Comunicados

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. «No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro», señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. «Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas», explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro».

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la «cobarde agresión» que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.

 

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América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS (FDM), comparecerá ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de Investigación de los hechos relacionados con el Paro Nacional para  explicar los ataques ocurridos contra periodistas y medios de comunicación durante las jornadas de violentas protestas del 2 al 13 de octubre. La cita está convocada para este martes 5 de noviembre a las 17:00.

Ricaurte contará con 30 minutos para explicar a detalle los hechos ocurridos durante este periodo con la finalidad de que la Comisión investigue y fiscalice la agresión a la que se vieron sometidos periodistas y comunicadores en el país; así como la falta de garantías y seguridad para la prensa en coberturas de alto riesgo.

Durante 12 días, FUNDAMEDIOS monitoreó agresiones en el marco del paro nacional. En total se registraron 116 actos violentos contra la prensa y 138 agresiones a periodistas, la mayoría cometidos por manifestantes y la Fuerza Pública. Entre los casos más graves está la agresión física al periodista Freddy Paredes, la retención de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, un ataque con bala de goma al reportero riobambeño David Aguiar, la detención arbitraria de ocho comunicadores en todo el país, entre otros.

La Comisión Especial Ocasional de la Asamblea fue creada el pasado 24 de octubre para “ejecutar el control político y fiscalizar las medidas adoptadas durante las jornadas de protestas sobre los hechos de violencia que constituyen delitos contra la seguridad pública”.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor. 

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Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Ecuador, escuchó este 28 de octubre a 38 representantes de la sociedad civil. Los voceros presentaron casos concretos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el pasado paro nacional.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, se refirió a las agresiones contra comunicadores, destacando el ataque a Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas. También abordó la retención a más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura el pasado 10 de octubre.
En su intervención dijo que Fundamedios reportó 116 ataques violentos a la prensa y 138 agresiones a periodistas durante 12 días. Indicó que la fuerza pública y los manifestantes fueron los principales protagonistas de estas vulneraciones. «Se atacó a un grupo de periodistas, pese que ellos estaban identificados, portaban sus credenciales y tenían sus equipos de trabajo», sostuvo.
En cambio, Felipe Rivadeneira, representante de Inredh, se refirió a una serie de trabas de miembros del Estado para que los defensores públicos y abogados de los detenidos no puedan cumplir su trabajo. Expuso que se les impidió el ingreso a las audiencias, así como la posibilidad de tener contacto directo con los detenidos para verificar las condiciones en que se encontraban.
Otra intervención fue la de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), quien condenó los actos delincuenciales y las violaciones a los DDHH durante las protestas que dejaron 10 muertos, cientos de heridos y detenidos. «No hay paz sin justicia», aseguró.
Defensores de los derechos de los niños y adolescentes se refirieron a la detención de seis adolescentes acusados de terrorismo y cientos de jóvenes detenidos, la mayoría de ellos golpeados.
Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), también participó de la reunión que duró más de dos horas. Hizo hincapié en el uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones, también mencionó el ataque de la Policía a la universidad Salesiana, que era calificada como un centro de paz, en Quito. «Esto no puede quedar en la impunidad (…) también destaco la polarización que hay, la cual no nos llevará a ningún lado y no nos dará la paz que tanto anhelamos», sostuvo.
La delegación de la CIDH está conformada por Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta; y el comisionado Luis Ernesto Vargas.

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remitió a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre. El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita. 

Agresiones como la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes; el hostigamiento a reporteros de medios locales y la retención a decenas de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura no pueden quedar impunes.

Incluso, el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que: “La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. 

En esa línea, Fundamedios ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos. Esto, con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años. 

Cabe indicar que La Asamblea General de la ONU, la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la directa causalidad que tiene la impunidad para que se incremente la violencia y los crímenes contra periodistas.

El Dato

En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, nuestra organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y  138 periodistas agredidos entre el 03 y 14 de octubre.

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Nosotros, como socios de Fundamedios, condenamos todos los actos de violencia, rechazamos cualquier intentona por violentar el sistema democrático y llamamos a las partes en conflicto para que se busque urgentemente una solución a la actual situación en términos republicanos y civilizados.

En ese sentido, rechazamos todos los actos de violencia hacia la prensa provengan de donde provengan. Exigimos al gobierno, a la fuerza pública, a la dirigencia indígena, a los sindicatos y a los movimientos sociales que garanticen, protejan y respeten el trabajo de los periodistas, pues los responsabilizamos directamente de las agresiones, ataques e intimidaciones que ha sufrido la prensa.

Recordamos que  la Constitución en su artículo 16, establece que todas las personas tenemos derecho una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social”. Así también, lo estipulan los tratados internacionales. 

esde el inicio de las protestas hasta el 14 de octubre, Fundamedios contabilizó 113 agresiones contra medios y periodistas (incluyendo fotógrafos, camarógrafos, comunicadores comunitarios). De ellas, 61 fueron agresiones físicas, 11 casos de  impedimentos de cobertura, ocho detenciones, entre otras. También se recopiló 20 ataques a medios de comunicación.

Con un monitoreo constante, nuestra organización reportó 135 periodistas agredidos, 52 por manifestantes, 36 por la Fuerza Pública, 18 por desconocidos, dos por el Estado y cinco por ciudadanos.

La diferencia entre el número de agresiones, 113, con el número de agredidos, 135, es consecuencia de que hubo agresiones colectivas, a veces, con decenas de víctimas simultáneamente, como fue el caso de los periodistas “retenidos” en el Ágora de la Casa de la Cultura.

Solo el 11 de octubre, nuestra organización reportó seis agresiones a periodistas de Ecuavisa, TVC, Cable Mágico, Medio digital Exprésate y El Universo. Además, la fuerza pública allanó las oficinas de Radio Pichincha Universal y el medio online dejó de funcionar. La Fiscalía ordenó este acto para «recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos».

Esta radio es un medio de comunicación de la Prefectura de Pichincha que, actualmente, está liderado por militantes de Alianza PAIS. Si bien ha sido cuestionado por responder a intereses políticos, consta en nuestro reporte como uno de los medios afectados. 

Debido a la violencia no solo de Policía, sino también de los manifestantes, varios comunicadores registraron impedimentos de cobertura durante las últimas horas. Jacqueline Rodas, periodista de Ecuavisa y su equipo, tuvo que resguardarse tras una caseta por temor a una agresión mientras pretendía informar sobre la llegada del movimiento indígena.

Así también su compañero del canal Paúl Romero, quien fue intimidado mientras intentaba cubrir las protestas. Aseguró que manifestantes lanzaron piedras al vehículo donde se movilizaba, rompiendo los vidrios.

Víctor Hugo Arévalo, director del medio digital Exprésate, en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, también fue amenazado por manifestantes. Por temor a represalias, decidió sacar todos los equipos de la oficina para evitar un eventual saqueo.

También rechazamos la violencia contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien se recupera de un golpe en la cabeza con una piedra. Así como el hostigamiento a otros comunicadores sociales que se han autocensurado por temor a represalias.

Por otro lado, la comunicadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Camila Martínez, fue sentenciada a cinco días de prisión por insultar o agredir a los agentes que precautelan el orden. Esto, tras ser detenida mientras cubría las manifestaciones, al centro de Guayaquil.

Días antes, la reportera Andrea Orbe de TVC y el camarógrafo Tito Correa, fueron increpados y agredidos físicamente en la Panamericana Norte. “Me empezaron a jalonear, me quitaron el micrófono, el celular, las llaves del carro. A mi compañero camarógrafo le estaban quitando la cámara y la intentaron hacer caer al piso para que dejara de grabar. Para nosotros fue un momento de mucha tensión porque no sabíamos que hacer (…)”, aseguró la periodista.

FUNDAMEDIOS mira con extrema preocupación la situación actual del país. Recuerda a la ciudadanía que la labor periodística es clave para una sociedad democrática, por ello, creemos también que las dirigencias del paro deben reconocer la existencia de una prensa libre y condenar las agresiones suscitadas.  

Comunicadores agredidos (actualizado):

  1.   Daniel Molineros, fotógrafo agencia API.
  2.   Cristina Vega, fotógrafa agencia API.
  3.   Adriana Noboa, reportera de Primicias.
  4.   Yadira Trujillo, reportera de El Comercio.
  5.   Julio Estrella, fotógrafo de El Comercio.
  6.   Santiago Fernández, fotógrafo de La Hora.
  7.   Luisana Aguilar, periodista del medio comunitario Wambra (afectada por gas lacrimógeno).
  8.   Enrique Alcívar, periodista de radio Hualcavilca.
  9.   Martín Sotto, corresponsal de Teleamazonas.
  10.   Diego Puente, periodista El Comercio.
  11.   Carlos Barros, videógrafo de El Universo.
  12.   Roberto Rueda, periodista Expreso.
  13.   Andrea Marín, periodista Ecuavisa
  14.   Andrea Báez, periodista Ecuavisa.
  15.   César Muñoz, fotógrafo El Telégrafo
  16.   Eduardo Molina, camarógrafo Universidad Católica.
  17.   Omar Flores, camarógrafo de TVC.
  18.   Edith Jácome, corresponsal Teleamazonas en Ambato (agresiones verbales de manifestantes).
  19.   Karol Noboa, periodista de Udla Channel (afectada por gas lacrimógeno).
  20.   Cristina Burgos, periodista de Udla Channel (afectada por gas lacrimógeno).
  21.   Cristian Hidalgo, periodista de TC Televisión.
  22.   Víctor Quilumba, camarógrafo de TC Televisión.
  23.   Cristian Usiña, productor de campo de TC Televisión.
  24.   Nicole Villafuerte, cofundadora de la Plataforma digital Voces (detenida y liberado).
  25.   Mateo Flores, periodista de la plataforma Política con Manzanas (detenido y liberado).
  26.   Marlon Santi, dirigente, reportero comunitario (detenido y liberado)
  27.   Jairo Gualinga, dirigente, reportero comunitario (detenido y liberado)
  28.   Iván Lozano, periodista de Udla Channel (detenido y liberado)
  29.   Yerson Palma, corresponsal para diario La Razón y Univision Arkansas (agresiones de vándalos).
  30.   Leyda Ángulo, periodista de radio Olímpica (detenida y liberada).
  31.   Geovanny Astudillo, corresponsal de TV Cisne (detenido y liberado).
  32.   David Aguiar, camarógrafo del medio Guarmillas Riobamba (impactado con bala de goma).
  33.   Andrea Orbe, periodista de TVC (agredida por manifestantes).
  34.   Mauricio Ceballos, periodista de TC Televisión en Santa Lucía (Guayas).
  35.    Iván Aroca, camarógrafo de TC Televisión.
  36.   Tito Correa, camarógrafo de TVC.
  37.   Charly Granda, periodista de la radio online Periférik.
  38.   Angelo Chamba, fotógrafo de diario Expreso.
  39.   Luis Espinoza, conductor de diario Expreso (realizaba tareas periodísticas).
  40.   Camila Martínez, comunicadora de CONAIE (detenida y sentenciada a 5 días de prisión).
  41.   Jacqueline Rodas, periodista de Ecuavisa (impedimento de cobertura),
  42.   César Correa, periodista radio Shalon (impedimento de cobertura)
  43.   Carlos López, periodista Macas News.
  44.   Paúl Romero, periodista de Ecuavisa (agredido verbalmente por manifestantes).
  45.   William Rivadeneira, periodista Cable Mágico.
  46.   Xavier Rosero, periodista de Televicentro.
  47.   Carlos Romero, camarógrafo de Televicentro.
  48.   Víctor Hugo Arévalo, director del medio digital Exprésate.
  49.   Ronald Cedeño, periodista de El Universo.
  50.   Carlos Barragán Periodista, corresponsal Noticias Caracol.
  51.   Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas.
  52.   Diego Delgado Periodista de Medios Ediasa.
  53.  Alex Llanos, periodista de Ecuador TV.
  54.  Juan Carlos Játiva, camarógrafo de Ecuador TV.
  55.  Juan Carlos Aizprúa, periodista de Ecuavisa.
  56. Sergio Quinaluisa, camarógrafo de Ecuavisa.
  57. Fernando Tixi, asistente de cámara de Ecuavisa.
  58. Juan Carlos Correa, periodista de Canal Uno.
  59. Orlando Mena, camarógrafo de Canal Uno.
  60. Luis Fernández, camarógrafo de TVC.
  61. Sofía Veintimilla, periodista de TVC.
  62. Fabiola Santana, periodista de TC.
  63. Juan Carlos Carrasco, camarógrafo de TC.
  64. Juan Carlos Beltrán, periodista Voz de Tomebamba.
  65. Jamil Buestán (director denunciante), periodista de Red Informativa.
  66. Fausto Yépez, periodista de Teleamazonas.
  67. Alexander Herrera, camarógrafo de Teleamazonas.
  68. Dario Zapata, asistente de cámaras de Teleamazonas.
  69. Juan Carlos González, periodista de Wambra Radio.
  70. Diego Ayala, Fotógrafo Gk.
  71. Mario Naranjo, director de noticias de Medios públicos.
  72. Eddy Robalino, camarógrafo Teleamazonas .
  73. Daniel Borja, periodista Canal Uno.
  74. Hugo Picho, camarógrafo Canal Uno.
  75. Antonio Avilés, personal técnico Canal Uno .
  76. César Llugsa, periodista Canal Uno.
  77. Marcelo Pozo, camarógrafo Canal Uno .
  78. Armando Zamora Reyes, periodista El Bacán.
  • A la lista debe aumentarse 37 periodistas retenidos

 

 

Socios que firman

Ana Karina López

Carlos Jijón

Christian Zurita

Veronica Manosalvas

Diego Araujo

Jean Cano

Juan Carlos Calderón 

César Ricaurte

Mariana Neira

Miguel Ribadeneira

Sandra Garcés

Simón Espinosa

Stephan Kuffner

Tania Tinoco

Xavier Bonilla

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FUNDAMEDIOS vuelve a condenar, como lo hicimos en el momento de los hechos, esta “retención” ilegal, la agresión, coacción y presión ejercida por un sector de la dirigencia indígena y exigimos que se tome rápidamente distancia de actos ilegales y atentatorios a los Derechos Humanos fundamentales.

Así mismo, exigimos que cese de forma inmediata la vigilancia por parte de un sector de la dirigencia indígena en contra de corresponsales extranjeros que han llegado al Ecuador a realizar la cobertura del conflicto social. 

La mañana del 10 de octubre, varios equipos de prensa que cubrían una concentración indígena en el Ágora de la Casa de la Cultura ecuatoriana, al centro norte de Quito, fueron “retenidos”, muchos contra su voluntad, por un sector de la dirigencia indígena encabezado por Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que les exigía transmitir en vivo un acto de aplicación  de “justicia indígena” en contra de 8 policías, también “retenidos”.

Pasada las 10 de la mañana, Teleamazonas y Ecuavisa interrumpieron su programación para informar y transmitir, a manera de flash informativo, la postura de este sector de la dirigencia indígena. 

Leonidas Iza y otros líderes indígenas exigían que el Gobierno derogue la aprobación de una medida que elimina el subsidio a la gasolina, pedían que los ministros de Gobierno y Defensa depongan su cargo y exigían a los medios presentes que se queden en el sitio cubriendo sus demandas, pues aseguraban que, desde que empezó el Paro Nacional el pasado 3 de octubre, la prensa ha trabajado de forma parcial y poco ética, cubriendo solo los intereses del Gobierno.

Juan Carlos Calderón, director del portal Plan V y Presidente de la Junta Directiva de FUNDAMEDIOS, ofreció su testimonio de que hubo retención, presión e intimidación para la prensa. Si bien el trabajo periodístico pudo hacerse, explicó que habían restricciones  de acceso y salida por una guardia comunitaria y que “fueron prácticamente obligados a permanecer cubriendo los hechos”.

“La actitud de la mayoría de los periodistas fue estoica, decididos a permanecer en el sitio porque ahí estaba la noticia”, señaló Calderón.

En las últimas hora se pudo conocer el testimonio del Periodista argentino Nelson Castro de la cadena TN, Todo Noticias, que ratifica “la retención” contra su voluntad de equipos periodísticos y la vigilancia permanente a la que están sometidos los reporteros extranjeros que han llegado al Ecuador a vivir el conflicto social. Este último hecho será ampliado por FUNDAMEDIOS, en las próximas horas. 

El periodista de Teleamazonas Freddy Paredes, quien al salir del recinto, fue atacado con una piedra en la cabeza y presentó una fractura de la clavícula y un golpe en la cabeza con herida abierta, condenó lo sucedido. Quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro (…)”, aseguró.

Una reportera, quien prefirió no identificarse, comentó que ella y otros colegas fueron amenazados, hostigados y tildados de prensa corrupta y mediocre.

José Daniel Acosta, periodista de la UCSG TV, salió junto a otros colegas pasadas las 16 horas. El reportero sostuvo que al interior del recinto se arremetió contra los medios de comunicación y no se quería dejar salir a la prensa, pues todas las puertas de acceso permanecieron cerradas.

También hubo otro grupo de periodistas que afirmaron que fueron tratados bien y negaron que hayan sido retenidos, pues dijeron que pudieron salir por sus propios medios y sin presión alguna. Algunos cubrieron el homenaje a Inocencio Tucumbio, indígena que falleció en las violentas protestas.

«Bajemos las tensiones. No me siento secuestrada. Todos los periodistas hemos sido bien tratados. Nos acaban de dar de comer. Nos han facilitado la cobertura», señaló Susana Morán.

FUNDAMEDIOS no ha revelado la identidad de todos los comunicadores que estuvieron durante horas en el Ágora de la Casa de la Cultura, por razones de seguridad de los propios periodistas quienes temen represalias futuras en sus coberturas diarias.

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) rechaza enérgicamente la agresión que sufrió Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, quien fue golpeado brutalmente con una piedra en su cabeza, después de salir del Ágora de la Casa de la Cultura, en donde fue retenido por el movimiento indígena.

Vemos con gran preocupación la violencia a la que ha sido expuesta la prensa. No podemos permitir que una agresión tan vil como la que sufrió el periodista de Teleamazonas pase desapercibida. Exigimos a las autoridades pertinentes que se de con el autor de la agresión y sea castigado conforme la Ley. Llamamos a la dirigencia indígena y a los movimientos sociales que frenen con la estigmatización y las agresiones contra la prensa.

Hacemos un llamado al respeto, la defensa de la democracia y la paz para que actos como este nunca vuelvan a repetirse. Nos solidarizamos con Freddy Paredes, quien actualmente se recupera en un hospital de la capital, con una fractura en la clavícula y un golpe en la cabeza con herida abierta.