Comunicados

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Este lunes, 11 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, se reunió con la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, con la finalidad de contar con acciones que ayuden a avanzar en el caso de asesinato y secuestro de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, director de Fundamedios señaló que la Veeduría Ciudadana se conformó con la finalidad de lograr que el avance en el caso de secuestro y asesinato del Caso Nos Faltan 3 no quede en la impunidad, considerando que no han existido avances por parte de la Fiscalía. 

Ricardo Rivas manifestó que han pasado 3 años desde que se desarrollaron los hechos de un caso que trascendió fronteras, sin embargo desde Fiscalía no han existido avances en los procesos. Han existido distintos obstáculos como cambios de Fiscales, en el último cambio realizado, se designó a un Fiscal que no tiene experiencia en casos de delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que de la reunión mantenida entre la Veeduría y la Fiscalía, esta entidad señaló que el Estado no ha entregado la información necesaria para avanzar en las investigaciones debido a su clasificación como reservada, pero se deben considerar trabajos de investigación periodística, así como se ha hecho en otros procesos de alta relevancia para el Estado.

Rivas también manifestó que después de 3 años no existe un solo detenido en el caso; órganos internacionales realizaron recomendaciones a los Estados, sin embargo la respuesta del Estado ecuatoriano se centró en que dicho informe no era vinculante. Reiteró que la finalidad de esta reunión y de las acciones de la veeduría es poder llegar a tener justicia en el caso.

La Presidenta del Consejo de la Judicatura señaló que desde el Consejo se hará un acompañamiento del caso dentro de sus atribuciones legales y con respeto a la autonomía de otros organismos del Estado. 

Esta Veeduría Ciudadana agradece la apertura brindada por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, y continúa dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a las cartas enviadas desde noviembre de 2020.  

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Ecuador, 07 de enero del 2021.  La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe no vinculante por el cual sugiere al Pleno ratificar los textos aprobados a las reformas a la Ley de Comunicación respecto de los artículos 5 y 44.1, tomando en cuenta que se ajusta a lo que determina la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales que Ecuador ha ratificado sobre derechos humanos.

El Ejecutivo en el veto parcial propuso a la Asamblea Nacional que las personas naturales sean consideradas medios de comunicación, por lo tanto, objeto de regulación. El Ejecutivo consideró que el concepto de medios de comunicación aplicado en el artículo 5 de la Ley, se limita a la actividad comunicacional que desarrollan los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, medios impresos y audio o video por suscripción y  que las tecnologías de la información y comunicación rebasan los medios tradicionales; por lo tanto, debe entenderse que los medios de comunicación no son otra cosa que mecanismos aptos para transmitir, divulgar y difundir información.

“Para efectos de esta Ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma establece y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población”, planteó el Ejecutivo.

En el análisis de esta objeción parcial, los parlamentarios mencionaron que las observaciones planteadas por el Mandatario no son claras ni precisas. En su fundamentación incluye la regulación de las plataformas digitales, cuando se debe entender que son medios alternativos de comunicación con inmediatez increíble y tienen un rol fundamental, por tanto, en su momento, en un amplio debate con la sociedad se determinará su correcto funcionamiento, dijeron.

Así mismo, los asambleístas Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, Ximena Chactong y Jaime Olivo recordaron los criterios de diferentes actores a nivel nacional quienes expresaron que la comunicación no es un servicio sino un derecho, por tanto, la libertad de expresión y pensamiento deben ser respetados, razón por la cual el Estado no debe restringirlo.

“Necesitamos una comunicación libre, incluyente, plural y participativa como parte fundamental del ejercicio democrático”, dijo Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.

En este marco, la mesa legislativa sugiere al Pleno ratificar el texto del artículo 1 que sustituye el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación que hace referencia a los medios de comunicación. Para efectos de esta ley, se considerarán medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. Para el efecto no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado.

También, plantea ratificar el artículo 44.1 del sistema de comunicación social, por el cual se determina que es el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica, a través de medios impresos, radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

El presidente de la República, Lenin Moreno, el pasado 5 de enero, vetó parcialmente los dos artículos que reforman a la Ley de Comunicación, donde plantea la incorporación de las plataformas digitales como medios de comunicación objeto de regulación.

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Este lunes, 4 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, envió cartas solicitando acciones a las distintas autoridades del Estado. Las cartas desde noviembre de 2020 no han tenido respuesta alguna.

De la reunión mantenida con la Fiscalía General del Estado, se constató que la razón principal para los avances fue la falta de colaboración por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, que forman parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado-COSEPE, cuya autoridad que lidera es el Presidente de la República, Lenín Moreno; por lo que esta Veeduría Ciudadana señaló en estas cartas la obligación de desclasificar esta información por tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

Asimismo, se enviaron cartas de insistencia de actuaciones a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo, instituciones que hasta la fecha actual no han dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta Veeduría. Esta falta de acción por parte de cada una de estas instituciones se encuentra detallada en el Primer Informe de Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE, que fue publicado el pasado 11 de diciembre de 2020, después de un año del lanzamiento del Informe elaborado por este organismo internacional. 

Estas acciones realizadas por la Veeduría se encuentran acompañadas por la Resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Pleno 061 el 02 de diciembre de 2020, en la que exhortan a estas instituciones a cumplir las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, además de solicitar las comparecencias de las entonces autoridades que formaron parte del Comité de Crisis entonces conformado para el manejo del secuestro de Javier, Paúl y Efraín. 

 

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Este miércoles 16 de diciembre se proyectó el documental “Nos faltan 3” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manta. Este documental nos cuenta de manera cronológica los hechos del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. 

Este Foro contó con la participación de Ana Cevallos de Rivas cuñada de Paúl Rivas, Patricio Ramos ex corresponsal en Jefe de Diario El Comercio en Manabí, Hernán Lucas periodista independiente, Gabriela Loja autora del documental y como moderadora Diana Zavala, periodista independiente y activista.

En este Foro, Ana Cevallos de Rivas, cuñada de Paúl Rivas manifestó que el documental visibiliza la secuencia cronológica dolorosa de un acontecimiento que afectó tanto a las familias como al país entero. También indicó que las familias de las víctimas se convirtieron en investigadores y periodistas con la finalidad de esclarecer los hechos, debido a la falta de actuación del Estado. 

Ana también expresó su indignación por la liberación de dos detenidos en Colombia debido a la negligencia de la Fiscalía General de la Nación de este país y de la falta de acciones coordinadas por parte de la Fiscalía de Ecuador, institución que no ha avanzado en las investigaciones debido a la clasificación de la información por parte del Estado. 

Hernán Lucas, indicó que los periodistas no tienen seguridad en el ejercicio de su profesión, de parte del Estado y de los dueños de los medios de comunicación. “Todos los ecuatorianos fueron testigos de los hechos que se desarrollaron en torno al secuestro de Javier, Paúl y Efraín y saben que el gobierno debe respuestas a distintas interrogantes.”

Patricio Ramos, señaló su inquietud por la ausencia de los Directores de El Comercio en el documental. “Parte medular, cuando uno sale de cobertura es la asignación del Diario, quienes deben asegurarse que el periodista cuente con todos los protocolos de seguridad”. A su vez señaló la importancia de contar con estos espacios para poder dialogar y evidenciar las necesidades que los periodistas enfrentan diariamente en el ejercicio de su profesión.

 Gabriela Loja, autora del documental aclaró que la ausencia de Directores de El Comercio en este trabajo audiovisual se debe a la falta de colaboración que los mismos tuvieron, así como autoridades que formaron parte del comité de crisis y se negaron a dar más información respecto al caso. 

Loja también indicó que durante la realización del documental evidenciaron que parte del protocolo de seguridad del medio consiste en mantener contacto frecuente con los periodistas que realizan coberturas como sucedió en el caso de Javier, Paúl y Efraín. “En Ecuador no existen manuales o protocolos de seguridad para periodistas que realizan coberturas. A raíz del caso Nos Faltan 3 se trabajaron distintos modelos pero estos no incluyen la participación de todos los actores involucrados.” 

Diana Zavala, también señaló que en distintos trabajos periodísticos se señaló que otro equipo del Diario El Comercio, visibilizó la complejidad de la situación y alertó a los compañeros, por lo que no se explica la falta de medidas de seguridad tomadas por el Diario. También resaltó la importancia de verificar si el trabajo realizado por Javier, acerca del diálogo de agentes estatales con miembros de la organización delictiva influyó en el desenlace obtenido. 

Finalmente, Zavala indicó que este documental es una pieza importante para evidenciar la ausencia de acciones de protección para los periodistas, ya sea por el Estado o por los medios para los que se trabaja. 

Se espera poder contar con distintas proyecciones del documental Nos Faltan 3 a nivel nacional. Este trabajo audiovisual tuvo su lanzamiento en el Cine Ocho y Medio de la ciudad de Quito, en noviembre del presente año, y ya ha sido proyectado en las  ciudades de Guayaquil, Portoviejo y Manta. 

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Ecuador, 15 de diciembre. El proceso público competitivo para la asignación de frecuencias de radio en FM se aplaza por dos meses más. El pasado 10 de diciembre el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Xavier Aguirre, a través de la Resolución No. ARCOTEL-2020-0645, dio a conocer la nueva fecha límite para la entrega de los títulos habilitantes que será hasta el 10 de febrero de 2021.  Es decir, cuatro días después de la primera vuelta de las elecciones generales. 

Estaba previsto que los títulos habilitantes se entreguen en los primeros días de diciembre, luego de una ampliación del plazo de 25 días solicitada por el organismo el pasado 5 de agosto, con el propósito de analizar la información de las instituciones de control del Estado a las cuales ARCOTEL solicitó información.  

 Así, el cronograma actualizado sería el siguiente: 

-La ARCOTEL analizará las solicitudes de revisión y emitirá el dictamen respectivo hasta el 4 de diciembre. 

– La Dirección Ejecutiva de acuerdo a la puntuación total obtenida para cada área de operación zonal y/o área de operación independiente, declarará un ganador en orden de prelación (de mayor a menor puntuación total obtenida, identificando el solicitante que obtuvo cada puntuación), y emitirá su resolución, en la que además dispondrá la notificación y publicación de los resultados en la página web institucional. Desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 10 de febrero de 2021.

– La ARCOTEL notificará y publicará los resultados en la página web institucional. Hasta 17 de febrero de 2021. 

– Una vez notificada la resolución, la ARCOTEL elaborará y suscribirá el título habilitante e inscribirá en el Registro Público de Telecomunicaciones. Hasta el 3 de marzo de 2021. 

El organismo publicó el pasado 13 de noviembre, el resultado preliminar de evaluación de las solicitudes con dos informes: el primero que daba el listado de concesionarios que cumplieron todos los requisitos con los respectivos puntajes e informes jurídicos y otro en el que se entregó información acerca del cruce de datos que realizaron con otras instituciones.  Entre estas se encuentran la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de Bancos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

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Ecuador, 11 de diciembre del 2020. La veeduría ciudadana Nos Faltan Tres realizó el Foro: A un año del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Ha cunplido el Estado? con el propósito de analizar las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) presentadas el 12 de diciembre del 2019 y que involucran a múltiples instituciones del Estado ecuatoriano.

El 26 de marzo de 2018, a la medianoche, los medios de comunicación del país difundieron la noticia del secuestro de quienes integraban el equipo periodístico de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Días más tarde, luego de fallidas negociaciones, se confirmó el asesinato de los mismos.

Frente a estos hechos surgieron varios reclamos e interrogantes acerca de la actuación del gobierno frente al secuestro del equipo periodístico. Por esta razón, el Estado Ecuatoriano conjuntamente con los familiares de las víctimas solicitaron a la CIDH su intervención en el esclarecimiento de los hechos desarrollados en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

De esta manera la CIDH conformó el ESE, quienes remitieron el Informe que analiza las omisiones del Estado y la Fiscalía, en torno a la investigación de los hechos que llevaron al secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que un año después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH. Explicó además el trabajo realizado desde la Veeduría Nos Faltan Tres como una serie de acciones para que los Estados asuman su responsabilidad en este crimen y luego acojan las recomendaciones.

Entre las principales recomendaciones está:

  1. Revisión de procedimientos internos para mejorar la cooperación internacional.
  2. Analizar el material decomisado en investigaciones, y las pruebas relacionadas con el funcionamiento de la organización criminal mediante un plan de investigación. 
  3. Reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de telefonía móvil y computación.
  4. Evitar la revictimización de Javier, Paúl y Efraín en las investigaciones debido a su trabajo periodístico
  5. Examinar las descoordinaciones y omisiones del Estado.
  6. Desclasificar la información en poder de las F.A.  de Ecuador.
  7. Designar una comisión especial que garantice a las familias acceso a la información en manos de entidades. 
  8. Crear mecanismos de reparación integral a los familiares
  9. Crear un Comité de Protección de Periodistas, y crear un protocolo de intercambio de información con Colombia

Otras acciones de la veeduría fueron envío de solicitud de información e insistencia de cumplimiento de recomendaciones  a entidades como la Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio Defensa, Asamblea Nacional, Comité de Protección de Periodistas; Consejo de Participación Ciudadana 

Ricaurte destacó que ha existido falta de cooperación por parte de las entidades del Ejecutivo en la desclasificación de la información ya que las entidades del Estado no entregan la información a pesar que en casos de DD.HH no se puede clasificar la información y dificulta que se llegue a la verdad y a la justicia y hace que los casos queden en la impunidad.  Destacó la inoperancia en la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones y estamos frente a un caso que se podrá prolongar por años hasta que exista voluntad política para desclasificar la información, una clara falta de actuación por parte de esta entidades.   Además la falta de actuación política por parte de entidades que tienen facultades fiscalizadoras e investigativas con una ausencia total de la Defensoría del Pueblo en este caso y la falta de acompañamiento y actuación por parte de instituciones nacionales de Derechos Humanos. “No vamos a parar hasta que exista una reparación y se conozca la verdad” aseguró. 

Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH aseguró que hay un insumo producido con estándares técnicos con el liderazgo de su predecesor, Edison Lanza, y que este es un informe inédito en la historia de organismos e instrumentos internacionales con una investigación del asesinato a periodista y es un insumo valioso y util para los Estados es su obligación  de  sancionar:  “tras un año estas recomendaciones siguen siendo vigentes”  

Dentro del Foro, Soraya Constante de Periodistas Sin Cadena dijo que hubo omisiones por parte del Estado y la más importante fue la descoordinación entre las instituciones y tres años después no hay resultado de las investigaciones. Tampoco tomarse en serio la protección para periodistas en zonas de riesgo. Sobre el Comité de Protección de Periodistas sostuvo que no ha tenido resultados concretos y fue una solución parche. 

Angela Caro de la Fundación para la libertad de prensa aseguró que en 2018 ambos Estados anunciaron varias acciones pero ha sido un camino que se va alargando en busca de la verdad y la justicia. Sostuvo que el Estado no ha asumido compromisos en la investigación del caso y el Estado Colombiano no ha aclarado muchos temas pendientes y la zona de frontera sigue siendo una zona de riesgo para el trabajo periodístico. 

En representación del Colectivo Nos Faltan Tres habló Ricardo Rivas quien recordó que a los estados de Ecuador ni Colombia no les interesa seguir investigando ya que se ha priorizado la imagen porque saben que una verdadera investigación afectará la imagen de los gobiernos. “Colombia  no quiere investigar más allá de quien jaló el gatillo y Ecuador está a la espera de la información de las entidades”. 

La Veeduría Ciudadana Nos Faltes Tres continuará realizando acciones para evitar la impunidad en este caso . 

INFORME ESE 2020

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Ecuador, 10 de diciembre del 2020. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 126 votos de los asambleístas presentes, aprobó el informe del segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, por el cual se determina que la comunicación es un Derecho Humano y no un servicio público.

El asambleísta Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos y ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, recordó que el vigente artículo 5 cataloga a la comunicación como un servicio público, esto implica que los servicios públicos son aquellos de decisión y control exclusiva del Estado, delegados excepcionalmente a particulares. Sin embargo, la comunicación como actividad no se limita a la prestación del Estado y a su delegación, puesto que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como todo derecho humano, no requiere de una delegación estatal.

Dijo que la Comisión y la Corte Interamericana han sostenido que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual y una social. La dimensión individual de la libertad de expresión consiste en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.

La reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 18 de diciembre del 2018 mantenía intacto el artículo 5, en el cual se considera que los medios de comunicación social “prestan un servicio público de comunicación masiva”.

El discurso en que se basó el segundo debate fue la promesa de que con las reformas a la norma la comunicación dejaría de ser un servicio público, pero el texto aprobado y remitido al Ejecutivo no incluyó cambios.

La Corte Constitucional, en agosto de 2018, declaró inconstitucional a la enmienda 14, que se aprobó en la Asamblea sobre la comunicación como servicio público.

En junio 2013, tras casi cuatro años de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador entonces con una abrumadora mayoría del partido de Gobierno, Alianza PAIS, (con 100 de los 137 escaños) aprobó la Ley Orgánica de Comunicación con el respaldo de 108 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, entre los 135 asambleístas presentes en la reunión del Poder Legislativo.

El documento será enviado en los próximos días al Ejecutivo para su sanción u objeción.

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Ecuador 9 de diciembre del 2020. La veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creada para dar seguimiento al Proceso Público Competitivo de Adjudicación de Frecuencias de Radio, presentó el 2 de diciembre el primer informe sin alertar de mayores novedades.

Este documento de 10 páginas, sin numerar, incluye tres capítulos en los que aborda el Informe Sobre la evaluación de solicitudes, el Informe sobre denuncias y el Informe sobre nueva norma técnica para Radio FM. 

Sobre la evaluación de las solicitudes la Veeduría sostiene que el medio de verificación de la “declaración responsable” crea una base de inseguridad jurídica puesto que alguien que no cumple con los requerimientos establecidos en las bases puede verse afectado en las posibles inversiones que esa persona haga.

El capítulo referente a las denuncias destaca que al consultar la base de datos de peticionarios de frecuencias se encuentran los siguientes registros bajo el nombre comercial CANELA. Se refiere a KOMUNIKEST COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A (94.5), LESOTHO S.A (90.5).,CANELA CENTRAL SIERRA SIENPALTI S. A. (94.5) y RADIOEVENTOS S.A. (89.3).  

El 18 de noviembre del 2020 Fundamedios ratificó en rueda de prensa que luego de la nueva verificación ofrecida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) no se detectó la concentración de frecuencias de Angel Gonzalez y de Jorge Yunda.  

De las nueve frecuencias que forman parte del imperio mediático de González, solamente RIDALTO RIDALTOSA S.A no cumpliría los requerimientos, según el nuevo informe jurídico, mientras que 8 empresas sí cumplirían todos los parámetros. En el caso de las 9  frecuencias vinculadas a las Familia del alcalde Jorge Yunda, 8 han sido calificadas con informe jurídico favorable, con excepción de Ecuaenlace.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-arcotel-concurso-frecuencias-concentracion/

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-reincorporacion-mashiroberto-veeduria-frecuencias/

Luego de Ricaurte renunciaron los veedores María José Ramírez Campos y Raúl Fernando Cabrera también presentaron su renuncia irrevocable dentro del proceso. 

https://www.fundamedios.org.ec/veedores-concurso-frecuencias-renuncian/

Finalmente dentro del informe sobre la nueva norma técnica para Radio FM se pone en conocimiento general las dificultades e inconvenientes que se están ya presentando y podrían seguirse generando con la aplicación de la Nueva Norma Técnica para Radio FM, en virtud de la Ampliación de la banda de frecuencias que antes era de 88 a 108 MHz. Y ahora es de 76 a 108 MHz.

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No son solamente los casos sobre la concentración de frecuencias que han sido ignorados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). A ello se suman múltiples voces ciudadanas que compiten por una emisora y que denuncian irregularidades  en el proceso público. Fundamedios recoge algunos de los casos que se reproducen en todo el país y dejan una secuela de afectación e impotencia. 

3 de diciembre de 2020

Errores administrativos, envíos de información a correos equivocados, radios históricas sin frecuencia, puntajes altos a participantes sin experiencia, supuestos conflictos de intereses, son algunas de las irregularidades que se denuncian en diferentes provincias. A raíz de que el pasado viernes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) dio a conocer los resultados preliminares dentro del proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Dos informes fueron publicados en el portal: el primero sobre el Resultado de la Evaluación de Solicitudes, que enlista los concesionarios que cumplieron o no con los requisitos y los respectivos puntajes e informes jurídicos; el segundo sobre el Informe General de Prohibiciones e Inhabilidades, en el que se registraba la información acerca del cruce de datos que realizaron con ocho instituciones.   

Aunque se tratan de resultados preliminares, los casos de concentración de medios detectados no son del único mal que adolece el concurso. Aquí las historias. 

Excolaborador de Gabriela Rivadeneira ganará Radio La Prensa, medio incautado, y sumará cuatro frecuencias familiares 

Existen casos en los cuales a extrabajadores o funcionarios públicos que mantuvieron relación con las altas esferas del poder se les otorga no una sino dos frecuencias y en este paquete va incluido frecuencias de medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado, y que permitirán la consolidación de nuevos ‘mini imperios mediáticos’, este el caso de la familia Carrillo de Otavalo. 

Según la última lista que publicó el ARCOTEL, Carrillo Espín Willian Alfredo participa por la frecuencia 97.9 que corresponde a Radiomar en Esmeraldas; la frecuencia 98.5 de Radio Ritmo en Santo Domingo y la frecuencia 100.1 que corresponde a Radio La Prensa T.V S.A de Guayaquil, medio de comunicación incautado que actualmente forma parte del paquete de medios públicos. Carrillo Espín es concesionario desde hace dos años de la Radio Qué Buena 90.1 de El Carchi. 

Los extrabajadores de Radio La Prensa realizaron un plantón el pasado 20 de noviembre, pues se oponen a la concesión de la frecuencia de radio. Según señaló Margarita Constante, vocera de los excolaboradores, la venta de esa radio era una de las alternativas que presentan para cobrar liquidaciones pendientes, pero eso se quedaría sin piso en el momento en que el Estado se quite la frecuencia a sí mismo.

De acuerdo al grupo de extrabajadores, Radio La Prensa Sport tiene empleados sin cobrar sus liquidaciones, y sin tener su cancelación del seguro social por lo que han solicitado públicamente que no ingrese a concurso. 

Según los registros iniciales de Arcotel la Empresa de Medios Públicos, accionista en los medios incautados, si solicitaron la renovación de la frecuencia, pero desde el primer proceso no cumplieron los requisitos. Es así que Carrillo Espín Willian Alfredo, con un puntaje de 79 puntos se llevaría esta frecuencia en Guayaquil.

Él es abogado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica del Norte y con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Fue experto 2 en la Unidad Técnica Legislativa y su ingreso a la Asamblea se dio en la época de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con quien mantiene una relación profesional desde Otavalo, de donde ambos son originarios. 

En ésa época legislativa se le asignaron varias representaciones: en agosto del 2014 fue designado por la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana que realizó la primera renovación del Consejo Nacional Electoral y en julio del 2015 junto  con Vladimir Salazar González, y Johana Pesántez Benítez fueron elegidos como candidatos a jueces de la Corte Constitucional (CC) en representación de la Función Legislativa, en el proceso de renovación parcial. Sus nombres fueron mocionados entonces por William Garzón, de Alianza PAIS (AP). Recibieron 81 votos a favor.

En julio del 2016 formó parte de la Comisión Ciudadana de Selección que llevó a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Según el Servicio de Rentas (SRI) Internas la principal actividad económica de Carrillo Espín Willian Alfredo es el servicio de pasajeros. 

Se podría decir que Carillo no ha estado inmerso en el mundo de la radiodifusión, pues en realidad es su padre, Mario Alfredo Carrillo Vargas, quien tiene como actividad principal la radiodifusión desde hace 25 años y es concesionario de Radio Satélite  que opera bajo el dial 107.1 en Otavalo. En su página web se detalla que la estación radial fue creada en 1994 de la mano del ingeniero Mario Alfredo Carrillo Vargas, y que en su programación se tratan temas de actualidad e interés general, tanto referentes a Otavalo como sucesos de Ecuador y el mundo. Según las últimas listas de Arcotel, Carrillo Vargas participó por la frecuencia 95.7 correspondiente a la Corporación Comunicacional de Cotopaxi SCC, con 88.5 puntos, sin embargo, no ganaría porque otros competidores tienen mejor puntaje.  

Sobre la posibilidad de que luego del concurso, su familia sea la propietaria de cinco frecuencias en Otavalo, Cotopaxi, Tulcán, Esmeraldas y Guayas, aseguró que su padre ha sido radiodifusor por más de 25 años y que de ninguna manera se puede configurar un ‘mini imperio mediático’ familiar pues “hasta ahora está endeudado en los equipos”. 

Willian Alfredo Carrillo Espín contó a Fundamedios que el mercado de Carchi no es bueno y que por eso decidió participar para obtener frecuencias en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. Además, destacó que de estas tres, la de Santo Domingo quedó lejos de estar en sus manos. 

No deja de ser llamativo, que quien señala admite que la operación actual de su medio de comunicación madre no es “bueno”, es decir lucrativo, tenga la capacidad para instalar repetidoras que cubren buena parte del territorio nacional y que sus planes de sustento económicos merezcan altos puntajes.

Sobre Radio La Prensa y los pedidos de extrabajadores del medio, contestó que desconocía la situación laboral y legal de la radio guayaquileña cuando concursó y que se escapa de su alcance pues la frecuencia se lanzó al proceso y él solamente participó. 

Al preguntarle sobre su relación con la ex Titular del Legislativo, respondió: “A Gabriela Rivadeneira no la he visto desde hace tres años, yo trabajé en una unidad jurídica de la Asamblea. Nunca he pegado un afiche de ellos jamás y no voy a permitir que difamen mi nombre, no tengo ninguna relación con Gabriela Rivadeniera, no la he visto ni he hablado con ella”, aseguró. 

 

¿Conflicto de intereses?

Steve Alexander Calvopiña Tipan tiene 19 años y es estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la escuela Politécnica Nacional de Quito. Actualmente, también es uno de los participantes por la frecuencia 102.9 con el nombre propuesto de ‘Sky Radio’. Según el informe emitido por ARCOTEL, Calvopiña obtuvo un puntaje de 119.5, el mayor entre los que compiten por la misma frecuencia. 

Podría pensarse que es la falta de experiencia o la juventud de Steve Calvopiña lo que llama la atención, aunque si se trate de un indicio, lo que realmente pone en tela de duda su participación es la relación que tiene con William Leopoldo Calvopiña Hinojosa, quien es su padre y según el portal de Contraloría de Declaraciones Patrimoniales Juradas, fue funcionario en ARCOTEL desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2019, bajo el cargo de “Profesional Técnico 1” en la ciudad de Riobamba.

De acuerdo, a las inhabilidades del concurso, se establece que no podrán participar “quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; se entenderá por autoridad de telecomunicaciones al Director Ejecutivo y todos los miembros del Directorio de ARCOTEL”. Es muy llamativo que en las bases del concurso se prohíbe participar a los miembros del Consejo de Comunicación, que no tiene nada que ver en el actual concurso, y en cambio sólo se establezcan prohibiciones para el presidente y el Directorio de ARCOTEL. ¿Los funcionarios de ARCOTEL que tienen a su cargo la calificación de las propuestas no tienen ninguna inhabilidad para participar? 

En el informe de Inhabilidades publicado por el organismo, se detalla que la información sobre Calvopiña (hijo) no ha sido entregada por el Registro Civil. 

“Si el padre del postulante apenas se retiró el año pasado de ARCOTEL, es obvio entender y comprender que él mismo tenía conflicto de intereses y por esta razón no postula él directamente en el concurso, por ello utiliza como testaferro a su hijo”, denuncia Luis Alberto Pumagualle, quien tiene más de cuarenta años de experiencia en la comunicación radial, y quien también participa por la frecuencia 102.9 de Riobamba, pero como repetidora.  Lo hace bajo el nombre de la empresa CG Producciones y Entretenimiento S.A. concesionaria de Radio Sensación 102.9, estación con más de una década operando en el cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo.  

“Tienen todo su derecho de participar, siempre y cuando no hayan conflictos de intereses por parte de quienes ya fueron funcionarios de ARCOTEL”, recalca. Ellos en cambio obtuvieron un puntaje de 98.5 como puntaje final, pues el postulante Calvopiña en el dictamen de sostenibilidad financiera saca un punto más  39.5.  Actualmente, expresa Pumagualle que han ingresado la documentación a ARCOTEL para que se reconsidere la puntuación. 

Fundamedios contactó a William Calvopiña y al preguntarle si su hijo estaba a concurso, respondió:  “Sí entiendo que si, él es mayor de edad”, y agregó “yo no tengo nada que ver con Arcotel (…) yo nunca fui director ni miembro del directorio yo ya no soy funcionario de Arcotel desde el año anterior, incluso yo pudiera participar no hay ningún impedimento”, aseguró e indicó que las inhabilidades aplican solo para los familiares del director y los miembros del directorio de ARCOTEL. 

Este no es el único caso denunciado sobre supuestos conflictos de intereses, ni tampoco el único en Riobamba. Alex Hernán Velasco García, quien participa por la frecuencia 93.7 con el nombre propuesto de ‘La Macarena’ obtuvo 86 puntos. Las denuncias en torno al caso giran sobre Ángel Hernán Velasco Jara, quien trabaja desde 1995 como “Profesional Técnico 3” y es el padre del participante.  Fundamedios contactó a Ángel Hernán Velasco, quien corroboró que su hijo está a concurso, y al igual que Calvopiña mencionó que aquello no incurre en ninguna inhabilidad. 

‘El Fantasma’ nunca pierde

A finales de 1950, Daniel Pinos (97 años), hoy uno de los radiodifusores pioneros del Ecuador, compró los derechos de Radio Cuenca 1180 AM. Desde entonces la estación fue conocida por tratar temas culturales, políticos, y deportivos. Así, Pinos dirigió la emisora hasta el año 2011, dejando su legado a cargo de la segunda generación de la familia, a su hijo Kleber Pinos.  

En diciembre de 2019, esa trayectoria fue interrumpida, debido a un “proceso de persecución”, como describe Kleber, pues cuenta que “por tener una postura de análisis y de crítica al anterior gobierno de Rafael Correa en el concurso anterior que fue fallido, nos descalificaron de entrada. Entonces nos sacaron del aire”, recuerda.  

El próximo mes cumplen un año de funcionar solo de forma online y de redes sociales, pero además se cumple su aniversario número 70, siendo Radio Cuenca una de las emisoras más antiguas del país. “Somos una familia de radiodifusores (…) decidimos este año tratar de conseguir una frecuencia para migrar de radio AM a FM”. Por ello, Daniel Enrrique Pinos Andrade, hijo de Kleber y parte de la tercera generación de radiodifusores de la familia,  participa para obtener la frecuencia 102.9 para una matriz en Cuenca con el nombre propuesto ‘Radiopolis’. Alcanzaron la puntuación perfecta entre el dictamen jurídico y el informe financiero sumando en total 120 puntos. Pese a su trayectoria de 70 años, esta propuesta no obtuvo puntos adicionales por experiencia y años de servicio.

El puntaje perfecto de la propuesta no es suficiente si su contrincante por la misma frecuencia era la empresa Televisión Independiente Indetel S.A. concesionaria de Galaxia Stereo que como ha revelado FUNDAMEDIOS forma parte de los medios de Ángel González alias El Fantasma. 

Recordemos. 

Indetel es de propiedad de la sociedad uruguaya Burtown S.A. sociedad que estuvo presidida y representada por Carlos Lorefice Lynch, exabogado del Fantasma; y la otra propietaria es la empresa guatemalteca, Televisiete S.A.

Además, el apoderado de la empresa ecuatoriana Indetel es Juan Carlos González Saenz, sobrino de El Fantasma. Según el informe publicado por ARCOTEL, Indetel obtiene 129 puntos pues acumula 30 puntos adicionales por experiencia y “años de servicios”.

“No nos imaginamos jamás que se incluirían, desde mi punto de vista, de una manera mañosa para que las mismas personas que han acumulado frecuencias como es el Fantasma González, el señor Yunda o el señor Andrade en Manabí, vuelvan a ganar con la trampa en donde se pone como parámetro ‘la experiencia’; que de pronto está ligada a la frecuencia que tenía un concesionario desde años atrás. Entonces, es imposible competir en esas condiciones (…) El Sr. Fantasma González sigue siendo el amo y señor de las frecuencias en el país, camufladas en varias empresas”, concluye Pinos. 

Quienes eclipsaron a ‘Radio La Luna’ vuelven a obtenerla  

La frecuencia Radio La Luna 99.3 seguirá en manos del Centro de Educación Popular (Cedep), su concesionario desde julio de 1998. Una emisora histórica por su trayectoria en temas culturales y políticos,  y además, fue una de las impulsoras de la autoconformación del denominado grupo de “forajidos” que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Sin embargo, en enero de 2011 aquella radio emblemática cambió su contenido y fue a parar al terreno de los deportes y el entretenimiento, la empresa Planet Audio asumió la programación e instaló una nueva emisora bajo el nombre de “La Deportiva” a cargo de la dirección del periodista deportivo Oscar Portilla. Pero la concesión siguió siendo de la Cedep. 

En su tiempo, el gerente de Radio la Luna explicaba en Diario El Comercio la negociación con Planet Audio: “Es como un matrimonio, que beneficiará a La Luna”. Asimismo, Ataulfo Tobar negó que detrás de esa negociación hubiera alguna presión política, asegurando que todo el proceso era legal y que “se liquidó a sus seis empleados”. La unión inicialmente duraría un año y traería, según Portilla, nuevos equipos y personal.  Fuentes vinculadas a la negociación dijeron que cada mes los concesionarios de la frecuencia recibirán USD 12 000 como pago del alquiler, aunque Tobar no quiso dar detalles de la alianza en ese momento tampoco quiso darlos una década más tarde. 

Fundamedios contactó a Cedep y al preguntar sobre la negociación de 2011, Ataulfo Tobar, representante legal, dijo: “aquí no hay figura de alquiler porque está prohibido por la Ley, aquí hay libre asociación como la Constitución del país lo establece cada iniciativa tiene todo el derecho de asociarse con quien considere importante para llevar a cabo su trabajo”, afirmó que Portilla se retiró de la administración hace tres años, “esta fue una relación que duró un tiempo y se cerró”, y no agregó más detalles. 

En la actualidad operan como Área Deportiva, un proyecto vigente hace tres años. La estructura la compone Robin Noboa, periodista deportivo, Mariella Molla, ingeniera en finanzas, Julieta Estrella, directora de contenido, y tienen una plantilla de entre 50 y 60 personas. 

Muchos de los fundadores del Centro de Educación Popular (Cedep)  fueron cercanos al gobierno anterior de Rafael Correa, entre ellos Manuela Gallegos, ex ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Galo Chiriboga, ex Ministro de Minas y Petróleo y Paco Velasco, exministro de cultura. Actualmente, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, SUIOS, el director ejecutivo del Centro, sigue siendo Ataulfo Tobar, junto a Martin Tobar Vaca, director administrativo de proyectos, Carlos Martinez Borja, director de proyectos de radio y Gloria Lozano, miembro de la asamblea de la Cedep. 

Además, recordó que en sus inicios la radio fue de carácter privado, pero que a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en mayo de 2013 pasaron a ser una radio comunitaria, es decir, que el convenio con la empresa Planet Audio siguió vigente incluso luego del cambio. En la misma línea, al preguntarle sobre el rol que juega la empresa Ravimus Producciones La Luna Cia. Ltda., de la cual Tobar es accionista, expresó que “se creó para poder administrar Radio La Luna, pero desde que somos una radio comunitaria perdió sentido”. El otro accionista de la empresa es Ángel Serafín Astudillo, quien trabajaba como portero de la radio según publicó Diario El Comercio en 2011, “para demostrar que él podía ser parte de las personas de toma de decisiones, se abrió esa posibilidad”. 

De acuerdo, a Tobar la empresa se encuentra en un proceso de disolución, sin embargo según el Portal de la Superintendencia de Compañías esta continua activa. 

En este nuevo concurso el concesionario de Radio La Luna 99.3 obtuvo un puntaje de 169, el máximo, entre los demás participantes, pues Cedep recibe los tan preciados puntos adicionales de experiencia y años de servicio. Por su parte, la Fundación El Churo, que concursa por el mismo dial como Wambra Radio obtiene 138.5 por la frecuencia. Aunque en el puntaje financiero obtiene 39.5 no alcanza a superar al Centro por no contar con los puntos extras.  Un escenario similar le sucede a la Universidad de las Américas (UDLA), que concursa con el nombre propuesto de UDLA Estéreo y obtiene un total de 135.5 puntos. Así, el tablero está jugado y Radio La Luna continuará por 15 años, aunque como un proyecto llamado Área Deportiva. 

Jorge Cano, miembro de Fundación El Churo, quienes llevan trabajando contenido comunitario desde hace 15 años, señala que decidieron participar por esta frecuencia “porque en términos políticos vimos que dejó de generar contenido comunitario desde el año 2011 cuando generan un convenio con una programación deportiva”, lo que corresponde, describe Cano, a ceder la administración de una frecuencia. Un modus operandi que se reproduce en varios casos “alguien concesiona la frecuencia como un medio comunitario, pero cuando ya adquieren la frecuencia ceden los derechos de transmisión internamente como programación y contenidos a terceras personas quienes administran”. 

Además, Cano destaca que al arrebatarle las competencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para la evaluación de contenidos comunicacionales, y recuerda que en el concurso de 2016 entre los requisitos se evaluaba el proyecto comunicacional. Un requerimiento que el actual concurso no tiene, “al existir actualmente ese vacío legal en donde no existe competencias, ni designada ninguna autoridad en el Estado para dar seguimiento en que esas frecuencias están siendo usadas para lo que fueron pedidas”.  

Por su parte, Julieta Estrella, directora de contenido de Área Deportiva específico que “no es una radio eminentemente deportiva tiene espacios de contenidos sociales donde tenemos programas de variedades que hablan de temas de salud, política desde el humor”, detalló. Atahulfo Tobar defendió: “no hay nada más comunitario que lo deportivo. Es una de las expresiones más importantes de la cultura popular.”

La figura legal de la administración de la radio La Luna, su identidad y la naturaleza de su programación en los últimos años es confusa, si se compara la información disponible y las distintas versiones, al respecto. Ante eso, ARCOTEL, una vez más, debía cumplir su función y verificar los antecedentes de los concursantes. Pero, como sucede sistemáticamente en este concurso, ARCOTEL parece ser un espectador pasivo en el uso de las frecuencias.

Un “error administrativo” los dejó fuera del concurso

El desarrollar el concurso público en medio de una pandemia, con oficinas cerradas, teléfonos desactivados y la imposibilidad de que los concursantes puedan realizar visitar para conocer los avances del proceso o realizar algún reclamo in situ, dejó un mal sabor de boca para más un participante que, debido a errores que se escaparon de su control y que los consideran de mala fe o intencionales, ahora se encuentran fuera del concurso. 

Esta es la historia de los periodistas comunitarios de Los Ríos: Guido Briccio y Johanna García Lalangui, cuyo proyecto Radio Juntos FM quedó en sueños. Ellos competían por la frecuencia 101.9 en esa provincia. En el 2018 participaron en el anterior concurso de frecuencias obteniendo un puntaje de 93, sin embargo ese proceso nunca se concretó y quedaron en el limbo. 

Briccio comenta a Fundamedios que decidieron participar en el concurso público de adjudicación de frecuencias de este año con el objetivo de desarrollar un periodismo comunitario y ciudadano. Invirtieron USD 4000 en los estudios y la póliza de seguro y se lanzaron al concurso. 

Ahora, sostiene que ARCOTEL les jugó sucio pues al final aparecieron como no competidores  en un juego de correos, al más puro estilo del gato y el ratón: “los correos de aclaración nos llegaban a una dirección que no estaba operativa mientras que las sanciones de la autoridad sí llegaban al correo correcto”. 

El 7 de agosto del 2020 la  Cordinación Técnica de Títulos Habilitantes del ARCOTEL envió una solicitud de aclaración de información a Radio Juntos FM. Sin embargo, este mensaje  fue enviado a un correo electrónico erróneo, que no coincidía con el que había registrado y que estaba inoperativo.

Lo curioso del caso es que el 2 de septiembre les llegó un mensaje al correo electrónico correcto informándoles que su trámite quedaba archivado pues no habían respondido al pedido de aclaración en los tiempos establecidos. Apelaron la decisión y nuevamente desde el ARCOTEL respondieron el 11 de septiembre a un correo electrónico equivocado.

Finalmente, la comunicación sancionatoria les llegó nuevamente al correo correcto. Así, a través del  Oficio Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1523-OF inadmiten la impugnación interpuesta por no haber dado cumplimiento y declarando el desistimiento de la impugnación.

Los periodistas afectados analizan las acciones legales pertinentes, pues sostienen que en el envío de los mensajes aclaratorios a correos inequívocos, mientras que los mensajes  sancionatorios sí llegaban a los correos correctos, se evidencia una intencionalidad para afectar su postulación a la frecuencia y dejarlos fuera del Concurso. 

Según los últimos resultados de ARCOTEL, también participa por la frecuencia 101.9 en Los Ríos la ciudadana Zambrano Ramos Aracely Giomar quien con 83.5 puntos, menos de lo que obtendría JUNTOS FM, se adjudicaría esta frecuencia pues goza del visto bueno jurídico del ARCOTEL. 

Los afectados aseguran que Zambrano no es conocida dentro del periodismo de la provincia de Los Ríos ni por ejercer alguna actividad relacionada a la comunicación. Según el SRI la actividad económica principal de Zambrano es la Contabilidad y su domicilio se ubica al norte de Quito. 

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3