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Este 28 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea retomó la discusión en torno al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La ministra del Interior, María Paula Romo, presentó sus observaciones. La funcionaria expresó que previamente se reunió con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y otras instancias para recopilar opiniones diversas.

“La Ley de Comunicación no solo es importante por lo que dice, sino por lo que representa”, dijo. Entre sus observaciones, Romo mencionó la eliminación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); los mecanismos de sanción, que deben ser trasladados de penales a civiles; la importancia de mantener el 1×1, así como el 5% de contenido intercultural. También hizo un llamado a proteger a los medios comunitarios, resaltando la conquista que representa mantener el 34% del espectro radioeléctrico y la posibilidad de permitir la venta de publicidad para respaldarlos.

La Ministra enfatizó en que las reformas deben aclarar la diferencia entre contenidos. “No se puede tratar a la opinión y a la publicidad de igual manera”, expresó. Habló también sobre el Comité de Seguridad para Periodistas y aclaró que es preciso que quienes ejercen el oficio participen como miembros. “Lo que se busca es garantizar seguridad. Al ser un comité interseccional, busca ser un espacio de diálogo para que la seguridad de periodistas y sus coberturas sean trabajadas por todas estas instancias”.

La sesión terminó con la presentación de Enrique Herrería. El asambleísta se refirió a la importancia de los porcentajes de interculturalidad en medios de comunicación y las leyes para publicidad en el país.

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Ecuador, como parte de la investigación que realiza sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en abril pasado. El propósito, recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones en torno al secuestro y muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Este 22 de noviembre, el ESE se reunió con representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa. El canciller José Valencia indicó que el Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 200.000 para cubrir las necesidades del Equipo, lo cual demuestra la disposición del país para que se esclarezcan los hechos.

La Agenda de la CIDH incluyó reuniones con el Fiscal encargado del caso y con un equipo técnico del Ministerio del Interior. También coordinaron encuentros con funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, Jefes de las Unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, anunció vía Twitter que el ESE ha cumplido una semana de trabajo en el Ecuador así como su agradecimiento a autoridades, familias y sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento de la investigación.

Las conclusiones de estas visitas y las investigaciones hechas durante las mismas serán conocidas en diciembre luego de las audiencias públicas a las que asistirán los familiares del equipo de prensa.

La mañana de este 22 de noviembre, periodistas independientes, de medios privados, públicos y comunitarios participaron en el cuarto diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por Fundamedios, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El Puerto Principal fue la sede del encuentro de este jueves.

Esta iniciativa interinstitucional tuvo en su panel a Marco Pacheco, representante de la Defensoría; Martha Roldós, directora del portal Milhojas; Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep); y Juan Manual Yépez, editor de contenidos de diario Expreso.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, dio la bienvenida a las decenas de asistentes. «La reforma a la Ley de Comunicación es una oportunidad para contar con un cuerpo legal que garantice derechos y eliminar una herramienta utilizada para la persecución», destacó la periodista. Rosario Utreras, consejera del Cordicom, explicó que las observaciones que se intercambian en el diálogo se recogen. El objetivo es entregarlas oficialmente ante la Comisión de Derechos Colectivos que discute las reformas modificaciones.

Martha Roldós, directora del portal MilHojas inició su intervención mencionando que  la LOC fue concebida como una ley de medios, para la censura y para permitir que se cometan actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. En ese contexto, destacó la importancia de que, tal como indican los estándares internacionales, los códigos de ética de los medios se elaboren por un Consejo de Prensa y no impuestos por el Estado. «Es importante hablar de autorregularición. Hay que reformar otras leyes como el COIP, que todavía se usa para sancionar opiniones». También insistió en que debe reformarse lo que se refiere a reserva de información. «Las restricciones se mantienen en las reformas a la LOC. Este es uno de los puntos más críticos que impide u obstaculiza el ejercicio periodístico».

El representante de la Aedep sostuvo que se se quiere una Ley de Comunicación, debe ser una que promueva derechos y que se base en estándares internacionales de Derechos Humanos. Rocha aboga por la derogación de la norma. «No se puede reformar una ley que es inconstitucional, lo que es inconstitucional debe ser derogado no reformado».

Finalmente, Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de diario Expreso, expuso que uno de los principales problemas de la Ley vigente es la subjetividad en su aplicación. Y presentó una serie de ejemplos. «En el caso de Extra teníamos en promedio cuatro audiencias al mes. Una por semana. Y debíamos presentarnos en Quito, ante la Supercom», relató ante el auditorio.

En las próximas semanas se presentará ante la Comisión de Derechos Colectivos las relatorías de estos encuentros. Próximamente también se desarrollará un foro para exponer los puntos clave de la reforma.

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Este 21 de noviembre, la Comisión de los Derechos Colectivos recibió a Lorena Abad, exreportera de Radio Pública; y Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, como parte de la discusión que se desarrolla en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

A través de videoconferencia, Lorena Abad indicó que el pasado 31 de octubre fue despedida de la Radio Pública. La periodista sufre cáncer de tiroides y, según indicó, fue despedida junto a otros 50 otros periodistas. “¿Es posible despedir a un trabajador con enfermedad catastrófica? ¿El sistema legal no nos ampara? Necesitamos una ley para que no vuelva a pasar lo que estoy pasando”, expresó. En ese contexto, la asambleísta Marcela Holguín, de la bancada Revolución Ciudadana hizo una petición especial a que la invitación sea extienda a Martha Moncayo, gerente general de Medios Públicos EP, para que se refiera al tema.

Juan Alberto Salazar, comunicador social y exalcalde de Riobamba, dio a conocer su caso de linchamiento mediático, el que definió como una “conmoción social” durante la presidencia de Rafael Correa. Según el exfuncionario, se difundió la idea de que él, como autoridad, se llevó 13 millones de dólares y debería ir a la cárcel. Salazar pasó 1641 días encarcelado y su caso se presentó ante la Mesa por la verdad y la justicia: perseguidos políticos nunca más. “Es urgente proteger los derechos de los periodistas. Los medios de comunicación públicos se convirtieron en jueces. Comunicación pública con libertad y sin persecuciones. Después de haber conversado con varios periodistas, esto no puede volver a repetirse”, expresó.

La siguiente sesión tendrá lugar el próximo miércoles 28 de noviembre, a  las 11:00.

 

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Este sábado 17 de noviembre, durante el Congreso Internacional de Periodismo en Debate (PerDebate 2018), coorganizado con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración para Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, asesinados en la frontera norte, en abril pasado. Familiares, amigos y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio hablaron de ellos como símbolo de la libertad de prensa y de la búsqueda de la verdad. Enfatizaron en la necesidad de esclarecer los acontecimientos que rodean el crimen.

La periodista Mónica Almeida, socia de FUNDAMEDIOS, afirmó que este suceso doloroso para la comunidad periodística en el Ecuador dejó en evidencia que los medios de comunicación y sus colaboradores son independientes a los intereses de sus dueños; contrario a la imagen que el gobierno de Rafael Correa buscó imponer durante su década de gobierno.

“Javier, Paúl y Efraín se convirtieron en inspiración de esa pasión periodística que nos lleva a buscar lo desconocido, de buscar la verdad. Ellos se convirtieron en un símbolo hasta que se sepa qué les pasó», dijo la Jefa de Investigación de Diario El Universo. También mencionó la importancia del informe preliminar del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el pasado 1 de noviembre. En el documento se enfatiza en la necesidad de reencauzar la investigación de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

Durante el homenaje, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, agradeció a FUNDAMEDIOS y a la USFQ por el apoyo brindado. La periodista destacó que gracias al contingente de la organización fue posible lograr las medidas cautelares en la CIDH, las cuales servirán como herramienta para esclarecer los asesinatos.

«Esperamos que los estudiantes de periodismo no sean presas del miedo. A la corrupción, al narcotráfico, a la violencia se le hace frente con más y mejor periodismo», dijo la vocera de las familias de las víctimas.

Galo Ortega, padre de Javier, invitó a los asistentes a levantar la voz por los “héroes” caídos durante el ejercicio periodístico. “NADIE SE CANSA”, gritó. Frase a la que estudiantes, docentes y expositores se sumaron.

Patricio Segarra, hijo de Efraín, aseguró que lo ocurrido  marcó un rumbo nuevo para el periodismo ecuatoriano. Él relató la pasión y entrega de su padre en el momento de conducir a los reporteros a las distintas coberturas, siendo un aporte más en la reportería. ‘Segarrita’ fue un periodista de corazón.

Dimitri Barreto, macroeditor de Diario El Comercio, presentó un video dedicado a sus compañeros. Aprovechó para expresar la ilusión de que este material, junto con las pertenencias de Ortega, Rivas y Segarra, puedan llegar próximamente al Newseum, en Washington, D.C. (EE.UU.). Este es el museo más importante dedicado a la libertad de expresión y al homenaje a los periodistas caídos a escala mundial. 

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Este 15 de noviembre se cumplió el décimo aniversario de la primera sentencia dictada en contra del periodista Nelson Chacaguasay, del semanario La Verdad, de Machala.

Chacaguasay tuvo que enfrentar prisión dos veces por distintas demandas, provenientes de miembros de la función judicial de la provincia de El Oro. La razón: denuncias realizadas en La Verdad de casos corrupción. Además de la cárcel, tuvo que pagar indemnizaciones y multas impuestas por jueces y la Supercom por contenidos publicados en su medio de comunicación.

Su caso fue ingresado hace nueve años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A noviembre de 2018, no pasa la fase de Admisibilidad. El periodista se encuentra en total indefensión frente a la persecución política que él, su familia y semanario han sufrido durante la última década.

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Los miembros de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, dieron a conocer detalles sobre el informe preliminar que se publicará el próximo 10 de diciembre. Este 15 de noviembre, en una rueda de prensa, informaron que la serie de audiencias permitió identificar patrones de actuación de la justicia y del gobierno de Rafael Correa en torno a la persecución política. En total, se han llevado a cabo 24 audiencias públicas, dos reservadas, y se han receptado los testimonios de 63 víctimas.

Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ), recalcó que el patrón desde el Estado fue crear supuestos delincuentes con base en estrategias agresivas de comunicación, criminalizando la protesta social violentamente. Afirmó que en todos los casos expuestos en las audiencias de la Mesa se pueden verificar cambio de jueces y sustanciación de los trámites que no están justificados.

En lo que se refiere a libertad de expresión, la funcionaria agregó que se evidencia que los procesos fueron muy rápidos y significaron multas pecuniarias excesivas para los comunicadores y medios de comunicación. Porras explicó uno de los patrones, en la mayoría de los casos, es que los denunciantes, una vez dictada la sentencia, en una supuesta muestra de solidaridad, perdonaban parte de las indemnizaciones.

“Las violaciones al debido proceso son comunes. Hay detención sin orden judicial, calificaciones de flagrancia fuera del tiempo… No hay motivación de sentencias y los procesos judiciales son múltiples”, señaló la Vocal.

Paúl Jácome, presidente de la Mesa, mencionó que es imposible dejar de lado la parte humana en estas circunstancias, ya que los miembros de la Mesa también fueron víctimas de la persecución. “Una cosa es lo que se ve en los medios de comunicación y otra ver el dolor y las heridas que queda en el Ecuador profundo. El país, luego de diez años de correísmo, queda con heridas bastante profundas que aún no sanan”, agregó.

“Uno de los aspectos centrales de estas jornadas y audiencias es el clamor de justicia, el clamor de verdad, el clamor de reparación integral. No se puede pedir que volteemos la página así tan sencillamente cuando los casos como Fernando Villavicencio y los Diez de Luluncoto se allanaron domicilios de manera ilegal, se pusieron fúsiles en la cabeza de niños, se pisotearon a las mujeres embarazadas…”, apuntó Jácome.

Los miembros de la Mesa se refirieron al linchamiento mediático como un patrón de comportamiento que se ejerció desde el poder Ejecutivo. Se pronunciaron también acerca de la actuación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) para la obtención de datos para la criminalización y el pago de favores a jueces para obtener sentencias favorables.

Durante la sesión se afirmó que uno de los casos más impactantes es el del periodista Freddy Aponte, quien en última instancia es declarado inocente. Sin embargo, su victimario, el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo, logró mover sus influencias y revertir la sentencia.

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Este 15 de noviembre se inició la octava edición del Congreso Internacional Periodismo en Debate, PerDebate18. Este año, el encuentro, coorganizado con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se enfocará en: ‘fake news’, infoxicación, incertidumbre y violencia.

Eric Samson, coordinador de la carrera de Periodismo Multimedios; Santiago Castellanos, decano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas (Cocoa); e Indira Salazar, oficial de Comunicación e Información de UNESCO dieron la bienvenida al Congreso que se desarrollará hasta el 17 de noviembre. Hicieron un llamado general a alimentar la conversación de seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico en tiempos de ‘fake news’.

Emmanuel Colombié, director del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), inauguró la jornada con la ponencia ‘El desafío de regular las fake news: unos ensayos internacionales’. En la intervención, se refirió a los desafíos que existen a escala mundial en torno al fact-checking (verificación de datos), la legislación sobre ‘fake news’ y la importancia de promover la educación de medios en escuelas y universidades.

El representante de RSF también partició en la rueda de prensa ‘Nueva LOC y el estado de la libertad de prensa en Ecuador’, junto a Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS. Colombié respaldó la creación del Comité para la protección de periodistas y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que desde hace varios meses se impulsa desde FUNDAMEDIOS.  

Yépez contextualizó con datos y cifras el cambio en el ambiente que se vive tras la salida de Rafael Correa del Gobierno. Además, desde FUNDAMEDIOS, saludó el proceso de reformas a la LOC que se desarrolla en la Asamblea, mencionó nueve puntos críticos que deben tomarse en el debate para garantizar que la norma se apegue a los estándares internacionales.

Este viernes 16 continúa la agenda del PerDebate. A las 10:00, Ecuador Chequea compartirá panel junto a GK. Durante 30 minutos, ambos medios analizarán las experiencias de verificación de datos (fact-checking) electoral en el país.

A las 10:30, nuestro Observatorio de Medios del Ecuador (OME) ofrecerá una conferencia sobre la herramienta Interbarómetro: ‘Medir la viralidad de los políticos en redes sociales’. Este 2018 exploramos una plataforma poderosa de “escucha inteligente” que permite monitorear, en tiempo real, cómo se desarrolla la conversación política en Twitter: temas, actores, evolución, crisis, casos y actores específicos.

Este 14 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para retomar la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Durante esta jornada se recibieron tres propuestas con observaciones al proyecto.
 
Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), se refirió a los medios de comunicación universitarios y de educación superior y su falta de presencia en la ley. “Es fundamental considerar a las universidades como una herramienta que ayudará a ampliar los objetivos de canales comunitarios que sufren de deficiencia económica y apoyo del Estado”, mencionó.
 
Juan Francisco Pozo, director Ejecutivo del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, expresó que él encuentra una sobrecarga regulatoria para muchos frentes y que se regulan aspectos que no deberían. Por ejemplo, indicó que el artículo 98 de la Ley vigente, que prohíbe la difusión de materiales y publicidad no producida por empresas o personas ecuatorianas, debería eliminarse. Lo mismo con el artículo 55 del Reglamento e incrementar el porcentaje de contenido internacional en el 58. Además, sugirió desarrollar una Ley de Publicidad que beneficie al consumidor y ofrezca garantías. “Creemos que es necesario regular la publicidad, pero enfocándose en derechos del consumidor. Los acuerdos internacionales no están siendo respetados al momento”.
 
Jorge Corozo, presidente de la Comisión, acotó que “en Derechos Colectivos queremos respetar derechos favorables de toda la población. Lo que quisiéramos es construir y buscar alternativas para dejar en claro que estamos construyendo una ley en la que todos están involucrados”.
 
La última propuesta fue presentada por Patricio Morales, del Colectivo Cantón del Sur, quien recomienda ratificar el artículo 103 de la LOC, para garantizar que se mantenga el 1 x1. También sugirió trasladar dicho artículo a la Ley Orgánica de Cultura.

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Este martes 13 de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio sustanció las impugnaciones en contra de tres candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Luis Verdesoto, socio de FUNDAMEDIOS, defendió su derecho a participar en el proceso.

El impugnante Robinson Ruiz presentó sus preocupaciones sobre la candidatura del catedrático. Alegó tres aspectos: fechas establecidas de postulación, declaración de paraísos fiscales y verificación de título de tercer nivel.

Según Ruiz, el miembro de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos debió presentar tres informes para que su postulación sea admitida; y el segundo y tercer informes fueron remitidos después de la fecha establecida. También mencionó que el título de Licenciatura de tercer nivel de Verdesoto no consta en el sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En su defensa, el académico explicó que él buscó que seis instituciones diferentes respalden su candidatura al CNE. Cinco fueron descalificadas y dos admitidas después de realizar el pedido de admisión. Entre esas organizaciones estuvo FUNDAMEDIOS. Sobre su título de tercer nivel, indicó que fue expedido hace más de 43 años, razón por la cual no consta en la Senescyt. Sin embargo, expuso la evidencia notarizada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y recalcó que hubiera sido imposible recibir sus títulos de cuarto nivel, así el doctorado, si no contara con un título oficial avalado.

“Yo no incumplo ninguno de los requisitos pedidos. Yo jamás he servido a ninguna dictadura y nunca lo haré”, enfatizó Verdesoto. El próximo 21 de noviembre se conocerá el listado final de quienes estarán en la papeleta electoral. Ese día se convocará a las elecciones seccionales y del CPCCS.