Un día como hoy hace siete años, un presidente de la República, cuestionado por ser intolerante a la crítica y al escrutinio público, interpuso una demanda millonaria por la afectación a su honor y su honra. La razón: una investigación realizada por dos periodistas reveló los contratos, que mantenía su hermano con el Estado.
Ese fue el inicio de un calvario para los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Ocurrió el pasado 28 de febrero de 2011, seis meses después de haber publicado el libro “El Gran Hermano”. Por este texto, el entonces presidente de la República, Rafael Correa presentó una demanda civil en contra de los comunicadores por “daño moral” y los “hechos falsos que hieren y menoscaban su honor y buen nombre”, los cuales fueron expuestos en el libro, en relación a los contratos que contrajo Fabricio Correa con el Estado.
Fue así como el exprimer mandatario puso un precio a su honra y pidió el monto de $10 millones como indemnización por el daño causado. La demanda, que interpuso Correa a título personal, fue ingresada en el Juzgado 5to de lo Civil con el número de causa 2011-0265 y fue aceptada de manera expedita.
En los meses siguientes, el aparataje estatal se puso en marcha y dedicó sus esfuerzos en defender la demanda a través de cadenas, cuyo objetivo era desacreditar a los periodistas. Un ejemplo de ello ocurrió el 28 de marzo de 2011, cuando la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) ordenó una cadena nacional de seis minutos, en televisión, para cuestionar y criticar a los periodistas de investigación. Se aseguraba que los autores del libro “mienten y no pueden demostrar sus afirmaciones”, con respecto a una cita en donde se dijo que “Rafael Correa sí conocía” de dichos contratos que mantenía su hermano con el Estado.
Parte del audio de la cadena gubernamental decía lo siguiente: “los periodistas Calderón y Zurita han pretendido engañar a los ciudadanos con una serie de aseveraciones que, alejadas de la verdad, han caído en el campo de la calumnia y la difamación y han sido objeto de una demanda civil por parte del ciudadano Rafael Correa Delgado, en defensa de su honra, buen nombre y reputación”.
Se agregó que los periodistas llegaron a escribir como verdad, un comentario de su autoría que dejaría en claro la supuesta disposición del expresidente para favorecer a su hermano con millonarios contratos con el Estado y que, ahora sorpresivamente, sostienen que lo dijo Fabricio Correa cuando, en el libro, lo ponen como una afirmación y no como una cita.
En esa misma tónica, el 03 de abril de ese año, el Gobierno emitió una segunda cadena nacional de televisión. Durante 10 minutos, se dijo que el libro es una “farsa que evidencia la mala fe de los periodistas” y que la intención de Calderón y Zurita era “afectar al hermano menor de Fabricio (Rafael Correa) con un tongo simulado, en el que se planteó la farsa de que el expresidente sí conocía de los contratos”.
También se cuestionó la fotografía de la portada del libro, con el argumento de que fue “intencionalmente manipulada” y una fotografía interior en donde aparece la Ministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, quien en el vídeo de la cadena, también descalificó a los periodistas aludiendo que el libro es “lo contrario a una investigación decente” . Esto, porque en el pie de foto de la imagen se menciona su gestión en la concesión de un contrato al hermano del Presidente. Por este tema, los periodistas fueron demandados por Duarte en otro proceso civil, que aún no ha concluido.
En medio de la estrategia propagandística del Gobierno, el proceso continuó pese a las denuncias de irregularidades y hechos que fueron cuestionados en su momento por la defensa de los periodistas, como lo ocurrido el 28 de septiembre de 2011. La Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha aceptó que Rafael Correa rinda un “juramento deferido” o confesión de sí mismo, como prueba a su favor para demostrar el daño moral supuestamente causado.
Esta decisión fue cuestionada por ser “ilegal, absurda y atentatoria contra el debido proceso”, según Ramiro Aguilar, abogado de Calderón y Zurita, quien explicó que bajo las leyes del Ecuador, el juramento deferido es pedido por una parte para que la otra jure, pero no se puede pedir juramento para sí misma.
Tras varios meses del proceso, continuó la emisión de cadenas y hasta se registró una amenaza de muerte en contra de Juan Carlos Calderón, ocurrida el 17 de octubre de 2011, cuando un desconocido le advirtió vía telefónica que “será el siguiente. Acto seguido, el proceso tuvo la primera sentencia judicial.
El 7 de febrero de 2012 los periodistas fueron condenados al pago de $2 millones ($1 millón por cada uno) más $100 mil dólares de pago a los abogados, por el supuesto daño moral y “afectación espiritual”, causada al entonces Presidente Rafael Correa. El hecho fue rechazado por la defensa de los comunicadores porque Correa no aportó ninguna prueba del supuesto daño moral o de los perjuicios causados por los autores del libro, salvo su propio testimonio rendido a través del juramento deferido.
La sentencia de $2 millones en contra de dos periodistas fue cuestionada por considerarse desproporcionada, por parte de organismos internacionales. Entre ellos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La relatora de aquella época, Catalina Botero, pidió al Estado ecuatoriano información del caso. Sin embargo, el Presidente Correa, el 11 de febrero de 2012, no respondió el pedido y en su sabatina No. 258 descalificó a la Relatora por considerar que su pedido es un “abuso” y la mandó a buscar información en la web.
Para ese entonces, Correa también estaba siendo señalado por organismos internacionales por el juicio de $80 millones en contra de diario El Universo, el articulista Emilio Palacio y sus directivos, para quienes pidió tres años de prisión por las supuestas injurias vertidas en su contra. Esto, ante la publicación de un artículo que hacía referencia a los hechos del 30 de septiembre de 2010.
Entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, en un pronunciamiento, la SIP calificó de abusiva, aberrante y extralimitada” la actitud de Correa, mientras que RSF se mostró preocupado por considerar que los procesos judiciales son «muy peligrosos para la libertad de expresión».
El 27 de febrero de 2012 y desde el salón Amarillo del Palacio de Carondelet, Rafael Correa convocó a la prensa y sus acólitos para emitir un anuncio urgente. El exjefe de Estado anunció que desistirá de la demanda, por daño moral, que interpuso en contra de los periodistas y autores del libro “El Gran Hermano” por considerar que “no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello merecen”. También anunció el perdón a los directivos de diario El Universo y su ex Editor de Opinión.
Video de Rafael Correa y el anuncio del «perdón sin olvido»
En ese contexto, y con el perdón, pero no el olvido, Rafael Correa aseguró que, pese a su decisión, se cumplieron los tres objetivos que buscaba con el juicio. Primero, demostrar que El Universo mintió y no corrigió su mentira. Segundo,” evidenciar que los responsables no son solamente los malquerientes que no tienen nada más que perder (…), sino también los directivos del medio y el propio diario, por el cual se instrumentan las infamias” y tercero, “lograr que los ciudadanos del Ecuador y toda nuestra América superen el miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva y que, con la ley en la mano, los ciudadanos defiendan sus derechos”.
Asimismo, el expresidente descalificó la labor que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a la que cuestionó por tener presupuesto propio que, según el exjefe de Estado, “refleja la hegemonía del capital que está detrás de los negocios de los medios de comunicación”.
Correa también enfatizó que, con el juicio “se evidenciaron los grandes sesgos de la CIDH, comisión que tiene más bien la característica de una ONG y no de una institución jurídica, en donde la legalidad es secundaria. Así asumen cruzadas reales o imaginarias”, aseguró el expresidente .
Tras esta decisión, el 5 de marzo de 2012, los abogados de Rafael Correa presentaron un escrito de “condonación” o perdón de la sentencia y el archivo del proceso ante la Segunda Sala Civil de la Corte de Pichincha. Sin embargo, cuatro días más tarde, la defensa de los periodistas rechazó la “condonación” de la sentencia por considerar que la figura jurídica no existe como forma de terminación de un juicio civil. El abogado defensor de los periodistas comentó que lo que se debía hacer es llamar a una junta de conciliación, en donde el Presidente pueda concretar el desistimiento de la demanda, que fue posteriormente acogido por la defensa de Correa.
Finalmente, el proceso concluyó de manera definitiva el 18 de abril de 2012, cuando la Segunda Sala Civil de la Corte de Pichincha archivó el proceso que inició Correa una vez que sus abogados, Alembert y Gutemberg Vera, desistieron de la demanda.
EL CASO A FONDO
19 de agosto de 2010: Los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita realizaron el lanzamiento oficial de su libro “El Gran Hermano”, en un hotel de Quito. La investigación, que revela los contratos que mantenía el hermano del expresidente Rafael Correa, con el Estado.- 28 de febrero de 2011: El expresidente presentó una demanda civil en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por “daño moral” y los “hechos falsos que hieren y menoscaban su honor y buen nombre”, expuestos en el libro y exige una indemnización de $10 millones. La demanda fue ingresada en el Juzgado 5to de lo Civil, con el número de causa 2011-0265.
- 28 de marzo de 2011: El Gobierno dedica una cadena nacional de seis minutos, en televisión, con el fin de cuestionar y criticar a los periodistas de investigación. Además, se aseguró que los autores del libro “mienten y no pueden demostrar sus afirmaciones”, con respecto a una cita en donde se dijo que “Rafael Correa sí conocía” de dichos contratos que contrajo su hermano con el Estado.
- 03 de abril de 2011: El Gobierno emite una segunda cadena nacional de televisión para descalificar y cuestionar el trabajo de los periodistas Calderón y Zurita. Durante 10 minutos, la cadena dijo que el libro es una “farsa que evidencia la mala fe de los periodistas” y que su intención es “afectar al hermano menor de Fabricio (Rafael Correa) con un tongo simulado, en el cual se planteó la farsa de que el Presidente sí conocía de los contratos”.
- El 28 de septiembre de 2011, la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, quien llevó el juicio por daño moral, interpuesto por el presidente Rafael Correa contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, aceptó que éste rinda “juramento deferido”, como prueba a su favor (confesión de sí mismo). Decisión que fue rechazada por la defensa de los comunicadores, por “ilegal, absurda y atentatoria contra el debido proceso”.
- El 05 de enero de 2012, el expresidente se negó por tercera vez a entregar su historia clínica y la de su familia, solicitada como prueba por la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María Portilla. La jueza había solicitado documentación clínica, que demuestre el supuesto sufrimiento y angustia que habría generado el contenido del libro en él y su familia, como consta en la demanda impuesta por el exmandatario.
- 07 de febrero de 2012: Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita fueron sentenciados al pago de $2 millones ($1 millón por cada uno) más $100 mil dólares de pago a los abogados, por el supuesto daño moral y “afectación espiritual”, causada al entonces presidente Rafael Correa. En su momento, la defensa de los periodistas cuestionó que el exprimer mandatario y sus abogados, no aportaron ninguna prueba del supuesto daño moral o de los perjuicios causados por los autores del libro, salvo su propio testimonio, rendido a través de un juramento deferido.
- 11 de febrero de 2012: Ante un pedido de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión Catalina Botero sobre el caso, el entonces presidente Rafael Correa la descalifica y afirma en su sabatina No. 258 que es un “abuso” este requerimiento de información y la envía a buscar información en la web.
- 27 de febrero de 2012: el entonces presidente Correa anuncia que desistirá de la demanda, por daño moral, que interpuso en contra de los periodistas y autores del libro “El Gran Hermano” porque “no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello merecen”. También anuncia el perdón a los directivos de diario El Universo y su exeditor de Opinión en otro proceso.
- 05 de marzo de 2012: Los abogados de Rafael Correa presentaron un escrito de “condonación” o perdón de la sentencia y el archivo del proceso, ante la Segunda Sala Civil.
- 09 de marzo de 2012: La defensa de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, rechazaron la “condonación” de la sentencia que ordenó a los periodistas pagar $2 millones por el supuesto daño moral, causado al expresidente Rafael Correa.
- 18 de abril de 2012: La Segunda Sala Civil de la Corte de Pichincha archiva el proceso que inició Correa en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Los abogados del exmandatario pidieron el desistimiento de la demanda.