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Conocer sobre la legislación que ampara el periodismo en la época de la desinformación es clave para enfrentarse a los nuevos desafíos en la sociedad. Estos temas fueron abordados el pasado 16 de noviembre en un taller dictado por el equipo de Fundamedios, en el marco del evento Periodismo en Debate 2019, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Durante el encuentro que reunió a estudiantes de comunicación y periodistas, César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, citó al menos cinco regulaciones de la actual Ley de Comunicación que fue modificada el pasado 19 de febrero. El cuerpo legal fue reformado en un 76%. Algunos de los principales cambios fueron la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que cerró sus actividades el 31 de julio de 2019, así como la supresión de la figura del linchamiento mediático y la imposición de normas deontológicas.

Además, se modificó el artículo 18 sobre censura previa y se eliminó la obligación textual de los medios de comunicación de difundir “hechos de interés público”. Se cambió la disposición sobre responsabilidad ulterior y ya no existe la sanción civil. Finalmente se incorporó al artículo 42 un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó Ricaurte. 

Sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el Director de Fundamedios explicó que fue creada por los medios de comunicación en 2004, pero hoy en día es insuficiente porque no contempla el ámbito digital y no se ajusta a otras leyes claves como la de Comunicación. “Actualmente se construye con varios organismos de la sociedad civil una nueva Ley que ya está en la etapa de socialización”, dijo.

Otro tema que preocupa es la desinformación. Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios, abordó esta temática en el taller y enfatizó que «la desinformación es una estrategia pensada para generar desestabilización”. No hay noticias falsas, dijo, porque las “noticias siempre son hechos verificados».

Uno de los ejemplos más claros de desinformación ocurridos recientemente en Ecuador fue el paro nacional. De esta jornada, Yépez afirmó que Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió más de 50 mensajes con contenido falso. La mayoría de ellos estaban relacionados con el presidente Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, la Policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

La experta en verificación de datos recomendó a los asistentes varias herramientas para determinar si las fotos o mensajes que circulan son falsos como Google  Images o Youtube Data Viewer. 

Indicó que es importante usar la tecnología para combatir la desinformación, pero resultan clave las herramientas básicas del periodismo: “dudar de todo lo que llega, investigar el interés de la fuente que nos remite la información, corroborar y contrastar”. 

El dato 

En Ecuador existen más de 12 millones de cuentas de Facebook, cuatro millones de cuentas en Twitter y tres millones en Instagram.

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Una nutrida discusión sobre Internet, Derechos Humanos, ciberseguridad y gobernanza se desarrolló en el marco de la Reunión preparatoria local para el Internet Governance Forum 2019, que se realizará en Berlín, Alemania. Este encuentro fue organizado por Fundamedios, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. 

Al encuentro asistieron estudiantes, académicos, empresarios, periodistas y funcionarios, quienes debatieron en torno a estos parámetros en cinco mesas de discusión. Un eje transversal fue la necesidad de cerrar las brechas digitales y entender que la tecnología es parte circular de la economía local. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Datos (Dinardap), aseguró que es preciso garantizar la libertad de expresión en la red, mejorando el acceso a la información de toda la población. Enfatizó en la necesidad de promover un manejo adecuado de contenidos, especialmente en audiencias vulnerables como los niños creando una “conciencia digital con creatividad” para difundir contenidos constructivos. 

Con ella concordó Roberto Roggiero, consultor de UNESCO, quien insistió en incidir en alfabetización digital a la población y no solo tomar en cuenta a los niños sino a las personas de la tercera edad que se enfrentan a retos nuevos porque la tecnología está presente cotidianamente. “La política podría corregir esas asimetrías”, señaló. 

El experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines moderó la discusión sobre Internet abierto. Para que esto se concrete deben confluir todos los sectores. «El Estado debe regular y legislar. El sector privado y de industrias abaratar los costos de los servicios y la sociedad civil promover contenidos relevantes que aporten», dijo. Para el abogado es necesario reconocer que el Internet lleva a una «economía global» y que al no estar inmersos en ello se «limita el conocimiento». 

Así también lo cree Ismael Jaramillo del Instituto para la Democracia. En su ponencia sobre gobernanza en Internet aseguró que uno de los retos es armar un gran rompecabezas en el cual se escuchen las necesidades del Estado, de los empresarias y de la sociedad civil que consume la tecnología. “La presencia de la red es la vida actual es necesaria y tenemos que aprender a vivir de ella y con ella”, explica. 

Otro eje fue la ciberseguridad, ya que las vulneraciones a la red representan una pérdida del 20% de ingresos a las empresas anualmente. Así lo expuso Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. 

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. «No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro», señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. «Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas», explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro».

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la «cobarde agresión» que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.

 

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América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS (FDM), comparecerá ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de Investigación de los hechos relacionados con el Paro Nacional para  explicar los ataques ocurridos contra periodistas y medios de comunicación durante las jornadas de violentas protestas del 2 al 13 de octubre. La cita está convocada para este martes 5 de noviembre a las 17:00.

Ricaurte contará con 30 minutos para explicar a detalle los hechos ocurridos durante este periodo con la finalidad de que la Comisión investigue y fiscalice la agresión a la que se vieron sometidos periodistas y comunicadores en el país; así como la falta de garantías y seguridad para la prensa en coberturas de alto riesgo.

Durante 12 días, FUNDAMEDIOS monitoreó agresiones en el marco del paro nacional. En total se registraron 116 actos violentos contra la prensa y 138 agresiones a periodistas, la mayoría cometidos por manifestantes y la Fuerza Pública. Entre los casos más graves está la agresión física al periodista Freddy Paredes, la retención de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, un ataque con bala de goma al reportero riobambeño David Aguiar, la detención arbitraria de ocho comunicadores en todo el país, entre otros.

La Comisión Especial Ocasional de la Asamblea fue creada el pasado 24 de octubre para “ejecutar el control político y fiscalizar las medidas adoptadas durante las jornadas de protestas sobre los hechos de violencia que constituyen delitos contra la seguridad pública”.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor. 

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Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Ecuador, escuchó este 28 de octubre a 38 representantes de la sociedad civil. Los voceros presentaron casos concretos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el pasado paro nacional.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, se refirió a las agresiones contra comunicadores, destacando el ataque a Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas. También abordó la retención a más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura el pasado 10 de octubre.
En su intervención dijo que Fundamedios reportó 116 ataques violentos a la prensa y 138 agresiones a periodistas durante 12 días. Indicó que la fuerza pública y los manifestantes fueron los principales protagonistas de estas vulneraciones. «Se atacó a un grupo de periodistas, pese que ellos estaban identificados, portaban sus credenciales y tenían sus equipos de trabajo», sostuvo.
En cambio, Felipe Rivadeneira, representante de Inredh, se refirió a una serie de trabas de miembros del Estado para que los defensores públicos y abogados de los detenidos no puedan cumplir su trabajo. Expuso que se les impidió el ingreso a las audiencias, así como la posibilidad de tener contacto directo con los detenidos para verificar las condiciones en que se encontraban.
Otra intervención fue la de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), quien condenó los actos delincuenciales y las violaciones a los DDHH durante las protestas que dejaron 10 muertos, cientos de heridos y detenidos. «No hay paz sin justicia», aseguró.
Defensores de los derechos de los niños y adolescentes se refirieron a la detención de seis adolescentes acusados de terrorismo y cientos de jóvenes detenidos, la mayoría de ellos golpeados.
Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), también participó de la reunión que duró más de dos horas. Hizo hincapié en el uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones, también mencionó el ataque de la Policía a la universidad Salesiana, que era calificada como un centro de paz, en Quito. «Esto no puede quedar en la impunidad (…) también destaco la polarización que hay, la cual no nos llevará a ningún lado y no nos dará la paz que tanto anhelamos», sostuvo.
La delegación de la CIDH está conformada por Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta; y el comisionado Luis Ernesto Vargas.

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remitió a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre. El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita. 

Agresiones como la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes; el hostigamiento a reporteros de medios locales y la retención a decenas de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura no pueden quedar impunes.

Incluso, el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que: “La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. 

En esa línea, Fundamedios ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos. Esto, con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años. 

Cabe indicar que La Asamblea General de la ONU, la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la directa causalidad que tiene la impunidad para que se incremente la violencia y los crímenes contra periodistas.

El Dato

En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, nuestra organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y  138 periodistas agredidos entre el 03 y 14 de octubre.

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Al concluir una lamentable jornada de violencia contra la prensa, el décimo día de Paro Nacional, FUNDAMEDIOS mira con mucha preocupación que el discurso de odio en contra los medios y los periodistas ha ido en aumento.

Nuevamente rechazamos la violencia y los actos vandálicos. Queremos dejar en evidencia la poca garantía y seguridad que tienen los comunicadores que salen a las calles a reportar lo ocurrido para informar a la ciudadanía y aquellos que lo hacen desde las sedes de sus medios de comunicación.  

Desde el inicio de la protesta el 03 de octubre hasta el 12 de octubre a las 22:00, contabilizamos 101 agresiones, es decir 18 más que las registradas ayer. Los principales agresores son los manifestantes con 49 casos, la Fuerza Pública con 36, desconocidos con 14 casos y el Estado con 2. Además sumamos 126 periodistas agredidos. 

David Bárcenas, camarógrafo de Telediario de Ecuador TV, resultó herido en su ojo mientras cubría la protesta en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comunicador fue atendido y la herida que tenía pudo ser suturada. Andrea Bernal, periodista de NTN24, también denunció hostigamiento, amenazas y agresiones en su cuenta de Twitter.

Un equipo de FUNDAMEDIOS, que estuvo en las inmediaciones de la Contraloría, en donde se desarrollaron fuertes protestas, incluso constató que la prensa se autocensura al momento de cubrir las manifestaciones. Muchos de Los reporteros deben ocultar su condición de tales para evitar ser identificados por manifestantes y vándalos desconocidos, principales agresores de la prensa

Las instalaciones de dos medios de comunicación fueron atacadas por grupos vandálicos. Pasada las 15:00, ingresaron a la fuerza a Teleamazonas. Gritaban consignas contra el medio, lanzaban pedradas y quemaron un bus que se encontraba al interior.

Milton Pérez, productor ejecutivo del noticiero, aseguró que más de 20 compañeros se refugiaron en el tercer piso mientras llamaban a la Policía. Aclaró que la gente que ingresó al medio no eran indígenas ni manifestantes, sino “encapuchados”. Tras una hora, el personal pudo salir. “Estábamos aterrorizados”, aseguró.

La sede de Diario El Comercio, al sur de Quito, también fue atacada por desconocidos, quienes quemaron llantas en la entrada del medio. La señal de Telesur fue retirada por dos plataformas de televisión pagada de su oferta de programación, mientras que Ecuavisa y los medios públicos evacuaron al personal por amenazas y temor a represalias.

El Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 15:00 en Quito. Un equipo de La Posta, quien portaba con un salvoconducto para circular y se movilizaba en un vehículo, fue atacado por una turba de desconocidos cuando se dirigían a sus hogares. Hombres con palos atacaron el auto donde se encontraban.

A las 20:30, se dio un ‘cacerolazo’ ciudadano. A esa hora cientos de personas salieron a las calles del centro, norte y sur de la Quito para exigir la paz.