Lunes 14 de noviembre de 2011
Señor Doctor
José Serrano
Ministro del Interior
Distinguido Señor Ministro:
Como expresamos públicamente, agradecemos a su Cartera de Estado la preocupación que se ha expresado por mi seguridad, luego de que recibiéramos diversas amenazas, a raíz de nuestra comparecencia, junto a un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos, al seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, los hechos suscitados este fin de semana, me obligan a rechazar tal oferta de seguridad del Gobierno Nacional, pues considero que no forma parte de ningún esfuerzo sincero y serio por brindarnos seguridad ni para precautelar la integridad física de todos quienes comparecimos ante la CIDH, en calidad de peticionarios, pues varios otros integrantes de la delegación también han recibido amenazas y han sufrido las consecuencias de episodios extraños que deben aún esclarecerse.
Esta decisión la hemos tomado en colectivo, por varias razones:
En primer lugar, debo mencionar que me sorprendió sobre manera que se haya divulgado la noche del viernes un boletín oficial relacionado con mi seguridad, sin haberme consultado previamente. Considerando que los riesgos a los que podría estar expuesto estaban bajo evaluación y que aun no se me ha comunicado ningún resultado, no creo que este tipo de información pública sea lo idóneo técnicamente (y así se nos pidió). Pero, si se tomó la decisión de emitir un boletín de prensa, lo menos que se podía esperar es que se consultara al respecto conmigo directamente, en mi calidad de afectado. Sin embargo, el hecho que mas desconfianza me genera, respecto a las reales intensiones del gobierno, es justamente que la información referida a mi seguridad personal fue aprovechada inmediatamente por el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, para proseguir con la descalificación hacia mi persona y hacia otros.
Adicionalmente, quiero poner en su conocimiento que este fin de semana no he contado con una escolta de seguridad, seguramente porque el gobierno considera que solo corro riesgo de lunes a viernes y en horario de oficina, situación totalmente extraña que denota otras posibles intenciones del supuesto operativo de seguridad, relacionadas más bien con el monitoreo de mis actividades, percepción que abona a mi desconfianza y me hace dudar de la seriedad con la que se ha tomado la protección de mi integridad y la de las personas que intervinieron en la Audiencia sobre la defensa de la libertad de expresión ante la CIDH. Cabe destacar y tengo las pruebas que lo constatan, que yo jamás pedí que se me retirará la seguridad, como le manifesté al personal de la Policía Nacional que se contactó conmigo después de que apareciesen notas de prensa, con información al respecto.
Es necesario señalar que el principal factor de riesgo para mi seguridad es paradójicamente la campaña de descalificación que ha iniciado el gobierno nacional contra mi persona, a través de cadenas nacionales y declaraciones de altos funcionarios públicos. Los sentimientos de antipatía o animadversión desarrollada por partidarios del Gobierno, son estimulados y hasta exacerbados por la campana en nuestra contra, originada desde el propio gobierno. No obstante la supuesta preocupación por mi seguridad e integridad personal expresada por el gobierno nacional, este sábado nuevamente se nos estigmatizó y ridiculizó durante el Enlace Presidencial, por lo cual me veo obligado a preguntar: ¿Se me ofrece dar protección limitada y al mismo tiempo se me vuelve a convertir en blanco de insultos y amenazas de partidarios y simpatizantes de Gobierno?.
Pero lo más grave es que hoy lunes, se pública en el medio oficial «El Ciudadano», una nota que dice textualmente lo siguiente: «Lo cierto es que César Ricaurte, según un informe policial al cual accedió El Ciudadano, fue quien solicitó al uniformado encargado de su seguridad, que no acuda a acompañarlo el fin de semana, sino que solicitó al uniformado que regrese el lunes (hoy). Según el informe, Ricaurte le dijo al uniformado que debían encontrarse el día lunes 14 de noviembre, a las 08:30, en la oficina del lugar de trabajo, en el edificio UNP.» Es decir, curiosamente al órgano de propaganda de la Secretaría de Comunicación, SECOM, se «filtran» informes policiales sobre la situación de mi seguridad y hasta se permiten dar la dirección de mi lugar de trabajo. ¿Se puede pensar que hay seriedad en la oferta de protección del Gobierno con esta clase de situaciones?.
Lamento profundamente que el Gobierno Nacional no quiera o no pueda brindarnos protección efectiva y más bien las más altas autoridades nos conviertan en blanco de sus partidarios, con ataques injustificados. En esta situación, poco abona las declaraciones del Señor Viceministro de Seguridad Interna, Leonardo Berrezueta, recogidas en el boletín de prensa oficial emitido la noche del viernes, en el que se llega a señalar que las amenazas que he recibido «son parte de la libre expresión que se disfruta en el Ecuador». Resultan muy curiosas estas concepciones sobre la libertad de expresión. Resulta entonces que llamar a alguien dictador, convierte a un periodista en delincuente, pero que alguien amenace a una persona hasta con la muerte, constituye una muestra de la libertad de expresión que se vive en el Ecuador. Me parece que lo descrito abona muy poco a la delicada situación actual que sufrimos quienes acudimos a la CIDH a defender los derechos fundamentales que creemos vulnerados y atropellados.
Atentamente,
César Ricaurte
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDAMEDIOS