Como “una defensa a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)” fue calificada la comparecencia del superintendente de la información y comunicación, Carlos Ochoa, la mañana del 23 de febrero de 2017, por parte de los asambleístas de oposición, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, del movimiento CREO, quienes lideran el pedido de juicio político en contra del funcionario.
Cuesta y Villamar coinciden en que Ochoa no respondió de manera contundente ante la Comisión de Fiscalización, que citó al funcionario para que presentara las pruebas de cargo y descargo, frente a las acusaciones que presentaron en su contra, por aplicación discrecional de la LOC, a la hora de sancionar a los medios, arrogación de funciones, violación de la Constitución y tratados internacionales, falsificación de una transitoria de la Ley, entre otras.
En su defensa, Ochoa fustigó a los medios. A su criterio, los medios actúan en beneficio de grupos de poder y están supeditados a la publicidad que les permite ganar dinero, lo que condiciona su línea editorial que privilegia la libertad de empresa. En ese sentido defendió la regulación, no como una limitación a la libertad de expresión o una intervención estatal, sino como la defensa de este derecho para los ciudadanos.
Tras esto, negó una a una las acusaciones presentadas en su contra. Dijo que no es verdad que la Superintendencia pretenda imponer a los ecuatorianos lo que se debe o no leer, ver o escuchar, sino de regular en beneficio de todas las audiencias. También negó que con la aplicación de la LOC se haya afectado económicamente a los medios y afirmó que “no hay un solo medio que haya quebrado por pagar multas”. Con ello aseveró que se ha recaudado un total de USD 754 690 por sanciones pecuniarias y defendió que los activos declarados a la Superintendencia de compañías por los 61 medios de comunicación más importantes, de los aproximadamente 1200 medios existentes, son de USD 513 millones.
También se refirió a la acusación penal que presentó FUNDAMEDIOS en agosto de 2016, en donde se acusó al Superintendente de alterar una transitoria de la Ley de Comunicación cuando encargó la impresión de la normativa en 300 mil textos de bolsillo y sancionó a 11 medios durante ese año, cometiendo el delito de falsificación y uso doloso de instrumento público falso, que está penado por la ley. Este hecho, según Ochoa, resulta una acusación “temeraria y carente de todo sustento”, y que por ello el exfiscal Galo Chiriboga solicitó su archivo, algo que finalmente no pasó. Afirmó que él no ha sancionado a medios utilizando los ejemplares de bolsillo.
En cuanto a la acusación que hizo Contraloría, que estableció glosas en contra de Ochoa cuando trabajó como director de noticias del medio incautado Gama TV, este defendió que las actividades como director nacional del canal incautado no son objeto de Fiscalización porque recién en octubre del 2013 fue funcionario público. “Dejo en claro que la supuesta destitución y las glosas de la Contraloría carecen de sustento jurídico (…) es elemental señores, no se puede destituir a quien no se ha posesionado». Para Ochoa, el sueldo establecido, el auto que recibió y otros beneficios fueron parte de acuerdos entre privados y que en un supuesto de que tendría responsabilidad por ser una entidad pública, esta sobrecae en el administrador y no en un cargo de director de noticias.
Finalmente, y tras una alocución de dos horas, Ochoa concluyó que “la información no puede proveerse con lógica de mercado porque no es una mercancía. la información es un derecho y por eso se debe suministrar con lógica de servicio público”.
Concluida la exposición del Superintendente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, pidió cinco días adicionales al plazo requerido para presentar el informe que deberá remitirse al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. «En cinco días, un volumen tan grande de información, no va a poder ser analizado adecuadamente». En total, se requerirá 10 días para que dicho informe quede listo para conocer si procede el inicio del juicio político.