Casos Emblemáticos

Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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Teleamazonas fue uno de los medios más perseguidos entre 2007 y 2017. En esa década, el canal televisivo recibió más de 10 sanciones, ofreció disculpas públicas al menos 3 veces, fue sancionado con multas económicas y perdió a 4 periodistas por presiones externas.

El canal fue uno de los más críticos con el gobierno de Rafael Correa. Reportajes sobre supuestos cambios de última hora al proyecto de reforma constitucional impulsado por Alianza País, notas que recogían objeciones a las obras que llevaba adelante el Gobierno o irregularidades en los comicios electorales que marcaban la reelección del exmandatario fueron algunos de los temas que mayor malestar causaron al régimen y que terminaron por convertirlo en blanco de constantes críticas y descalificaciones.

Jorge Ortiz, quien manejaba su programa matutino “La Hora de Jorge Ortiz” fue uno de los periodistas más criticados. “Era evidente que había una persecución contra los medios de comunicación independientes. Parte de esa persecución era tratar que Teleamazonas salga del aire (…) Creo que había una dedicatoria contra mí, nunca hubo un argumento o una acusación concreta, sus ataques eran al estilo Correa con mucho odio, descalificación y epítetos”, afirmó a FUNDAMEDIOS. 

La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, también prohibió a la banca tener acciones en medios de comunicación. Fidel Egas, dueño de Banco Pichincha y de la estación televisiva, vendió la totalidad de las acciones de Teleamazonas.

Carlos Jijón, quien en ese entonces se desempeñaba como Director Nacional de Noticias, también dejó el canal. A su criterio, uno de las coberturas periodísticas que más molestó al Presidente fue el reporte del impacto de la exploración de gas de PDVSA en la isla Puná, esta investigación fue penada con la suspensión de la transmisión, afortunadamente, una Corte provincial falló a favor de la televisora.

Jijón cree que nunca hubo tantas limitaciones a la prensa como en la década pasada. “Yo empecé a hacer periodismo en 1982 y hasta la fecha no encuentro que haya habido una persecución a la prensa tan fuerte como fue en el gobierno de Correa”, sostuvo.

A continuación hacemos un recuento de las sanciones que recibió Teleamazonas y de las razones por las que cuatro periodistas abandonaron la pantalla.

 

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Durante 2015 y 2016, el exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se valió de la adulteración de la Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a 11 radios a nivel nacional.

Excusándose en su supuesto desconocimiento sobre el error en la transcripción de la Transitoria Sexta, Ochoa evadió un debido proceso y arbitrariamente ordenó reimprimir 300.000 ejemplares de la Ley. Luego, basándose en ese texto, impuso las sanciones y otorgó 72 horas a las radiodifusoras multadas para cancelar la deuda.

El error en la Transitoria tiene que ver con el artículo 102, cuando lo correcto es que cite al artículo 103.

FUNDAMEDIOS y el Colegio de Abogados de Pichincha, plantearon una demanda en contra de Ochoa por uso doloso de la Ley.

Aquí el caso ampliado.

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Fausto Guido Valdiviezo Moscoso fue asesinado el jueves 11  de abril de 2013 por un sicario en la ciudadela La Atarazana, en el norte de GuayaquilDos indagaciones han sido abiertas por este crimen debido a irregularidades en la investigación fiscal. En la primera, el Gobierno de Rafael Correa, con declaraciones del entonces ministro del Interior, José Serrano, se aseguró que no tenía relación con su ejercicio periodístico. El 23 de mayo el funcionario afirmó que los hechos conducían a una banda de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y chulco.

Fausto Valdiviezo fue un periodista crítico. Su hermano Alfredo, también comunicador, insiste en que los directivos de TC Televisión de ese entonces están implicados en la muerte. 

Qué se sabe del caso: Da clic en la imagen y conócelo.

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Desde hace 44 años, Diario Extra se ha caracterizado por un estilo sensacionalista e impactante. Desde hace más de cuatro décadas, ha cumplido con su objetivo de informar; y se ha diferenciado de otros medios de comunicación por el uso de textos irónicos, sarcásticos y titulares con doble sentido…

Desde 2013, cuando Carlos Ochoa asumió la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), se ejecutó una persecución sistemática que tuvo por objetivo castigar al periódico a través de sanciones económicas y administrativas. Gráficos Nacionales (Granasa), empresa que edita Extra y Expreso, fue sentenciada a pagar más de un millón de dólares, como suma de las en distintas multas impulsadas por el exfuncionario, hoy prófugo de la justicia.

Esta es la historia:

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El 27 de diciembre de 2013, alrededor de las 11pm, un escuadrón del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía allanó la vivienda de Fernando Villavicencio. El suceso, que se llevó a cabo sin una orden judicial válida y que se dio bajo la instrucción del fiscal José Luis Jaramillo, tuvo como objetivo confiscar toda la información que el investigador había logrado recopilar y pretendía utilizar para denunciar casos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

El operativo se ejecutó en presencia de dos menores, hijos del investigador, de 1 y 5 años de edad, respectivamente. Durante el allanamiento no se permitió la presencia del abogado del periodista. Para esa época, Villavicencio había publicado varios artículos sobre negocios petroleros y seguros que implicaban funcionarios y exfuncionarios del régimen. Según los vecinos del actual Director del portal La Fuente, periodismo de investigación, las fuerzas policiales destruyeron el mobiliario, llevándose consigo computadores, pendrives, tablets, teléfonos celulares y documentos.

Cinco años después, Fernando Villavicencio abre las puertas de su casa a FUNDAMEDIOS y relata lo sucedido. Habla sobre las investigaciones realizadas y de la publicación de su artículo “El Expediente Chevron” en la revista Plan V, en donde desenmascaró la contratación de abogados que tenían intereses de por medio con la compañía estadounidense. También narra lo que su familia enfrentó y cómo decidió “tomar venganza” de quienes violentamente irrumpieron en su vivienda: investigando.

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Este 15 de noviembre se cumplió el décimo aniversario de la primera sentencia dictada en contra del periodista Nelson Chacaguasay, del semanario La Verdad, de Machala.

Chacaguasay tuvo que enfrentar prisión dos veces por distintas demandas, provenientes de miembros de la función judicial de la provincia de El Oro. La razón: denuncias realizadas en La Verdad de casos corrupción. Además de la cárcel, tuvo que pagar indemnizaciones y multas impuestas por jueces y la Supercom por contenidos publicados en su medio de comunicación.

Su caso fue ingresado hace nueve años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A noviembre de 2018, no pasa la fase de Admisibilidad. El periodista se encuentra en total indefensión frente a la persecución política que él, su familia y semanario han sufrido durante la última década.

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Cerca de 480 mil artículos y 490 mil fotografías y caricaturas disponibles en digital se desvanecieron el 26 de agosto de 2014. Todo ese material – memoria histórica de un país y del mundo- era parte del archivo de los 32 años de vida de diario Hoy que hace cuatro años dejó de existir.

Ese 26 de agosto Edith Duque tomó posesión de la empresa como liquidadora. Y ese día se les comunicó a los 153 empleados que se quedarían sin trabajo. Entonces “sucedieron una serie de cosas terriblemente graves”, recuerda Jaime ‘el gringo’ Mantilla, presidente ejecutivo y accionista mayoritario de Edimpres S.A., que editaba el periódico y suspendió sus operaciones. Todo lo hicieron en su ausencia y la de los 264 accionistas.

Aunque ya había ‘amenazas’, el anuncio de la liquidación forzosa y cierre del rotativo tomó por sorpresa a trabajadores y directivos. “La administración de Edimpres se enteró que la Superintendencia de Compañías nombraría a un liquidador por una nota publicada en El Telégrafo”, dijo Diego Ordóñez, abogado del diario, quien cuestionó que nunca existió una notificación oficial.

Audio entrevista con Diego Ordónez

Primera y última portada de diario Hoy (1982-2014)

“A disolución 730 empresas por incumplir la ley”, publicó El Telégrafo el 22 de agosto de 2014, cuatro días antes del cierre. El artículo informaba que “la Superintendencia de Compañías disolverá a 730 empresas que durante 2 años (2012 y 2013) registraron pérdidas del 50% o más del capital social, de acuerdo a los estados financieros, y que dentro de los 30 días plazo no subsanaron la causal  de disolución establecida en el artículo 361 de la Ley de Compañías“. Entre ellas se nombró a Edimpres. Según Suad Manssur, titular de la entidad de control, los descargos presentados por la defensa no fueron suficientes y aseguró que, una vez disuelta, no debía seguir operando. Sólo podría cobrar y pagar deudas.

Y así fue. la tarde del 26 de agosto Edith Duque llegó hasta las instalaciones del medio de comunicación y ordenó suspender las actividades. ‘El gringo’ Mantilla guarda recuerdos amargos. Tres días antes de oficializar la decisión, se le impidió la entrada al periódico. Tampoco pudo recoger sus objetos personales.

El cierre del Diario tuvo un trasfondo político 

Diario Hoy nació el 7 de junio de 1982, una época en que Ecuador recuperaba su democracia, tras un largo periodo de gobierno dictatorial. Por su redacción pasaron figuras clave del periodismo y líderes de opinión, como Diego Araujo Sánchez, Thalía Flores, Diego Cornejo Menacho, Francisco ‘El pájaro’ Febres Cordero, Martín Pallares, Juan Carlos Calderón, José Hernández e Iván Flores.

Día de inauguración de diario Hoy, junio 1982

En sus páginas incluso escribieron personajes que después se alinearían con el correísmo. Por ejemplo, los exministros de Rafael Correa, Javier Ponce Cevallos, Francisco Borja; Fander Falconí, actual ministro de Educación.

De hecho, el 7 de junio de 2007, durante la celebración de los 25 años del periódico, el recientemente posesionado presidente Rafael Correa ofreció un discurso y solicitó públicamente a Jaime Mantilla y al Diario ser el “juez” principal de su Gobierno. Cuatro meses después, en octubre, el entonces Mandatario cambió radicalmente. Según ‘el gringo’, prohibió a todas las instituciones públicas publicitar en Hoy. Las obligó a cancelar las suscripciones al periódico e, inclusive, impidió que se distribuya a empleados públicos en las dependencias oficiales. “Al parecer, le disgustó que se asuma el pedido inicial”.

Mantilla asegura que Hoy cerró porque fue víctima de “una planificación muy ordenada del Gobierno para destruirlo”. Y existieron tres trasfondos para el cierre: jurídico, económico y político.

El 13 de julio de 2014 la Superintendencia de Compañías inspeccionó, de manera sorpresiva, a diario Hoy. El trámite demoró cuatro horas. Siete días después, el 20 de julio, se les comunicó las observaciones al balance de 2013 y se indicó que tenían un plazo de 30 días para contestar. Paradójicamente, la Superintendencia publicó ese informe el mismo día en que recibieron la notificación de la liquidación de oficio, sin que antes exista una contestación a los descargos presentados.

‘El gringo’ explicó que, como todas las empresas ecuatorianas, la suya estuvo muy mal tras la crisis bancaria de 1999-2000. Luego de la dolarización se recuperó. En el 2006 vieron utilidades, pero en 2007 empezó el “boicot” del Gobierno de la mano con el aspecto político. “El diario fue víctima de una persecución inmensa”.

Un ‘boicot’ que se cocinó de a poco 

Se desarrolló un “boicot sistemático” para que Edimpres no tuviera contratos con el Estado. Tras descubrir que parte de sus ingresos provenía de la impresión de textos escolares en inglés, en convenio con la Embajada Británica, a través de presiones del Ministerio de Educación se impidió que ese material se elabore, luego de 22 años consecutivos de trabajo.

Mantilla sostiene que, como existía un contrato de derechos exclusivos con Edimpres, en 2014 el Gobierno eliminó la enseñanza obligatoria de Inglés del pénsum escolar para romper el contrato y en ese entonces, el Ministerio de Educación ya anunció que se retomaría esa materia a partir de 2017 tras un cambio en el currículo educativo. La nueva normativa estableció la enseñanza obligatoria del inglés desde segundo a séptimo año de básica de las instituciones fiscales del régimen Sierra y Amazonía.

La eliminación del contrato de impresión de los textos escolares significó un golpe económico fuerte, sumado a la falta de publicidad pública y privada.

Mantilla explica que se planificaron tres soluciones para salvar al periódico, si hubiera existido la voluntad política.

  1. Entregar terrenos y edificios en dación de pago al banco para cubrir la totalidad de la deuda de USD 5 millones (en la práctica el costo reflejado en el balance era de USD 2 millones y medio por amortizaciones)
  2. El aumento de capital en trámite -que no fue aceptado por la autoridad de control-
  3. La valorización del archivo físico y digital del diario dentro de los balances, con lo que el periódico hubiera podido mantenerse en funcionamiento.

Eso no se permitió. “Nunca se nos contestó”, comenta ‘el gringo’.

Los ‘errores de la liquidadora’ y el ‘olvido’ del archivo digital con más de 970 mil fotos y documentos 

Foto: Rotativa de diario Hoy aún reposa en bodega

El archivo físico y los 11.800 ejemplares encuadernados en 460 tomos de la  historia del periódico, 87 mil fotografías, gráficas y caricaturas físicas, así como el respaldo digital -valorado en $4.600.000- no se tomaron en cuenta para la venta posterior. ‘El gringo’ reconoce que aunque el archivo digital no se podía valorar en ese entonces de manera contable, sí se podría vender a futuro.

La empresa Deloitte & Touche fijó el valor del archivo digital que actualmente reposa en una caja fuerte, bajo custodia del actual liquidador Víctor Hugo Damián. Sin embargo, todavía no hay compradores.

Fuente: Deloitte & Touche

Fuente: Deloitte & Touche

Fuente: Deloitte & Touche

El exdirectivo de Hoy sostiene que la liquidadora Edith Duque también permitió el deterioro de muchos archivos físicos e, incluso, de la rotativa que está embodegada y sin mantenimiento en el edificio en donde funcionó el periódico. En las instalaciones, en el norte de Quito, opera la empresa TATA Consulting, del Banco Pichincha. Ella tampoco se percató de pagar los dominios de Internet www.hoy.com.ec y Explored, registrados para el diario. Es decir, también se perdieron.

Toda la artillería del Estado en contra de Hoy

El 29 de junio de 2014, el entonces secretario de Comunicación, Fernando Alvarado anunció que actuaría en contra del diario. En Twitter escribió que “He leído con asombro e indignación cómo el titular del @HoyComEc miente sobre la situación del diario, en su versión impresa. Frente al engaño del @HoyComEc en el que culpa al gobierno y a la nueva Ley de Comunicación de un supuesto deterioro a ‘sus libertades’ no hay otra opción q aclarar pronto sus falsedades y exponer las verdaderas razones por las q este medio deja de imprimir sus diario (sic)”.

Sucede que el 27 de junio, dos meses antes del cierre total, el periódico anunció la suspensión definitiva de la edición impresa diaria. El argumento “un permanente boicot publicitario” y un escenario adverso para la prensa con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Luego de 32  años de circulación, el rotativo físico fue reemplazado por una edición digital que salió al aire el 30 de junio de 2014.

Editorial tras suspender edición en papel

“Nada debería sorprendernos: Supuestamente Diario Hoy cierra por la Ley de Comunicación. La verdad: viene acumulando pérdidas desde hace años por una pésima administración”, tuiteó el 29 de junio el entonces presidente Correa. Ese día, Carlos Ochoa, quien estaba a cargo de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), señaló que “la crítica situación del diario se reflejó en el continuo y sostenido descenso de su tiraje, que consecuentemente coincide con la reducción de sus ingresos económicos”. Además, aseguró que es “falso” que el matutino deje el papel por la norma y pretende “echar la culpa a otros de su propia inoperancia”, según declaraciones recogidas por El Universo .

Luego de estos pronunciamientos, se inició una campaña de desprestigio desde los medios de comunicación en manos del Gobierno: emisión de cadenas y publicaciones para descalificar a la empresa periodística.

Multas y campañas de desprestigio antes del gran golpe 

El 1 de julio de 2014, la agencia estatal de noticias Andes publicó una nota titulada “Diario Hoy registraba graves problemas económicos catorce años antes de la vigencia de la Ley de Comunicación”. Un día después, el 2 de julio difundió: “Superintendencia de Compañías: Diario HOY tenía una afectación en su patrimonio que sobrepasaba el 50%”. Su unidad de investigación expuso que “Diario HOY maquilló desde hace 15 años las cifras de su verdadera circulación” y se basó en las declaraciones de supuestos trabajadores del medio que pidieron el anonimato. El Ciudadano, PP El Verdadero y El Telégrafo replicaron esta información.

Andes también exhibió un desglose de cifras de las pérdidas y ganancias desde 1999 hasta 2013 del diario. En ellas se observaba que entre 2004 y 2006 hubo una recuperación financiera y ganancias. El declive comienza en 2007 y coincide con la posesión de Rafael Correa.

En la edición del 2 de julio diario El Telégrafo publicó: “La Superintendencia identifica que pérdidas de HOY superan el 50% del capital social”, con base en datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). PP El Verdadero difundió que “Por más de una década, diario Hoy tuvo problemas”; y al día siguiente, “El tiraje de diario Hoy fue inflado hasta en un 200%”. El 3 de julio El Ciudadano tituló: “Diario Hoy registra glosas patronales, juicios laborales y pérdidas económicas”, con información del Ministerio de Relaciones Laborales.

Los canales de televisión incautados TC Televisión y Gama reprodujeron la información de Andes y entrevistaron a la superintendente de Compañías, Suad Manssur. La funcionaria manifestó que los balances presentados por Diario Hoy mostraron pérdidas en su patrimonio durante un amplio período. Carlos Marx Carrasco, entonces ministro de Relaciones Laborales, se refirió a la situación laboral de los empleados.

El 3 de julio de 2014 una cadena de cinco minutos ordenada por la Secretaría de Comuncación (Secom) interrumpió el programa Contacto Directo, de Ecuavisa. En el video se afirmó que “los resultados del ejercicio económico y financiero (de diario Hoy), registrado en la Superintendencia de Compañías, reflejan pérdidas constantes desde hace 14 años, antes de la Ley de Comunicación”. También se señaló que “Diario Hoy es una más de las 5400 empresas notificadas con la causal de disolución por pérdida, por parte de la Superintendencia”.

El Telégrafo, PP El Verdadero, El Ciudadano, agencia Andes, GamaTV y TC Televisión difundieron un contenido similar en sus ediciones.

A estas acciones se sumó una carta escrita al director del diario español El País , Antonio Caño, por el entonces embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano. En el texto se rechazó el artículo de la corresponsal Soraya Constante, publicado el 30 de junio y titulado “Un periódico de Ecuador cierra su edición impresa por la ‘ley mordaza’”. El diplomático solicitó una aclaración, pues consideraba que “el mismo titular de la noticia es sesgado al afirmar taxativamente que el cierre se produce por “la ley mordaza”, según consta en el escrito difundido el 4 de julio en la página Facebook de la Embajada.

Ese día el periódico fue multado con el pago de USD 57 800, con la aplicación de la Ley de Comunicación. Se sancionó que se haya incumplido con la difusión del tiraje de 17 ediciones comprendidas entre mayo y junio de 2014. Según la Supercom, Hoy “no cumplió con la disposición prevista en el primer inciso del artículo 90 de la Ley LOC”, que establece que “los medios de comunicación social impresos tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a la información”.

En ese entonces, Mantilla, en calidad de director del rotativo, cuestionó la multa y aseguró que afectaba la liquidez de la empresa. “No sirvieron las explicaciones para evitar esta sanción que atenta una vez más contra la economía de la empresa”, lamentó.

Trabajadores en el ‘limbo’

Foto: tomada del portal Plan V

 

El 9 de septiembre de 2014 el contenido periodístico del portal digital de diario Hoy fue dado de baja tras la decisión de la liquidadora. También desapareció todo el archivo histórico de noticias, considerado uno de los más grandes e importantes del Ecuador.

Mantilla lamenta que, antes del cierre, un grupo de 18 personas a cargo del comité de empresa del sindicato de trabajadores CETRAHOY se dejó “manejar por promesas del Gobierno para liquidar la compañía”. Se conoce que los 178 excolaboradores que perdieron sus empleos no han sido liquidados debidamente. Testimonios que FUNDAMEDIOS recogió coinciden en que la mayoría ha recibido el 10% de lo correspondiente.

Tras cuatro años, los trabajadores más antiguos buscan que se pague su liquidación patronal. En total son 46 personas en lista de espera.

Luis Morán, quien ingresó a trabajar en el área comercial de Hoy en 1987 y permaneció durante 24 años y 11 meses, lamenta que en los dos últimos años de vida del periódico la situación económica se haya tornado delicada con atrasos en los sueldos, disminución en la pauta publicitaria. “Toda la publicidad comercial, la no comercial y del Estado disminuyó; y el periódico no circulaba como antes”, apunta. El exejecutivo de Ventas cree que todo eso deterioró la situación, sumado a una administración deficiente y al consumo de noticias por Internet. Él es uno de los que espera se salde el total de su liquidación.

Morán reconoce que los activos no alcanzan para pagar a los trabajadores. “No tienen activos para vender, lo que hay es chatarra y la rotativa se venderá como chatarra porque es antigua y no vale más de USD 402 mil”, apunta.

El caso de Jaime Paredes, quien trabajó durante 32 años en el área de Diseño, es similar. Él considera que, lastimosamente, la situación que derivó en el cierre se veía venir. En su criterio, una administración deficiente y asumir una línea editorial crítica con el gobierno de Correa hizo que el tema se politice y que le pase ‘factura’ al medio.

“Ya había inconvenientes, faltaba dinero, no entraba la publicidad, el Gobierno comenzó a atacarnos y todo se convirtió en una guerra entre el Gobierno y el Diario; y los perjudicados fuimos los trabajadores”, apunta el exdirigente sindical. Paredes cree que la razón principal del cierre fueron las políticas administrativas. “Para mí, no tuvo nada que ver la LOC, sino una mala administración y el juego político que derivó en que los anunciantes se cuiden las espaldas y no quieran pautar”.

Tras el anuncio del cierre, el extrabajador confiesa que el Comité de Empresa pensó que la Superintendencia de Compañías ayudaría a los trabajadores, pero “solo llegaron a liquidar y punto. Edith Duque tuvo muchos errores y no entendió que no era una empresa cualquiera, era periodística. Ahora estamos en una indefensión total”.

Los exempleados de Hoy coinciden en que el actual responsable, el liquidador Víctor Hugo Damián no ha dado respuestas. Tampoco se ha presentado un informe de lo actuado hasta la fecha. Desde FUNDAMEDIOS se intentó contactarlo, pero no se ha obtenido respuesta.

El caso de diario Hoy en una línea de tiempo interactiva

 

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El 27 de junio, hace cinco años, los directivos de la empresa que edita la revista Vanguardia decidieron cerrarla de manera definitiva. Constantes acosos tributarios y laborales de autoridades; problemas económicos y dificultades atribuidas a su línea editorial crítica de investigación sobre hechos de corrupción, así como la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que amenazaba con liquidar al periodismo investigativo fueron las razones que impulsaron su desaparición.

La noticia del cierre fue una sorpresa para los periodistas que laboran en Vanguardia, puesto que justo un mes antes, la revista entró en un proceso de rediseño que culminó de manera abrupta.

Desirée Yépez, actual editora del portal Ecuador Chequea y ex redactora de la revista recuerda ese día, que empezó como un día normal, culminó con una noticia inesperada y el fin de siete años de vida de un proyecto periodístico que se había hecho un nombre en el mundo del periodismo investigativo.

“Estábamos cerrando una de las ediciones de la revista semanal, lo hacíamos todos los jueves. Era la tarde, estábamos en la redacción y llegó el dueño de la revista Francisco Vivanco con la noticia de que dejáramos el trabajo que ya habíamos hecho porque esa semana la revista no iba a circular más. Nos tomó a todos por sorpresa porque un mes antes, habíamos pasado todos por un proceso de capacitación de lo que sería el rediseño de la revista y ya se habían impreso dos o tres ediciones previo al cierre. Evidentemente nadie sospechaba que un cierre así de inminente, así de fuerte se iba a producir”, recuerda Yépez.

Ese 27 de junio, justo tres días después de haberse aprobado la Ley Orgánica de Comunicación, los directivos de la empresa notificaron al personal sobre el cierre. Francisco Vivanco, director de ese medio de comunicación aseguró a diario Expreso que, efectivamente, la decisión estuvo ligada a la aprobación de dicho cuerpo legal.

Sin embargo, durante el Enlace Ciudadano Nro 328, el entonces presidente Rafael Correa rechazó que el cierre de Vanguardia tenga relación a la aprobación de la Ley y sostuvo que se trataba, más bien, de un tema financiero-empresarial. “No pagaban a sus trabajadores, estaban atrasados con el IESS”.

En ese momento, sus periodistas, bajo la dirección de Juan Carlos Calderón  estuvieron en desacuerdo con el cierre y anunciaron públicamente que, contrario a lo que decían los empresarios, estaban dispuestos a continuar haciendo periodismo de investigación, pese a la Ley.

En diálogo con FUNDAMEDIOS, Calderón comenta que la revista sufrió muchos ataques del gobierno, no solo a su prestigio, credibilidad, sino que tuvo ataques físicos graves. “En dos ocasiones se enviaron policías a la redacción, armados y equipados a retirar equipos e incautar como reacción, de alguna manera, a algunos reportajes que veníamos publicando y que afectaban al gobierno de Rafael Correa y a sus funcionarios con pretextos administrativos. Nunca se nos cuestionó desde lo editorial, nunca se nos cuestionó desde los contenidos, sino que se tomó como pretexto supuestas fallas administrativas para atacar Vanguardia, y esto fue generando una crisis. También, había temor en los anunciantes para de alguna manera seguir apoyando este proyecto”, recuerda el periodista, actual director y fundador del portal de investigación Plan V.

Los hechos que marcaron la vida de Vanguardia

Calderón cree que hubo una desafortunada discrepancia entre los accionistas y él como director editorial y el equipo de redacción. “Esta diferencia esencial era que nosotros veníamos embalados trabajando, era un equipo muy cohesionado, que trabajaba con mucha rigurosidad profesional y periodística, nos habíamos jugado por la revista con mucha fuerza, por la libertad de expresión, por el periodismo de investigación  y esto fue un balde de agua fría para nosotros que en la práctica no estábamos tan enterados de la situación que estaba atravesando la revista en general, sabíamos que había una crisis económica pero incluso un mes antes se invirtió en un proceso de rediseño, se invirtió dinero en eso, entonces, el que se haya cerrado tan abruptamente también nos sorprendió a nosotros. Porque si haces un proceso de rediseño y relanzamiento no lo cierras al mes, pero eso ya quedó en la decisión de los accionistas”.

Francisco Vivanco directivo de Vanguardia dio su criterio a FUNDAMEDIOS. «Un medio como Vanguardia, de investigación, análisis y denuncias, no podía sortear las normas aprobadas en la Ley de Comunicación y su agonía económicas  con el acoso oficial nos  llevada a un quiebra desordenada, en la que acreedores y fundamentalmente trabajadores serían seriamente perjudicados y es por esto que tomé la resolución de liquidarla voluntariamente. Pese a todas las infamias y mal utilizando la representación laboral, cadenas y sabatinas pretendieron con la  ayuda de unos cuantos incautos calificarme como explotador laboral. Con el paso de los días todos los trabajadores lograron recibir sus justas indemnizaciones, sin que hayan iniciado juicio alguno y ajustados plenamente a la ley, los acreedores recuperaron sus créditos y hasta el último de los suscriptores obtuvieron el reembolso de valores previamente pagados».

Para Vivanco, un medio de comunicación con estas características no tiene posibilidad de subsistir con una Ley de Comunicación “que le prohíbe esos 4 elementos de análisis”. “Que un gobierno, sea este o cualquiera, puede determinar los temas o agendas que son de intereses público, a mí no me parecía, que el gobierno pueda nombrar y nombre, a través del Consejo de Participación Ciudadana, un funcionario, un comisario o censor, de que no se pueda tratar ningún tema judicial, que esté en conocimiento mientras no exista una sentencia ejecutoriada de última instancia, que los asuntos penales y de corrupción solo pueden tener el enfoque de la Fiscalía General de la Nación porque son asuntos que, de acuerdo con lo señalado en la nueva ley, deben ser tratados con absoluta reserva”, detalló.

La última edición que nunca se imprimió

El número 398 pretendía ser el último que circularía de esta revista semanal -que se convirtió en un referente en la denuncia de temas de corrupción, con casos emblemáticos como el de la “narcovalija”, el préstamo irregular a un ciudadano argentino de nombre Gastón Duzac, o el de la falsificación del título del primo del Presidente, Pedro Delgado, por mencionar algunos-. Sin embargo, su número impreso, inicialmente programado para publicarse el 1 de julio de 2013, nunca salió a la luz.

El sábado 29 de junio de 2013, los directivos de Vanguardia dispusieron parar la impresión de su última edición. Frente a esta decisión, los periodistas subieron a Internet el contenido de la edición Nro 398 de la revista.

La despedida de su equipo fue recordada con un mensaje que fue colgado a la red, junto con su última edición digital. Al ingresar, se leía lo siguiente: “El equipo de redacción cumple su compromiso con los lectores. Esta es la edición 398, la cual no circuló en su formato impreso, por decisión exclusiva de los directivos. Este es un aporte periodístico para que el debate y la libre circulación de ideas continúe en el Ecuador. Hasta pronto”.

La última edición de Vanguardia presentó el caso de Edward Snowden en portada, así como una leyenda que decía: “Vanguardia: el fin de una etapa”, indicando que se trataba de una edición de despedida.

Juan Carlos Calderón, en ese entonces director de la revista, dijo a Fundamedios que su equipo había dejado lista la última edición en la madrugada del 29 de junio para que sea impresa tal y como estaba previsto. Sin embargo, a la mañana siguiente se enteró que habían cancelado la impresión sin que se les diera alguna explicación. A esto, Calderón comentó que en horas de la noche experimentaron una serie de dificultades, como el cambio repentino de las cerraduras de las puertas del medio de comunicación mientras había redactores laborando, así como un bloqueo de los servidores. Esto les impidió temporalmente realizar tareas como importar fotografías, ocasionando demoras en el trabajo.

Un confuso problema laboral dejó sin equipos a la revista

La cuestionada decisión del cierre definitivo de la revista estuvo antecedida por varios hechos que dificultaron la labor periodística de sus trabajadores. Desde 2010, justo cuando el medio de comunicación se dedicó de manera más frontal a publicar temas de casos de corrupción, empezaron las dificultades que fueron atribuidas a su línea editorial.

El 31 de julio de 2012, personal del Ministerio de Relaciones Laborales y efectivos policiales allanaron las oficinas del medio y embargaron sus equipos y otros enseres de la redacción por un supuesto problema laboral, lo que ocasionó que el medio dejara de editar su edición del 06 de agosto.

Esa fue la segunda acción de este tipo que sufrió Vanguardia. En ese entonces, Iván Flores, editor de la revista, aseguró que aproximadamente a las 15:00 de ese día, los funcionarios, acompañados de un fuerte piquete policial, irrumpieron en las instalaciones del medio y se llevaron “de la manera más abrupta toda la información y el material que nos sirve para trabajar”.

La razón dada por los funcionarios fue la existencia de una deuda de la empresa que produce la revista, derivada de sanciones laborales por incumplimiento del artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo -que determina que los empleadores que cuenten con un número mínimo de 25 trabajadores están obligados a contratar al menos a una persona con discapacidad- y por no exhibir en un lugar visible de las instalaciones el reglamento de trabajo. Sin embargo, estas razones fueron rechazadas por sus directivos quienes alegaron que todo estaba en regla.

Según señaló Flores, los hechos ocurrieron sin que se presente orden de autoridad competente y vulnerando garantías al debido proceso. “La notificación se realizó el día anterior y en el entendido legal, tenían tres días para responder. Actuaron sin respaldo judicial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial”, dijo el entonces editor de Vanguardia, quien puntualizó que el monto aproximado de la deuda sería de más de 22 000 dólares.

En ese operativo se apresó al asesor legal externo de la Revista, Carlos del Pozo, pues, en el intento de evitar la vulneración de los derechos de sus defendidos, cerró una puerta que remordió los dedos de un elemento de la Policía. Calderón comentó que lo sucedido fue el precio que tienen que pagar por hacer un periodismo libre y aseguró que, pese a estos hechos, no se callarán. “Ningún pretexto administrativo tiene sentido en estas circunstancias. Ninguna información amerita esta situación”, dijo. Además responsabilizó al Gobierno ecuatoriano por lo que pudiera pasar a sus colaboradores y sus respectivas familias.

El aparatoso operativo policial que irrumpió en la redacción y secuestró los bienes de la revista

Como uno de los hechos más brutales y violentos fue recordado el episodio en el que las oficinas de Vanguardia en Quito fueron desalojadas y sus equipos embargados, en medio de un aparatoso operativo policial en donde intervinieron los miembros del GIR, (por su siglas Grupo Intervención y Rescate) quienes irrumpieron en la redacción con cascos, chalecos antibalas y metralletas.

Ocurrió la tarde de un 17 de diciembre de 2010. Ese día, el operativo se dio tras una orden de secuestro preventivo de bienes, debido a que el inmueble que ocupaba la revista se encontraba bajo un litigio de arrendamiento y era una propiedad incautada a la banca cerrada.

Calderón recordó en aquel episodio contabilizó hasta 15 miembros de grupos de élite de la Policía, cuatro patrulleros y las cámaras de dos canales de TV en manos del Estado. “Además de llevarse nuestros servidores, CPUs y equipo de diseño, los policías requisaron las carteras de los periodistas… hasta a mí me requisaron”, dijo Calderón. Para el entonces directivo, la medida tomada por la policía fue desproporcionada y representó un verdadero “atropello” para quienes hacen Vanguardia.

Las computadoras secuestradas y el material periodístico sensible no fue posible recuperar, generando inmensas dificultades para su operación, según detalló quien fue su abogado, Gerardo Aguirre y Calderón, quien aseguró que continuaron laborando pero sin la memoria gráfica ni documental del trabajo periodístico de la revista.

En ese entonces, Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN “No más impunidad”, administradora del inmueble en donde funcionaba la revista aseguró, en entrevista a la agencia de noticias estatal Andes, que Vanguardia no había pagado absolutamente nada. “No sé a quién pagarían esa plata, pero al Gobierno no lo han hecho”, dijo. Sin embargo, Aguirre afirmó que la deuda se pagó en su totalidad en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Inquilinato y dijo no entender el por qué de las afirmaciones de Delgado. “Si ya no quieren ir al juzgado a retirar el dinero, es otra cosa…”, apuntó Aguirre.

Al respecto, el entonces gerente de la Revista, Luis Zumárraga, aseguró que los valores del arriendo habían sido depositados en un juzgado de inquilinato y que, por lo tanto, la medida era totalmente ilegal. “Espero por el bien del país que esto no sea una represalia contra nosotros y nuestra línea editorial”, dijo Calderón, quien, además, informó que la orden estaba firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN.

Andrés Crespo, presidente de Editorial Gran Tauro, propietario de la revista, reiteró que la medida es “absolutamente inconstitucional e ilegal ya que un asunto de inquilinato no se puede convertir en un juicio coactivo. La constitución prohíbe retener información ajena, es una violación flagrante la que están haciendo, dijo” .

Material periodístico sensible es sustraído por maleantes en dos inusuales y coincidentes asaltos

El viernes 03 de julio de 2009, la sede de revista Vanguardia ubicada al norte de la ciudad de Quito fue asaltada por cuatro sujetos armados y encapuchados. Ocurrió en horas de la noche cuando, el empleado de una pizzería iba a realizar una entrega en el medio de comunicación. Tras él, ingresaron cuatro antisociales a las instalaciones de la revista. Una vez adentro sujetaron de pies y manos a los periodistas y diseñadores a la vez que los amenazaron de muerte.

Los maleantes sustrajeron el CPU del director editorial de la revista y de periodistas quienes manejan información sensible, como también revisaron y escogieron documentos personales y relacionados al trabajo. Robaron, además, pertenencias personales de los afectados.

Luego de media hora del asalto, llegaron miembros de la Policía Judicial. El personal de la revista hizo la denuncia ante las autoridades pertinentes. Vanguardia en un comunicado señaló que “se rehúsa a creer que acciones como éstas pudieran hacer parte de la campaña de intimidación que hay contra los medios de comunicación”. Las autoridades nunca esclarecieron el hecho.

Tras este extraño hecho, cuatro días más tarde, el miércoles 08 de julio, José Luis Estrada, Gerente Comercial de Revista Vanguardia, fue asaltado por dos antisociales armados. Sucedió en horas de la noche cuando Estrada salía de las instalaciones de la revista, dos sujetos lo interceptaron y le arrebataron la maleta donde llevaba su computador personal, convirtiéndose en una inusual coincidencia.

Tras cinco años de su cierre, periodistas creen que «la LOC no fue un impedimento»

Tras cinco años del cierre de Vanguardia, sus ex trabajadores coinciden en que, más allá de las dificultades económicas, sí podrían haber seguido haciendo periodismo con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, aunque sí reconocen que el alto costo de hacer un periodismo de investigación de calidad y el retiro de empresas anunciantes, por el temor a represalias, complicó mucho la tarea.

Para Desirée Yépez, Vanguardia dejó un espacio que difícilmente se ha podido llenar. “Luego de cinco años queda claro que quienes perdieron han sido los lectores. Los periodistas que formamos esa redacción de alguna u otra manera seguimos haciendo periodismo. Entonces también quedó claro que la Ley de Comunicación no era el impedimento para que Vanguardia pudiera seguir circulando”.  Para ella, decir que la Ley de Comunicación fue la responsable del cierre de la revista Vanguardia significaría decirle al poder de turno que hemos perdido y que no podemos hacer más periodismo y hemos demostrado cinco años después que eso no es así.

Juan Carlos Calderón cree que, con dificultades, sí hubiesen podido sobrevivir y seguir adelante, pero la crisis económica, lamentablemente pesó mucho. “De alguna manera, muchos anunciantes se retiraron, tuvieron miedo. El sector empresarial le debe mucho a la sociedad ecuatoriana y muchos tuvieron miedo y no ayudaron a sostener este proyecto. La revista creció, y el apoyo del lector era innegable pero no alcanzaba a sostener el proyecto.

Para Calderón, Vanguardia sí fue la vanguardia en ese momento histórico en el periodismo de investigación y eso se muestra hoy. “Me da la sensación de que estamos repitiendo temas que ya se publicaron”, apunta el actual director de PLan V, al recordar casos como el del secuestro de Fernando Balda, el caso Cosíos, entre otros.  Para él, hay que recordar a Vanguardia por lo que esa revista aportó al periodismo ecuatoriano. “Fue una revista con una corta vida de siete años pero intensa”.

Epílogo y nuevo comienzo 

Como señalan los periodistas de Vanguardia, el cierre de la revista fue un golpe muy duro al periodismo investigativo en el Ecuador. Pero no fue el fin. La mayoría de la redacción del medio cerrado trató de mantenerse juntos en un nuevo proyecto llamado Plan V que con dificultades, se ha consolidado como una revista digital de referencia por sus investigaciones, columnas de opinión y seguimiento informativo de alta calidad.

El establecimiento del nuevo proyecto, contó con el apoyo inicial de Fundamedios que gestionó y obtuvo un pequeño capital semilla inicial de 60.000 dólares que se agotó muy pronto en el desarrollo inicial del portal. Eso significó que varios de los periodistas de la redacción inicial de Vanguardia se separaran.

Al final, bajo el liderazgo y tesón de Juan Carlos Calderón el portal ha llegado a consolidarse como una de las mejores opciones periodísticas del Ecuador.