Quito, Ecuador, 23 de abril de 2014
Señor
Jonathan Palma
CEO
Ares Rights
Recinto Industrial Colonia Guell, Edf. Filaturas.
Calle A, No. 2, Oficina 3º8ªC
Santa Coloma de Cervelló
Barcelona, España
De mi consideración:
Reciba esta carta en representación de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, Fundamedios, organización ecuatoriana de la sociedad civil para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión.
Durante los últimos meses hemos visto con preocupación y profundo malestar las acciones impulsadas por su compañía con el único objetivo de censurar opiniones y comentarios de críticos al gobierno de Rafael Correa.En claro abuso de la Ley de Copyright de los Estados Unidos(Digital Millenium Copyright Act) y de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, y desconociendo que la información pública nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos y no al Gobierno nacional, mucho menos a su movimiento político.
Ustedes han promovido acciones para retirar expresiones y opiniones en plataformas de Internet y redes sociales, entre estas, documentales “Rafael Correa: retrato de un padre de la patria” del periodista colombo ecuatoriano Santiago Villa, y “Acoso a Íntag” del ecuatoriano Pocho Álvarez de la plataforma de videos “YouTube”. Lo han hecho bajo el argumento de que el Enlace Ciudadano que cada sábado realiza el Presidente de la República está protegido intelectualmente. Tanto el presidente de la República Rafael Correa, como el secretario de comunicación, Fernando Alvarado, han sido enfáticos en señalar, en varias oportunidades, que más allá del contenido, estos Enlaces son procesos de rendición de cuentas que, según la Constitución ecuatoriana, nos pertenecen a los ciudadanos.
Por otro lado, los instrumentos internacionales en esta materia han señalado que toda persona tiene derecho a la información pública que debe ser de libre acceso y sin restricciones de ninguna índole, asimismo, cabe recalcar que los funcionarios públicos son custodios de la información más no propietarios de la información, por lo que exigir derechos de autor constituye un abuso evidente.
La libertad de expresión, definida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir información, sin más restricciones que aquellas que existan previamente en una ley, y que sirvan para tutelar los derechos de terceras personas y sean coherentes con los objetivos de un Estado de Derecho. Este derecho, se aplica al Internet con los mismos principios con los que se ha aplicado a los medios de comunicación masivos.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión ha reconocido el carácter transformador del Internet para la democracia y también ha advertido sobre crecientes tendencias por parte de ciertos gobiernos de imponer medidas para restringir la libertad de expresión en Internet, indicando que aún cuando las mismas pudieran perseguir objetivos loables, podrían atentar contra su naturaleza misma y constituirse en mecanismos que violen ese derecho, en lugar de promoverlo.
¿Es que acaso citar una rendición de cuentas de una autoridad a los ciudadanos vulnera de alguna manera la propiedad intelectual? Si su respuesta es afirmativa, solicitamos nos lo explique.
Lo mismo ha ocurrido desde hace varias semanas en la red social Twitter con por lo menos una cuenta, de la que se tiene conocimiento. Bajo los mismos argumentos y utilizando la misma normativa, tanto estadounidense como ecuatoriana, se ha censurado el contenido de la cuenta @diana_amores por difundir imágenes públicasde la reciente campaña electoral, hacer parodia de un cómic latinoamericano y reproducir una carta abierta, que por su naturaleza y por su forma de ser difundida, era pública. Como bien ha señalado la afectada, sus mensajes fueron expresados en legítimo ejercicio de su libertad de expresión y aplicando las reglas de “fair use”, por lo que sus acciones, una vez más, han sido abusivas, al margen de la ley, y con el claro objetivo de censurar la opinión de una ciudadana ecuatoriana.
Como organización que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, exigimos a usted cesar de inmediato estas acciones que claramente transgreden la ley y los derechos de los ecuatorianos, y que han provocando el consiguiente efecto intimidador. De la misma manera, exigimos a usted transparentar el o los contratos que mantiene su oficina con el Estado de Ecuador, pues evidentemente están involucrados recursos públicos que nos pertenecen a los ecuatorianos.
Una copia de esta carta será enviada a los diferentes organismos de derechos humanos a nivel mundial.
Esperando una respuesta inmediata de su parte, quedo de usted.
Atentamente,
César Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
Fundamedios