Informes

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Ecuador, 22 de diciembre del 2020. La Fundación Andina para la Observación de Medios, Fundamedios, presenta su informe anual sobre los ataques contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridos entre enero y diciembre del 2020. 

Este fue un año distinto por la crisis sanitaria mundial. La llegada de la pandemia por COVID-19 significó nuevos desafíos para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión. En comparación al 2019 el número de alertas registradas en este año disminuyó. Mientras que en ese año se registraron 212 ataques a la prensa, en el 2020 fueron 144. Mientras el número de alertas registradas descendió, esto no se reflejó en el impacto que estas generaron y que fue superior al año anterior.

En total fueron 960 medios de comunicación, periodistas, activistas o ciudadanos que fueron agredidos en este 2020, lo que representa un incremento del 254% en comparación al 2019 cuando llegaron a 373. 

El principal grupo de agredidos lo encabezan los periodistas que en general llegan a la cifra de 863 afectados lo que corresponde al 90% de las alertas registradas por Fundamedios en este año. Los medios de comunicación afectados este 2020 fueron 36 seguidos de los casos de seis reporteros gráficos. 

El informe, además de datos estadísticos completos, incluye capítulos que tratan la relación de los Periodistas y COVID, analiza dos leyes claves para luchar contra la corrupción y la transparencia, hace referencia a que en este año se consolidaron imperios mediáticos y anota la seguridad para periodistas como una deuda pendiente 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con  la protección y promoción de la libertad de expresión como un Derecho Humano universal y el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina.

Nuestro trabajo se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

A continuación el informe completo:

Informe 2020 final

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Por la semana de la transparencia, FUNDAMEDIOS presenta el siguiente Informe de Análisis Comparativo de Acceso a la Información Pública en América Latina. Este análisis es una compilación de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, al igual que el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública como un derecho humano y los riesgos identificados en su aplicación.

El estudio fue impulsado por Thomson Reuters, contó con la coordinación regional de FERRERE Abogados de Ecuador y la participación de los estudios Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría de Perú y de Colombia, Ritch Mueller de México,  KLA ADVOGADOS de Brasil, y Obrador Digital de Chile, que aportaron con los insumos necesarios para la elaboración de este informe.

El estudio es parte de un proyecto ejecutado por Fundamedios con el apoyo de Counterpart y USAID. 

El informe busca visibilizar los desafíos que actualmente cada país analizado presenta, así como los avances realizados a nivel regional en el reconocimiento de este derecho y su aplicación, con la finalidad de replicar dichas prácticas en nuestra realidad. 

Asimismo, este informe sirvió como base para la construcción normativa del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que FUNDAMEDIOS entregó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto, mismo que también cuenta con  estándares internacionales establecidos en la Ley Modelo 2.0 de la OEA. 

 

 

Informe Análisis

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Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

FALLO CC VISTAZO

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

A la realización de este informe se sumó la fundación nicaragüense Violeta Chamorro. En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina. El año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

Este documento se envió a la sede de Unesco, en París. La mañana de este 2 de mayo, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, también lo entregó a Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, en Quito. A fines de junio próximo, se presentará oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente. El aumento de grupos del crimen organizado y narcotráfico es una amenaza importante contra periodistas.

Los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.

Revise el informe completo

 

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2018 fue un año en que se evidenció una rebaja significativa en las agresiones a la libertad de expresión; pero, sin duda, fue de conmoción. El actual Gobierno ha reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión, comunicadores, periodistas, medios de comunicación y activistas políticos. Frente a esa realidad, se ejecutaron acciones para paliar el ambiente hostil y polarizado que se sostuvo entre 2007 y el primer semestre de 2017. Entre esas, resultan determinantes la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la revisión del rol de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y sus sanciones, el papel de la Secretaría de Comunicación (Secom), el concurso de frecuencias y las consecuencias del crimen en contra del equipo periodístico de Diario El Comercio.

De acuerdo a los reportes de FUNDAMEDIOS, la mayoría de agresiones poviene de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales. No se ejecutan desde el Gobierno Central, pero sí desde autoridades locales y funcionarios.

En 2018, la forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas. En 12 meses se reportaron 18 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet. Esto marca una diferencia en el contexto de 2017, año en que la agresión más recurrente fueron los insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas, junto al hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales.

También se identificaron patrones en la limitación al acceso a la información pública. Las prácticas mencionadas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y en la lucha contra la corrupción.

VER: Informe completo

 

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La posición del Gobierno frente a la corrupción del régimen anterior, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la evaluación de instituciones y los cambios propuestos en la consulta popular 2018 son algunos de los temas de la coyuntura política que sobresalieron durante 2018 en las páginas de opinión de los medios: El Universo, El Comercio, El Telégrafo y 4 Pelagatos.

Un estudio del Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de FUNDAMEDIOS, refleja que la política es la temática que acapara los editoriales y columnas de opinión, al obtener el 34% de 1593 artículos analizados. Esto, en mitad de un proceso de transición impulsado por Lenín Moreno, desde hace 18 meses.

Respecto a la valoración de dichos artículos de opinión en referencia a la gestión del Gobierno, el 48% de columnas y editoriales monitoreados revela una posición neutra. Un 30% de la opinión es negativa, respecto a episodios políticos específicos o por estrategias que se consideran insuficientes para abandonar el correísmo. El 22% mantiene una tendencia positiva y destacan la política de Moreno, así como los cambios de índole económica y judicial propuestos.

El informe sobre qué dice la opinión pública en 2018 está compuesto por datos recogidos y analizados de forma aleatoria, correspondientes a dos semanas por cada mes desde enero hasta noviembre de 2018. Los parámetros se centraron en tres indicadores:

  • Temas: de qué hablaron los articulistas durante 2018
  • Género: cuántos artículos fueron escritos por hombres y por mujeres; de qué hablan ellos, de qué hablan ellas
  • Valoración: las opiniones en torno a la gestión del Gobierno fueron positivas, negativas o neutras.

Aquí el informe completo

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Cambios en el ambiente y una transición lenta. Así se podría resumir el primer año del gobierno de Lenín Moreno quien, desde un inicio, marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación. Para el estado de la libertad de expresión, el bajar la polarización y el nivel de confrontación con la prensa fue una buena señal a la que hay que sumar hechos como la eliminación de los enlaces ciudadanos -como espacios de ataque y estigmatización a periodistas y ciudadanos críticos al poder-, el refrescamiento y cambios en la línea editorial de los medios en manos del Estado -acostumbrados a atacar y hacer campañas para descalificar a quienes pensaban distinto, la destitución del cuestionado Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y el envío de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con la respectiva eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidad que, desde su creación en octubre de 2013, se dedicó a sancionar y multar a los medios.

Las sanciones contra los medios de comunicación, el uso abusivo del poder estatal y las agresiones verbales, que en el gobierno de Rafael Correa ocupaban los primeros lugares, pasaron a un segundo plano. Con la salida de Carlos Ochoa de la SUPERCOM y las críticas a esta entidad, las multas y sanciones casi desaparecieron y el uso y abuso del aparataje estatal dejó de sumar cifras relevantes. Lo mismo ocurrió con las agresiones verbales que disminuyeron su intensidad tras el cambio de mando de gobierno y la eliminación de las llamadas sabatinas.

Sin embargo, esto no significa que las agresiones mencionadas no se produzcan, o que el total de agresiones dejen de ser preocupantes, de hecho, el 26 de marzo de 2018, el Ecuador vivió uno de los episodios más graves y tristes en la historia del periodismo con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, plagiados en la localidad de Mataje, ubicada en la frontera norte, en Esmeraldas por parte de grupos armados disidentes de las FARC, cuando ellos realizaban su trabajo de cobertura en la zona.

Además de este lamentable hecho, durante este primer año de gobierno de Moreno, los principales ataques se centraron en la vulneración a los derechos digitales, con hackeos, censura en internet, así como agresiones físicas, que en su mayoría, fueron perpetradas por agentes externos al Estado. Justamente, por hechos como lo ocurrido con el equipo periodístico y anteriores atentados en la frontera norte, que han cobrado la vida de cuatro militares, la principal preocupación de los últimos meses ha sido la inseguridad y el narcotráfico.

Por otra parte, a través del espacio de rendición de cuentas ¨El Gobierno informa¨ que se transmite todos los lunes, desde el 12 de junio de 2017 hasta el 14 de mayo del 2018 – primer año de gestión del presidente de la República, Lenin Moreno – se han realizado 47 enlaces, que suman 454 minutos con 1 segundo, lo que representa un total de 8 horas de un día laborable.

Los temas que más se trataron en este espacio fueron los políticos, específicamente los relacionados a la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y el informe sobre las actividades semanales del presidente Moreno y sus ministros.

Otro de los ámbitos desarrollados en “Ël Gobierno Informa” fue el aspecto social, como: Casa para todos y Misión Manuela Espejo. Y también los planes: Agua para todos y Menos pobreza más desarrollo. 

Un año en cifras

El primer año de Lenín Moreno, contabilizado desde el 24 de mayo de 2017, hasta este 24 de mayo de 2018, registró un total de 156 ataques a la libertad de expresión. Una cifra que solo se equipara al número de agresiones registradas en los inicios del correísmo, cuando, en 2009, 2010 y 2011, se reportaron 103, 151 y 156 casos, respectivamente, contrastando con las cifras de 2015 y 2016, que cerró con 499 y 491 casos. Años que representaron la época más violenta para la libertad de expresión en el Ecuador, desde que se llevan registros.

2017 fue un punto de inflexión, ya que, además del cambio de gobierno que ocurrió el 24 de mayo de 2017,  fue el primer año en donde se dio una baja en las cifras de agresiones, con 297 casos.

En marzo, abril y mayo de 2017, los últimos meses del gobierno de Rafael Correa, se reportaron 113 ataques, en contraste con los primeros tres meses del gobierno de Moreno, en donde ya se evidenció una caída mayor al 50% de las agresiones, con 54 casos, entre junio, julio y agosto. Desde ese momento ya se vio una tendencia a la baja en las cifras de ataques.

Copy: ATAQUES contra la libertad de expresión
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La principal agresión en este primer año de gobierno de Moreno se dio en el mundo del ciberespacio, por vulneración a los derechos digitales, con 40 casos. Dentro de estos, se incluyen 17 ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; 17 hechos de censura por internet y 6 de hackeos a portales de medios nativos digitales, así como a portales de medios tradicionales.

En este apartado cabe mencionar casos como las ciberamenazas que cada vez han ido reemplazando a las amenazas tradicionales. Es el caso ocurrido el pasado 15 de octubre de 2017 en contra de la periodista y conductora del espacio de entrevistas Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, Janeth Hinostroza. Desde la cuenta de Twitter “Alerta-911”, presumiblemente troll, se amenazó a la periodista con “meterle un tiro”. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre Hinostroza y el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom, Roberto Wohlgemuth. La periodista lo increpó en la red social por su defensa al vicepresidente Jorge Glas, quien ha sido investigado por actos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht,.

En segundo lugar se ubican las agresiones físicas, con 26 casos. De estas, el mayor número se concentra en ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos; 9 por actos de intimidación, acoso o persecución; 5 por impedimentos de cobertura y el hecho más grave de este período, con el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Las semanas más tristes para el periodismo ecuatoriano

El episodio que vivió el Ecuador el pasado 26 de marzo de 2018 ha sido calificado como uno de los más impactantes en la historia del periodismo. La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación SECOM, que informó la madrugada del 27 de marzo, de la presunción de secuestro a los comunicadores. En ese sentido, el gobierno dijo que activó todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los periodistas. “Ministros de Defensa, del Interior y el Fiscal General del Estado se reunieron con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes” apuntó el comunicado oficial.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el ministro del interior César Navas confirmó que el secuestro de los comunicadores ocurrió en la mañana del día anterior, tras pasar un retén de control militar en donde fueron advertidos sobre los peligros de circular en la zona. En su momento, aseguró que los periodistas están bien, que podrían estar en territorio colombiano y que se había dado un primer contacto con los secuestradores, sin dar más detalles. Tras esto, hizo un llamado a los medios a acudir a las fuentes oficiales para obtener la información y anunció que, en este caso, la vocería será exclusiva del Ministro del Interior, a través de la Secretaría de Comunicación. Esa misma noche, periodistas, familiares, amigos y activistas realizaron la primera vigilia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito y en la Plaza San Francisco en Guayaquil. La convocatoria se hizo bajo el hashtag #Nosfaltan3.

El  29 de marzo de 2018,  el ministro César Navas desmintió una información que fue enviada desde medios colombianos en donde se aseguró que se liberó al equipo periodístico. Al respecto, el ahora exMinistro indicó que la liberación es un dato falso y calificó como “una irresponsabilidad” la actuación de los medios colombianos y afirmó que el anuncio entorpeció las negociaciones. Eso lo dijo minutos antes de reunirse con los familiares de los secuestrados.

En la madrugada del 03 de abril de 2018, nuevamente los medios colombianos enviaron información sobre el caso. Ese día, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida, en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación.

En el video casero difundido por Noticias RCN, se observa a los tres hombres con cadenas que rodean sus cuellos y candados, con semblante de preocupación y tristeza. Se escucha a Javier Ortega, periodista secuestrado, decir: “Presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Y también la anulación de ese convenio que tiene Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”.  

Hasta ese momento se conocía de la existencia de dos videos que daban fe de que el equipo periodístico de Diario El Comercio continuaba con vida. En el primero, el cual fue presentado por autoridades ecuatorianas a los representantes de los familiares de los secuestrados, se observa que ellos no están encadenados y se los ve estables, mientras en el segundo las condiciones de los periodistas cambian.

El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, manifestó su profundo malestar. “Rechazamos enérgicamente la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación….”, rezaba el documento.

Tras días de vigilias y una escasa respuesta de parte del Estado, los familiares del equipo reporteril de El Comercio se reunieron la mañana del 10 de abril con el Presidente Lenín Moreno y su equipo ministerial en el Palacio de Carondelet y una de las propuestas hechas al Ejecutivo fue aumentar el nivel de comunicación con los captores para estar seguros del estado de salud de los plagiados.

La mañana del 11 de abril medios colombianos como Revista Semana, Radio Blu, entre otros dieron la primera alerta al divulgar un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente del país, en el que daban por hecho los asesinatos.  En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia “no quisieron salvarle la vida” a los tres comunicadores secuestrados y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte.

Navas se limitó a desmentir información respecto a que se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. “Hemos realizado operaciones de control permanente pero no ofensivas, y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas secuestrados”, apuntó el Ministro. Sobre este supuesto comunicado, la Secretaría de Comunicación también informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que las autoridades están verificando la información y que una vez que se cuenten con datos verídicos al respecto, lo darán a conocer a través de los canales oficiales.

Tras este comunicado, el 12 de abril llegó a FUNDAMEDIOS fotografías  que dieron cuenta de la situación de los tres comunicadores. Tras recibirlas de manos del medio colombiano RCN, se envió inmediatamente a verificación de las autoridades. Cerca de las 20:00, el ministro del interior, César Navas y el Coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística informaron que se realizaron análisis periciales a las fotografías, y que pudieron concluir que, por métodos pre científicos, las prendas son coincidentes con las dos personas secuestradas y por medio del análisis biométrico del rostro, existe una alta probabilidad de que sea coincidente con la identidad de otro de ellos. Horas más tarde, el presidente Lenín Moreno, quien se encontraba en Lima para la Cumbre de las Américas, anunció su retorno inmediato al país y cerca de la medianoche dio una rueda de prensa en donde dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores envíen una prueba de vida de los comunicadores.

Cerca de las 13:00 del 13 de abril y al cumplirse el plazo de 12 horas que dio el presidente Lenín Moreno, el Primer Mandatario confirmó de manera oficial el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. “Lamentablemente tenemos información que confirman el asesinato (…) los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, querían ganar tiempo”, apuntó Moreno, quien anunció que se tomarán medidas enfocadas al combate de estos grupos armados.

Un nuevo comunicado atribuido al ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de alias ‘Guacho’, anunció el 16 de abril de 2018 la suspensión de cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los comunicadores de diario El Comercio. El documento, que estaba dirigido al Comité de la Cruz Roja y familiares de los periodistas, mencionó cuatro puntos en donde detalló las razones de esta suspensión. Una de ellas es que los gobiernos de Ecuador, Colombia y los “gringos”, insisten en la represión, enviando a más tropas a la zona; también mencionan que los gobiernos de ambos países continúan “secuestrando a gente inocente. Según RCN, el comunicado ya está en conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos y familiares de los tres periodistas ecuatorianos.

Hasta el cierre de este informe, no ha sido posible recuperar los cuerpos de los comunicadores pese a los pedidos e intentos de diálogo entablados por los familiares de las víctimas, con las autoridades de Ecuador y Colombia. Por esta razón, legalmente, los periodistas están en situación de desaparecidos, no de asesinados

Mientras tanto, los familiares, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia pidieron a la CIDH la conformación de un Grupo de Expertos que acompañe las investigaciones sobre el secuestro y desaparición de los periodistas. Este pedido ha sido aceptado por el Gobierno ecuatoriano y después de una reunión de las familias con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, Colombia también se uniría a la conformación de este grupo investigador.

La disminución de la polarización o la caída de las agresiones verbales 

Las agresiones verbales, con 22 casos. Si bien esta dejó de ser la principal agresión de este período, aún ocupa un puesto importante. Dentro de esta categoría se contabilizan 10 amenazas, 8 Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas y 4 insultos o descalificaciones de particulares, cuando estos generan consecuencias negativas para la libertad de expresión.

De estas, cabe destacar la amenaza más reciente ocurrida el 18 de abril de 2018, cuando la periodista colombiana Herlency Gutiérrez, directora del sistema regional informativo Cardenal, de la ciudad de Valledupar, ubicada al nororiente de la Costa AtlÁntica de Colombia, fue amenazada de muerte por informar y dar cobertura al secuestro y asesinato de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyo crimen se le atribuye a la organización narcoterrorista liderada por alias ‘Guacho’.

Una alerta emitida por la La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) aseguró que momentos después de la finalización de la primera emisión del noticiero, un hombre, que dijo ser integrante del ELN, llamó a la emisora donde trabaja la periodista y le dijo que tenía un mensaje de alias “Guacho”. Le advirtió que debía dejar su cargo y que tenía 72 horas para abandonar la ciudad “porque están hablando mucho de Guacho…”. Según la FECOLPER, una segunda amenaza de este mismo sujeto ocurrió cinco minutos después, cuando el mismo hombre marcó nuevamente e hizo extensiva la amenaza a los miembros de la emisora y ordenó apagar el sistema radial en ese mismo lapso de tiempo, si no quieren que haya consecuencias.

Otro hecho grave ocurrió con la agresión al periodista Roberto Aguilar por parte de Omar Simon, exsecretario de la Presidencia durante el mandato de Rafael Correa, durante la concentración de simpatizantes del expresidente, la tarde del 28 de noviembre de 2017, en los exteriores de la sede del movimiento oficialista Alianza PAÍS. Aguilar fue perseguido, acosado e insultado  por el funcionario, quien cuestionó al periodista por sus crónicas en 4 Pelagatos, y posterior a la denuncia de la agresión, fue calificado de mentiroso y cobarde en redes sociales.

Durante esa concentración, los simpatizantes correístas también agredieron verbalmente a los periodistas que acudieron a cubrir el encuentro con gritos y consignas como “prensa corrupta”, “fuera prensa corrupta”, según se pudo ver en imágenes y videos que circularon en redes sociales.

El inicio del fin de la SUPERCOM y la derogatoria de la «Ley Mordaza»

En cuarto lugar se ubicaron las sanciones a medios de comunicación en aplicación a la LOC. De nuestros registros propios que se desprenden del monitoreo que hace FUNDAMEDIOS, durante el año de gobierno de Moreno, se reportaron 17 sanciones en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación. Una cifra que solía ubicarse en los primeros lugares por tipos de agresión en reportes previos, como lo ocurrido en 2016, cuando se reportaron 168 casos en la SUPERCOM, considerando el subregistro de estas sanciones debido a una falta de transparencia de esa entidad.

De los procesos más polémicos durante el primer período bajo el mando de Moreno, cabe destacar la sanción de Teleamazonas, que el pasado 12 de diciembre de 2017 fue multado con el pago del 10% de su facturación promediada de los últimos tres meses y fue obligado a difundir un video de réplica del entonces Superintendente, Carlos Ochoa, tras un proceso que inició de oficio esta misma Superintendencia, actuando como juez y parte.

La sanción ocurrió porque el canal no divulgó un video de réplica de Ochoa, quien se sintió aludido por las opiniones que en días pasados virtió la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta, en el espacio de entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, en donde cuestionó el accionar de la Supercom y sugirió que se debería reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas señaló que se concedió la oportunidad de réplica a Carlos Ochoa en donde fue invitado a ser entrevistado en el mismo espacio de opinión en donde se entrevistó a la legisladora y que es conducido por Janeth Hinostroza. Sin embargo, Ochoa se negó y, en su lugar, envió un video que el canal se ha negado a difundir por considerar que no era la forma adecuada de dar una réplica. “En un comunicado difundido la tarde del 12 de diciembre, Teleamazonas rechazó la  sanción por considerarla «ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de toda lógica», en la que se dispone una sanción para el mencionado canal de televisión.

Sobre este caso, el canal puso una acción de protección para frenar la sanción, que les fue favorable, por lo que Carlos Ochoa se vio obligado a pedir disculpas públicas que llegaron al canal través de una carta.

En otro caso, la SUPERCOM sufrió un nuevo revés el 5 de marzo de 2018, cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución y sanción emitida en contra de diario La Hora por la supuesta censura previa ejercida por no replicar una publicación del diario argentino Página 12, en relación al entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso. Dicha sentencia fue emitida durante el gobierno de Correa, el pasado 21 de abril de 2017 en contra de La Hora y  otros seis medios de comunicación como: El Comercio, El Universo, Expreso, Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro, a quienes se les ordenó una multa de 10 salarios básicos. Durante la audiencia, los jueces del Tribunal concluyeron que no se vulneraron derechos o se incurrió en censura previa por no replicar dicha información generada de un medio extranjero afín al Kichnerismo.

Todo esto ocurría mientras, desde la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un proceso de juicio político para la destitución y censura de Carlos Ochoa, no solo por su cuestionada actuación como titular de la SUPERCOM, sino porque fue señalado por la Contraloría General, con dos glosas por USD 115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7320, tras una auditoría en Gama TV.

La resolución fue notificada este lunes 11 de diciembre del 2017 a Ochoa, como consecuencia del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV. Según el examen de la Contraloría, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular.

Tras esto, el 7 de marzo de 2018, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio cesó en sus funciones a Ochoa basándose en el informe de la Contraloría. Días después, el 12 de marzo de 2018 la asamblea lo destituyó por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo.  Actualmente, Paulina Quilumba asumió el mando de la Supercom tras la salida de Ochoa.

Pese a que la SUPERCOM aún está vigente, y sigue trabajando con 321 funcionarios, según datos de diario El Comercio, ya hay anuncios oficiales para su eliminación.

El 3 de mayo de este año, el presidente Lenín Moreno dijo que se debía enmendar la Ley de Comunicación dentro de un diálogo amplio con todos los sectores hasta que se atenga a los estándares internacionales, y reconoció que durante la pasada década se vulneró «expresamente» el derecho a la libertad de prensa.

«La mejor iniciativa que podemos promover como Gobierno es avanzar en cambios normativos que se enmarquen en el respeto a los estándares internacionales de plena protección», afirmó. Aseguró en ese sentido que Ecuador pasará «de un estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres, a otro que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación, que es sin duda alguna la piedra angular de la democracia».

En ese marco, el 14 de mayo, durante su informe de labores que realiza cada lunes, el presidente Moreno anunció que en una semana enviará un proyecto de reformas a la LOC, en donde se contempla eliminar la SUPERCOM. Recordó que la ley de comunicación va a cumplir cinco años de existencia y durante este tiempo ha generado observaciones y cuestionamientos respecto de su aplicación, sobre todo relacionados a la actuación de la SUPERCOM, organismo que se suprime de acuerdo al proyecto de reforma.

En esa línea, el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), Danilo Sylva, aseguró que eliminación de la entidad reguladora restablecerá la libertad de expresión en el país. «Las superintendencias son órganos para controlar, supervisar y sancionar, y tener una para la libertad de expresión era ir contra esta misma».

La SUPERCOM fue creada en octubre del 2013 y desde sus inicios fue cuestionada por sus acciones polémicas como la primera multa por una caricatura, ocurrida en enero de 2014, con una sanción a El Universo y al caricaturista Bonil, por dibujar sobre el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. Otras sanciones polémicas se dieron a Radio La Redonda, por hablar de amantes en horario familiar, por hacer chistes sobre chinos, entre otras.

Desde octubre de 2013 hasta enero de 2018, Fundamedios contabilizó un total de 1037 procesos, ingresados en esa institución, de los cuales 561 son sanciones, 334 corresponden a multas, 137 pertenecen a amonestaciones escritas y 51 disculpas públicas. Los artículos más utilizados, para sancionar a los medios, fueron los artículos: 10, referente a normas deontológicas,  artículo 28 (con 102 sanciones) sobre la obligación en la entrega de copias de programas o impresos, y los artículos 60. con 58 casos sobre la identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Por último existen un total de 374 sanciones iniciadas por oficio y un total de 187 sanciones iniciadas por ciudadanos.

Las agresiones por abuso estatal, en quinto lugar y otros casos 

El uso abusivo del poder estatal se ubicó en este período en quinto lugar, con 16 casos, de estos, 11 se dieron por abusos de organismos de control del Estado y 5 por abuso de cadenas y otras herramientas de comunicación del gobierno, principalmente, por exigencias o imposiciones de réplicas o rectificaciones a los medios por parte de funcionarios del Estado.

La baja en la emisión de cadenas también responde a una política distinta marcada desde el gobierno de Moreno, quien cambió las sabatinas por un informe semanal de actividades que se difundió por primera vez el 12 de junio de 2017, y que se difunde todos los lunes en cadena nacional bajo el  nombre de “El Gobierno informa”con una duración de hasta 16 minutos.

El refrescamiento de las líneas editoriales y el personal directivo de los medios estatales también refleja un cambio con indicios de un mayor pluralismo. Desde el 17 de julio, se conoció públicamente que Andrés Michelena, exsubsecretario de Comunicación de Lenín Moreno en la vicepresidencia, fue designado como gerente general de los Medios Públicos, y Fernando Larenas, conocido periodista, se sumó como director a este equipo, que antes estaba liderado por Orlando Pérez, quien aseguraba una línea de militancia gobiernista. Tras esta designación, los cambios se notaron desde los primeros editoriales y análisis ya que antes no se trataban ciertos temas que resultan perjudiciales para el gobierno, como la corrupción y vinculaciones de funcionarios estatales que actualmente sí se pueden ver y leer en estos medios.

Meses después, Michelena fue nombrado Secretario de Comunicación. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 318, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó el pasado 20 de febrero a Michelena, quien reemplazó al entonces secretario, Alex Mora Moya, quien ejercía el cargo desde el 24 de mayo de 2017.

Tras su designación, el titular de la Secom anunció una comunicación más directa entre el ciudadano y el Presidente; un plan de austeridad y reformas a la LOC.

«Las instrucciones del Presidente de la República han sido muy claras, vamos a trabajar en una Secom que sirva de herramienta de comunicación ciudadana», apuntó Michelena en rueda de prensa.  El Secretario de Comunicación dijo que habrá apertura total a todos los medios, tanto públicos como privados y comunitarios, con los que trabajará de la mano en «un proceso de recrear los valores de la institución: honestidad, transparencia, veracidad y pluralidad».  

Recalcó que se buscará que «nunca más exista información que trate de dañar a ninguna persona en su honra y su honestidad». Michelena anunció que se construirá un proceso de comunicación «uno a uno con el ciudadano de a pie», además el Presidente será cercano al ciudadano en llamadas telefónicas, contactos y visitas.  También mencionó un plan de austeridad «para hacer de la comunicación no un negocio, sino un proceso de información con todos los ciudadanos».

Copy: LAS AGRESIONES
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Algunos procesos penales se resuelven 

Retomando las agresiones, en menor grado se reportaron 10 casos de censura, 6 procesos penales y 4 agresiones en la categoría de marco jurídico contrario a estándares.

Sobre los casos penales, el más grave de este período fue el del articulista Enrique Rosales Ortega, columnista de El Universo en la provincia costera de Santa Elena, quien fue detenido la tarde del 30 de noviembre de 2017 en cumplimiento de una sentencia de dos años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2016 por el delito de calumnias contra la exasambleísta del Movimiento oficialista Alianza PAIS, Vanessa Fajardo, actual asesora de la vicepresidenta Alejandra Vicuña. Sin embargo y pese a que fue detenido, este salió libre en diciembre de 2017 tras el perdón que le concedió Fajardo, a propósito de las fechas navideñas.

En este período también se dieron buenas noticias sobre casos judiciales anteriores que se originaron en el gobierno de Rafael Correa. Es el caso del exasambleísta Cléver Jiménez y el activista político y periodista, Fernando Villavicencio, quienes fueron declarados inocentes del delito de divulgación de documentos reservados de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del anterior gobierno, sobre el caso Chevron. El Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión el 22 de febrero de 2018, tras la abstención de la fiscal Thania Moreno.

Este juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio se activó tras una providencia emitida por el juez Jorge Blum, quien el pasado 27 de diciembre de 2013 ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del ahora ex legislador de oposición por Pachakutik. La prisión preventiva fue ordenada en octubre de 2016 y cambiada el año pasado por el uso de dispositivos electrónicos.

Dicho proceso inició tras un pedido del entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas para que se abra una investigación en contra de Jiménez y Villavicencio por la revelación de una serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que mostraban la injerencia directa del Ejecutivo en la Función Judicial.

Otro caso que tuvo un final favorable fue el del presidente y representante de la encuestadora CEDATOS, Ángel Polibio Córdova quien fue sobreseído de la acusación penal que pesaba en su contra por el delito de falsificación de documento privado y uso doloso de documento privado falso. Según la Fiscalía, el empresario habría alterado datos de las encuestas de las elecciones presidenciales de febrero del 2017.

El 23 de febrero de 2018, la jueza María Elena Lara dictó el auto de sobreseimiento a favor Córdova, tras determinar que la Fiscalía no demostró la materialidad de la infracción que se investigaba. La jueza Lara también resolvió que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Córdova.

Este proceso se originó en la advertencia del expresidente Rafael Correa, quien en el enlace ciudadano 518 del pasado 8 de abril de 2017, aseguró que tanto Ecuavisa como CEDATOS deberán responder a la ley, y que tendrán “responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole” por una denuncia que presentó, la en ese entonces asambleísta oficialista Rosana Alvarado por considerar que la encuestadora atentó contra la fe pública, al manipular datos de la empresa para beneficiar al candidato opositor.

Los funcionarios públicos y el Estado siguen siendo los principales agresores y los periodistas, las principales víctimas  

Los funcionarios públicos fueron los principales agresores, con 40 casos perpetrados por estos, principalmente, por parte de 15 autoridades locales, y 4 ministros de Estado. Esta cifra, aunque es elevada, se diferencia de años anteriores cuando el Presidente de la República, en la figura de Rafael Correa era el principal agresor. En el actual periodo no se contabiliza ni una sola agresión atribuible al presidente Lenin Moreno.

En segundo lugar por tipo de agresor se ubican los ataques perpetrados desde el Estado, por medida administrativa, legislativa o judicial, con 39 casos, mientras que desde los actores fuera del aparato estatal, 18 agresiones fueron causadas por desconocidos, 14 por parte de grupos, gremios, o turbas de manifestantes y 12 por políticos que no pertenecen al Estado.

También se reportaron 12 casos de compañías que limitan libertad de expresión en Internet, cifra que va de la mano con la censura en la red.

En cuanto a agresores fuera del Estado, 9 casos fueron perpetrados desde la esfera privada por parte de empresarios, y 3 por parte de personal de seguridad privada.

Copy: LOS AGRESORES
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En cuanto a las víctimas, el grupo más vulnerable es el de los trabajadores de los medios de comunicación, con 55 casos de agresiones. Dentro de este grupo, se agredieron a 12 trabajadores de prensa escrita, a 11 radiodifusores y a 9 de TV.

En segundo lugar se ubican las agresiones a los medios de comunicación, con 49 casos. A pesar del cambio de gobierno, este grupo continúa siendo el más agredido, tal y como ocurría en el gobierno de Rafael Correa.

En menor medida también se agredieron a 18 personajes públicos, 14 ciudadanos y 11 ciberactivistas.

Finalmente, sobre la localización de las agresiones, la provincia de Pichincha sigue concentrando el mayor número, con el 66% de los casos, seguido por Loja, con el 5%, y Guayas y Esmeraldas con el 4, 4%. Cabe anotar que en los últimos meses, la provincia fronteriza de Esmeraldas se convirtió en una de las zonas más peligrosas tras los atentados y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Actualmente la zona está militarizada y restringida por motivos de seguridad, mientras sigan las amenazas en la frontera norte.

 

INFORME COMPLETO

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El observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de Fundamedios, finalizó el monitoreo de 10 medios de comunicación entre privados y públicos. En esta ocasión se realizó un comparativo de los últimos 12 días de campaña, dividido en dos períodos los cuales se componen de los primeros seis días (del 20 al 25 de enero) y los siguientes seis días (del 26 de enero al 01 de febrero).

Los medios que se analizaron fueron: tres canales de televisión (Ecuavisa, Teleamazonas Gamavisión-EcuadorTV), cuatro medios de prensa (El Universo, El Comercio, El Telégrafo y El Tiempo de Cuenca) y tres radios (Quito, Democracia y Visión). Es decir, se seleccionaron medios privados y medios en manos del Estado.

En los últimos seis días el estudio reveló un aumento en los espacios de opinión que se refirieron a la consulta popular, al presentar una muestra total de 87 frente a 66 espacios registrados en la semana del 20 al 25 de enero. Es decir que se visibilizó un incremento del 32%.

En esta última semana también se observó un aumento del 8% con respecto a la tendencia que favorece al Sí en las preguntas de la consulta, ya que de 32 espacios se incrementó a 49. Mientras que los neutros disminuyeron de 29% a 23%. Igualmente con los No se apreció un decrecimiento del 2%.

Asimismo, seis medios nacionales destinaron en la tercera semana 563 minutos de un total de 3015 minutos de espacios informativos y de opinión para hablar sobre la consulta popular, es decir el 19%. Este dato aumentó en la cuarta semana a 695 minutos de 2956, representando el 24% de la muestra. Esto, a pesar de que radio Democracia solo designó un espacio de análisis a la consulta. El monitoreo reveló que los medios se enfocaron en temas económicos, judiciales y de seguridad como: la propuesta de inversión del Gobierno para la refinería de Manabí, la situación de San Lorenzo tras el atentado a su intendencia, así como las nueva denuncias de corrupción contra exfuncionarios del Gobierno de Correa.       

En cuanto a las preguntas que más se mencionaron en las dos últimas semanas de campaña, lidera la lista la 2, referente a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana que obtuvo un 52% en la tercera semana, pero decreció a 29% en el último período.

El segundo lugar en la tercera semana fue para la pregunta 3 sobre la reelección indefinida que obtuvo 23%, sin embargo en la última semana se ubicó en el tercer puesto con el 20%. Entre tanto, el segundo lugar en la última semana fue para la pregunta 1, relacionada a la lucha contra la corrupción con el 24% de la muestra.

En la tercera semana, la pregunta que alcanzó el tercer lugar fue la 6, acerca de la eliminación a la ley de Plusvalía, al presentar un 11% que decreció al cuarto lugar con 9%. Otra vez queda claro que los temas de índole social no fueron relevantes en el tratamiento mediático de la campaña de la consulta.  

En las dos últimas semanas de campaña nuevamente se mantuvieron los mismos actores protagónicos, es decir de quién se habló en los medios de comunicación analizados. En la tercera semana se ubicó en el primer puesto el concepto ciudadanía, al alcanzar el 29% ante  un empate entre el Gobierno de Lenín Moreno y Rafael Correa del 26%.  

El cuadro cambió en el último período, colocando al Gobierno de Lenín Moreno en el primer lugar con el 34%, seguido del concepto ciudadanía que logró un 25%. Mientras que Rafael Correa decreció a 21%.

Con respecto a la tendencia de cada medio de comunicación analizado, se comprobó que continúa el sesgo mediático sea por el Sí o por el No. En los polos se mantienen Teleamazonas y radio Democracia con el 100%  de espacios por el Sí y el diario El Tiempo de Cuenca (medio en manos del Estado) con el 100% de los espacios por el No.

Al revisar los géneros periodísticos, en los espacios de opinión de la tercera y cuarta semana de análisis se encontraron: 81 entrevistas, 67 columnas de opinión y 5 editoriales acerca del referéndum que se realizará el domingo 04 de febrero.

Esta estudio pretende aportar con datos útiles para el debate sobre el tratamiento de los contenidos de los medios de comunicación públicos y privados al enfocarse en un nuevo proceso electoral, en medio de una época de transición al diálogo y la democracia que marcará un antes y un después en el Ecuador.

 

 

 

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