Comunicados

130

Ecuador, 11 de mayo 2020.- Desde la declaratoria de emergencia por la COVID-19, Fundamedios vio con preocupación cómo el gremio periodístico fue golpeado por la pandemia. Despidos masivos, colapso operativo de medios, contagios y fallecimientos de trabajadores de medios de comunicación han sido recurrentes. 

El 14 de abril, la organización, con apoyo de SOS Familias Guayaquil, elaboró un cuestionario para dimensionar la problemática en la provincia del Guayas, epicentro de la crisis sanitaria.  Esta herramienta se distribuyó por correo electrónico y WhatsApp hasta el 21 de abril. 

También se accedió a una lista de periodistas de emisoras pequeñas, así como de canales de televisión que perdieron su empleo debido a la pandemia y, por lo tanto, su situación económica era precaria. El equipo de FDM constató telefónicamente cada uno de los casos. 

Con eso se levantó una lista de 113 periodistas y sus familias que presentaban necesidades urgentes. El 22 de abril se puso en marcha la campaña de recolección de fondos #SOSPeriodistas a la que se sumaron otras organizaciones de periodistas y comunicadores: Periodistas sin Cadenas, Nos Faltan 3 y Chicas Poderosas

Hasta el pasado 5 de mayo se recaudó $1360 y se apoyó directamente a 23 afectados. Una lista de 75 comunicadores fue acogida dentro del programa de asistencia económica Salvar Vidas Ecuador, del Banco de Guayaquil. Actualmente, se gestiona apoyo para otros 11 periodistas que podrían recibir ayuda internacional. 

Quienes integramos #SOSPeriodistas estamos convencidos de que el trabajo de la prensa en época de crisis es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse. Agradecemos a quienes se sumaron y aportaron. 

Insistimos en instar al Estado a activar los mecanismos necesarios para precautelar la vida y la seguridad de quienes se exponen durante la pandemia con el objetivo de informar. Además, exigimos al Ministerio de Trabajo y al Comité de Protección de Periodistas que establezcan mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas en cuanto a despidos para que no se vulneren derechos laborales.

177

En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

361

 

 

Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

821

Desde que el 12 de marzo de 2020 se declaró la emergencia por la COVID-19 en Ecuador, Guayaquil es la ciudad más golpeada. Registra más de 8 mil contagios y la tasa de mortalidad de sus habitantes va en aumento. 

La prensa está ahí para constatarlo. Para informar, los periodistas luchan contra un enemigo invisible. Hay quienes buscan la noticia en las calles, y otros que, desde el aislamiento, levantan historias; incluso las de sus colegas fallecidos por la pandemia: hasta este 21 de abril, al menos trece trabajadores de medios de comunicación murieron. 

En Guayas, más de 70 comunicadores se han visto forzados a cerrar sus radios y periódicos impresos por falta de recursos. Otros no pueden pagar los salarios de sus empleados, dejándolos en estado de precariedad. La situación es tan urgente que actualmente a las y los periodistas les resulta una tarea titánica conseguir dinero para alimentar a sus familias. 

No es lo único. Hay un grupo que está confinado en su domicilio sobreviviendo a la enfermedad, pero sin recursos para medicina e imposibilitado de recibir atención en un hospital debido al colapso del sistema sanitario. Muchos son el sostén económico de su hogar.

Fundamedios junto a organizaciones de la sociedad civil como SOS Familias Guayaquil, Nos Faltan 3, Chicas Poderosas y Periodistas sin Cadenas emprendieron una campaña de donación para recaudar fondos y ayudar a quienes ahora se encuentran en una situación de riesgo y que han defendido el derecho de la ciudadanía a estar informada. 

Los fondos recaudados serán auditados para garantizar la transparencia sobre el buen uso del dinero y asegurar que llegue a las manos de quienes más lo necesitan.

 

¡Actuemos solidariamente en tiempos de coronavirus. Tu donación marca la diferencia!

#SOSPeriodistas

 

Fundamedios habilitó esta cuenta especifica para receptar sus donaciones: 

Cuenta Corriente No. 2100025062

Banco Pichincha 

El Pulpitoconsult Communication and Consulting

RUC: 1792368812001

178

El Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas de Ecuador se reunió el pasado 10 de abril  junto a representantes de la sociedad civil. El objetivo fue discutir un borrador de Protocolo de buenas prácticas para coberturas en zonas de riesgo, propuesto por el Ministerio de Gobierno.  

La reunión estuvo liderada por Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno; el canciller José Valencia; Edison Toro, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; y Cecilia Chérrez, de la Secretaría de Derechos Humanos. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Mariana Velasco, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) representaron a la sociedad civil.

El documento de 15 hojas contiene tres capítulos esenciales: introducción, objetivos y procedimiento de seguridad en donde se menciona la responsabilidad del periodista y del medio en la preparación de coberturas en zonas de riesgo, en estados de emergencia, en zona de tensión y en casos de epidemia. Sin embargo, no contempla las obligaciones que le competen al Estado como acceso a información, difusión de contenidos de interés nacional y protección hacia la vida, salud, movilidad de los trabajadores de la comunicación

El Director Ejecutivo de Fundamedios aseguró que el Estado está obligado a proteger la seguridad de los periodistas en contextos como el de la emergencia sanitaria, porque cumplen con la función de informar. Por tanto, el Protocolo debe partir por señalar y reconocer con claridad esas obligaciones estatales por garantizar el marco de derechos tanto en cuánto a los derechos relacionados con la libertad de información y opinión, el acceso a la información y la garantía de la protección al trabajo de los periodistas, en cuanto profesión que cumple una función social prioritaria como es el informar. 

En el Protocolo, esas obligaciones estatales no están mencionadas. Por ejemplo, en el documento propuesto por el Gobierno se recomienda que, en caso de pandemia, los reporteros usen fuentes oficiales, “información verificada” e ideas claras para evitar la desinformación; sin embargo, no se plantea una corresponsabilidad del Estado que debería garantizar el acceso oportuno a información oficial verificada y a las fuentes oficiales.

También se dice que, en caso de que un periodista desarrolle síntomas de la COVID-19, busque asistencia médica inmediata. Esta consejo escueto contradice lo que ha ocurrido desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país. Desde entonces, trabajadores de la prensa han tratado de acudir a hospitales, no han sido atendidos y en varios casos murieron. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo el Estado garantiza el acceso a salud a quienes informan?

El apartado que se refiere a estados de excepción es muy ínfimo y tampoco detalla responsabilidades estatales. Además, no deja de llamar la atención que el caso Nos faltan 3 no se tome como un punto de referencia en la seguridad periodística; y se desconoce que el secuestro y asesinato de tres trabajadores de Diario El Comercio en 2018 marcó un punto de inflexión e, incluso, motivó a la creación de este Comité de Protección. 

Las observaciones presentadas por la sociedad civil fueron recogidas por los representantes estatales.  El viceministro Pazmiño anunció que con la instalación de la primera reunión el Comité quedaba activado. Actualmente, se espera la firma de un acuerdo ministerial para que esta entidad quede formalizada.

219

El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.

228

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: 

 

453

Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada de la COVID- 19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 13 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución.  En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del Gobierno. 

Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:

  1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen de sus casos.
  2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de discriminación a datos precisos y oportunos.
  3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
  4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones, gremios, facultades de comunicación y medios:

 

 

858

La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados el 27 de mayo por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 38.103 portadores de COVID19 y 3.275 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de trece periodistas en Guayaquil. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo. Ambos murieron el pasado 30 de agosto.

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud. También el deceso de Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno y Omar Paredes, chofer de Expreso.

El periodista y locutor de radio Estrella, Luis Alberto Flores, falleció el 7 de abril. Según su hijo Diego, presentaba síntomas de la COVID-19 y en el acta de defunción consta que falleció por esa posible causa.

Roberto Román, periodista de WQ Radio, falleció el pasado 09 de abril con síntomas de COVID-19 y con un cuadro de neumonía tras haber sido atendido en una clínica privada de Guayaquil, mientras que el 15 de este mes, Augusto Itúrburu, periodista de diario El Telégrafo murió con coronavirus.

Ese mismo día falleció el radiodifusor Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 fm, en Quevedo, provincia de Los Ríos (a 174 km de Guayas, epicentro de la pandemia en Ecuador). La razón fue una afección respiratoria que no pudo superar a sus 80 años. Teo Escobar, hijo del locutor, aseguró que presentó todos los síntomas del COVID-19.

Dos días después, el 17 de abril, Omar Salvatierra, productor radial de la emisora i99, falleció también con pronóstico positivo para el virus. La madrugada del 20 de abril, corrió la misma suerte, el excamarógrafo de RTS y TC Televisión, Fernando Albán, quien se practicó la prueba del coronavirus que resultó positiva. Albán estaba jubilado y tratando de reponerse a la enfermedad en la Clínica Guayaquil.

La organización además registra 36 periodistas con diagnóstico positivo, tres de ellos curados, hasta el 21 de mayo.

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

170

Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.