libertad de expresión en las Américas.

Firman

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso
IFEX-ALC
REDLAD
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Voces del Sur