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La noche del 3 de agosto el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta, ofreció unas disculpas públicas a las personas e instituciones que fueron maltratadas y vilipendiadas por ese canal durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. Recordó que contra algunos se hicieron programas especiales y que sobre la mayoría se dijo mentiras decenas de veces para tratar de convertirlas en verdades. 

Reconocieron que hubo una mala práctica periodística por parte de comunicadores dentro del canal, así como una mala utilización de la pantalla en espacios concedidos por los administradores, para que se ofenda a ciudadanos.

Se recordaron excesos del medio de comunicación y se solicitó disculpas públicas a Jeannine Cruz; Carlos Vera; Diario El Comercio; Diario El Universo y Emilio Palacio; Sofía Espín; Galo Lara, Guillermo Lasso; Guadalupe Llori; Manuela Picq; Carlos Pérez Guartambel; Salvador Quishpe; Jhajaira Urresta y a Fundamedios, que en junio del 2012 fue acusado de violar sus estatutos, promover el irrespeto a la Ley de Comunicación del correísmo y no velar por los derechos de los periodistas.

Anotamos en ese listado, omisiones importantes, como la campaña masiva y sistemática de desprestigio que se llevó adelante contra Martha Roldós, Christian Zurita, Juan Carlos Calderón, la propia Fundamedios, a quienes se nos acusó no solo de encabezar una estructura al servicio de la CIA, sino de traidores a la patria, de lavado de dinero, de conspirar para preparar un magnicidio. De todo eso, TC Televisión, no solo que fue una caja de resonancia de altísima importancia dado los altos niveles de sintonía que históricamente ha tenido sino que muchos de sus periodistas, editores y directores fueron autores o cómplices. Lástima que esa memoria histórica no haya sido rescatada en este pedido de disculpas. 

Fundamedios acepta las disculpas públicas de TC Televisión, por haber formado parte del engranaje estatal que funcionó durante el régimen autoritario de Rafael Correa para perseguir la libertad de expresión.  Sin embargo, se debe reconocer que, durante 14 años TC Televisión ha sido utilizada por los gobiernos de turno como una herramienta de persecución, primero, y luego para el ocultamiento de responsabilidades estatales en casos como el de Nos Faltan Tres, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. 

Es importante reconocer los errores, para no volverlos a cometer y para alimentar el ejercicio de la memoria histórica. La consigna debe ser un: Nunca Más, que, además, debe ser asumido como sociedad y por eso desde Fundamedios hacemos un llamado para que los medios que formaron parte de la estructura estatal de la persecución, las empresas privadas de comunicación que lucraron de ello, las instituciones y servidores públicos que fueron parte de la misma, hagan propio este gesto de mea culpa, como camino a un verdadero reencuentro.

 

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En julio, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número significó un incremento en cuanto a las agresiones que se registraron en junio y que llegaron a 16. 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de julio Fundamedios ha registrado un total de 2925 alertas. En julio del 2021 el principal agresor fueron grupos no estatales con 11 agresiones;  seguidos de desconocidos que protagonizaron 5 agresiones y en cuatro ocasiones fueron agresiones protagonizadas por el Estado. 

En total 12 periodistas fueron agredidos en julio del 2021, los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como tres activistas y un concejal en Manabí. En total se registraron 14 agresiones y ataques que incluyen dos atentados contra el equipo periodístico La Hora en Los Ríos y contra una activista política en Durán así como una amenaza de muerte contra el periodista Charlie Castillo, dos discursos estigmatizantes, dos procesos legales, una autocensura  y una restricción en el espacio digital. 

En Los Ríos y Guayas se registraron alertas con uso de más violencia. El caso de la captadora ilegal de dinero BigMoney y la cobertura por parte de medios de comunicación generó un ambiente adverso para la profesión aupado por un discurso contra la prensa proveniente desde Miguel Nazareno y sus seguidores quienes la acusan de interferir con el “negocio”. 

 

Los casos del mes

el 1 de julio la corresponsal del noticiero de la cadena televisa de alcance nacional RTS en la provincia de Los Ríos, Odette Camacho, fue agredida y le sustrajeron el micrófono durante una cobertura del caso Big Money. Asimismo el 31 de julio un equipo periodístico del diario La Hora de la provincia de Los Ríos sufrió un atentado armado mientras se transportaban en un vehículo del medio de comunicación en la parroquia de San Camilo. Este atentado  ocurre un día después de que el medio de comunicación publicara un reportaje sobre cinco puntos donde esta plataforma captaba dinero.

El 13 de julio en Nobol (Guayas) la periodista Nicolle Kalil del El Noticiero de TC Televisión y el camarógrafo Jorge Ortega fueron impedidos de realizar la cobertura del paro campesino en, fueron insultados, recibieron intimidaciones y un intento de agresión.  El 28 de julio La periodista Luisa María Heredia y el camarógrafo Ronald Romo de Teleamazonas fueron agredidos e intimidados en Guayaquil (Guayas) por un grupo de seis personas que custodiaban el domicilio de Jacobo Bucaram Pulley, quien cumple un arresto domiciliario por el delito de delincuencia organizada por comercializar pruebas rápidas de Covid-19. 

Al día siguiente en Durán (Guayas) dos desconocidos incendiaron la camioneta de la activista política Alejandra Cornejo que estaba estacionada en la ciudadela María Piedad. Además, el periodista y fundador del Ferrodiario de Durán, Charlie Castillo recibió una amenaza de muerte en su fanpage de Facebook: “Cuidado se suicida con tres balazos en la espalda”, fue el mensaje que llegó a la página del medio de comunicación digital. Los dos casos de Durán tiene relación a comentarios que realizaron sobre una noticia difundida por la Fiscalía General del Estado que informó de la detención de 4 ciudadanos y la incautación de 2 toneladas de cocaína, 4 cabezales y 1 vehículo, luego de un operativo ejecutado por Fiscalía y la Policía en Durán. La droga fue hallada en contenedores de pescado congelado, cuyo destino era el Puerto Marítimo de Guayaquil.

El seis de julio el equipo periodístico de La Posta recibió una amenaza a través de tres graffitis que contienen las leyendas: “La Posta racista, prensa clacista. Diesel barato y arde La Posta y arde La Posta”.  Estos hechos ocurren 48 horas después de la transmisión en TC Televisión del estreno de La Posta XXX,  donde  se insultó al nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, al llamarlo “cabrón”, palabra que se utilizó como un acrónimo de “campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista”. Mientras se lanzaban dardos contra una imagen del dirigente. 

Asimismo, la Procuradora del Municipio de Quito lanzó una amenaza pública a un medio de comunicación y la gran maestra de ajedrez ecuatoriana, Carla Heredia, fue el centro de una serie de mensajes ofensivos e incluso de corte sexista luego de que el ex presidente Rafael Correa le recriminara públicamente en Twitter lo que le llevó a la autocensura. 

 

Se sigue usando el Código Penal para castigar la libertad de expresión

La Corte Provincial de Justicia de la Ciudad de Manta ratificó la sentencia de 15 días de prisión contra el concejal Juan Casanova, de acuerdo con el literal 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de quince a treinta días de pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Además, el Concejal deberá pagar USD 3.000 por resarcimiento económico para el cabildo y USD 400 dólares como sanción. Asimismo, deberá emitir disculpas públicas hacia la municipalidad. Fundamedios rechazó el uso del derecho penal para coartar y castigar la libre expresión de cualquier ciudadano y recuerda la urgencia de que estos artículos, que castigan la libertad de expresión, deben ser eliminados. 

Lo positivo del mes 

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación interpuesto por el ex alcalde de Loja, Bolívar Castillo y dictó una sentencia absolutoria que ratificó la inocencia del periodista Lenin Paladines. Con la negación de la apelación, las vías legales para Castillo se agotaron. 

Lenin Paladines dijo que es un triunfo del periodismo ecuatoriano que pone punto final a un proceso de persecución que inició en 2008 con la implantación de un estado de sitio contra el periodismo ecuatoriano, impulsado por el expresidente Rafael Correa y algunas autoridades locales que lo veneraban y siguieron el mismo hilo conductor de persecución.  

DOCUMENTO COMPLETO

Finalmente, ell Servicio de Rentas Internas (SRI) entregó una serie de documentos al legislador Fernando Villavicencio de los cuales se desprende una investigación contra él y su entorno familiar emprendida por este organismo con la posible participación del Centro de Inteligencia Estratégica y bajo el auspicio del ex consejero presidencial de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputi, cuando Villavicencio era editor del portal Periodismo de Investigación. 

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La mañana del pasado jueves, 29 de julio, académicos, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil ecuatoriana que trabajan en temas de libertad de expresión, protección de datos y derechos digitales, se reunieron para conformar un observatorio encaminado al seguimiento, aplicación y ejecución de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se aprobó el pasado 10 de mayo y entró en vigencia ese mismo mes.

El Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales se constituyó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, de Lorena Naranjo, ex directora de la DINARDAP, académica  experta en datos, de María José Calderón, académica, de Luis Enriquez, del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones-APC, de Martha Roldós, de la Fundación Mil Hojas, de Gaspar Pisanu, de Access Now y de María Paz Canales, de Derechos Digitales. Otros actores se irán sumando en el futuro.

El observatorio resalta y celebra la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales dado que establece altos estándares en la materia que permitirán a los ecuatorianos proteger sus derechos a la intimidad y privacidad al tiempo que protege la libertad de expresión, el derecho a estar libre de discriminación, a la autodeterminación informativa y establece las debidas protecciones para evitar la vulneración de los datos de los ciudadanos. 

Al mismo tiempo el nuevo observatorio muestra su preocupación con respecto a los hechos públicos suscitados en el Ecuador, en los que la protección de datos personales de miles de ecuatorianos se ha visto reiterativamente vulnerada.

Uno de esos sucesos es el ataque informático de los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT que, como ha anunciado la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, se ha colocado a la institución en estado de emergencia. 

Por otro lado está la filtración de datos del Ministerio de Salud, que expuso públicamente la información de millones de personas que ya fueron vacunadas junto con sus nombres, direcciones, teléfonos y datos médicos. 

A esto se suma la posible filtración de datos de otras instituciones y empresas públicas como el Servicio de Rentas Internas- SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y Petroecuador.

Los miembros del Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales miramos con preocupación los últimos acontecimientos que confirman que se debe avanzar con celeridad en la implementación de la Ley de Protección de Datos, como norma que permita resguardar la información personal de los ecuatorianos.

Para ello, creemos urgente, tal y como lo establece la ley, que se proceda a la creación de la Superintendencia de Protección de Datos y se nombre a su máxima autoridad, para que se encargue de la implementación y aplicación de la Ley.

Hacemos una llamado al Ejecutivo para que, junto con la sociedad civil, llevemos adelante este proceso que garantizará la protección de los datos personales de los ciudadanos en manos de instituciones públicas y privadas y reforzará el ejercicio de derechos humanos en el país.

 

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Ecuador, 28 de junio de 2021. Los legisladores Marjorie Chávez (Partido Social Cristiano) y Fernando Villavicencio (Alianza Honestidad) presentaron esta mañana ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional la propuesta del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado con el apoyo de Fundamedios el pasado 17 de junio. 

Fernando Villavicencio saludó a Fundamedios y recordó que la letra y la versión de esta ONG está contenida en el proyecto de ley que viene de una vertiente distinta y que está ahí como periodista y víctima de un sistema que utilizó la Ley de Comunicación para acosar a la sociedad. Recordó la necesidad de construir democracia garantizando el derecho a la información y hacer de la palabra un “templo” después de venir de una herencia de persecución contra los medios. Recalcó que una sociedad a la que no se le permite un pleno acceso a la información es una “sociedad castigada” y una sociedad menos informada comete errores políticos y electorales

Villavicencio destacó que el proyecto de ley presentado por ellos apunta a acabar con sellos de reserva y confidencialidad porque la sociedad que no accede a la información marca el destino de un poder autoritario que no quiere que se conozca información reservada, que en realidad es pública. Recordó que el término “mordaza” reflejaba la situación de la libertad de expresión en épocas pasadas y que la propuesta de Ley actual apunta a dejar ese pasado e intenta recoger los sentires de una sociedad que quiere conocer. 

Asimismo, indicó que el proyecto de ley se encuentra a tono con el presentado por el presidente Guillermo Lasso y que saluda la condición de un poder que entiende la importancia de la libertad de expresión dentro de una sociedad. Finalmente dijo que el proyecto garantiza a las comunidades la operación de medios comunitarios y el acceso al espectro radioeléctrico 

Marjorie Chávez expuso los principales puntos de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación y recordó que el Ecuador vivió un modelo que generaba autocensura y que ahora propone otro modelo que apuesta por la responsabilidad ulterior. 

Sobre los fundamentos del proyecto recordó la jurisprudencia interamericana que establece que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática dado que es la que forma a la opinión pública y que todo el que desee influir a la sociedad deben poder ejercerla sin temor a la censura o la autocensura ya que las sociedades democráticas no logran sobrevivir si no hay libertad de expresión. 

En cuanto al marco teórico recordó que existen discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión y discursos no protegidos como la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia así como la incitación directa y pública al genocidio o la pornografía infantil y que es ahí donde deben funcionar los mecanismos de autorregulación como los códigos deontológicos.

Al hablar de la responsabilidad ulterior civil y penal, Chávez recordó que en delitos contra la reputación, el honor, la honra y el buen nombre sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos, deben prevalecer el uso de leyes civiles y no penales por lo que las sanciones civiles por difamación (daño moral) no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al demandante o castigar a la persona demandada; en especial, las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados.

Sobre los principios generales, la legisladora recordó los de máxima garantía, máxima publicidad, legalidad, independencia de los medios de comunicación y el pluralismo e igualdad.

Dentro de este proyecto de ley, el Consejo de Comunicación estaría conformado por el Defensor del Pueblo o su delegado, quien lo presidirá; un delegado de los Consejos Nacionales de Igualdad; un delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; dos representantes de los gremios de periodistas; tres representantes de los medios de comunicación, uno por los medios de comunicación públicos, otro por los medios de comunicación privados y otro por los medios de comunicación comunitarios; y, tres representantes de la academia. Así, se constituye como una entidad especializada encargada de garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación y la información; y, las libertades de opinión, de prensa y de expresión, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Finalmente, explicó las diferencias con el proyecto de Ley orgánica para la Libertad de Expresión presentada por el Ejecutivo ya que el presentado con el apoyo de Fundamedios no excluye el derecho fundamental a la rectificación; trata de la sostenibilidad de los medios de comunicación y establece incentivos particulares para los medios comunitarios, tampoco elimina el Consejo de Comunicación.

Chávez recordó que el proyecto está a tono con la propuesta enviada por el presidente Guillermo Lasso y compila adecuadamente los estándares internacionales así como recoge el sentir de varios sectores de la sociedad.

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Ecuador, 27 de julio del 2021. Fundamedios firmó esta mañana un Convenio con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación con el objeto de establecer vínculos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo en temas de interés común relacionados con actividades encaminadas a organizar eventos académicos y de capacitación; brindar asistencias técnicas y colaborar en publicaciones. 

El director de Fundamedios, César Ricaurte, junto con la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, suscribieron el Convenio en representación de los dos organismos.

Ricaurte dijo que para Fundamedios «es un honor firmar un convenio marco en un momento en el que el país está tomando un nuevo rumbo que enfatiza en la comunicación y en los derechos humanos a la libertad de expresión y de prensa, del cual, el Consejo es custodio». 

El director de Fundamedios recordó que la actual presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, ha sido una aliada en las luchas por la libertad de expresión en el pasado. Sobre el asunto Ricaurte se comprometió a impulsar “las actividades necesarias para la protección, promoción y defensa de los derechos relacionados a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública”. 

A través de este convenio las partes se unen para colaborar en la organización de eventos académicos, capacitación y en la elaboración de publicaciones académicas. También para promover el intercambio de técnicos, facilitadores, investigadores y expertos que podrán prestar servicios en la preparación y ejecución de programas y proyectos específicos. Finalmente, se comprometen a intercambiar información científica y técnica sobre los temas considerados de interés para el análisis de la información pública, así como diseñar, implementar y evaluar los planes de capacitación. 

La Presidenta del Consejo, Jeannine Cruz, aseguró que el convenio tiene el objetivo de garantizar la libertad de expresión dentro de un Estado democrático y que para ello es importante consolidar lazos para promover, capacitar y garantizar los derechos, lo que ha sido una de las columnas vertebrales del Consejo de Comunicación. “Mediante este convenio tenemos la posibilidad de dar paso a investigaciones y capacitaciones con la única bandera de la libertad de expresión” sostuvo, recalcando la importancia de mantener los mecanismos para posibilitar la protección del trabajo periodístico. 

 

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El proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción, Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado conjuntamente por Fundamedios y los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con las firmas de apoyo de 16 legisladores más, será presentado ante la Comisión Ocasional Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el próximo miércoles 28 de julio a las 09:30. 

Esta propuesta será tratada de forma complementaria por la Comisión que actualmente analiza el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión presentado por el Presidente Guillermo Lasso. 

Marjorie Chávez dijo que mira con optimismo que se puedan fusionar los dos cuerpos legales: el presentado por el presidente Guillermo Lasso y el elaborado conjuntamente con Fundamedios, pues tienen el mismo espíritu de defender la Libertad de Expresión. Resaltó la importancia que tendrá el debate dentro de la Comisión y del Pleno de temas como autorregulación y que con el aporte de los demás asambleístas se podrá tener un nuevo cuerpo normativo que reemplace la Ley Mordaza. 

La Unidad de Técnica Legislativa recomendó al Consejo de Administración Legislativa calificar el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación. Entre las conclusiones se destacó que el proyecto se refiere a una sola materia; tiene exposición de motivos, considerado y articulado y que contiene la expresión clara de los artículos que con la nueva Ley se deroga. Asimismo, no afecta los derechos y las garantías constitucionales. 

El proyecto en que trabajó Fundamedios cuenta con 16 artículos encaminados a proteger el trabajo periodístico, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación y facultar al Consejo de Comunicación para garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa. 

El proyecto reconoce a los medios de comunicación tradicionales y digitales en todas sus modalidades como actores del desarrollo de la sociedad de la información y establece a la comunicación como una actividad fundamental para ejercer, promover y proteger el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar información, ideas y opiniones.

A su vez, establece como obligaciones del Estado el fortalecimiento a los medios de comunicación, la protección de la independencia editorial de los medios públicos, así como proteger a los periodistas y trabajadores de la comunicación acorde al Plan de Acción de las Naciones Unidas. También se incluyen las prohibiciones al Estado de instar, agredir o ejercer represión en contra de periodistas y medios de comunicación, y realizar cualquier forma de censura en Internet. 

En cuanto a la propuesta realizada respecto al Consejo de Comunicación se establece entre sus atribuciones las de activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación, formular políticas y procedimientos de prevención y protección a periodistas, incentivar procesos de autorregulación de los medios de comunicación privados y comunitarios, así como establecer criterios de responsabilidad ulterior de conformidad con instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

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Ecuador, 22 de julio del 2021.  Los asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibieron en comparecencia a tres autoridades gubernamentales con quienes analizaron lo sucedido en el programa La Posta XXX en contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y a quienes consultaron sobre las “acciones emprendidas para sancionar al programa”.

Comparecieron ante la Comisión el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla; la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz y el gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta.

Eduardo Bonilla recordó que en ningún lugar se establece que entre las competencias de esa Secretaría están sancionar o imponer una línea editorial a los medios de comunicación. Asimismo, que TC televisión tiene una administración independiente y que en este caso se dio una autorregulación ya que no se necesitó de ningún organismo de control para ejercer presión y que, finalmente, el programa está fuera del aire. Se refirió a las consecuencias de la libertad de expresión y recordó que tiene como contraparte la responsabilidad y que son dos caras de una misma moneda. Sobre la nueva Ley de Libre Expresión sostuvo que lo que se busca es garantizar los Derechos Humanos a través de la garantía y promoción, pero no desde la sobrerregulación y control.

El legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik) cuestionó al Secretario de Comunicación y le dijo “usted no me convence” ya que bajo el pretexto de ninguna libertad se puede permitir lo que sucedió con Leonidas Iza en televisión y luego decir al afectado que busque los mecanismos que la ley le señala. Dijo que esta situación le lleva a la “convicción” de que en este país “no puedes darle una libertad, con límites o sin límites, a periodistas y medios de comunicación”. Ratificó que no permitirá que se atente contra las minorías y que analizará minuciosamente el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo sobre Libertad de Expresión.

La legisladora Jhajaira Urresta (UNES) calificó de “espeluznante” que hayan puesto la palabra “Cabrón” como parte de un acróstico para dirigirse a Leonidas Iza. Cuestionó el contenido de las disculpas públicas de los periodistas de La Posta XXX y recordó que bajo la ética de la libertad de expresión se debe respetar la decencia, la moral pública y que nuestras libertades se terminan en la libertad del otro. Por ello ratificó: “vemos que la autolimitación de los dos periodistas no es sanción”.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez recordó que este organismo se ha preocupado por defender el principio de no discriminación y que desarrolla proyectos para que los pueblos y nacionalidades tengan acceso a medios de comunicación comunitaria.

La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, recordó que este organismo no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en los medios de comunicación y que tampoco posee las atribuciones de sancionar ni censurar. Informó a los legisladores que el Consejo de Comunicación conoció el caso y emitió un informe en el que se advierte que los comentarios en cuestión contienen términos discriminatorios que generan descrédito para un sector.

Entre las conclusiones preliminares del informe se sostiene que los calificativos y acciones atribuidas a Leonidas Iza por parte de los periodistas de La Posta XXX se insertan en históricas representaciones sobre los pueblos y nacionalidades indígenas que se los ha identificado como salvajes, peligrosos, violentos e irracionales y que se encuentran elementos que construyen una frontera que opone a un nosotros blanco-mestizo civilizado.

Los legisladores preguntaron si se envió a la Defensoría del Pueblo este documento, Jeannine Cruz les respondió que no fue enviado pues los periodistas solicitaron disculpas públicas y están fuera del canal de televisión.

Al legislador Vanegas le preocupó que el Consejo de Comunicación no tenga ninguna capacidad sancionadora y solicitó a Cruz que envíe dicho informe a la Defensoría del Pueblo ya que los periodistas de La Posta XXX cometieron una falta muy grave y que en la parte penal el odio es sancionado.

La comparecencia final fue la del gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, quien reiteró que TC Televisión es un medio privado, aunque la mayoría de las acciones las tiene la empresa pública Comunica EP. Reconoció que durante el programa La Posta XXX se ofendió a Leonidas Iza, se le causó un daño a su imagen, nombre y reputación, por lo que al siguiente día presentó las debidas disculpas en El Noticiero.

Reconoció que hubo un abuso y exceso y por ello se cumplieron los correctivos: “la autorregulación sí funciona, el canal se autorreguló y emitió un nuevo código deontológico”, dijo, la vez hizo un mea culpa pues “fue un error” no haber presentado al equipo de La Posta XXX el Código Deontológico ya que asumió que al ser periodistas debían tener presente esas normas: “los medios si estamos preparados para autorregularnos”.

Otras intervenciones de legisladores en torno a la autorregulación fueron las de Sofía Espín (UNES) quien aseguró que le preocupa ya que “la libertad no es libertinaje” y aseguró que ella fue víctima de linchamiento mediático. Gissela Garzón (UNES) aseguró en cambio que la autorregulación “no es una salida” y lo comparó con la autorregulación de la banca: “los medios de comunicación no están en la capacidad de autorregularse”, aseguró.

Mientras José Chimbo (Pachakutik) dijo que es importante analizar las acciones desde el Estado y que se debería generar una política clara de comunicación para evitar que los medios de comunicación generen discriminación.

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Ecuador, 19 de julio del 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Ecuador continúa con el tratamiento del proyecto de Libre Expresión y Comunicación remitido por el presidente de la República Guillermo Lasso. En esta ocasión, recibió a Andrés Jácome Cobo, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL); César Ricaurte,  Director Ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios); Jhonatan Arizaga, académico y experto constitucionalista y a Danilo Villarroel Silva,  Presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FEAPE). 

Andrés Jácome del Arcotel recordó que la institución es la encargada de la administración del espectro radioeléctrico y cuestionó la creación de una Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico ya que la ley como está planteada puede causar confusión y solicitó que el proyecto de Ley de Libre Expresión pueda ser concatenados con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

César Ricaurte realizó una exposición sobre el Proyecto de Ley de Libre Expresión. En la primera parte de su intervención recordó las cifras y efectos de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por el correísmo. Cabe destacar que, el 31 de julio de 2019, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) cerró sus puertas definitivamente, luego de seis años de vida institucional. En ese tiempo se convirtió en una herramienta de persecución del correísmo contra medios de comunicación y periodistas y las cifras así lo revelan.

En total, durante su funcionamiento se levantaron 1210 procesos. De estos: 550 fueron impulsados de oficio desde este organismo que estuvo encabezado por Carlos Ochoa y otros 660 por denuncias particulares.  En total, hubo 705 resoluciones sancionatorias: 500 fueron establecidas por oficio y las otras 205 por denuncias particulares. Estas resoluciones derivaron en 776 sanciones: 425 fueron de tipo pecuniario a través de las cuales se recaudó USD 2.416.633,95; 194 amonestaciones escritas; 75 públicas; 35 rectificaciones; 28 réplicas y 29 suspensiones de publicidad. 

Para Ricaurte estas cifras demuestran un panorama de represión y severas restricciones y que la propuesta de Ley del presidente Lasso va por buen camino pues defiende la libertad de expresión y es una ley que se contrapone a la sobrerregulación que impuso la Ley de Comunicación del correísmo: “va en la línea de una regulación ligera y mucha autorregulación”.

“Lo que se generó con la anterior Ley de Comunicación es un nivel de protección del poder público mucho mayor que cualquier ciudadano y se aplicó sanciones de forma arbitraria y desproporcionada para proteger a funcionarios públicos en el Gobierno y se generó una situación de censura y autocensura”, dijo Ricaurte ante la Comisión. 

Explicó la triple función de la Ley de Comunicación ya que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental individual que goza de una especial protección dada su íntima relación con la autonomía personal. Además, la libertad de expresión es un derecho que cuenta con una función instrumental que lo diferencia de otros derechos. Y, finalmente, que la jurisprudencia interamericana ha destacado la relación estructural del derecho a la libertad de expresión con el funcionamiento adecuado de los regímenes democráticos, lo que se ha denominado la dimensión estructural de la libertad de expresión.

Entre las observaciones a la propuesta de Ley del Ejecutivo destacó que el proyecto de Ley crea dos leyes en un sólo proyecto, que a juicio de Fundamedios es innecesario: por un lado la Ley de Libre Expresión y Comunicación y por otro Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Explicó que no se comprende exactamente si se está reformando artículos, un capítulo o título de la Ley, o si al contrario se estaría creando dos Leyes en un mismo cuerpo normativo, de ser así se estaría contrariando el artículo 136 de la Constitución.

Sobre la protección de las comunicaciones personales Ricaurte aseguró que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales señala que este cuerpo normativo se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior, con excepción de las actividades periodísticas y otros contenidos editoriales y que en cualquiera de estos casos deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Sobre el Consejo de Comunicación, Fundamedios defiende su permanencia pero con la aclaración de que debe existir una entidad especializada encargada de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa de conformidad con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Entonces, es importante contar con una entidad rectora facultada para elaborar, coordinar y ejecutar acciones encaminadas a analizar el riesgo que tienen las y los periodistas y trabajadores de la comunicación; activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y demás trabajadores de la comunicación, así como a formular políticas y procedimiento específicos para lograr dicha protección. De la misma forma, debe existir una entidad independiente del Estado, que pueda impulsar los procesos de autorregulación de los medios privados del país y la regulación de los medios públicos del país. 

Otra de las posturas expuestas por Ricaurte giró en torno a la titulación obligatoria para ejercer el periodismo, recordó que según estándares internacionales no se puede exigir un título para ejercer un derecho como la libertad de expresión por lo cual no es aconsejable. En este orden de ideas recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos recordó que “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones”. 

Una de las dudas de los legisladores fue cómo se iba a establecer la autorregulación si en el Artículo 384 de la Constitución se establece que el Estado es el encargado de generar política pública en cuanto a la comunicación.  Ricaurte aseguró que la naturaleza de la autorregulación no es equivalente a las políticas públicas ni interfiere con ellas, por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad con el 384 de la Constitución. 

Ricaurte recordó que el proyecto de “Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación” presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, es complementario al proyecto presentado por el Presidente Guillermo Lasso  y “aspiramos que este proyecto llegue a la Comisión de Relaciones Internacionales en las próximas horas y pueda ser debatido en conjunto”, aseguró. 

Ante un cuestionamiento de la Asambleísta de UNES, Marcela Holguín, sobre el porqué se sigue mencionando a una Ley inexistente como la Ley de Comunicación del correísmo, Ricaurte recordó la importancia de la memoria histórica dentro de los procesos de construcción de normas, para no volver a cometer errores, en este caso se debe tener presente que no se debe construir normas opresivas y atentatorias contra derechos fundamentales, como la libertad de expresión. 

 

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Ecuador, 17 de julio de 2021. La Universidad Técnica del Norte realizó un diálogo sobre el proyecto de Libre Expresión y Comunicación en conmemoración de sus 35 años de vida institucional.  Participaron de este evento César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, José Eladio Corral, Presidente del Consejo Provincial de Justicia de Imbabura y la periodista de UTV Anabela Yépez.

Miguel Naranjo Todo, Vicerrector Académico aseguró que es bueno que uno de los ejes de reflexión universitaria sea, precisamente, la libertad de expresión que en ocasiones ha sido censurada y que es importante que reciban desde los profesionales sus puntos  de vista ya que en la actual coyuntura es necesario que el tema se ponga bajo análisis. Agradeció a los panelistas y recordó que desde la Academia el objetivo debe ser formar profesionales “mucho más éticos”.

Marcelo Cevallos, rector de la Universidad Técnica del Norte recordó que poseen la única universidad pública con un canal abierto y que es un laboratorio natural. Recordó que más allá de cualquier norma se debe hacer hincapié en el compromiso ético y que se cumplan los códigos deontológicos que rige a la comunicación.  

Fabricio Rosero, docente de la Carrera de Comunicación, fue el moderador del conversatorio.

Ricaurte felicitó a la Universidad por los 35 años de vida institucional. En una primera recordó que la Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013 por el correísmo y que se mantuvo hasta 2019 cuando fue reformada por la Asamblea Nacional, tenía una naturaleza punitiva: estableció un enorme repertorio de sanciones y se creó una Superintendencia de Comunicación que era la encargada de aplicar sanciones administrativas. Asimismo, los medios eran castigados con multas y réplicas impuestas así como otras sanciones cuyas causales eran abiertas lo que dio paso a sanciones arbitrarias. “Se abrieron más de 1000 procesos y se establecieron 600 sanciones”, recordó.

En el 2017 Moreno desactivó la Superintendencia de Información y Comunicación y presentó una reforma que la eliminó. No obstante, la normativa quedó en una especie de “limbo”.

En 2021 se produce un cambio de Gobierno y de ciclo político de 14 años de un proyecto cercano al Socialismo del Siglo 21, caracterizado por una sobrerregulación de los medios. El nuevo Gobierno da un giro  y se propone pasar de una sobrerregulación a una regulación muy ligera y mucha autorregulación que apelan a la responsabilidad social de los medios de comunicación y los periodistas.

Posteriormente expuso el proyecto de Ley complementaria presentado por los legisladores Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con apoyo de Fundamedios. La estructura está dada por los objetivos y principios, el desarrollo de la protección y garantía de la comunicación, la sostenibilidad de los medios y se establece nuevas funciones para el Consejo de Comunicación que debe ser un organismo rector de las políticas públicas sobre comunicación. Asimismo, se reconoce a los medios públicos, privados y comunitarios. Anunció que se está trabajando en una ley específica de medios públicos. En cuanto a los principios son la máxima garantía, legalidad, independencia de los medios, máxima publicidad, legalidad y pluralismo e igualdad.

José Eladio Corral analizó las implicaciones legales y aseguró que se debe garantizar la profesionalización para mejorar la calidad de la comunicación. Anabela Yépez realizó un repaso de los principales puntos de la propuesta de Ley de Libre Expresión y recordó las normas deontológicas del periodismo. Sobre la autorregulación aseguró que esta no es viable aún pues las normas deontológicas de los medios de comunicación han quedado en papel.

Ricaurte recordó que estamos pasamos de un esquema de sobrerregulación a un esquema de regulación suave y mucha autorregulación y sostuvo que muchas veces hay una visión prejuiciada cuando se intenta descalificar a los sistemas de autorregulación y que Fundamedios apuesta por la responsabilidad y ética periodística.

Recordó además los sistemas de autorregulación: Primero, un sistema de control previo, interno de los medios de comunicación que se ve reflejado en los códigos de ética y manuales de estilo para asegurar el control de la calidad de los contenidos periodísticos y general. Segundo, los sistemas de control mixto que funcionan previo y posteriormente y que son internos y externos con defensores de audiencias: profesionales de primera calidad que son conocidos por su ética y en el cual el medio de comunicación tiene confianza. Tercero, los sistemas de control posteriores que son externos como observatorios y veedurías de medios que son impulsados por los controles ciudadanos y centros académicos.

 

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Ecuador, 15 de mayo de 2021. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación realizó ayer un conversatorio para analizar la libertad de expresión, el periodismo y la autorregulación que forman parte de una serie de reflexiones que plantea el Organismo. 

La presidenta del Consejo, Jeannine Cruz, dio la bienvenida a los asistentes y dijo que cuando aceptó presidir el Consejo de Regulación de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación lo hizo con la convicción de defender la libertad de expresión pues es un derecho fundamental para la convivencia pacífica y promueve el resto de Derechos Humanos: “sin la posibilidad de expresarse libremente y opinar estamos dando paso a la tiranía y al abuso”, dijo.  

Vladimir Andocilla, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación, fue el moderador del Conversatorio que contó con la presencia del Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte; Pamela Aguirre, Directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo y del periodista Fabricio Vela.

César Ricaurte aseguró que entre el 2013 y 2019 se desarrolló un esquema de fuertes controles estatales y de una sobrerregulación con el cual se tomó el control sobre los contenidos de los medios y se abrieron más de 1000 procesos contra periodistas y líderes sociales. Durante esta época, la Secretaría de Comunicación General, ordenó a los medios de comunicación la emisión de cadenas nacionales, interrumpiendo noticiero para ejercer un supuesto derechos a la réplica e incluso ordenaba a los medios de comunicación a que se publiquen portadas diseñadas desde esa Secretaría y de esa forma implementar la verdad oficial.

Recordó que en el 2019 la Ley de Comunicación fue reformada y se desactivó a la Superintendencia de Comunicación, “pero quedamos en el limbo” pues no se avanzó en otras reformas, ni se expidió el reglamento de la nueva ley reformada.. 

“Debemos caminar hacia una regulación ligera y mucha autorregulación”, dijo Ricaurte y recordó que la Ley de Libre Expresión presentada por el Ejecutivo y el proyecto presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, con el apoyo de Fundamedios, van en esta línea.

El debate sobre la autorregulación no es nuevo en Ecuador: entre el 2008 y el 2013 se debatió de manera muy profunda estos temas, pero en el 2013 ese debate se clausuró pues, ante una regulación estatal excesiva, era inútil discutir una autorregulación.

Ricaurte explicó  que existen tres mecanismos de autorregulación:

Primero, un sistema de control previo, interno de los medios de comunicación que se ve reflejado en los códigos de ética y manuales de estilo para asegurar el control de la calidad de los contenidos periodísticos y general. Segundo, los sistemas de control mixto que funcionan previo y posteriormente y que son internos y externos con defensores de audiencias: profesionales de primera calidad que son conocidos por su ética y en el cual el medio de comunicación tiene confianza. Tercero, los sistemas de control posteriores que son externos como observatorios y veedurías de medios que son impulsados por los controles ciudadanos y centros académicos.

Pamela Aguirre, recordó que la libertad de expresión es un derecho humano que nos permite desarrollarnos, es un patrimonio jurídico, una fortaleza y es la piedra angular de un sistema democrático. Sobre la autorregulación sostuvo que los Estados deben establecer como una obligación el promover la autorregulación y que la libertad de expresión y ética periodística debe ser tomada en cuenta y ser complementarios. Asimismo, aseguró que los periodistas y la sociedad deben tener el compromiso de estar vigilantes de los contenidos que son transmitidos para así promover una real autorregulación. “La autorregulación es el camino que nos permite consolidar la responsabilidad de los periodistas y por otro lado una plena libertad de expresión”, dijo.

Fabricio Vela en cambio aseguró que el Ecuador “no está preparado para la autorregulación” y que es momento de repensar lo que está sucediendo pues hay mucha arrogancia por parte del periodismo. Para Vela, no existe autocrítica y “es necesario un baño de humildad de los periodistas”.  Asimismo, sostuvo que es hora de que los medios transparenten sus líneas editoriales, así como dar a conocer los códigos deontológicos y aseguró que la mayoría de medios no poseen este documento. 

Ricaurte discrepó con Vela en cuanto a la capacidad de autorregulación de los medios de comunicación y recordó que en temas de derechos no existe el estar listos o no, sino, “se trata de construirlos día a día”. Recalcó que el control social sobre los medios de comunicación sirvió en el caso de La Posta XXX pues las audiencias son potentes y fuertes para exigir las rectificaciones a los medios y que es necesario construir sistemas de autorregulación, pues la mayoría de medios de comunicación son pequeños y no poseen estos mecanismo. En este marco, es el Consejo de Comunicación quien debe promover estos procesos y construirlos junto a la sociedad civil. “El control estatal de los medios de comunicación no tiene cabida en una sociedad democrática”, ratificó. 

 

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