Descargue la carta: aquí
El Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones de Derechos Humanos, la Coalición Violeta, la Coalición Ecuador Verifica y Fundamedios nos dirigimos a los presidenciables en contienda, de cara a las elecciones del próximo 15 de octubre, y expresamos nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos, con énfasis en la violencia política de género, la desinformación y la inseguridad en que se ejerce actualmente el trabajo periodístico.
En el marco del IV Ciclo del Examen Periódico Universal, el Estado ecuatoriano recibió y se comprometió a cumplir más de 165 recomendaciones en materia de derechos humanos. Fruto de la alianza y trabajo que llevamos adelante las organizaciones y coaliciones de actores de la sociedad civil firmantes, debemos enfatizar la obligación que tienen, en su calidad de candidatos a la Presidencia de la República, de articular su gestión pública de forma que se garantice, durante el periodo de medio término del Ciclo que decurre, la asignación de recursos financieros, humanos y técnicos que aseguren la implementación de estas obligaciones internacionales.
Si bien la paridad de género es una estrategia de reducción de brechas -en el contexto electoral en particular-, no resulta suficiente, y nos vemos obligadas a seguir exigiendo la articulación intersectorial y multiactores, que ponga sobre la mesa la problemática de la violencia política de género, y las respuestas efectivas de parte de la institucionalidad estatal.
A la par, en este contexto electoral ha habido un aumento exponencial de la desinformación, que implica la creación y propagación deliberadas de contenidos falsos, que engañan y manipulan a los ciudadanos, y socavan la toma de decisiones informadas.
De acuerdo con verificaciones realizadas por Ecuador Chequea, socio de la Coalición Ecuador Verifica, 8 de cada 10 contenidos analizados fueron falsos o engañosos (de un total de 164 publicaciones verificadas), de donde la lucha contra la desinformación es crucial y debe ser una prioridad y un ejercicio permanente que implique al gobierno, la academia, el sector privado y a la sociedad civil en la utilización crítica de las tecnologías por parte de los ciudadanos.
La primera vuelta electoral del 2023 dejó un saldo de 46 víctimas de agresiones registradas en el marco del monitoreo a la situación de la libertad de expresión y de prensa. Ello da cuenta del ambiente de violencia en que se desarrolla el trabajo periodístico y se ejercen otros derechos conexos. La muerte de dos candidatos es una muestra gravísima de lo anterior. La necesidad de crear entornos seguros para el ejercicio del trabajo periodístico, los derechos de participación y políticos debe ser una prioridad.
Queremos ser enfáticos en los retos que en las materias anteriores enfrentan ustedes y sus equipos de trabajo, respecto de la construcción de políticas públicas y sociales participativas, que eliminen de forma tangible las barreras de acceso y permanencia de mujeres en espacios de liderazgo; la alfabetización mediática y digital y la lucha contra la desinformación; y, la creación de entornos seguro para el ejercicio del trabajo periodístico cuanto de los derechos de participación y políticos.