Comunicados

0 45

Los resultados del Informe Sombra sobre la implementación del Objetivo 16.10.1 de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica,  que revela datos sobre las agresiones a la prensa en ocho países de la región, fue presentado en el foro “Monitoreo sobre Libertad de Prensa en América Latina”, organizado por la organización National Endowment for Democracy (NED), en Washington, este 18 de julio.

El documento que fue elaborado por la plataforma Voces del Sur contabilizó más de 700 agresiones en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras y Uruguay en 2018. El levantamiento de las alertas fue sustentado en 12 indicadores en común.

El año pasado también se contabilizaron 5 asesinatos a periodistas, ocho secuestros a comunicadores y dos reporteros torturados. Nicaragua es el país que presenta un mayor número de alertas (234), seguido de Venezuela (196). Ecuador reportó 83.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios Estados Unidos, aseguró que, del total de alertas reportadas, 44 relacionadas a temas de género y más de 400 tuvieron relación con ataques a la libertad de prensa y de expresión, siendo el Estado el principal perpetrador.

Mencionó que los países de América Central atraviesan constantemente situaciones de violencia e impunidad, lo cual somete a los periodistas a un estado de constante «miedo y autocensura«. Por ejemplo, explicó que en Honduras los reporteros de investigación que cubren crimen organizado y corrupción son «sometidos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física«.

Thiel aseguró que el informe también recoge casos relacionados con restricciones de Internet, suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, piratería, ciberamenazas y bloqueo de sitios web.

La panelista Adriana León, directora del área de Libertades Informativas de Ipys Perú, resaltó la importancia de Voces del Sur como un proyecto pionero en América Latina que sienta un precedente para alertar sobre los riesgos de la profesión, lo cual, explica, ya ha generado un impacto regional. «En Bolivia cambiaron las leyes, en Perú los intentos de promover leyes antiprensa fueron detenidos, en Venezuela se visibilizó mejor la problemática de la libertad de expresión y en Ecuador se ha jugado un papel clave en la transición», aseguró.

A su criterio el reto más grande es incidir con mayor impacto en los gobiernos latinoamericanos y en la sociedad, por ello cree que Voces del Sur debe sumar a más países. «Si logramos que a la gente le importe la libertad de expresión entonces será más fácil frenar las violaciones contra este derecho», finalizó.

Matt Potter, director de programa de PADF, señaló que está previsto sumar a tres o cuatro países más a la plataforma para promover un monitoreo regional global.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS /ESPAÑOL

0 22

Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS

0 41

En el foro sobre por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello, realizado por UNESCO, este 17 de julio en Nueva York, Voces del Sur presentó el Informe Sombra ODS 16.10.1 elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de América Latina que recopilaron y reportaron ataques a la libertad de expresión en la región durante 2018.

Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela, aseguró que Voces del Sur nació con el propósito de comprender lo que está sucediendo en Latinoamérica donde existen riesgos muy altos para el ejercicio periodístico, donde se censura y se acosa a los medios de comunicación de forma reiterativa.

Balbi explicó que la idea inicial del proyecto fue crear un sistema para unificar indicadores que cumplan con el apartado 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto a la seguridad de los periodistas. Así, diseñaron indicadores regionales comunes que midan los diferentes niveles de amenazas a la libertad de prensa y de expresión para fortalecer un análisis comparativo.

Si bien se tomaron en cuenta casos extremos como asesinatos, secuestros y tortura a periodistas, también se incluyeron indicadores adicionales para rastrear la estigmatización a la prensa, los procesos administrativos y judiciales en contra de los comunicadores, ataques a la libertad de expresión en Internet y leyes que puedan coartar estas libertades.  Según la directora de Ipys Venezuela también se incluyó un enfoque de género transversal.

Durante 2018, en los ocho países se registraron un total de 732 alertas. Los actores estatales fueron responsables de más del 50% de agresiones. También se registró un alto nivel de impunidad en actos judiciales que involucran a periodistas. El 94% de casos quedan en la impunidad.

Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, reconoció que es necesario «fortalecer el monitoreo global sobre asesinatos e impunidad» para velar por el trabajo de la prensa independiente.

Con él concordó Silvia Chocarro, de Artículo 19. «Reportar sobre agresiones y tener esta base de datos permite, incluso, generar impacto y crear incidencia en la política para que tomen acción respecto a la seguridad de periodistas», finalizó.

Voces del Sur está conformado por el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA / Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP / Bolivia, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS / Ecuador, el Comité por la Libre Expresión – C-Libre / Honduras, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Perú, el Centro de Archivos e Información Pública – CAinfo / Uruguay y el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Venezuela.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS ESPAÑOL

0 27

Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 732 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS

0 54

César Ricaurte (Fundamedios), Leslie Lafuente (ANP Bolivia) y Guillermo Medrano (Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua) participaron en la mesa redonda: ¿Cómo reportar sobre agresiones a la prensa?, donde analizaron las experiencias de países que conforman Voces del Sur y cómo el trabajo realizado ha permitido que los casos de bloqueo de información en la región sean incorporados a realidades internacionales a través de la plataforma. La mesa se llevó a cabo en las instalaciones del Comittee to Protect Journalists (CPJ) en Nueva York, este 16 de julio 2019.

Como preámbulo a las intervenciones, el Director Ejecutivo de Fundamedios, puntualizó que el fin de realizar un monitoreo en la región sobre bloqueos de la información trasciende la generación de alertas, “no es el objetivo principal, más que producir datos, se busca generar resultados a partir de lo que reportamos y mejorar el ambiente para el ejercicio del periodismo en la región. En ese sentido, los expositores de Bolivia y Nicaragua describieron el impacto de este trabajo. 

La representante de Asociación Nacional de Prensa (ANP) Bolivia habló sobre cómo el apoyo de Voces del Sur ha permitido que la Asociación promueva cambios en la normativa en su país. «A través del trabajo articulado con otros países de la región, logramos que el presidente Evo Morales promulgue una ley que elimina la difusión de avisos gratuitos, los mismos que eran obligatorios y bajo advertencia de sanciones. Ahora, al menos, esta reproducción es ´voluntaria”, describió Lafuente.

La situación de Nicaragua fue descrita a través de la experiencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Miguel Medrano explicó que la colaboración entre países logró sacar la información sobre la realidad del país. “Vivimos una situación que se ha deteriorado en los últimos 11 años. Hay un contexto que se puede describir en tres fases: agresiones a la prensa, que incluyen asesinato y desapariciones, persecución y ataques sistemáticos a la libertad de prensa”, comentó. Asimismo, explicó que aún existe trabajo por hacer sobre todo en el reporte real de la situación de periodistas exiliados y cómo las alertas, asesinatos y desapariciones deben ser consideradas violaciones perpetradas por el Estado.

Adicionalmente, en un espacio de diálogo abierto representantes de distintas organizaciones regionales como Ipys Perú e Ipys Venezuela, analizaron la dificultad del acceso a la información, como uno de los principales problemas que encuentra la labor periodística y la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Guy Berger, director del área de Libre Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, resaltó el trabajo articulado de la plataforma, como único en su tipo en la región y cómo herramientas como el Informe Sombra sobre el Cumplimiento del ODS 16.10.1 en 8 Países de Latinoamérica logran tener mayor incidencia globalmente. Además, destacó que este tipo de iniciativas tiene alta influencia en otros estados para motivarlos a promover el mismo tipo de trabajo. Paralelamente, mencionó que se está considerando promover la implementación de otras aristas a al ODS 16.10.1.

Como conclusión se recalcó cómo la labor de Voces del Sur permite generar información estandarizada que contribuye a la promoción de sociedades más abiertas e inclusivas, a través del ejercicio del derecho a la difusión de la información. Matt Potter, de la Pan American Development Foundation (PADF) concluyó destacando la naturaleza colaborativa del trabajo en la región y cómo los principios de la plataforma trascienden los intereses particulares de las organizaciones que la conforman.  

INFORME ESPAÑOL/INGLÉS

INFORME INGLÉS/ESPAÑOL

 

 

0 58

Acceso a la información y seguridad para periodistas son algunos de los temas que se discutirán la semana del 15 al 19 de julio 2019 en Estados Unidos. Fundamedios y Voces del Sur participarán en distintos foros y conferencias que impulsarán la revisión de diversas aristas relacionadas a estos temas, en espacios creados para debatir y discutir los retos que enfrenta la prensa regional en estos aspectos.

El martes 16 de julio, profesionales internacionales participarán de la conferencia: ¿Cómo reportar las agresiones a la prensa? La experiencia Voces del Sur en Latino-américa y el Caribe, en Nueva York. César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, hablará sobre las prácticas de la organización, junto a él estarán: Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Leslie Lafuente, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia.  El objetivo también es reflexionar en torno a mejores prácticas, oportunidades, garantías para hacer periodismo y defender Derechos Humanos

En el marco del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Nueva York, el 17 de julio 2019, se discutirá por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr los ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello. En este panel participarán organizaciones asociadas a Voces del Sur, como IPYS (Venezuela) con la representación de su directora ejecutiva, Nela Balbi y Artículo 19, representada por Sebastián Salamanca, manager del programa de Protección y Defensa de la organización. Además, intervendrán como panelistas Kerry Paterson, directora de Comunicación y Defensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Owais Aslam Ali, director ejecutivo de la Fundación de Prensa de Pakistán.

Además, en Washington D.C, el jueves 18 de julio, se realizará la conferencia sobre Monitoreo de la libertad de los medios en América Latina y cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS) está impulsando el compromiso de la sociedad civil. A lo largo del último año, la región ha sido testigo de cambios bruscos en el estado de la libertad de los medios de comunicación, desde una disminución abrupta en Nicaragua hasta destellos de mejora en Ecuador. Pero, ¿puede el monitoreo y la revisión ofrecer lecciones para mejorar y reformar? Un nuevo informe de una iniciativa regional destaca las posibilidades de la sociedad civil para aprovechar dichos procesos, desde socios a nivel nacional hasta el Examen de Alto Nivel de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de los líderes de esta iniciativa discutirán las oportunidades disponibles para que la sociedad civil aproveche estos procesos para mejorar el entorno general para la libertad de expresión en la región.

Estos eventos cuentan con el apoyo e impulso de la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Lituania, Misión Permanente de las Naciones Unidas en Francia, la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Grecia, el Group of Friends for the Protection of Journalists, UNESCO, Artículo 19, IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro para la Asistencia Internacional de los Medios (CIMA), National Endowment for Democracy (NED), la Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), IPYS Venezuela, IPYS Perú y CAinfo (Uruguay)

Informe Sombra ODS 16.10.1

0 78

Con base en el Informe  de Auditoria emitido por la Contraloría General de Ecuador (informe No. DNA4-0025-2018 de 22 de junio de 2018)  respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias, nos adherimos a las denuncias que se han realizado sobre las graves irregularidades del Grupo de Ángel González «El Fantasma», quien concentra frecuencias y varios medios de comunicación entre los que se conoce: 3 canales de televisión nacionales, 11 radios y un medio impreso en el Ecuador.

Han pasado 8 autoridades por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL en lo que va del actual Gobierno, y ninguna de estas autoridades ha podido hacer cumplir la ley poniendo  fin a las irregularidades.

Los canales y diarios firmantes, junto con Fundamedios y fundación El Churo Comunicación, rechazamos estas prácticas tendientes a acaparar frecuencias y  medios de comunicación. Prácticas, que además han inobservado procedimientos legales, vejando la seguridad jurídica en materia de telecomunicaciones y otras conexas.

Por lo expuesto, solicitamos al Ministro de Telecomunicaciones y Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponga la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales, la ARCOTEL, ordenó la reversión de las frecuencias correspondientes; acción que demostrará, el compromiso del gobierno del Presidente de la República por combatir la corrupción.

Patricio Jaramillo

ECUAVISA

 

 

Juan Carlos Calderón

FUNDAMEDIOS

 

 

 

Carlos Pérez

DIARIO EL UNIVERSO

 

Félix Varas

MANAVISIÓN

Fernando Najas

TELESUCESOS

 

Ana María Acosta

FUNDACIÓN EL CHURO COMUNICACIÓN

 

   

Christian Zurita

FUNDACIÓN MIL HOJAS

0 57

El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.

El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.

Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.

Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.

Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.

“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”. 

Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.

Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.

“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.

Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.

El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa. 

Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.

FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.

0 92

IFEX, la red global conformada por más de 100 organizaciones avocadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, insta a Ecuador a garantizar la seguridad de César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, tras sufrir una sucesión de amenazas y descalificaciones luego de conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra por increpar al exembajador Jorge Jurado en un lugar público.

A través de un comunicado, la organización internacional reconoce la labor de César Ricaurte como defensor de la libertad de expresión, así como de la organización que lidera por más de una década, la cual “ha apoyado a medios de comunicación y periodistas”. FUNDAMEDIOS ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su rol ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión, especialmente, en la década pasada.

Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte”, señala el documento.

A nombre de todos los miembros de la red global, la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game, exige a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo y le proporcionen las medidas de seguridad para resguardar su integridad física.  

0 62

FUNDAMEDIOS expresa su preocupación ante las acciones violentas, intimidatorias o abiertamente represivas de la Policía Nacional durante los tres últimos meses, en respuesta a manifestaciones civiles y casos relacionados con la libre expresión y movilidad. La organización hace un llamado al Ministerio del Interior para que tome acciones que garanticen el derecho de las personas a expresarse y opinar libremente en una sociedad democrática, así como el derecho a la libre asociación, reconocido en el campo civil por el Estado ecuatoriano.

El artículo 2 del Reglamento del Uso Adecuado de la Fuerza indica que “se aplicará para neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia, de uno o más ciudadanas o ciudadanos sujetos del procedimiento policial”. Además, estipula que se usará “en salvaguarda de la seguridad ciudadana, el orden público, la protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas…”.

El pasado 10 de agosto, miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a tres jóvenes que practicaban skate y filmaban sus destrezas para el portal ‘Tres Sucres’. FUNDAMEDIOS tuvo acceso a un video dónde se observa cómo un policía en moto intenta atropellar a uno de los jóvenes, mientras el resto de uniformados los desalojan con insultos y golpes. Mientras los muchachos intentan defenderse, la Policía los inmoviliza con gas pimienta.

Los jóvenes fueron vejados y maltratados en un centro de retención por más de dos horas hasta que fueron trasladados a la Fiscalía. La autoridad de turno determinó que no se cumplió con el debido proceso y fueron liberados.

Otro incidente ocurrió en la marcha por el Día del Trabajo, del  pasado 1 de mayo; la marcha por la marihuana, realizada en Guayaquil el 4 de mayo, y la protesta pacífica de los estudiantes de Medicina de la UG, del pasado 14 de mayo, no constituyen una amenaza a la ciudadanía. Tampoco lo es el libre tránsito de mujeres transexuales en las calles de Quito. Sin embargo, miembros de la Policía Nacional obviaron el mandato constitucional que los llama a “atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas” y, en su lugar, optaron por actuar de manera represiva y violenta, poniendo en peligro la seguridad física de los participantes, quienes hacían efectivo su derecho a ser protegidos por las fuerzas del orden.

El uso desmedido de la fuerza y la intimidación policial también constituye una amenaza a la libertad de expresión. En junio y julio, nuestra organización reportó cuatro alertas relacionadas a este tema. El 12 de junio, un comunicador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recibió un toletazo en la pierna derecha por un policía mientras realizaba una cobertura en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. El 27 de junio, un periodista de El Universo fue retenido por la Policía mientras tomaba fotografías con su celular en medio de un operativo. Fue llevado a una Unidad de Policía Comunitaria escoltado por seis patrullas de uniformados. 

El pasado 29 de junio, un miembro de la Policía Nacional golpeó en la espalda con un tolete al periodista radial Zamny Nájera, mientras intentaba frenar la detención de su hija en la ciudad de Guaranda. Tras el golpe quedó inconsciente y fue llevado a un hospital de la localidad. Según testigos, su hija, de 18 años, fue detenida por alrededor de 40 uniformados, quienes actuaron de forma intimidatoria.  Finalmente, el 3 de julio, la Policía impidió que un artista urbano pinte un mural sobre diversidad sexual. Si bien no hubo agresión física, amenazaron al joven con llevarlo detenido. 

FUNDAMEDIOS insta a que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, garantice los Derechos Humanos de los ecuatorianos. La libertad de asociación y de expresión están amparadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El artículo 20 dicta que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclama en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De conformidad con los estándares internacionales, los ecuatorianos tienen derecho a expresarse libremente. FUNDAMEDIOS recalca que los Derechos Humanos son inherentes a toda persona y son reconocidos como universales, inalienables e indivisibles. Es trascendental que, ante lo expuesto, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional revisen e investiguen las acciones de sus uniformados.