Ecuador 17 de agosto de 2022· La Secretaría de Comunicación organizó un desayuno de trabajo con los representantes de medios de comunicación para recoger sus aportes al documento del veto a enviar a la Asamblea Nacional respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y una delegación de la organización asistieron.
La reunión inició con palabras del secretario de Comunicación, Leonardo Laso, quien indicó que el veto a la Ley no será total, sino parcial. Dijo que se trata de una decisión política del presidente, Guillermo Lasso. Para Lasso se pueden asegurar los votos para dar paso al veto parcial; dado que, si hubiera un veto total, la Asamblea tendría la opción, después de un año, de discutir de nuevo la misma Ley.
El equipo del Gobierno expuso los temas que objetarán por inconstitucionalidad. Allí incluyen la eliminación de la «opinión» de contenido comunicacional, la limitación de la censura previa, y la aprobación de los planes de comunicación por parte de Arcotel.
Josué Almeida, abogado de la Presidencia, comentó que la objeción parcial que realizarán a la Ley de Comunicación se sustenta en la necesidad de suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo y eliminar el Consejo Consultivo. Propondrán eliminar sanciones a medios y suprimir el control a la autorregulación. Se recomienda aclarar la neutralidad de la red en los flujos de información y eliminar los defensores de audiencia.
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, habló sobre la necesidad de un análisis político sobre el Legislativo. Resaltó que no existe certeza de que no se vayan a lograr los votos para ratificarse en las reformas regresivas que aprobó la Asamblea. Para Ricaurte en la Asamblea hay un juego político muy riesgoso. En una segunda intervención, el Director Ejecutivo de Fundamedios recalcó la necesidad de que en el texto del veto presidencial, se retome el mecanismo de protección a periodistas que fue muy bien desarrollado en el texto de la ley de Libertad de Expresión que fue aprobado por la mayoría de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero que después fue negada en el pleno de la Asamblea Nacional.
Cristóbal Pañafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), exhortó al Gobierno Nacional a tomar en cuenta la propuesta del veto total. Aunque el ofrecimiento oficial es vetar el 95% de los artículos de la Ley, consideran que el veto parcial sería un movida demagógica.
Los periodistas, en las mesas de diálogo, coincidieron en que desborda de las funciones constitucionales a la Defensoría del Pueblo, como ente regulador, y eso podría ser una objeción constitucional. Consideraron que el mecanismo de protección para periodistas se había aprobado en el informe de mayoría, y en este nuevo proyecto se lo puede incluir.
También solicitaron que se regule el tema de la distribución de frecuencias, lo que debería ser tratado en otra ley. Pusieron sobre la mesa el tema tributario, que afecta a los medios y eso pone una limitante en el transporte de papel y equipos tecnológicos de producción. Debería incluir la eliminación del pago del IVA para la venta de periódicos impresos en la calle. Indicaron que se necesita tomar en cuenta la posibilidad de los medios de financiarse a través de publicidad privada.
Los periodistas pidieron que en el artículo 5, sobre las garantías de periodistas, se agregue un punto de esclarecimiento de casos de violación de derechos contra periodistas. Mostraron la necesidad de crear el Comité para garantizar el ejercicio de periodistas y que estén claros aspectos como presupuesto. Recordaron que no puede existir libertad de expresión mientras haya impunidad. Solicitaron que se elimine el artículo 17, sobre la potestad del Gobierno para definir qué es verdadero y falso, dado que, es una facultad subjetiva y peligrosa. Todos resaltaron que lo mejor sería un veto total.
Al escuchar la opinión de los periodistas, el Secretario de Comunicación dijo que tomará en cuenta los aportes y que se planteará al Presidente que la posición mayoritaria de la sociedad civil, los medios de comunicación, los gremios de periodistas y los periodistas va en la línea de que se veten totalmente las reformas regresivas aprobadas por la Asamblea Nacional.