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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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Ecuador, 1 de octubre de 2020. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional citó a comparecer al titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, el 30 de septiembre, por pedido de la legisladora, Jeannine Cruz (CREO), para que informen sobre el proceso público para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico.

También para despejar dudas sobre la denuncia pública que emitió FUNDAMEDIOS tras una investigación que revela que, en el actual concurso, uno de los principales beneficiarios en la adjudicación de frecuencias sería el mexicano Ángel Gonzáles: a través de un esquema de empresas compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

El ministro Michelena aseguró, a través de un oficio, que no existe motivo para que se solicite su comparecencia por lo que se excusó porque además porque “debía cumplir compromisos de la agenda presidencial previamente adquiridos”. El Ministro fue convocado una vez más para el jueves 01 de octubre y tampoco lo hizo.

La asambleísta Cruz lamentó que no esté presente el Ministro de Telecomunicaciones pues es el Presidente de Arcotel y no entiende la excusa del funcionario pues por un acto de “respeto al país” se necesita responder a las interrogantes: “Hablar del concurso de frecuencias no es tan sencillo como hablar de un mero trámite administrativo pues se han utilizado sociedades que solo son fachadas, nombres, prestanombres”, dijo.

Para Cruz, la concentración de medios es una amenaza directa contra la libertad de prensa y contra el derecho a la población de recibir información ya que hay que tener claro que hay ciudadanos que buscan concentrar medios como una estrategia para poder concentrar información.

La legisladora se remitió al Examen Especial de Contraloría, a los procesos de concesión de frecuencia entre en enero de 2016 y agosto del 2017, y explicó que “las autoridades tuvieron el tiempo necesario para poder analizar un mecanismo de transparencia” y criticó que la convocatoria al concurso se haya realizado en medio de la pandemia del COVID-19, cuando el país estaba en emergencia sanitaria y había un estado de excepción con límites de movilidad: “30 días para la presentación de las ofertas, lo que implicó que los concesionarios debían realizar en un mes diferentes obligaciones como contratar un profesional para realizar un estudio técnico, un estudio económico y además no se contemplan controles previos para poder evitar la concentración de frecuencias”, aseguró.

Recordó que la recomendación de la Contraloría es dirigida al Presidente del Directorio de Arcotel que deberá disponer al Director Ejecutivo que, para futuros concursos públicos, previa la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidas.

Uno de los argumentos que ha señalado  la Arcotel es que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley con la posibilidad de revertir las frecuencias. Pero Cruz advirtió que generará dificultades administrativas y judiciales al Estado, pues al entregar el título se da derechos sobre la frecuencia.

Xavier Aguirre dijo ante los legisladores que esta institución cumplió con las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría, en el 2016, para el inicio del nuevo concurso de frecuencias, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación. Entre ellas: verificar las bases del concurso, los plazos para el cumplimiento de cada etapa, la evaluación de proyectos comunicacionales, los requisitos de bases del concurso con herramientas digitales. Indicó que los trámites de recursos de impugnaciones del actual proceso público competitivo serán tramitados por la coordinación jurídica y ejecutados con plazos del Código Orgánico Administrativo. En otro orden, mencionó que la Arcotel analizó la legalidad de 221 títulos habilitantes y emitió el informe final consolidado para revisión de la Contraloría.

“El 5 de agosto solicitamos información a otras instituciones que nos ayudan a convalidar estos procesos de validación de entrenados empresariales. Oficiamos solicitud de información al registro civil para establecer la vinculación del segundo y cuarto grado de consanguinidad para establecer concentración de frecuencias, oficiamos a la superintendencia de Compañías para poder establecer el domicilio de esas empresas o grupos empresariales que no tienen capital en el Ecuador y poder determinar como una inhabilidad, al SRI los mapas de vinculación para determinar si existe algún entramado empresarial.  Se ha realizado un riguroso control previo y que acepta las recomendaciones y sugerencias para que el proceso sea transparente” aseguró Aguirre.

La legisladora Janine Cruz solicitó se precise en qué fase del concurso público de adjudicación de frecuencias para medios privados y comunitarios se encuentran. El representante de Arcotel indicó que el 15 de mayo de 2020 se convocó a este proceso público competitivo. Precisó que se ofertaron 3096 frecuencias, 2112 para medios privados y 984 para comunitarios, distribuidos en las 24 provincias del país, en 70 áreas de operación zonal. Aclaró que hasta el momento no se ha emitido ni una sola calificación y que hasta el 6 de octubre consolidarán los datos. 

Además, el principal de la Arcotel aseguró: “Por las denuncias presentadas y lo señalado en los medios de comunicación, prácticamente sería imposible que el empresario Ángel González esté participando en el concurso de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico”, afirmación que desconoce todas las evidencias presentadas en las investigaciones realizadas por FUNDAMEDIOS.

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Por la semana de la transparencia, FUNDAMEDIOS presenta el siguiente Informe de Análisis Comparativo de Acceso a la Información Pública en América Latina. Este análisis es una compilación de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, al igual que el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública como un derecho humano y los riesgos identificados en su aplicación.

El estudio fue impulsado por Thomson Reuters, contó con la coordinación regional de FERRERE Abogados de Ecuador y la participación de los estudios Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría de Perú y de Colombia, Ritch Mueller de México,  KLA ADVOGADOS de Brasil, y Obrador Digital de Chile, que aportaron con los insumos necesarios para la elaboración de este informe.

El estudio es parte de un proyecto ejecutado por Fundamedios con el apoyo de Counterpart y USAID. 

El informe busca visibilizar los desafíos que actualmente cada país analizado presenta, así como los avances realizados a nivel regional en el reconocimiento de este derecho y su aplicación, con la finalidad de replicar dichas prácticas en nuestra realidad. 

Asimismo, este informe sirvió como base para la construcción normativa del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que FUNDAMEDIOS entregó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto, mismo que también cuenta con  estándares internacionales establecidos en la Ley Modelo 2.0 de la OEA. 

 

 

Informe Análisis

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Ecuador, 29 de septiembre. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. En esta fecha se reclama el acceso a la información de la administración pública de cada país con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en los procesos sociopolíticos.

Con el propósito de conmemorar este día y conocer los avances en la medición del indicador 16.10.2 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, referente al acceso a la información, desde Voces del Sur, UNESCO, FUNDAMEDIOS y PADF se organizó un Foro que hizo énfasis en conocer las experiencias dentro del marco de la COVID-19 en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde una perspectiva regional.

El Foro contó con la participación de Claudia Cadena, gerente de programas de PADF y coordinadora regional de Voces del Sur;  Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia; Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; Juan Carlos Calderón, presidente de FUNDAMEDIOS y director de Plan V y Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela.

Actualmente, Voces del Sur –red de la que forma parte FUNDAMEDIOS– junto a la UNESCO desarrollan una metodología que va a permitir monitorear el acceso a la información en los países miembros basados en el indicador 16.10.2. El objetivo es crear una herramienta regional que permita tener datos comparativos sobre legislación de acceso a la información en la Región para obtener datos estadísticos y comparativos para poder realizar incidencia. 

Claudia Cadena contó que en la pandemia la información se convierte en una herramienta clave para salvar vidas y una información oportuna es clave para garantizar la salud y poder responder a la crisis sanitaria. Entre enero y junio del 2020, Voces del Sur documentó 75 casos donde se limita el acceso a la información en nueve países. Entre los casos están: el uso del Código Penal en Argentina, Perú y Venezuela para penalizar la desinformación; en Brasil, El Salvador, México y en Honduras se han extendido los plazos para procesar solicitudes de acceso a la información y en Nicaragua y Brasil se ha limitado el acceso a la ciudadanía con la expansión de COVID-19.

Jonathan Bock, nuevo Director de la FLIP aseguró que es necesario ubicar la transparencia como un valor central de la ciudadanía y democracia. En el caso de Colombia existe una Ley de Acceso a la Información desde 2013, pero el problema se ha dado en la implementación de esta.

En el marco de la crisis sanitaria el plazo para entregar la información pasó de 10 días a 40 días. Además, surgió el interés de centralizar la información, lo que dificulta el acceso a esta por parte de periodistas locales. 

Bolivia ha vivido días de dificultad a partir de la pandemia. Desde marzo el Gobierno ha firmado decretos que han restringido la libertad de expresión con la justificación de que son necesarios para evitar que se difundan rumores o información no documentada en relación a la pandemia.

Franz Chávez contó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras organizaciones expresaron su protesta de que la pandemia no debía ser motivo para restringir libertades y derechos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Carlos Calderón reconoció que a partir del cambio de Gobierno en Ecuador muchas restricciones de acceso a la información desaparecieron. Pero Calderón recordó que si bien Ecuador tiene una Ley de Acceso a la Información, pero queda en la discreción de las autoridades lo que consideran que es información de acceso reservado. Durante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, se ha solicitado que se entreguen datos, reglamentos, parámetros y ha sido muy difícil, pues el Consejo de la Judicatura ha demorado la entrega de informaciones.

FUNDAMEDIOS presentó el pasado  7 de agosto un proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información que recoge los avances de la ley Modelo 2.0 de la OEA, los mejores estándares regionales y las nuevas realidades constitucionales e históricas del Ecuador.

Marianela Balbi recordó la importancia de que se haya incluido el Acceso a la Información en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se debe reconocer que la transparencia en la rendición de cuentas y el papel de los periodistas es fundamental para construir instituciones democráticas y tener un desarrollo sostenido. También, sostuvo que cualquier proceso de transición en Venezuela tiene que pasar por una búsqueda de transparencia y en este caso se debe impulsar una Ley de Acceso a la Información que será una de las primeras tareas para partir de una base sólida.

En Venezuela, el manejo de las pruebas se da desde un solo instituto por lo que el IPYS advierte la existencia de un subregistro de casos de COVID-19. “No existen boletines epidemiológicos y detrás de la información pública existe una intención de aparente información pública que no puede ser contrastada”, explica Balbi. Además, advirtió que existen 14 millones que no tienen acceso a la información local y no pueden saber cómo se desarrolla la pandemia dentro de sus municipios.

Entre las principales conclusiones del Foro está que el acceso a la información es clave para la construcción de sociedades transparentes y democráticas con el propósito de garantizar la rendición de cuentas. Un importante recordatorio de que los avances en el acceso a la información son avances impulsados por los ciudadanos de la sociedad civil que exigen instituciones democráticas transparentes. 

Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

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Ecuador, 17 de septiembre. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y el presidente de la organización y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, realizaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para ratificar las irregularidades encontradas en el concurso público de frecuencias, que podrían reforzar la concentración de los medios de comunicación en el país.

Ricaurte recordó que, a inicios de esta semana, Fundamedios presentó una investigación que detectó que el mismo esquema de concentración de frecuencias –que observó la Contraloría General en el concurso del 2016 se repite– beneficiando al magnate Ángel González, alias “El Fantasma”.

Sobre la Declaración Responsable, que permitirá a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) revisar todas las declaraciones realizadas por los participantes luego de la adjudicación de las frecuencias, Fundamedios considera que es una equivocación ya que la concesión de frecuencias no es un trámite administrativo sino un concurso, por lo que no se podría aplicar un requisito establecido para simplificar trámites que se hacen de forma habitual ante los ministerios.

Ricaurte aseguró que “el espectro radioeléctrico se relaciona a la libertad de expresión” y que las autoridades tienen todas las herramientas legales en la Constitución, la Ley de Comunicación, la Ley de Telecomunicaciones, en las atribuciones que se le da al ARCOTEL y en las mismas bases del concurso para actuar de forma inmediata. “Actuar a posteriori, sería faltar a la buena fe pública: “el momento que entreguen el título habilitante generan derechos. Los concesionarios, si se les intenta revertir ese título habilitante impondrán todos los recursos posibles y no devolverán las frecuencias, pacíficamente”, explicó Ricaurte. Eso es lo que ya pasa con el mismo Fantasma Goznález y frecuencias irregulares de TV que se le ha intentado revertir.

Las pruebas de la concentración de medios son contundentes y fueron presentadas por Juan Carlos Caderón, quien aseguró que, desde su creación, Fundamedios vigila los concursos de frecuencias y que, luego de 15 meses, el nuevo proceso no ha subsanado las observaciones realizadas por la Contraloría”. La investigación de Fundamedios constató que Ángel González compite por nueve emisoras matrices con alcance nacional y que juntas suman 19 repetidoras en provincias, para un total de 28 frecuencias”.

Según la investigación de Fundamedios estas nueve empresas nacionales, que compiten por las frecuencias, cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. Seis de estas se ubican en la misma dirección que se encuentra en el patio trasero de un estudio de contadores.

Fundamedios hace un llamado al Mintel y al Arcotel para que, en lugar de entrar en ataques o descalificativos personales, expliquen al Ecuador y actúan realizando un control previo de los antecedentes de los participantes del concurso. Como periodistas aportamos información válida, documentada y pertinente para que las autoridades puedan actuar. 

Ricaurte recordó que es importante tener un concurso de frecuencias democrático, transparente y legal, auspiciado por la ley, porque las frecuencias son propiedad del Estado ecuatoriano y es un patrimonio nacional por lo que deben ser concesionadas de manera transparente. 

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Ecuador, 17 de septiembre.- El titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, brindaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para responder a la investigación presentada el pasado lunes 14 de septiembre por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa acerca del concurso público para la asignación de frecuencias en FM.

Michelena recordó que, en el 2018, el Gobierno inició el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación como uno de los principios básicos para avanzar hacia el proceso competitivo de frecuencias, que inició en mayo del 2020 para adjudicar 3126 frecuencias de radio, para favorecer a la mayor cantidad de medios de comunicación que por más de 10 años no habían tenido un proceso competitivo que les permita obtener los títulos habilitantes y operar de forma legal sobre el espectro.

El funcionario aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que observó el concurso de frecuencias del 2016, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Michelena advirtió que quienes no cumplan con esa declaración podrían cometer perjurio con la posibilidad de que la frecuencia sea revertida.

Además, recordó que en los anteriores concursos de frecuencias se entregaba un título habilitante sin tener la opción de que haya una revisión posterior, pero en este caso: “en el proceso de revisión las personas que concentran frecuencias posiblemente no tiene una concentración bajo el mismo nombre, sino que se lo hace a través de terceros: ese trabajo de revisión minucioso para que se cumpla con la ley se hará posterior a la terminación del concurso”, aseguró.

Por su parte, Aguirre explicó que en una primera instancia se revisaron los requisitos mínimos para el concurso público competitivo y que ahora se revisan las solicitudes presentadas por los concesionarios en los estudios técnicos, financieros y jurídicos que estarán listos en octubre para iniciar, a partir de noviembre,  la entrega de los títulos habilitantes.

Luego de esto, contó Aguirre, se realizará el catastro de las frecuencias que quedan libres en Amplitud Modulada (AM) y hasta finales del 2020 esperan tener listos los concursos de radio AM, las frecuencias que queden libres en FM y las de televisión.

Al final de la rueda de prensa, Michelena recordó que tiene el respaldo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, quienes aseguran que el concurso ha sido transparente y ha respetado el marco legal vigente. 

 

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Con la llegada de la COVID-19 a Ecuador en marzo de 2020, la situación de la prensa y los  periodistas en general se vio muy deteriorada. Desde la declaratoria de emergencia sanitaria el 11 de marzo, Fundamedios reportó falta de seguridad y protección hacia los periodistas, despidos masivos, muerte de comunicadores, cierre de medios, etc. 

Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en reportar el primer fallecimiento de un periodista. El 25 de marzo, Olmedo Méndez, de radio Universal Guayaquil, murió con la COVID-19. Dos días después, el coordinador de noticias de Ecuavisa, Víctor Hugo Peña  murió por la misma causa. El 30 de marzo también se reportaron tres fallecimientos de comunicadores por el COVID-19 o con síntomas del  virus.

Mayo fue el único mes en el que no se registraron muertes de trabajadores de la prensa, pero desde marzo hasta el 31 de julio, Fundamedios contabilizó el fallecimiento de 19. Este número aumentó hasta 21 en agosto siendo el periodista radial Pedro Daniel Sanaguano Llangari, más conocido como el Rey del Mambo, el último comunicador que ha muerto  por COVID-19 en Ecuador. 

Los contagios por la COVID-19 de reporteros, presentadores de televisión y trabajadores de medios también tomaron relevancia. El primer caso ocurrió en marzo con la periodista Luisa Delgadillo.  Hasta agosto Fundamedios reportó 39 contagios; sin embargo, existe un subregistro de datos de aquellos comunicadores que no denunciaron su situación. 

La ciudad de Guayaquil se convirtió en el centro de la pandemia durante marzo y abril, una situación que impactó directamente en la economía de los medios de comunicación más pequeños que dejaron de recibir publicidad, lo cual impactó enormemente en su funcionamiento.

Fundamedios llevó adelante una campaña de donación de fondos el 22 de abril junto a las organizaciones Chicas Poderosas Ecuador, Nos Faltan 3, Periodistas sin Cadenas y SOS Periodistas. Se levantó una lista de 113 periodistas en estado de indefensión. 

Hasta el 5 de mayo se recaudó $1360 y se apoyó directamente a 23 afectados. Además, una lista de  75 comunicadores fue acogida dentro del programa de asistencia económica Salvar Vidas Ecuador, del Banco de Guayaquil y se gestionó apoyo económico para periodistas con ayuda internacional. 

En mayo, Fundamedios conoció sobre los primeros despidos masivos de periodistas. El primer día de ese mes, 35 excolaboradores de Diario La Hora, denunciaron despidos intempestivos e injustificados. Diario El Universo también dio a conocer el despido de más de 200 trabajadores de la prensa, mientras que Canal Uno también reportó despidos. El caso más reciente fue reportado el 29 de julio, cuando despidieron a 500 trabajadores de los Medios Públicos.  

Nuestra organización también ha contabilizado el cese de la edición impresa de al menos nueve medios en Ecuador, de estos, dos volvieron a imprimir con menor tiraje. Se trata de los semanarios de Cañar: El Heraldo y El Espectador. 

Medios de comunicación también han cerrado operaciones. De hecho, Radio Ondas Azuayas dejó de transmitir al igual que el programa Telemundo de Ecuavisa. Radio Splendid en Cuenca también cerró definitivamente.

A estas dificultades se sumaron otras afectaciones a la prensa. Por ejemplo, el acceso a la información oficial empezó a limitarse, especialmente con las ruedas de prensa.  El chat de whatsApp del Ministerio de Salud se convirtió en unidireccional dejando a los reporteros sin la posibilidad de hacer consultas inmediatas a la principal fuente de información.

El panorama en la región tampoco es alentador. Más de 50 periodistas han fallecido debido a la pandemia. Los casos fueron reportados en Brasil, Perú, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etc. La Asociación Nacional de la Prensa del Perú suma más de 50 decesos y supera los 200 contagios. Nicaragua perdió a varios comunicadores, entre ellos a Sergio León, director de La Costeñísima, el único medio disidente en la costa atlántica.

La crisis de los medios también ha golpeado a la región. Bolivia fue uno de los primeros países en reportar el quiebre de los medios impresos. El 20 de abril, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marco Antonio Dipp, anunció el estado de fragilidad de la prensa. En esa ocasión explicó que la venta de periódicos y publicidad generan el 95 por ciento de ingresos, y esos recursos ya se vieron mermados.

Datos de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), señalan que en Colombia, la pauta publicitaria cayó un 70%; en Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa; en Ecuador más del 50% de medios impresos reportó una caída en circulación; mientras que en México los despidos a periodistas se aceleraron.

Las detenciones arbitrarias a periodistas por informar sobre la COVID-19 también se han vuelto reiterativas. Venezuela es el mejor ejemplo. Según la organización Ipys Venezuela, desde el 13 de marzo, cuando el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria, se reportaron 27 agresiones arbitrarias. 

La imposición de leyes arbitrarias o la aprobación de proyectos de ley que penalizan la desinformación que haya sido considerada como falsa por los gobiernos de turno, también ha sido usada en el contexto de pandemia. Venezuela ha aplicado la Ley contra el Odio como herramienta para ello; en Argentina, se realizan ciberpatrullajes para medir el “humor social” en redes sociales con la aplicación del Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas; mientras que en Brasil se aprobó con una mayoría de 44 a 32 votos la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. 

 

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11 de septiembre 2020.- La salud mental de los periodistas y el personal de la comunicación es importante; sin embargo, es un factor que no ha tenido relevancia ni tratamiento integral. Para tratar este tema, Byron Bustamante, PhD en Desarrollo Psicológico, aprendizaje y Salud y coordinador del grupo de investigación en Psicología Clínica y de la Salud-ALLIKAY, dictó el seminario ‘El autocuidado de la salud mental del periodista en tiempos de emergencia’. 

El webinar, impulsado por la Unesco, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y FUNDAMEDIOS, es parte del programa de salud mental Periodismo Consciente. Se trata de una iniciativa inédita que busca anlizar las afecciones mentales de los periodistas en el marco de la pandemia.

Bustamante, docente de la UTPL, explicó que los trabajadores de la prensa están expuestos a emociones fuertes que pueden incrementarse durante una emergencia. Por esta razón deben ser considerados como un grupo vulnerable.

Durante la cobertura de una catástrofe, como un desastre natural, un reportero puede presenciar imágenes fuertes de destrucción y muerte que le pueden producir un shock nervioso y, si esto sucede, es necesario un apoyo emocional inmediato. El experto sostuvo que se debe tener mucho cuidado con quienes viven con depresión o enfrentan pensamientos suicidas, pues son más vulnerables.

El profesional se refirió al término de “rotación responsable” dentro de los medios de comunicación para garantizar un ambiente laboral sano para que los periodistas no se expongan de manera consecutiva a coberturas que puedan generar problemas a la salud mental. También indicó que tras la cobertura de una emergencia, la persona puede necesitar medicamento u hospitalización por lo que es necesaria una evaluación profesional previo a coberturas de este tipo.

Los comunicadores necesitan apoyo social luego de exponerse a una situación de ese tipo, pues esto tiene repercusiones incluso en el ámbito familiar. Por ello se debe identificar a los grupos de psicólogos, psiquiatras u organizaciones que pueden dar asistencia.

Los participantes coincidieron que la realidad laboral de los periodistas en la región es precaria y esto afecta su salud mental: no cuentan con seguros y la cultura de cuidado de la salud mental e incluso física por parte de las empresas de comunicación es escasa. Realizaron un llamado al Estado y a las empresas a mejorar los ambientes laborales y que estos no se vuelvan tóxicos.

Bustamante recordó que el autocuidado es clave para tener tranquilidad en todos los ámbitos y que es necesario encontrar un equilibrio, mantener el optimismo y la esperanza. Se refirió a cuidar el “jardín propio” para que las cosas surjan alrededor. 

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Ecuador, 11 de septiembre de 2020.- Fundamedios, con el apoyo de Ferrere Ecuador, organizó la mañana de este 11 de septiembre un foro sobre las buenas prácticas y desafíos que enfrentan las legislaciones de América Latina en materia de datos personales, con el propósito de conocer las leyes que existen en la región, los nudos críticos que han aparecido en la implementación y la necesidad de que la ciudadanía comprenda la importancia de contar con leyes y normas que garanticen su protección.

En el encuentro virtual participaron representantes de distintos estudios jurídicos de América Latina: Diego Fernández, del Directorio de International Technology Law Association de Argentina; Raúl Alosilla, del Estudio Muñiz de Perú; Monserrat Guitart, de Dentons Muñoz de Costa Rica; Rafael Serrano de Corral-Rosales y Pedro Córdova de Ferrere Abogados, Ecuador. El foro fue moderado por la periodista ecuatoriana de la cadena regional de noticias NTN, Ana María Serrano.

Diego Fernández explicó la experiencia argentina como una de las pioneras. En los 90 el país sudamericano aplicó una reforma constitucional que incluyó la acción y reconocimiento del habeas data y en el 2000 dictó la primera Ley de Protección de Datos en Latinoamérica. Sin embargo, las sanciones que la norma contempla están desactualizadas por los montos que son, relativamente, bajos; y la falta de compromiso del sector público para su cumplimiento.

Pedro Córdoba recordó que la protección de datos empieza a tomar importancia a través de las legislaciones que surgieron en los años 70, en Europa; y en América Latina, en los 90. Pero todavía hay países como Ecuador donde se carece de un cuerpo legal específico. En ese contexto, el proyecto que se tramita en la Asamblea Nacional es de vital importancia. Para el abogado, el comercio electrónico es el presente y una Ley de Protección de Datos es vital para las inversiones. Quienes deseen invertir verificarán si existe una protección adecuada.

Monserrat Guitart reconoció que Costa Rica tiene una posición privilegiada en Centroamérica en ese tema. Es el único país de esa región que cuenta con una autoridad activa que aplica la norma. La experta mencionó que si bien en el sector privado la aplicación es buena, en el público se debe reforzar los mecanismos de control. Por ejemplo, el uso de datos personales con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos supuso un problema pues no había seguridad en la transferencia, protocolos mínimos ni una base legal para la trasmisión de información personal.

El peruano Raúl Alosilla contó que su país preveía desde la Constitución de 1993 el derecho a la protección de datos personales y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como el derecho de autodeterminación informática en varios casos. Es a partir de 2011 que se crea la Ley de Protección de datos personales cuyo reglamento se elaboró en 2013. Además, se otorgó dos años de plazo para que se puedan implementar al 100% las obligaciones que imponía.

El abogado quiteño Rafael Serrano realizó una retrospectiva y contó que el derecho de protección de datos personales en Ecuador fue reconocido en la Constitución de 2008 pero no existe una norma específica que lo regule. Aclaró que esto no significa que la protección de datos no haya estado regulada y se refirió a la Ley de Comercio Electrónico, Ley de Telecomunicaciones y el Código Monetario. Aseguró que el trámite de la iniciativa de Ley por parte de la Asamblea es clave pues el país, pasará de no tener una Ley de Protección de datos, a tener una de las regulaciones más avanzadas de la Región.