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Libertades Informativas

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Más de 50 fiscales del Ecuador participaron del taller virtual “Operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”  dictado por Frank La Rue, ex Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión y asesor en temas de libertad de expresión para Fundamedios. 

El experto se refirió a la legislación internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que garantiza la libre expresión en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, también explicó que hay limitaciones a esta libertad que tienen que ver con expresarse para hacer daño intencional a otras personas o para hacer una apología al odio. 

Las leyes ecuatorianas son también importantes para ejercer el derecho a informar y a solicitar información pública. Ecuador tiene desde 2004 la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que debe ser actualizada y una reciente Ley de Protección de Datos Personales aprobada en mayo de 2021. 

Sobre la relación que existe entre la libertad de expresión y el derecho penal, La Rue señaló que este último se usa en dos vías: para sancionar a quienes atenten contra el derecho a expresarse pero también se lo aplica erróneamente para penalizar a quien ejercita ese derecho. 

Citó por ejemplo el caso de la revista mexicana Contra Línea en la que sus periodistas  investigaron sobre el petróleo y eso motivó cuatro causas penales. Para el experto, un funcionario o una autoridad pública no pueden evadir la crítica amparándose en amenazas y judicialización a los periodistas, aunque aclaró que esto no exime el derecho a la defensa.

Frank destacó la importancia del rol de los periodistas en la sociedad y la democracia para generar una cultura de transparencia y revelar casos de corrupción que, muchas de las veces, involucra a funcionarios públicos y al Estado. Tales fueron los casos de  reporteros estadounidenses que revelaron irregularidades en la adquisición de tapas de inodoros para submarinos a un sobreprecio y la presencia de plazas fantasmas para supuestos cargos en el Congreso. Hechos que motivaron grandes debates y críticas ciudadanas.

El fiscal Andrés Cuasapaz expresó su preocupación respecto a los límites del derecho a expresarse y el derecho a la intimidad. En ese marco, La Rue explicó que la privacidad es la protección del espacio personal de un ser humano y es inviolable. No obstante aclaró que ese espacio privado es menor para un funcionario que debe estar sujeto al escrutinio público, más que para un ciudadano. 

Se refirió a la doctrina europea que plantea cuatro categorías: primero el funcionario público con menor nivel de privacidad, después las personas que por su oficio se convierten en personajes públicos como los deportistas, en tercer lugar los administradores públicos y en último lugar la ciudadanía. 

En el taller también se abordaron otros temas como la diversidad y pluralismo de los medios, la libertad de expresión en Internet y el acceso a la información como elemento fundamental para el sistema democrático. 

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Censura, libertad de expresión, normativa internacional, acceso a la información, protección a periodistas y derecho a la réplica y rectificación fueron algunos de los temas abordados  en el taller virtual “Normativa y estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en libertad de expresión”. El encuentro se llevó a cabo este 22 de noviembre con apoyo del ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. 

El taller es parte de un ciclo de conversatorios organizado por FUNDAMEDIOS, el Instituto Republicano Internacional, IRI, la Comisión de Relaciones  Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez para fortalecer los conocimientos de legisladores y asesores sobre los estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.

Edison Lanza presentó el marco normativo y jurídico internacional, al que los países latinoamericanos han adherido y que garantiza la libertad de expresión. Citó a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados adicionales y jurisprudencia de la CIDH. También mencionó algunas limitaciones a la libertad de expresión contenidas en varios numerales del artículo 13 de la Convención como realizar propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional y  la violencia. 

El experto también citó dos dimensiones de la libertad de expresión. La individual que responde al derecho de expresarse y la dimensión social en la que las personas tienen derecho a informarse a través de diversos canales. 

Lanza ponderó la importancia del acceso a la información para la democracia. Si bien Ecuador tiene una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, aseguró que es importante una actualización en la que se garantice una cultura de transparencia. “Toda la información que da el Estado debe ser accesible para el pueblo”, reiteró. 

Otro de los temas importantes que se destacó fue la protección de periodistas. Según el ex Relator de la CIDH, los comunicadores son garantistas de la libertad de expresión, pero debido a discursos estigmatizantes hacia los medios y sus trabajadores se crean sociedades polarizadas que limitan el ejercicio de la prensa. “No hay peor forma de censura que la violencia”, destacó, refiriéndose al asesinato de los periodistas de El Comercio en 2018. 

En ese marco, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, mencionó que no hay articulación suficiente entre actores estatales y de la organización para la sociedad civil para garantizar el trabajo de la prensa. Un gran ejemplo de ello ha sido las constantes amenazas a periodistas en el marco de la actual crisis carcelaria y el impedimento de cobertura en temas sensibles con una escalada de agresiones a la prensa, lo que ha impulsado a hacer un llamado a los actores estatales para generar  un diálogo urgente a fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

Marjorie Chávez, asambleísta y miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, quien presentó un proyecto de ley de Libertad de Expresión junto a Fundamedios y el asambleísta Fernando Villavicencio, aseguró que no han recibido mayores aportes al articulado, pero reconoció que el rol del Consejo de Comunicación debe ser el de garantizar de derechos. 

Finalmente Edison Lanza reiteró que la libertad de expresión es una de las primeras libertades para fortalecer la democracia y requiere que la sociedad civil cuide de este derecho para que el debate público no se vuelva tóxico ni polarizado, más aún cuando hay temas por debatirse a futuro como la vigilancia estatal, el pluralismo de los medios, Internet y gobernanza, entre otros.

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El correísmo atacó a los medios de comunicación por todos los ángulos posibles. El “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”, mejor conocido como “Código Ingenios y que derogó a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en el Ecuador desde 1998, consolidó el poder de las sociedades de gestión. Cinco años después de su vigencia, los medios de comunicación están acorralados por la carga económica que significan y cansados de las presiones que reciben. 

 Entre las atribuciones que se otorgó a las sociedades de gestión está el establecer las tarifas de cobro por el uso de derechos de autor hasta la posibilidad de aplicar un voto ponderado, cuya calificación por socio se mantiene bajo reserva. Los medios de comunicación audiovisuales apuestan ahora por que el presidente Guillermo Lasso de oído a sus peticiones y envíe una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional para subsanar estos excesos. 

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La tregua que tuvieron hasta hace poco las sociedades de gestión y los medios de comunicación terminó. Ahora, la disputa de estos dos sectores gira en torno a las nuevas tarifas que se cobrarán por los derechos de autor y por el uso de su propiedad intelectual, en los medios de comunicación audiovisuales del Ecuador y que se definirán hoy: Las sociedades de gestión proponen un incremento, los medios solicitan una reducción sustancial, ¿será el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) el organismo que tendrá la última palabra?.

Pero ¿Qué son las sociedades de gestión?: Son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, que surgen con el fin de ejercer la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor. Básicamente, son personas jurídicas privadas que actúan como intermediarios del autor para la recaudación de los  beneficios económicos que se derivan de las obras, que son creaciones producto de su intelecto, imaginación y creatividad. 

Actualmente en Ecuador existen cinco sociedades de gestión: tres musicales y dos audiovisuales:   Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE); Sociedad de Productores de Fonogramas,  (SOPROFON); La Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME);  Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Ecuador (EGEDA) y La Unión de Artistas Audiovisuales del Ecuador (UNIARTE).

Estas recaudan valores a través del tarifario aprobado por el SENADI y que se aplica a medios de comunicación, hoteles, bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, eventos públicos, etc.

 

Las tarifas por derechos de autor, un tema que genera discusión

Las tarifas por derechos de autor siguen siendo un tema irreconciliable entre compositores y medios de comunicación audiovisuales. Los primeros aseguran que las sociedades de gestión realizan una recaudación justa por el uso de su conocimiento y de sus obras. Los medios de comunicación consideran que, luego de la pandemia de la COVID-19, la realidad económica se complicó y en la actualidad es “imposible” pagar los valores que establecen estas sociedades.

Actualmente, cada sociedad de gestión establece una tarifa con una fórmula distinta, sobre la base del Artículo 251 del Código Ingenios que establece que se definirán “tarifas razonables, equitativas y proporcionales por el uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas comprendidas en sus respectivos repertorios”. 

En el caso de SAYCE, para las canales de televisión privados se estableció una tarifa del 1.25% de ingresos brutos de la facturación por publicidad más IVA y del 1.6% para las radios privadas.  Otras sociedades de gestión como SOPROFON, SARIME y UNIARTE utilizan complejas fórmulas matemáticas y EGEDA cobra 0.10 centavos por cada transmisión. 

Sobre el establecimiento de estas tarifas existe un antecedente jurídico: En febrero del 2007 Franklin Javier Mazón Figliole, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, compareció ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad por el fondo y se suspenda los efectos de una Resolución de SOPROFON que establecía un incremento tarifario.  El Tribunal Constitucional emitió su resolución en el caso signado con el número 0026-2006-TC sobre las tarifas de una de las sociedades de gestión colectiva, dicha resolución constitucional es de gran valor jurídico pues se declaró la inconstitucionalidad por el fondo en el establecimiento de estas tarifas. 

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón calificó a estas tasas impuestas por las sociedades de gestión como un cobro más amparado por la ley que termina convirtiéndose en una “especie de impuesto” y que lamentablemente están amparados por el Gobierno y que se resta competitividad a los medios de comunicación. 

 

¡Presidente, escúchenos!: canales de televisión acuden al Primer Mandatario. 

El 27 de septiembre de 2021 los gerentes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas enviaron un grito de auxilio al presidente Guillermo Lasso. A través de una misiva solicitaron una reunión para explicar lo que consideran “una nueva amenaza” denominada sociedades de gestión colectiva. 

CARTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIEDADES DE GESTIÓN

Y es que el monto que han tenido que pagar los canales de televisión en los últimos años a las sociedades de gestión se disparó, luego de que, un convenio que les entregaba un descuento del más del 90% y con el que pagaban a SAYCE USD 50.000 anuales terminó. Ahora, esos valores se dispararon a USD 1’000.000.

Los canales de televisión le contaron al Primer Mandatario que varios de estos organismos, a pretexto de recaudar derechos de propiedad intelectual, utilizan métodos hostiles de amedrentamiento a los medios de comunicación, con tutelas administrativas (procedimientos sancionatorios) ante el SENADI y juicios en sedes jurisdiccionales por cuantías multimillonarias.

“Quienes suscribimos este instrumento, nos vemos obligados a redireccionar esfuerzos en la defensa de nuestra operación y labor de informar, pues, estas sociedades de gestión colectiva buscan el quebrantamiento del ejercicio de nuestros derechos, amparándose en una ley diseñada por extranjeros que desconocen la realidad ecuatoriana”, aseguran los medios de comunicación.

Si bien reconocen la existencia y las retribuciones que deben consignarse a favor de quienes han generado derechos de autoría y conexos, rechazan los métodos de coacción de las denominadas sociedades de gestión colectiva para obtener recursos económicos generados por las empresas, con la imposición de “tarifas predadoras y descomunales”.

Aseguran que cada sociedad de gestión colectiva constituye por sí misma un “monopolio” con conductas desleales para con los usuarios que alteran gravemente el mercado audiovisual y solicitaron al Presidente Lasso, que los reciba en audiencia para exponer de forma detallada lo descrito y que conozca de manera directa sus soluciones. 

Juan Fernando Velasco, presidente de SAYCE durante el periodo 2017-2021 y que es el único candidato que va por la reelección para el periodo 2021-2025, asegura que las tarifas por derechos de autor son establecidas de acuerdo a criterios técnicos-jurídicos y que se encuentran entre las más bajas de la región: en Chile es del 2% y en Colombia del 3.7%. Recordó que la tarifa no ha cambiado desde el 2012 y que ahora presentaron una nueva propuesta ante el SENADI que establece un incremento en las tarifas para los medios de comunicación que pasará del 1.25% al 1.30% para canales privados de televisión y del 1.60% al 1.89% para radios privadas .Asimismo, recuerda que se pueden llegar a convenios y que siempre están dispuestos a conversar y negociar. 

En cambio, los medios de comunicación audiovisual abogarán ante el presidente Guillermo Lasso por una reducción significativa y definitiva de las tasas por derechos de autor, “acorde a la realidad económica del país” y la eliminación de procesos legales para perseguir a medios de comunicación. Aseguran que de no ser así “estarían en riesgo de desaparecer”.

Finalmente, será el SENADI, entidad que tiene la competencia el registro de la de la defensa de la tutela de la propiedad intelectual en el Ecuador, el que mediará estas dos posturas antagónicas. Su directora, María Gabriela Campoverde, la primera mujer en asumir este cargo, aseguró que como entidad competente no solamente tienen las facultades sino que también las competencias para regular, controlar y fiscalizar el trabajo de la sociedad de gestión colectiva. Sobre las nuevas tasas para los medios de comunicación aseguró que están en revisión y que se crearán mesas técnicas para analizar los rubros. Sin embargo recordó que todas sus actuaciones deben ser conforme al marco legal vigente.

Entre las últimas acciones de este organismo está una reunión con los representantes de las sociedades de gestión colectiva, para analizar la posibilidad de poner tarifas especiales debido a la pandemia y que quienes tengan deudas puedan tener algún beneficio el momento de cancelar la totalidad, la tarifa pronto pago y algún beneficio por cancelar a todas las sociedades de gestión al mismo tiempo. También los representantes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas le solicitaron una audiencia a Campoverde para hablar del tema tarifas. 

 

Los medios locales también están indignados 

En julio de 2021 la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y los Canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados enviaron una carta a María Gabriela Campoverde en la cual le informaron que los medios de comunicación están siendo objeto de permanentes visitas, llamadas y comunicaciones enviadas por cada una de las sociedades de gestión “exigiendo pagos” en base a convenios particulares de cada una de ellas y que ante la situación económica producida por la pandemia el Estado debe intervenir y actualizar el control de las diferentes sociedades de gestión colectiva . 

Señalaron que hasta la fecha las sociedades de gestión colectiva no han actualizado, ni publicado, ni entregado los listados de a quiénes representa y consideran que es necesario conocer de cada una de ellas así como el listado de los socios ya que “no es justo qué se genere una duplicidad de pago para los diferentes medios de comunicación”. Proponen la creación de un entidad recaudadora única cuyo titular debe ser designado directamente por el SENADI.

CARTA MEDIOS LOCALES

 

Juan Fernando Velasco, 8 años en el poder con SAYCE

Cortesía PlanV

El cantautor ecuatoriano y ex Ministro de Cultura del Lenin Moreno, Juan Fernando Velasco, permanecerá 8 años como presidente de la SAYCE, la sociedad de gestión más fuerte del Ecuador. Su reelección es inminente pues, al igual que en las elecciones del 2017, fue el único postulante para la presidencia de esa sociedad de gestión, cuyas elecciones se cerraron hace dos semanas con un vaticinado triunfo del cantautor de “Chao Lola”. Sus detractores desde ya lo denominan el nuevo “Zar de la propiedad intelectual”. 

Velasco califica los cuatro años de su primera presidencia en SAYCE como de muchos desafíos y muchos logros: “concretamos un crecimiento dentro de la sociedad de compositores desde hace mucho tiempo, hay un antes y un después en la historia de la sociedad de autores del Ecuador”.  Asegura que pasaron de una organización en donde no había ningún tipo de transparencia a una SAYCE “transparente”. 

Un logró que sin duda respalda su gestión es el económico. Al llegar a su administración la recaudación anual de SAYCE era de USD 4 millones, con Velasco esta cifra se duplicó y llegó a su pico con USD 8.5 millones: “los autores no entendíamos con qué Ministerio se repartía lo que se recaudaba internacionalmente, teníamos una imagen absolutamente deteriorara y una legitimidad en sus niveles más bajos. Hoy la sociedad de compositores es reconocida internacionalmente como una caso de éxito de una sociedad más eficiente de la región” dice con orgullo Velasco. 

Él llegó a la presidencia de SAYCE en 2017 respaldado por Troi Alvarado, el ex bajista de la agrupación Tranzas, quien fue titular de esa sociedad de gestión durante 8 años.

SAYCE Indignados es un colectivo constituido por un grupo de autores y compositores que formaron parte de la SAYCE y que critican la poca falta de transparencia en la administración de los recursos dentro de esta Sociedad de Gestión. Este grupo sostiene que durante la administración de Alvarado, el correísmo les entregó “superpoderes” y blindó a estos grupos dando poder a las élites. 

 

La sangre es más espesa que el agua…

Cortesía El Telégrafo

El ex bajista de la banda Tranzas y ex titular de SAYCE durante 8 años, Troi Alvarado, es primo en primer grado de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, quienes durante una década formaron parte del grupo más cercano del ex presidente Rafael Correa, llegando a formar parte de su círculo íntimo de asesores. Fuentes internas de SAYCE confirmaron que esta relación permitió a los compositores ecuatorianos con más “contactos” tener ciertos acercamientos con la Revolución Ciudadana, a la que pidieron mayor poder para las Sociedades de Gestión. 

Troi Alvarado niega que su parentesco con los ex hombres duros del correísmo haya influido en su permanencia durante 8 años en SAYCE o que de esa relación haya obtenido algún beneficio personal o colectivo: “jamás yo fui correísta” dijo, y aseguró que su línea siempre fue la de defender a los autores “me pelee muchas veces, no solo con el Presidente al que yo le escribía directamente en el chat, sino también con algunos ministros que luego ellos me escribían y me llamaban que querían reunirse con nosotros por que ellos no querían perjudicar al autor”, recordó. 

Troi Alvarado reconoce que a la única fiesta que asistió fue a una celebración realizada con Rafael Correa y los directivos de la SAYCE, en el tiempo en que su primo Fernado Alvarado era el Secretario de Comunicación: “ellos me pidieron ir porque justamente había un problema de qué los canales el Estado, no estaban pagando los derechos de autor”. 

No niega públicamente que respaldó la candidatura de Juan Fernando Velasco, pero sostiene que él no pertenece a ningún grupo “yo no pertenezco a ningún partido político es más yo ni pertenezco a SAYCE, porque yo soy de docente yo me dedico a la academia”, dijo.

Sin embargo, los miembros de SAYCE Indignados aseguran que Alvarado, entre gallos y media noche, implementó el voto ponderado que le otorgó el Código Ingenios del correísmo  y con una escala, en ese tiempo, de 1 a 25 y que impide que la designación de autoridades sea transparente, así como que exista una renovación. 

 

En la SAYCE un voto vale más que otro.

No todos los autores tienen el mismo peso dentro de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE y eso toma relevancia en las elecciones de sus autoridades. Dentro de esta sociedad de gestión, los compositores que más aportan económicamente tienen una mayor puntuación, que puede ir del 1 al 15 (antes era del 1 al 25) en detrimento de aquellos que no aportan mucho.

“Ellos discriminan al compositor, ellos catalogan a los autores con una puntuación y deciden cuál es el mejor cuál es el peor”, sostiene indignada Nancy Arrojo Jaramillo, viuda de Julio Jaramillo, JJ. A los miembros de SAYCE Indignados la aplicación de este voto ponderado también les genera malestar y esto se refleja, aseguran, en la nula participación de otros candidatos para la presidencia.  

Alvarado y Velasco defienden el voto ponderado. El primero recuerda que el Código Ingenios les obligó a realizar este cambio y que se aplicó estudiando las legislaciones que los cuerpos legales de la sociedades de gestión de México, Argentina, Uruguay y Chile en donde se aplica este mecanismo. 

Velasco en cambio califica al voto ponderado de ser perfectamente legal ya que al ser una sociedad de gestión colectiva ésta es una práctica común: son un conjunto de autores privados que se reúnen para el fin de obtener la remuneración. Lo compara con una empresa privada en donde unos socios tienen más peso en las decisiones de la empresa, dependiendo de la cantidad de acciones que poseen. 

Dentro de SAYCE, además de la recaudación, existen otros criterios para otorgar el puntaje  como antigüedad. Sin embargo la información de la ponderación es confidencial y se mantiene bajo reserva: “eso es información confidencial, no podemos contarte cuánto gana un socio, eso es información confidencial”, aseguró Velasco. La única forma de conocer este dato es bajo la autorización del socio, lo único público son los criterios para llegar a los puntajes. ¿Cómo podemos saber los resultados de las votaciones con estas condiciones de opacidad? se pregunta la viuda del Ruiseñor de América. 

Las denuncias contra SAYCE apuntan a falta de transparencia y exceso en gastos administrativos, Velasco se defiende. 

SAYCE Indignados ha denunciado públicamente varias irregularidades en la administración de esta sociedad de gestión: a más de la imposición del “voto ponderado”, critican la presentación de una sola lista para la renovación del 2021; falta de registro de obras no identificadas; inequidad en el reparto de regalías con énfasis en pagos al extranjero; pagos excesivos de sueldos y honorarios de sus funcionarios y exceso del gasto administrativo, que por ley no puede superar el 30% de la recaudación.

Los números reflejan que en 2018 SAYCE destinó USD 2’045.744, de sus ingresos anuales, para los gastos administrativos. Esto representó un 38% cuando el Código Ingenios establece que este rubro no puede superar el 30%. No obstante, a partir del 2019, gracias a un incremento en los ingresos  por recaudación, esta cifra se niveló llegando al 29,5%.

SAYCE Indignados asegura que los funcionarios de esta sociedad de gestión gozan de sueldos dorados que bordean los USD 6.000, así cómo el uso de viáticos y la presencia de ex funcionarios relacionados con los organismos de control. Uno de ellos es el actual director jurídico de SAYCE, Alfredo Corral, que ostentó el cargo de ex director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. Velasco reconoce que dentro de su equipo tiene a los mejores profesionales del mercado y que los resultado de su equipo se materializan en los saludables números que poseen. 

Al no ser una entidad pública, SAYCE no está sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que no está en la obligación de responder solicitudes de información ni de revelar las remuneraciones de sus colaboradores.

Finalmente, una de las críticas más duras de SAYCE Indignados es la falta de transparencia  en cuanto a los montos destinados a los autores. “Darme una liquidación de $60 las obras de Julio es una ofensa es una grosería, no sólo se metió con la limosna sino con el santo” dice Nancy Arroyo Jaramillo. 

El nuevo presidente de SAYCE ratifica que toda la información está disponible en el sitio WEB y que las críticas se deben a falta de información. “Nosotros estamos auditados permanentemente de manera interna y de manera externa. El SENADI está encima de las otras cuatro sociedades de gestión colectiva en todos los procesos, en absolutamente todos los procesos los que hay un balance que mandamos al final de año, hay una evaluación minuciosa de cada uno de los rubros”, dijo Velasco. 

El Presidente Guillermo Lasso aún no da una fecha a los medios audiovisuales para el encuentro donde expondrán sus críticas al modelo actual de las sociedades de gestión. Apuestan por una reforma al Código Ingenios que disminuya drásticamente las tarifas, que unifique el pago a las sociedades de gestión, y que sea aplicables con estas entidades  las leyes para el acceso a la información vigentes así como la eliminación del voto ponderado.

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Lunes, 22 de noviembre de 2020.- Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador organizaron el 8vo ciclo de talleres “Ruta Hacia la Libertad”, con apoyo de la Pontificia Universidad  Católica de Ibarra, la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE-FIP y el Colegio de Periodistas  de Imbabura. El encuentro se desarrolló el pasado 20 de noviembre en la ciudad de Ibarra. 

La bienvenida estuvo a cargo de la magister Yalitza Ramos, directora de la carrera de Comunicación de la Universidad Pontificia Universidad  Católica de Ibarra, Camilo Ponce, presidente del  Colegio de Periodistas de Imbabura y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

En este marco, Ricaurte inició con el primer taller denominado “Defender la libertad de expresión desde la práctica periodística”,  en el que hizo un breve repaso a la historia del derecho a la libertad de expresión, así como la legislación internacional  que lo ampara; además, mencionó las principales instancias internacionales de protección del derecho a expresarse.

Por otro lado, se hizo un recuento de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que estuvo vigente hasta 2019, luego se evidenció los principales aspectos del nuevo proyecto de Ley de Libertad de Expresión impulsado por Fundamedios.

La segunda parte del taller fue desarrollado por Alexis Serrano, editor del portal Ecuador Chequea y de la Coalición Ecuador Verifica, en el que se refirió a la importancia de conseguir los datos precisos, al acceso a la información y la presentación correcta de la estadística. 

La periodista de Ecuador Chequea, Paola Simbaña, compartió las principales herramientas para identificar contenidos engañosos que circulan por Internet.

Los organizadores de este evento felicitaron la iniciativa impulsada por Fundamedios y resaltaron la importancia de generar espacios de aprendizaje y reflexión para los  periodistas y estudiantes de la localidad.

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Ecuador, 19 de noviembre de 2021. Fundamedios, con el apoyo de la Embajada Británica en Ecuador, iniciaron con un ciclo de talleres presenciales y virtuales para periodistas, estudiantes de comunicación y para la ciudadanía con el propósito de dar a conocer el fenómeno de la desinformación, así como las herramientas que existen para combatirlo.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joel Mason, Director de Política y Comunicación de la Embajada Británica quien destacó que para el Reino Unido la defensa de la libertad de prensa y de expresión es una prioridad porque la democracia se apoya en el respeto de estos derechos fundamentales.  

Recordó que en la democracia los políticos ejercen el poder a nombre del pueblo, pero es a través de la prensa libre que el pueblo conoce qué están haciendo esos políticos con el poder que tienen: “es fundamental la transparencia para evitar el abuso del poder y la corrupción”, aseguró. 

Eduardo Bonilla, Secretario General de Comunicación de la Presidencia destacó que dentro de la Era de la Información el término Fake News es una especie de pandemia que debe ser enfrentada y recordó el término “infodemia” que fue utilizado por la Organización Mundial de Salud (OMS) para nombrar a la producción de noticias falsas durante la pandemia por la COVID-19.

Asimismo, mencionó que, durante la pandemia, los medios de comunicación masivos fueron pieza clave para transparentar el plan del Gobierno y para combatir la desinformación, mediante la difusión de mensajes de carácter oficial y la apertura a vocerías de las autoridades estatales.

Fue en el seno del Parlamento Británico en 1644 que el poeta John Milton realizó el primer discurso de defensa de la libertad de expresión, que tiene registro Occidente en la Edad Moderna. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, recordó este dato histórico. 

Señaló que hay retos importantes para la libertad de expresión en Ecuador y que los esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de protección a la prensa deben continuar, así como los esfuerzos para combatir la desinformación. Asimismo, los esfuerzos de toda la sociedad para aprehender herramientas claves de alfabetización mediática y cómo los ciudadanos pueden utilizar de mejor forma las herramientas de comunicación, las redes y sus lógicas.  “Uno de los mayores retos de las democracias en el mundo es combatir la desinformación”, dijo. 

El Taller Combate contra la Desinformación fue dictado por Paola Simbaña, licenciada en Periodismo Multimedia con una especialización de verificación de noticias falsas y desinformación por la Red Liberal de Latinoamérica (RELIAL). 

Los siguientes talleres serán con la modalidad presencial en Guayaquil y Santa Elena, en diciembre.

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“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”

Ecuador, 18 de noviembre de 2021

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;
Luís Hernández, Ministro de Defensa;
Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia y
Jeannine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.

De nuestras consideraciones,

Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, consideramos extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Seis de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional.  A continuación, detallamos algunos: 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento. 

Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.

Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.

Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico. 

Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado. 

Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a  proteger a dos periodistas azotados con boyeros.

Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador. 

En ese sentido, queremos señalar que se deben determinar políticas de protección específica para las periodistas mujeres, pues es notorio que es un sector que está expuesto a sufrir agresiones específicas solo por su condición de mujer; es el caso de las periodistas de UDLA Channel, Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes que fueron agredidas por un desconocido mientras realizaban una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz, cuyo guardia de seguridad no les abrió la puerta,  para resguardarlas de su atacante. 

Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.

La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.

Atentamente,

● FUNDAMEDIOS
● FENAPE-FIP
● RED DE PERIODISTAS LIBRES
● FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
● FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
● UDLA CHANNEL

 

CARTA ABIERTA

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Ecuador, 16 de noviembre de 2021.  Fundamedios, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez iniciaron con una serie de talleres virtuales sobre estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información dirigidos a los asambleístas y sus asesores con el fin de proporcionar como insumos los más altos estándares para la construcción de las nuevas leyes de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública que actualmente están tratándose en la Asamblea Nacional.

El primer taller se denomina “Estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en materia de acceso a la información pública” y fue dictado por Eduardo Bertoni,  Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y Representante – Coordinador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos  IIDH – Oficina Regional para América del Sur . 

Miguel Hernández director del IRI en Ecuador dió la bienvenido a los asistentes y  dijo que cuando hablamos de democracia rápidamente vinculamos con un sistema político donde hay elecciones y ciudadanos que participan con reglas de convivencia y separación de poderes.  Recordó la importancia de la libertad de expresión y del acceso a la información para la democracia y recalcó la necesidad de contar con una ley de acceso a la información  acorde a los nuevos tiempos.

Actualmente, la Asamblea tramita un proyecto para la Libre Expresión y otro de Acceso a la Información Pública. La asambleísta Marjorie Chávez se refirió a estos talleres como “un esfuerzo mancomunado” para dotar a los asambleístas de elementos teóricos, de jurisprudencia y de datos para la labor legislativa en lo que se refiere al debate sobre la libertad de expresión. 

Los próximos talleres serán dictados por los también Ex Relatores de Libertad de Expresión Edison Lanza, Santiago Cantón y Frank Larrue. César Ricaurte, director de Fundamedios, anunció que los expertos se han sumado a la iniciativa para que los legisladores y asesores tengan los mejores elementos que sirvan para que se construyan las mejores leyes en torno a estos derechos fundamentales. 

Eduardo Bertoni ofreció a los asistentes una charla magistral sobre acceso a la información: los elementos claves para su implementación, sobre su importancia dentro de los regímenes democráticos, así como consejos técnicos para la construcción de la norma.  

El actual Representante – Coordinador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos  IIDH recordó que en  las convenciones contra las prácticas de corrupción  se  incluyen como herramienta para su combate el adoptar regulaciones que garanticen el acceso a la información y que los estados tienen leyes específicas para su protección: “es un derecho humano fundamental”. 

Se refirió a la necesidad de que existan órganos garantes independientes, especializados e imparciales que hagan cumplir el derecho del acceso a la información pública de los ciudadanos pero que a la vez  tengan una real capacidad sancionatoria, en el marco de sus competencias.

También se analizó que la clasificación de la documentación reservada debe darse sobre una justificación real y que ésta información debe ser declarada como reservada por un funcionario de jerarquía superior, “con una firma de responsabilidad”. La transparencia activa y la transparencia reactiva también fueron analizadas como herramientas fundamentales dentro de las democracias. 

El próximo lunes 22 de noviembre  impartirá el siguiente taller Edison Lanza, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tratará de estándares sobre Libertad de Expresión.

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Ecuador, 16 de noviembre de 2021. En Portoviejo se realizó el octavo ciclo de talleres denominado “Ruta Hacia la Libertad”, organizado por FUNDAMEDIOS y la Fundación Konrad Adenauer, oficina en Ecuador.  Para la organización de estos talleres se contó con el apoyo del grupo de Medios EDIASA, que incluye a El Diario Manabita y a Manavisión y la Universidad San Gregorio, con su Escuela de Ciencias de la Comunicación.

El evento, que se realizó en las instalaciones de EDIASA, fue inaugurado por Jaime Ugalde, editor jefe de la sala de redacción de Ediasa, Christian Camacho, profesor de la Universidad San Gregorio y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.  

Ugalde y Camacho felicitaron la iniciativa y resaltaron el trabajo realizado por Fundamedios en los últimos años a favor de la libertad de expresión en el país, además, destacaron la realización de estos espacios que permiten a los estudiantes y periodistas de la provincia, seguir formándose en temas relacionados al periodismo, por su parte César Ricaurte se mostró complacido con la asistencia a esta cita y agradeció a las dos instituciones por la colaboración.

En el marco de esta visita, el Director Ejecutivo de Fundamedios mantuvo una reunión con el alcalde de Manta, Agustín Intriago Quijano, con quien conversó sobre un convenio para la realización de distintos talleres sobre libertad de expresión en la ciudad.

En este taller se discutieron temas sobre periodismo y los datos, los principios de la libertad de expresión, acceso a la información y los principales aspectos del proyecto de Ley de Libertad de Expresión que fue presentado por la Fundamedios y está siendo analizado en la Asamblea Nacional.

Sobre alfabetización digital se expuso acerca de los procesos de desinformación y cómo identificar el contenido engañoso que circula en internet, se brindó las herramientas para identificarlo y combatirlo. 

Las ponencias de estos encuentros estuvieron a cargo de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, Alexis Serrano, editor del portal de Fact-checking, Ecuador Chequea, y la Coalición Ecuador Verifica y Paola Simbaña, periodista de estas dos iniciativas.

Al taller asistieron periodistas y estudiantes de Portoviejo. Los talleres presenciales continuarán en Ibarra y Nueva Loja para fortalecer el conocimiento de los periodistas de esas ciudades. Además, las temáticas de desinformación, libertad de expresión, acceso a la información y periodismo de datos se analizan también en talleres de modalidad virtual. 

 

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Ecuador, 9 de noviembre de 2021. Las últimas agresiones contra periodistas, que fueron protagonizadas por miembros de la Fuerza Pública, motivaron a que el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Secretaría de Comunicación y mandos de la Policía busquen un acercamiento con periodistas y medios de comunicación para generar mecanismos de protección para su trabajo, en especial durante las manifestaciones. 

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que el Gobierno ratifica su respeto a las movilización y la libertad de expresión y de prensa, pero que durante las últimas manifestaciones se produjeron momentos en los que los medios presentaron quejas sobre el manejo que tenía la Policía. 

Fundamedios publicó su informe mensual que reflejó que octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron en Ecuador, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Con 24 agresiones, se convirtió en el periodo con más ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión de este Gobierno. 

Vela sostuvo que que es importante, para garantizar el trabajo periodístico, se tenga en cuenta protocolos para la identificación de la prensa y así garantizar la seguridad de los equipos que tienen los comunicadores y señaló que en este momento la principal amenaza para el Ecuador es el narcotráfico.

Por su parte el ministro de Defensa, Luís Hernández, reconoció que no hay buenas noticias para el trabajo de los periodistas pues por las repercusiones del narcotráfico el trabajo de cobertura de estos casos se complicará. Sin embargo, señaló que el Gobierno dará garantías para el ejercicio profesional pues no se puede limitar el trabajo de la prensa “pero sí que se debe cuidar la integridad”.

Uno de los debates del conversatorio se centró en la pertinencia de portar un distintivo de medios de comunicación, ya que en muchos casos la identificación puede convertir al periodista en un blanco común. También se trabajará en un protocolo de coberturas que será socializado en los próximos días.  El Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, dijo que el objetivo de esta reunión con periodistas es trabajar para que conozcan los protocolos de la Policía y que es un primer paso para una serie de reuniones que incluyen a otros actores de la comunicación.

Al mediodía empezó a circular un documento en redes sociales con el supuesto protocolo para coberturas periodísticas, desde la Secretaría de Comunicación informaron que no era un documento oficial y que el protocolo será construido durante las próximas reuniones y presentado al final de las mismas. 

Según la data de Fundamedios, la Policía Nacional se convirtió en el principal agresor estatal  protagonizando siete agresiones en las últimas cinco semanas, dos de ellas protagonizadas por oficiales de rango superior. Fundamedios planteó la necesidad de capacitaciones a servidores públicos sobre libertad de expresión, prensa y acceso a la información con el propósito de sensibilizar a este sector sobre las obligaciones estatales de protección a la prensa y de garantía y respeto a la libertad de expresión. Tanto el Ministerio de Gobierno como la Secretaría de Comunicación acogieron la iniciativa. En las próximas semanas se realizarán reuniones de trabajo para dar forma a estos talleres.

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Octubre es el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Con 24 agresiones se convierte en el periodo con más ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. 

En el mes anterior se registraron 14 agresiones, esta cifra se incrementó debido a las movilizaciones sociales del 26 de octubre: en una sola jornada se registraron ocho agresiones contra la prensa en el Ecuador. 

 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de octubre de 2021, Fundamedios registró 3003 agresiones contra la prensa.  En octubre Fundamedios registró 24 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.

Gráficos de las agresiones contra la prensa durante el periodo de Guillermo Lasso/ FUNDAMEDIOS.

En total 20 periodistas fueron agredidos: 12 hombres y ocho mujeres; dos medios digitales y un periódico. El Estado fue el principal agresor, durante 12 ocasiones. Vale destacar que la Policía Nacional se convirtió en el principal agresor estatal este mes, protagonizando seis agresiones. Seguido de elementos No Estatales que intervinieron en nueve ocasiones; los Desconocidos en tres.  Asimismo, las agresiones y ataques contra periodistas en este mes llegaron a siete; seis Amenazas; cinco Discursos Estigmatizantes; dos Impedimentos de Acceso a la Información; una Censura; un Uso Abusivo del Poder Estatal, así como la muerte de un periodista durante la cobertura de las manifestaciones del 26, producto de un accidente.

El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 12 agresiones contra periodistas, En Guayas se desarrollaron ocho alertas, una en Cotopaxi, una en Chimborazo y otra en El Oro. 

Además, en este mes la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador lanzó cuentas en Facebook y Twitter con el nombre Segcom Verifica, en la que indica que es una cuenta oficial para ratificar o rectificar información y combatir la desinformación lo cual fue considerado por Fundamedios como un desacierto.

 

Las manifestaciones fueron un espacio de agresiones contra la prensa 

Durante el primer día de movilizaciones convocadas por sectores sociales, Fundamedios registró un total de 8 agresiones contra periodistas y medios de comunicación:

El 26 de octubre Pamela Morante y Estarlin Merchán de Canal 9 fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura. La Policía Nacional desmintió esta versión y aseguró que se trató de una confusión. 

La periodista de El Universo, Belén Zapata y el fotógrafo Jorge Guzman fueron amenazados por un grupo de agricultores durante la cobertura de las protestas en El Limonal, Daule. Ese mismo día el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional, a pesar de que él se identificó plenamente como periodista y portaba su carnet, durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito.  

Por la tarde, el periodista de Teleamazonas, Fausto Yépez, y el camarógrafo Javier Argüello, fueron agredidos e intimidados por un grupo de manifestantes mientras realizaban una cobertura de las protestas en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico de Quito. 

Asimismo, la Gobernación de Chimborazo informó a través de sus redes sociales que el medio de comunicación digital APR habría desinformado sobre el cierre de tres carreteras en el Ecuador. Publicaron una imagen con el logo del medio digital, la noticia y una leyenda en marca de agua: NOTICIA FALSA, cuando en realidad fue un dato oficial que se publicó a través del ECU 911 de Ambato. 

En el contexto de las manifestaciones, el periodista del canal del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Gonzalo Rojas, falleció luego de perder el equilibrio y caer desde un vehículo en movimiento, mientras filmaba las manifestaciones en el sector de Toacaso. 

 

La Policía Nacional, el principal agresor estatal. 

Además de las agresiones protagonizadas durante las manifestaciones del 26 de octubre, miembros de la Policía Nacional protagonizaron otras que incluyeron amenazas desde un alto oficial, presiones para revelar la fuente periodística y dificultades en el acceso a la información.. 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, informó a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito. Sin embargo, después de una hora de haber denunciado esto en sus redes sociales, la periodista indicó que ya pudo obtener la información.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, con términos amenazantes en la que solicitó conocer la fuente del periodista y además descalificó su trabajo, luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y que le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil, por falta de mantenimiento. 

 

Un discurso presidencial en contracorriente de la libertad de prensa 

La relación cordial que mantuvo el Primer Mandatario con los medios de comunicación desde el inicio de su gestión tuvo su primer tropiezo. 

El 12 de octubre el presidente Guillermo Lasso descalificó públicamente a diario El Universo por haber formado parte del grupo de medios de comunicación que publicó la investigación sobre los Papeles de Pandora, y que estuvo basada en una gran filtración de 11,9 millones de archivos que revelaron que treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluye al Primer Mandatario de Ecuador, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

A través de un trino lanzado a primera horas de esta madrugada, Guillermo Lasso hizo pública una carta que fue enviada al Director de Diario El Universo, Carlos Pérez Barriga.  En la misiva sostiene que El Universo “esquivó” los más básicos deberes periodísticos y los estándares éticos que se pregonan en sus páginas al haber publicado la investigación sobre los Papeles de Pandora.

Luego, el Presidente Guillermo Lasso volvió a descalificar el trabajo presentado por el Diario El Universo, en una entrevista en vivo, personalizó los cuestionamientos en la periodista Mónica Almeida: “los corresponsales de este grupo de periodistas internacionales que hicieron una investigación con su periodista Mónica Almeida, que se preocupan de revisar en el mundo el nombre de Guillermo Lasso” pero aseguró que “no revisaron” en el Ecuador la información del Servicio de Rentas Internas (SRI). “¿No le parece un poco raro que una periodista como Mónica Almeida de Diario El Universo no haya ido al SRI?” cuestionó el Primer Mandatario. 

Fundamedios expresó públicamente que estos cuestionamientos sucesivos marcan una preocupante deriva que debe cesar y ser rectificada por el Presidente de la República quien siendo candidato y ya como Mandatario prometió un respeto pleno a las libertades de expresión y prensa.

 

Las amenazas contra periodistas tomaron fuerza. 

Jorge Chérrez Miño, un empresario acusado de lavado de dinero como parte de una trama de corrupción ocurrida en la Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) , amenazó a los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena de El Universo, luego de enviarle una carta con un cuestionario. 

En el marco de la crisis carcelaria. el periodista Jonnathan Carrera reportó a través de su cuenta Twitter que recibió amenazas de muerte en su contra por parte de militares y policías debido a sus publicaciones que reflejan la crisis carcelaria que atraviesan los centros penitenciarios de Ecuador.

Las acciones también fueron contra medios, a través de un video difundido en redes sociales a mediado del mes, un grupo armado que se autodenomina “Los Fantasmas” amenazó al medio de comunicación digital La Posta por la publicación de su investigación Paz o Plomo que revela el funcionamiento de las mafias en las cárceles del Ecuador. El video dura 45 segundos y en él aparecen en un campo 18 hombres armados que portaban fusiles, están vestidos con blue jeans, buzo y gorra negra y usan máscaras de fantasma:  “Y a ustedes La Posta no se anden metiendo en cosas de bandidos porque ustedes no saben como son”.