Ecuador, 30 de agosto de 2022· Una delegación de organizaciones sociales ecuatorianas que defienden Derechos Humanos participó la madrugada del martes 30 de agosto en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, que se desarrollaron en Ginebra, Suiza, organizadas por UPR-Info. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el vocero de esta coalición, que informó sobre la situación en algunos temas de DDHH de Ecuador, desde su última evaluación, en el año 2017.
En su discurso de apertura, Ricaurte presentó a las organizaciones miembros de la coalición: Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres, Fundación Mil Hojas, Asfadec, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación IR, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Fundación Desafío y Diálogo Diverso. Recordó que estos grupos presentaron informes y profundizaron sobre temas como: libertad de expresión, derechos digitales, derecho a la privacidad, desaparecidos, cárceles, derechos de mujeres, derechos de personas LGBTI, migrantes y lucha contra la corrupción.
“Actualmente, Ecuador atraviesa una crisis social, política, económica, que se ha incrementado a partir de la pandemia”, dijo Ricaurte en las pre-sesiones, en Ginebra. Recalcó que existe un sentimiento generalizado de incertidumbre y desconfianza que deteriora el proceso democrático. Además, que se han evidenciado: desigualdades, violencia social, crimen organizado, impacto del narcotráfico, posverdad, desinstitucionalización, desinformación, desconfianza social, crisis migratoria, entre otros problemas.
Para la coalición, con la pandemia el Estado y la sociedad se han debilitado y las instituciones no cumplen sus objetivos de formular y ejecutar políticas públicas, o lo hacen dispersa y débilmente. Entre las situaciones más preocupantes identificadas por la coalición de oenegés ecuatorianas y que fueron expuestas en Ginebra están:
Sobre libertad de expresión, Ricaurte recordó que Ecuador recibió 24 recomendaciones de las cuales, 14 fueron aceptadas y 10 anotadas. Mencionó que la falta de garantías estatales se agrava; las agresiones contra periodistas desde políticos, fuerzas de seguridad, autoridades locales, líderes sociales son sistemáticas. Desde el 2018 hasta el 2022, 7 periodistas han sido asesinados y las investigaciones desde la Fiscalía no han prosperado, por lo que permanecen en la impunidad. Cada semana, Fundamedios reporta nuevas amenazas contra la prensa. Sin embargo, el Estado no activa ningún mecanismo de protección de periodistas.
El vocero alertó que el Estado no tiene capacidad de gestión en las cárceles, ya que desde el 2019 hasta el 2021 se desarrollaron motines, que dieron como resultado 385 presos asesinados. Estas muertes no han sido investigadas, ni hay responsabilidades asumidas.
En el tema de corrupción, hay falencias en los poderes públicos encargados de fiscalizar al Estado. Entre 2007 y 2019, la corrupción costó $67.729,4 millones, equivalente a la deuda pública ecuatoriana. Ricaurte añadió que hasta diciembre de 2022, la cifra de inmigrantes venezolanos ascendió a más de 515.835. La mayoría, por la ausencia de documento legal, son explotados laboralmente y discriminados.
Asimismo, indicó que Ecuador no cuenta con una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la videovigilancia. Además, el Estado incumple los estándares para impedir el uso ilegal de datos personales almacenados por autoridades y empresas. Recordó que cada año, en el país se producen 4.000 denuncias sobre desaparecidos y que el Estado no reconoce y no cuenta con cifras oficiales de desapariciones forzadas.
Como corolario de su intervención, el vocero resaltó las recomendaciones de la coalición: la creación de un mecanismo efectivo de protección a periodistas; derogar en el actual período legislativo los tipos penales de deshonra; implementar protocolos de investigación de crímenes a periodistas y desclasificar la información declarada como reservada que involucren casos de violaciones a los DDHH —incluyendo la libertad de expresión—; enfocar la política pública migratoria en garantizar el acceso a la regularización; prohibir la implementación de tecnología de vigilancia biométrica —como es el reconocimiento facial— e investigar los motines desde el 2019 en las cárceles del país, para implementar medidas de reparación.
En esta delegación viajaron representantes de Fundamedios, Nos Faltan Tres, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), Fundación IR (Iniciativas para la Reinserción) y Diálogo Diverso. Además de su participación en las pre-sesiones, buscarán mantener reuniones bilaterales con los representantes de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, con la finalidad de lograr un mayor grado de incidencia en las recomendaciones que serán emitidas por los mismos en el Examen Periódico Universal de Ecuador, que se desarrollará en noviembre.