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Ecuador, 11 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana que se conformó por el caso Nos Faltan 3 envió nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer su creación y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó, el 11 de mayo del 2018, un equipo de seguimiento para el caso del asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana en abril, tras recibir una solicitud del Estado ecuatoriano y de los representantes de las familias de las víctimas con respecto a la investigación del equipo periodístico de Diario El Comercio.

Este equipo emitió una serie de recomendaciones para los diversos organismos del Estado que incluyen a las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  

Así, las cartas de la Veeduría fueron enviadas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional. En cada una de ellas se recogen las recomendaciones específicas dirigidas a la institución y sobre las cuales se realizará el respectivo seguimiento. 

Carta Presidencia

Carta a la Asamblea Nacional

Carta Ministerio de Gobierno

Carta a Ministerio de Defensa

Carta Consejo de la Judicatura

Carta CPCCS

Carta Defensoría del Pueblo

Carta Fiscalía

Carta Comité de Protección

Esta Veeduría Ciudadana está conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC. 

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Ecuador, 9 de noviembre: La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, luego de avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa para que inicie el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y proponente del Proyecto.

El legislador recordó que el texto de la nueva propuesta se trabajó con varios asambleísta y grupos sociales y civiles como FUNDAMEDIOS. Dijo que el objetivo de la Ley es generar acciones para transparentar el acceso a las acciones que hacen los servidores públicos y de esa manera esclarecer los procesos, mejorar la fiscalización y lucha contra la corrupción.

Este proyecto de ley busca derogar La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente desde el 2004 y su objetivo es instaurar una nueva normativa que garantice a los ciudadanos el acceso y transparencia en la información pública que, con la inclusión de nuevos aportes, llegará a los 59 artículos.

Si bien la Constitución del 2008 garantiza el derecho a la libre expresión en todas las formas, Litardo aseguró que la normativa debe ser actualizada a los preceptos de la máxima publicidad en la supremacía del interés público con la transparencia y control ciudadana de por medio, además, porque existe una brecha en cuanto a la dinámica digital y una falta de lineamientos claros para ejercer el ejercicio de accesos a la información.  

Entre los beneficios de esta Ley Litardo citó que promoverá la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; transparentar la información pública permitiendo un efectivo acceso y a la vez protegiendo los datos de carácter personal. “Crear un Portal Nacional de Transparencia pues cuando alguien quiera buscar información, hay que hacer una búsqueda en páginas web. Ahora a través de este portal se canalizan todas las consultas públicas”.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al finalizar su exposición, Litardo aseguró que Ecuador debe estar a la vanguardia de lo que pasa en el mundo y la Pandemia nos enseñó que el acceso a la información y tecnología son parte importante del día a día. “Esperamos que la Comisión pueda hacer un cronograma de trabajo en el cual se convoque actores que fortalezcan la Ley y sea un elemento importante para el país”. 

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La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) arrancó el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. En esos días se ofrecerán conferencias magistrales, mesas temáticas y talleres que reunirán al público interesado en conectarse con los autores de las mejores investigaciones periodísticas publicadas el último año.

En este evento participó el Director de Fundamedios, César Ricaurte, quien fue parte de la sesión especial sobre: “Retos, estrategias y acciones ante los ataques contra la prensa en América Latina” y moderó la mesa de Amenazas Físicas.

Durante su exposición, Ricaurte aseguró que en la Región existió un incremento en las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación en el 2019. Para sostener su afirmación utilizó datos del Informe Sombra de Voces del Sur del 2019, que refleja que en el 2018 hubo 734 agresiones contra la prensa pero que en 2019 esta cifra se disparó a 2521, lo que supone un incremento del 243% de los casos pues se produjeron durante un contexto de protestas sociales que se dieron con fuerza en América Latina en el último trimestre del 2019.

Según el Informe Sombra, en 2019, hubo 9 asesinatos en la Región (se aclaró que en estas cifras no se incluyen los datos de México); 3 secuestros; 3 desapariciones forzadas; 65 detenciones arbitrarias; 18 casos de tortura y 775 agresiones físicas, siendo la cifra más alarmante.

Sobre estos datos Ricaurte planteó la pregunta: ¿Por qué la prensa se convierte en blanco de ataques tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes? Con lo que se abrió la discusión.

Se dijo que existen similitudes entre países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en cuanto a la persecución y hostigamiento a los periodistas a través del seguimiento indirecto hacia familiares o a su entorno y el hostigamiento muchas veces tiene que ver con amenazas de confiscar documentos.

Se destacó que en el marco de la pandemia hubo un incremento de detenciones arbitrarias y se criticó las leyes de Nicaragua de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros a las que se las calificó como “Leyes del odio” para criminalizar y afectar el trabajo periodístico.

La seguridad de los periodistas indígenas y comunitarios fue otro punto importante del debate pues ellos realizan investigaciones de medio ambiente y son vulnerables a agresiones e intimidaciones tanto del Estado como de las grandes corporaciones.

Uno de los problemas en la defensa de estos comunicadores ha sido la dificultad de que la sociedad y el gremio periodístico que realizan una labor informativa en comunidades pues existe un patrón de desconocer la calidad de periodistas, reflejando racismo y clasismo por parte de algunos gremios.

Ricaurte recordó que el reconocimiento de los comunicadores va mucho más allá de la titulación, pues diversos documentos de las Naciones Unidas y resoluciones de Relatorías de la Organización de Estados Americanos reconocen que la categoría de periodistas es mucho más amplia de lo que reconocen ciertos gremios e incluye a los ciudadanos que producen información sistemática que es difunda, por lo cual la protección de la actividad periodística debe ser reclamada por comunicadores comunitarios e indígenas.

En México se destacó la lucha entre cárteles como uno de los elementos que agravan la situación de violencia contra periodistas en ese país, además del acoso de gobiernos locales a través de la compra de espacios publicitarios o presiones a la empresa privada para que no pauten con determinados medios de comunicación.

Entre los retos está el abordar el desplazamiento de los periodistas en situaciones de conflicto pues en el caso de Nicaragua se generó una ola de comunicadores que fueron a Costa Rica, como una consecuencia de asumir una voz discordante, y muchos de ellos actualmente se encuentran en el subempleo, sin posibilidad de ejercer la profesión.

Sobre las rutas de acción esta Mesa estableció que:

  • El periodista debe ser considerado un defensor de DD.HH. para que el rango de protección sea mayor.
  • El comunicador se debe auto-reconocer y estar convencido que defiende el Derecho Humano a la información y el Estado debe reconocer y respetar esta posición.
  • Se debe evitar la impunidad y los periodistas deben denunciar los actos que atenten contra su Libertad de Expresión o cualquier Derecho Humano.
  • Los periodistas deben buscar nuevas ventanas de expresión para trabajar de manera libre e independiente, sobre la base de las nuevas tecnologías y plataformas que permitan ejercer un periodismo audaz.
  • Dar seguimiento de los casos y agresiones icónicas y crear blindaje entre organizaciones para fortalecer las redes.
  • Crear un fondo de protección y emergencia para la labor periodística.
  • Que los Estados y/o organizaciones de defensa creen comités o protocolos para proteger a periodistas durante su labor.

En los últimos 10 años, COLPIN ha tenido lugar en Lima, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Guayaquil, Bogotá y Ciudad de México, donde convocó a cientos de profesionales parte de la red de periodistas investigadores que articula.

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El proyecto “Working Together for Freedom of Information in Ecuador”, realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados, recibió el premio TrustLaw por mejor trabajo colaborativo 2020.

Este premio reconoce el trabajo realizado de forma conjunta entre cinco equipos jurídicos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ONG ‘s y organizaciones sociales, y el potencial impacto que puede obtenerse de estos proyectos.

De esta colaboración se construyó el Informe llamado “Análisis Comparativo de Acceso a la Información”, que contiene buenas prácticas regionales y la aplicación de la normativa que regula este derecho humano. 

Asimismo se realizaron distintas mesas de diálogo y foros regionales, en los que se contó con distintos expertos que realizaron aportes respecto a los requisitos mínimos que debía cumplir la normativa, en especial en lo relacionado con la autonomía e independencia del Órgano Rector de Acceso a la Información Pública.

Estos insumos permitieron la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, documento que fue entregado a la Bancada Multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y Acceso a la Información, el 7 de agosto del presente año.

Desde Fundamedios recibimos este reconocimiento con satisfacción y agradecimiento hacia TrustLaw, Ferrere Abogados que coordinó a los estudios jurídicos de América Latina y a los estudios jurídicos que participaron del proyecto por todo el trabajo realizado con Ferrere Abogados, a quienes extendemos un agradecimiento por toda la cooperación y el esfuerzo brindado en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para velar la libertad de expresión en nuestro país. 

Finalmente, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, cuyo tratamiento ya ha iniciado en la Asamblea Nacional, nos permita contar pronto con un cuerpo normativo acorde a  disposiciones constitucionales y estándares internacionales de Derechos Humanos.

 

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Ecuador, 29 de octubre del 2020. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y las acciones que se realizan para impulsar esta normativa, Fundamedios realiza mesas de socialización a través de las cuales se nutre el proyecto con aportes de diversos sectores.

Previo al tratamiento de la Ley en la Comisión de Derechos Colectivos, que iniciará el 30 de octubre a las 10:00, se organizó un nuevo encuentro en el que participaron legisladores y periodistas y en el cual pudieron despejar algunas dudas. El Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que: “mañana iniciará el debate y esperamos que se pueda aprobar en este periodo parlamentario, existe la mejor predisposición de todos los bloques pues se ve la necesidad de proteger el derecho del acceso a la información pública, así como tener una herramienta para la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a la estructura y espíritu de la Ley se explicó que entre los principios están la supremacía de Interés Público; Gratuidad y la no regresión de la información y la máxima publicidad.  El objetivo es promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Desde Fundamedios consideramos que la actual Ley de Acceso fue una buena ley, pero ha estado vigente durante 14 años y no se contempla nuevas realidades como el manejo de la información digital ni el manejo de datos abiertos por lo cual existe una brecha entre la ley actual y la nueva realidad que es necesaria actualizar con urgencia.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al final de la socialización, los participantes hicieron diversos aportes. Destacaron la importancia de los datos abiertos y la lucha contra la corrupción. También solicitaron considerar expresamente las obligaciones de las Universidades que manejan fondos públicos para que transparenten su información y solicitaron que las responsabilidades de los funcionarios públicos ante posibles multas por no entregar información pública, sean analizadas en función de la calidad y cantidad de información, así como de los mecanismos institucionales  disponibles para procesar dicha información.

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Fundamedios organizó el 21 y 23 de octubre mesas de diálogo con el objetivo de dar a conocer los avances en relación a los proyectos de Acceso a la información y al de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, este último clave para avanzar en temas como comercio electrónico y que constituyen una exigencia de la Unión Europea para implementar un tratado de libre Comercio. Además, regulan un derecho humano fundamental como es la protección de nuestro espacio privado que incluye los datos que se generan en el mundo digital. 

El proyecto de Acceso a la Información fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y dirigido a la Comisión de Derechos Colectivos, que lo conoció la tarde del 23 de octubre. El objeto principal de esta Ley es garantizar el derecho a la información pública, fomentando la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado. 

Se contempla la transparencia activa, información que entregan las entidades del Estado y que exista un Oficial de Información en el área, además de un Portal Nacional de Transparencia. El proyecto de ley contempla un régimen de excepciones; el primer caso cuando se trata de información confidencial y, en segunda instancia, cuando se trata de información reservada. La ley busca resolver los mayores problemas como la falta de una entidad con facultad sancionatoria; además de incentivar la proactividad de la sociedad civil a empoderarse en los temas de información pública.

Por otro lado, entre los puntos más relevantes de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales tenemos que el proyecto recoge distintos principios como juridicidad, transparencia, lealtad, legitimación conservación y los derechos incluyen la rectificación, actualización y eliminación, derecho a la portabilidad, derecho al olvido, excepciones y educación digital.  Además, los datos personales serán conservados solamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su tratamiento.

Se contemplan categorías especiales de datos sensibles como los relacionados con los niños, niñas y adolescentes, datos crediticios, de salud de personas con discapacidad y datos relativos a las telecomunicaciones. Existen una serie de obligaciones para proteger los datos de las personas como que el tratamiento de datos personales por terceros deberá ser regulado por un contrato.

Habrá un delegado de protección de datos personales que tendrá las funciones de informar y asesorar sobre el uso de los datos personales, así como supervisar la implementación de las disposiciones; aplicar e implementar herramientas administrativas y registrar y mantener actualizado un Registro Nacional de Protección de Datos para su protección.  

Los ciudadanos podrán presentar amparados en esta Ley quejas a las Autoridad de Protección de Datos cuando consideramos que sean vulnerados derechos, principios y obligaciones. La autoridad podrá aplicar infracciones leves y graves, multas a funcionarios públicos que incumplen con la protección a la privacidad o acceso a datos personales

La Ley de Acceso a la Información debe ser compatible con la Ley de Protección de Datos Personales y son instrumentos indispensables para el país pues promueven derechos fundamentales como el acceso a la información pública, como un instrumento de lucha contra la corrupción e indispensables en la nueva economía digital. 

Ante ello, se ha tratado de compatibilizar la autoridad de Protección de Datos Personales y la Autoridad de Acceso a la Información. Inicialmente se había pensado en la creación de una Superintendencia, pero dada la austeridad fiscal se ha planteado que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) tenga autonomía del Ejecutivo y que tenga una composición que refuerce su independencia para que cobije a la autoridad de Protección de Datos así la de Acceso a la Información.

 

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Ecuador, 15 de octubre del 2020. El manejo de las emociones que pueden experimentar los comunicadores en situaciones de emergencia es un elemento importante y pocas veces abordado. Para tratar este tema, la Dra. Lu Ortiz, Directora Ejecutiva de Vita-activa.org dictó el taller: Recomendaciones para el manejo emocional de periodistas durante la pandemia.

El webinar, impulsado por la oficina Regional para Centroamérica de la UNESCO y FUNDAMEDIOS, es parte del programa de salud mental Periodismo Consciente. Se trata de una iniciativa inédita que busca analizar las afecciones mentales de los periodistas en el marco de la pandemia.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que en Ecuador se lanzó una encuesta para conocer la salud mental de los periodistas, lo cual será un proyecto piloto que será replicado. “Los riesgos de la profesión no sólo son físicos, sino también existen riesgos a la salud mental pues en muchas veces hay impactos por la naturaleza del trabajo y es algo que debe ser abordado en la Región” aseguró el periodista.

El Taller se caracterizó por la interacción con los asistentes, la buena energía y los ejercicios participativos. La primera actividad que realizaron los asistentes virtuales fue dibujar en un papel un cuerpo humano en el cual se analizaron los efectos del estrés en cada una de las partes: La cabeza es uno de los órganos más sensibles y que se ve afectado por el estrés con la presencia de migrañas, dolores múltiples en los ojos, dientes o mandíbula. Se destacó la importancia del cuidado de las manos y de las muñecas como herramientas claves para el trabajo periodístico y también de los pies.

“El cuerpo no se expresa con conceptos, lo hace con sensaciones y de manera más profunda con emociones. Es ideal que permitamos que la relación cuerpo-emociones se manifieste en entornos seguros y no violentos”, aseguró Ortiz.

La actividad “Tu propia historia” consistió en pensar los círculos viciosos en los que podemos entrar. Se analizó la importancia de dar un descanso al cerebro; de llorar para liberar adrenalina y de la risa pues aumenta la presencia de sangre y oxígeno en el cuerpo “el cuerpo es un sistema y es importante descargarlo”. 

La experta compartió cuatro consejos para desarrollar la resiliencia como un músculo de fortaleza interna: estar presente realizando un alto y respirando; cultivar la esperanza dejando a un lado el enojo y el resentimiento; la gratitud hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, finalmente, la necesidad de la risa y las distracciones.

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Con el propósito de levantar un informe con datos reales sobre la salud mental de los periodistas en el Ecuador, Fundamedios, junto con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 lanzó una encuesta sobre la salud mental de los periodistas, un estudio inédito en Ecuador, cuyos resultados servirán como insumo para incidir en la protección y seguridad a través de la aplicación de una política pública de seguridad.

El insumo fue enviado a una amplia base de datos que incluye reporteros y fotógrafos que trabajan en medios de comunicación de todo tipo, con el propósito de que los resultados reflejen la mayor diversidad posible. La encuesta toma alrededor de 25 a 30 minutos y al terminar el participante recibe un informe personalizado gratuito sobre su estado de salud mental.

Fundamedios considera que uno de los aspectos menos explorados y aún indeterminados de la pandemia es su incidencia en la salud mental. A esto se suma que es un hecho que el paso a la denominada «nueva normalidad» afecta directamente a grupos específicos, como quienes están en la primera línea. Ahí figuran las reporteras y los reporteros, los periodistas y todos los trabajadores de la prensa que en su objetivo de informar a la ciudadanía han debido exponerse y sobrellevar jornadas arduas de labores intensas. 

Diseñamos un programa de salud mental para periodistas que incluye: tres webinars que están disponibles en línea y permitirán a los trabajadores de la prensa ecuatoriana, que están en primera línea, afrontar los desafíos con más y mejores herramientas, al tiempo que pueden desarrollar una resiliencia interna. 

El pasado 22 de julio se realizó la primera sesión ‘Salud mental y periodismo: un enfoque desde la ciencia‘, junto a la psiquiatra y docente de la Universidad de la Sabana (Colombia), Yahira Guzmán; El 29 de julio se realizó el segundo taller virtual a cargo de Myriam Vidal y Rodrigo Pérez, periodistas especializados en ciencia y ganadores de la beca Rosalynn Carter 2019 sobre salud mental de la Fundación Gabo; El miércoles, 05 de agosto se realizó el tercer Webinar: Periodismo y autocuidado, buscando el equilibrio emocional. La charla estuvo guiada por los expertos Lu Ortiz y Byron Bustamante. 

Además, elaboramos el podcast “En búsqueda del equilibrio emocional”, producido por Al Grano Press con testimonios de personas que padecen trastornos emocionales, consejos de psicólogos y terapeutas alternativos.

Si usted desea llenar esta encuesta puede escribirnos a  info@fundamedios.org.ec o libertadesinformativas@fundamedios.org.ec

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El trabajo colaborativo realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados acerca de la “Ley Ecuatoriana de Acceso a la Información Pública” ha sido nominado para el Premio de Colaboración TrustLaw 2020 de la Fundación Thomson Reuters.

Este premio reconoce las relaciones de trabajo entre los equipos jurídicos, ONG’s y las organizaciones sociales cuyos resultados permiten aumentar el potencial impacto de distintos proyectos.

FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados unieron esfuerzos para recabar información acerca de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, así como los riesgos identificados en cuanto a la aplicación de normas de acceso a la información. Esto con la finalidad de evaluar la inclusión de estas buenas prácticas en la normativa que se estaba construyendo.

El trabajo realizado fue utilizado para la elaboración del anteproyecto de la nueva “Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública” de Ecuador. El documento fue entregado por FUNDAMEDIOS al Presidente de la Asamblea Nacional y a un grupo multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información, el pasado 7 de agosto del presente año.

El Presidente de la Asamblea y los distintos legisladores presentes, así como sus equipos técnicos, se comprometieron a darle un tratamiento prioritario a dicho proyecto con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual período legislativo.

FUNDAMEDIOS recibe esta honrosa nominación al premio con gran reconocimiento a nivel internacional con el compromiso de continuar trabajando conjuntamente para velar por la libertad de expresión en el Ecuador. Agradecemos el excelente trabajo realizado por FERRERE Abogados durante este proceso de construcción normativa.

Asimismo, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública permita que en breve nuestro país cuente con un cuerpo normativo acorde con los avances más recientes en la materia, a las disposiciones constitucionales y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

 

Informe-Análisis Acceso Información Pública

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Ecuador, 8 de octubre del 2020. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, compareció la tarde del 7 de octubre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el propósito de presentar los resultados de la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa que revelan la concentración de medios de comunicación en manos del empresario Ángel González, conocido como el Fantasma, quien utiliza una red de testaferros para evitar señalamientos.

Fundamedios trabaja desde hace 14 años en Ecuador y desde hace 5 en América Latina en la defensa, promoción y monitoreo de la libertad de prensa y expresión por lo que el interés en el concurso de frecuencias se enmarca exclusivamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia ya que la concentración de medios restringe la pluralidad que asegura el pleno derecho a la información.

“Cuando hablamos de concentración de medios no estamos ante un tema meramente técnico y administrativo, estamos ante un hecho que tiene serias consecuencias sobre la calidad de la democracia en el país”, sostuvo Ricaurte.

A través de una presentación con 24 diapositivas se presentó las pruebas que ratifican la presencia de Ángel González en el Ecuador y que compite, actualmente por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  Además de 19 repetidoras en provincias.

En 2019 la Contraloría General del Estado presentó los resultados del Examen Especial a los Procesos de Concesión de Frecuencias. En el documento detectó la concentración de medios de comunicación y señaló que al menos 8 medios de comunicación se encuentran ubicados en una misma dirección y que los contadores de estas empresas son los mismos ciudadanos. Con este antecedente, Ricaurte alertó que las empresas señaladas en el informe del 2019 entran nuevamente a concurso: MEGACOMUNICATION S.A; ANDIVISIÓN; RADIODIFUSORA AYAX; DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES; ECUADORADIO S.A; RIDALTO RIDALTOSA S.A; RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

Estas empresas ecuatorianas tienen como accionistas a 8 empresas en Montevideo, Uruguay y 6 de estas se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989 que es un predio donde funciona una empresa de contadores.

Para demostrar la presencia de El Fantasma a través de una red de testaferros, Fundamedios presentó varios casos puntuales:

Cirvane Trading S.A es una empresa de nacionalidad uruguaya presidida por Remigio Ángel González González, cuya dirección es Juan Parra del Riego 989. Cirvane Trading S.A es accionista de la empresa ecuatoriana Adaratop S.A., dueña a su vez de Megacomunications S.A., una empresa que concursa por la frecuencia 105.7 que es la Radio Fabu Stereo.

Andivisión tiene como accionistas a la empresa uruguaya FIZLER S.A y a la empresa RADIO Y TELEVISIÓN GUATEMALA S.A que es parte del Grupo Albavisión, de Remigio Ángel González. José Fernando Villanueva Carrera, es el representante legal, la compañía pertenece a la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana Cardona, y a su hija Jani Tzik Tzik. Además, este medio de comunicación está implicado en el caso de corrupción de financiamiento ilegal de la política en Guatemala y que desembocó en la Destitución y Encarcelamiento del Ex-Presidente, Otto Pérez Molina y de su Vicepresidenta Roxanna Baldettí y se mostró cheques y facturas de ese caso.

También presentó el caso de Cuminol S.A. que es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 96.1 Joya Stereo. Cuminol S.A.  está presidida por el mexicano Guadalupe Carlos Hernández Martínez, según

información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. En una declaración jurada, Hernández reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

Risfelar S.A. es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 104.1 Alfa Stereo, la cual está presidida por el mexicano José Luis Yarzabal Burela, según información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. Así mismo, en otra declaración jurada, Yarzabal reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

De esta manera Fundamedios demostró que en el Ecuador existe una concentración de medios, que en el Concurso actual de frecuencias se admitió la participación de empresas que ya estaban observadas por Contraloría y que se han tomado medidas para blanquear la situación.

La asambleísta Jeannine Cruz agradeció a Fundamedios y dijo que es la sociedad civil la que está poniendo alertas sobre estas irregularidades: “El informe es tan claro y contundente, el Fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad”, dijo la legisladora.

Fundamedios solicitó a la Comisión de Fiscalización que investigue a fondo la situación actual de concentración. En especial la validez de las resoluciones que la ARCOTEL ha expedido en los últimos dos años, relativos a los concesionarios mencionados en el informe de Contraloría.

También que se exhorte a Contraloría para que examine y elabore un informe sobre la situación actual de las frecuencias del país, incluyendo sus propias observaciones sobre concentración de medios establecidas en su informe DNA4-0025-2018 y que se conmine al Ministro de Telecomunicación y al Director de ARCOTEL para que se haga una revisión exhaustiva de la información que hemos presentado ante esta Comisión y de otros posibles casos de concentración de medios y se tomen los correctivos que permitan llevar a buen fin este concurso, sin cometer los pecados del pasado. 

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también participó el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Kléver Chica y el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, quien se excusó de comparecer en dos ocasiones anteriores.

Chica hizo referencia al fallido concurso del 2016 y al Informe de Contraloría que reveló las irregularidades que provocaron su suspensión. Aseguró que este es un proceso eminentemente técnico y que las nuevas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones han socializado todas las etapas del concurso a través de la comunicación digital: “Si hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias, si eso es verdad, nosotros apoyaremos”.

Por su parte Michelena subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría y se refirió a que la entrega de los títulos habilitantes será un “derecho condicionado” bajo una declaración responsable para que se cumplan la ley y las normativas y no un derecho adquirido pues el Estado debe precautelar el correcto uso de las frecuencias. 

Fundamedios se mantiene expectante sobre el concurso de frecuencias y exige a las autoridades estatales a ceñirse a la ley y verificar los datos de los concursantes para preservar la libertad de expresión en el país.