Informes

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En julio, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número significó un incremento en cuanto a las agresiones que se registraron en junio y que llegaron a 16. 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de julio Fundamedios ha registrado un total de 2925 alertas. En julio del 2021 el principal agresor fueron grupos no estatales con 11 agresiones;  seguidos de desconocidos que protagonizaron 5 agresiones y en cuatro ocasiones fueron agresiones protagonizadas por el Estado. 

En total 12 periodistas fueron agredidos en julio del 2021, los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como tres activistas y un concejal en Manabí. En total se registraron 14 agresiones y ataques que incluyen dos atentados contra el equipo periodístico La Hora en Los Ríos y contra una activista política en Durán así como una amenaza de muerte contra el periodista Charlie Castillo, dos discursos estigmatizantes, dos procesos legales, una autocensura  y una restricción en el espacio digital. 

En Los Ríos y Guayas se registraron alertas con uso de más violencia. El caso de la captadora ilegal de dinero BigMoney y la cobertura por parte de medios de comunicación generó un ambiente adverso para la profesión aupado por un discurso contra la prensa proveniente desde Miguel Nazareno y sus seguidores quienes la acusan de interferir con el “negocio”. 

 

Los casos del mes

el 1 de julio la corresponsal del noticiero de la cadena televisa de alcance nacional RTS en la provincia de Los Ríos, Odette Camacho, fue agredida y le sustrajeron el micrófono durante una cobertura del caso Big Money. Asimismo el 31 de julio un equipo periodístico del diario La Hora de la provincia de Los Ríos sufrió un atentado armado mientras se transportaban en un vehículo del medio de comunicación en la parroquia de San Camilo. Este atentado  ocurre un día después de que el medio de comunicación publicara un reportaje sobre cinco puntos donde esta plataforma captaba dinero.

El 13 de julio en Nobol (Guayas) la periodista Nicolle Kalil del El Noticiero de TC Televisión y el camarógrafo Jorge Ortega fueron impedidos de realizar la cobertura del paro campesino en, fueron insultados, recibieron intimidaciones y un intento de agresión.  El 28 de julio La periodista Luisa María Heredia y el camarógrafo Ronald Romo de Teleamazonas fueron agredidos e intimidados en Guayaquil (Guayas) por un grupo de seis personas que custodiaban el domicilio de Jacobo Bucaram Pulley, quien cumple un arresto domiciliario por el delito de delincuencia organizada por comercializar pruebas rápidas de Covid-19. 

Al día siguiente en Durán (Guayas) dos desconocidos incendiaron la camioneta de la activista política Alejandra Cornejo que estaba estacionada en la ciudadela María Piedad. Además, el periodista y fundador del Ferrodiario de Durán, Charlie Castillo recibió una amenaza de muerte en su fanpage de Facebook: “Cuidado se suicida con tres balazos en la espalda”, fue el mensaje que llegó a la página del medio de comunicación digital. Los dos casos de Durán tiene relación a comentarios que realizaron sobre una noticia difundida por la Fiscalía General del Estado que informó de la detención de 4 ciudadanos y la incautación de 2 toneladas de cocaína, 4 cabezales y 1 vehículo, luego de un operativo ejecutado por Fiscalía y la Policía en Durán. La droga fue hallada en contenedores de pescado congelado, cuyo destino era el Puerto Marítimo de Guayaquil.

El seis de julio el equipo periodístico de La Posta recibió una amenaza a través de tres graffitis que contienen las leyendas: “La Posta racista, prensa clacista. Diesel barato y arde La Posta y arde La Posta”.  Estos hechos ocurren 48 horas después de la transmisión en TC Televisión del estreno de La Posta XXX,  donde  se insultó al nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, al llamarlo “cabrón”, palabra que se utilizó como un acrónimo de “campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista”. Mientras se lanzaban dardos contra una imagen del dirigente. 

Asimismo, la Procuradora del Municipio de Quito lanzó una amenaza pública a un medio de comunicación y la gran maestra de ajedrez ecuatoriana, Carla Heredia, fue el centro de una serie de mensajes ofensivos e incluso de corte sexista luego de que el ex presidente Rafael Correa le recriminara públicamente en Twitter lo que le llevó a la autocensura. 

 

Se sigue usando el Código Penal para castigar la libertad de expresión

La Corte Provincial de Justicia de la Ciudad de Manta ratificó la sentencia de 15 días de prisión contra el concejal Juan Casanova, de acuerdo con el literal 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de quince a treinta días de pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Además, el Concejal deberá pagar USD 3.000 por resarcimiento económico para el cabildo y USD 400 dólares como sanción. Asimismo, deberá emitir disculpas públicas hacia la municipalidad. Fundamedios rechazó el uso del derecho penal para coartar y castigar la libre expresión de cualquier ciudadano y recuerda la urgencia de que estos artículos, que castigan la libertad de expresión, deben ser eliminados. 

Lo positivo del mes 

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación interpuesto por el ex alcalde de Loja, Bolívar Castillo y dictó una sentencia absolutoria que ratificó la inocencia del periodista Lenin Paladines. Con la negación de la apelación, las vías legales para Castillo se agotaron. 

Lenin Paladines dijo que es un triunfo del periodismo ecuatoriano que pone punto final a un proceso de persecución que inició en 2008 con la implantación de un estado de sitio contra el periodismo ecuatoriano, impulsado por el expresidente Rafael Correa y algunas autoridades locales que lo veneraban y siguieron el mismo hilo conductor de persecución.  

DOCUMENTO COMPLETO

Finalmente, ell Servicio de Rentas Internas (SRI) entregó una serie de documentos al legislador Fernando Villavicencio de los cuales se desprende una investigación contra él y su entorno familiar emprendida por este organismo con la posible participación del Centro de Inteligencia Estratégica y bajo el auspicio del ex consejero presidencial de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputi, cuando Villavicencio era editor del portal Periodismo de Investigación. 

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Ecuador, 23 de mayo de 2021. La Fundación Andina Para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) registró durante el Gobierno de Lenin Moreno un total de 793 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o activistas. Estas agresiones suman un total de 1702 periodistas y medios de comunicación que fueron vulnerados en su derecho a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. El caso más grave fue el asesinato y secuestro en la frontera norte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio. El Gobierno incumplió reiteradamente su palabra de entregar información clasificada sobre el caso y con ello ha generado un círculo de impunidad de graves consecuencias.

La diferencia entre agresiones y periodistas agredidos se explican por dos hechos: los periodistas agredidos en el paro nacional de octubre de 2019 fueron 116, reportados en una sola alerta continua de 12 días. El segundo factor fue el despido de más de 700 periodistas y trabajadores de prensa, especialmente de los Medios Públicos, que fueron despedidos durante la pandemia. 

En estos cuatro años se registraron restricciones en el espacio digital, agresiones, ataques, amenazas, procesos judiciales, censura, dificultades de acceso a la Información, discurso estigmatizante y entre los años 2020 y 2021 se registró la muerte de 31 periodistas por COVID-19. 

El informe “Reformas a medias, inseguridad, impunidad, medios públicos desmantelados, el legado de Lenin Moreno con la libertad de expresión” ofrece una mirada a profundidad de los ataques a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información durante el periodo del Gobierno saliente.

El documento contiene un detalle de las cifras de las principales agresiones durante estos cuatro años, así como un análisis anual de los datos y la libertad de expresión. También recoge los casos negativos: Impunidad Nos Faltan Tres; Condena al Periodista Juan Sarmiento; Agresiones durante las protestas de octubre 2019; Entrega de frecuencias; Agresiones de funcionarios estatales contra periodistas; Acceso por información en tiempos de COVID; Ley de Violencia Digital y Código Penal.

El informe también plantea  los puntos a destacar de la gestión de Lenin Moreno y las deudas pendientes que deja el Gobierno frente a la libertad de expresión como la Ley de Acceso a la Información, concentración de medios y favorecimiento de grupos mediáticos en la concesión de frecuencias, desprotección de los periodistas e impunidad en la investigación y castigo en las agresiones, despenalización de la opinión a través de la reforma del Código Penal, manejo inadecuado de medios públicos y las inexistentes políticas públicas de lucha contra la desinformación (alfabetización mediática)

 

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, realizó el monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en el contexto de la campaña electoral de Ecuador.

Se realizó el monitoreo y análisis de las agresiones durante la primera vuelta electoral, comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021. Asimismo, del período desde el 05 de febrero al 15 de marzo y se recogieron los datos de la segunda vuelta que arrancó el 16 de marzo con corte al 11 de abril, día de las elecciones. 

Durante estos periodos se registraron 79 alertas por agresiones contra periodistas, medios de comunicación, activistas, ciudadanos y  organismos de periodistas. 

El principal agresor fue el Estado, seguido de grupos No Estatales, encabezados por políticos. Otras agresiones fueron protagonizadas por desconocidos y grupos al margen de la Ley. Además hubo contagios por la COVID-19 durante las coberturas y entrevistas.  

El indicador más común fue el discurso estigmatizante, seguido por agresiones y ataques, y  por vulneración del derecho de acceso a la información. Tambien hubo procesos judiciales, restricciones en el espacio espacio digital, un asesinato y una alerta por censura. 

Fundamedios registró durante este período 24 agresiones específicas contra mujeres periodistas. De este grupo, 18 se enmarcan dentro de una categoría de Ataques por Género y que son específicas contra mujeres periodistas.  

INFORME ATAQUES PRENSA ELECCIONES 2021

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Ecuador, 06 de abril de 2021. Fundamedios ha registrado desde el 16 de marzo de 2021, cuando inició la segunda vuelta electoral, un total de 16 alertas por agresiones contra periodistas o medios de comunicación. 

De estos ataques, nueve fueron perpetradas por desconocidos, cuatro por elementos no estatales y el causante de tres agresiones fue el Estado. 

De las 16 alertas, diez fueron por discurso estigmatizante, cuatro por agresiones y ataques, una por restricciones en el espacio digital y otra por derecho de acceso a la información de los ciudadanos. 

En los primeros días de abril no se registraron ataques a mujeres periodistas, por su condición de género, como sí ocurrió durante la última semana de marzo cuando se levantaron alertas por tres casos. 

Un total de 20 periodistas fueron violentados en su derecho a la libertad de expresión. También un medio digital sufrió un ataque, un activista se enfrentó a comentarios xenófobos, el candidato Guillermo Lasso no pudo llegar con su mensaje a Guamote y hubo dos amenazas de muerte. 

Las redes continúan siendo el espacio propicio para generar un discurso estigmatizante contra la prensa. A la campaña de #PrensaCorrupta y #TeVieronLasHuevas, que fueron lanzadas para atacar al candidato presidencial de CREO-PSC, Guillermo Lasso, y generar un discurso estigmatizante contra la prensa, se suman nuevos mensajes contra los medios de comunicación que han tomado fuerza durante los últimos día de la segunda vuelta electoral. 

Desde cuentas de Twitter se ha insultado a los periodistas: Andrés Carrión, Carlos Vera, Rafael Cuesta, Tania Tinoco, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco. Se los acusa de tener vínculos con el candidato presidencial Guillermo Lasso (CREO) y de no ser imparciales. 

Los cofundadores de La Posta además fueron atacados con un discurso estigmatizante a través de un video denominado “Lasso empuja la silla”, que se viralizó en las redes sociales.

El periodista Carlos Vera es acusado de racista. Ha recibido insultos y descalificaciones en redes sociales, ha sido objeto de burlas por su apariencia física e incluso se elaboró un panfleto con su rostro pintado de payaso.

Asimismo, empezó a circular un fotomontaje con el lema “El Burdel del Periodismo” en el cual se muestra a un grupo de vedettes, con los rostros de los periodistas Carlos Vera, Tania Tinoco, Estefany Espín, Rafael Cuesta, Andersson Boscán, Luis Eduardo Vivanco, Diego Oquendo, Alfonso Espinoza de los Monteros y Andrés Carrión.

El expresidente Rafael Correa se convirtió nuevamente en el político más visible que genera un discurso estigmatizante contra los periodistas. El 3 de abril lanzó un tuit estigmatizante en contra del periodista del medio Univisión, Galo Arrellano. La publicación dice: “La ignorancia es atrevida. Para el “periodista”, estar en comisión de servicios es en sector público, es…!no trabajar! Es decir, cuando Andrés esa ministro, no era él, era un fantasma!Las tonterías que se dicen por unos $$$ #ContigoConTodosAhora”. 

Además, en el reporte mensual de Facebook sobre Comportamiento Inauténtico Coordinado se alertó de la remoción de 390 cuentas en esa red social, seis páginas y 17 de Instagram por al detectar violaciones de las políticas de la plataforma sobre interferencia extranjera. 

Dichas operaciones se llevaban a cabo desde España y Argentina con enfoque en Ecuador, según el informe, con el fin de afectar la imagen pública del candidato presidencial Andrés Arauz. 

 

Amenazas de muerte 

Las agresiones no han sido solo contra periodistas. El médico ecuatoriano Camilo Morán, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas, recibió amenazas de muerte al teléfono de su casa el 01 de abril luego de que se publicó material donde el profesional de la salud cuenta la historia de cómo  fue despedido durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. 

La página ResistenciaEC publicó dos videos en Twitter en el cual el Dr. Morán contó su historia alrededor del Decreto Ejecutivo N. 813. Una disposición firmada por el expresidente Rafael Correa para reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y que entró en vigencia el 12 de julio de 2011. Su objetivo: desvincular a servidores públicos por medio de la compra de renuncias con indemnización para disminuir el aparato burocrático estatal. Según los trabajadores, ese decreto abrió las puertas al despido intempestivo de miles de servidores públicos bajo la figura de “renuncia obligatoria”.

Quien también recibió una amenaza de muerte fue el community manager de la página web Ambato Libertad, luego de que el Portal publicó la noticia titulada: “Alcalde de Ambato despide a funcionarias que denunciaron acoso”. 

“Vi esto en Facebook. Verás hp Óscar Enríquez te vamos a meter un tiro” fue el mensaje que recibió el periodista a su número personal, a través de Whatsapp, junto con una captura de la nota periodística.  El 27 de marzo de 2021, Ambato Libertad publicó un reportaje que revela que el burgomaestre de esa ciudad, Javier Altamirano, ante las denuncias de acoso de dos empleadas por parte del nuevo Director de Comunicaciones, optó por despedir a las personas que denunciaron dicho acoso.

 

Un candidato es agredido, sus simpatizantes no pudieron escuchar su mensaje 

El candidato por la alianza CREO-PSC, Guillermo Lasso, denunció el 2 de abril que su ingreso al cantón Guamote fue impedido y no se le permitió cumplir con una de sus actividades de su campaña presidencial. A través de las redes sociales, Lasso responsabilizó al alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, de haber bloqueado la carretera de acceso a un evento en esa localidad de la provincia de Chimborazo. “Tomó piedras en sus manos, lanzó las piedras a los autos que nos acompañaban para llegar a Guamote”, afirmó el candidato. Agregó que para evitar los actos de violencia, él y su equipo optaron por retirarse del lugar.

Este hecho se considera un atentado a la libertad de expresión del presidenciable pues no pudo dar a conocer sus propuestas de gobierno y al mismo tiempo, un atentado al derecho de acceso a la información de la ciudadanía de esa localidad.

Por su parte, Quishpe denunció, mediante una rueda de prensa, maltrato físico y moral por parte del equipo de Guillermo Lasso. Contó que debió obstaculizar por un momento la vía mientras ingresaba con su vehículo a su propiedad. Denunció que le rompieron el parabrisas de su vehículo. Aclaró que “no tengo nada que ver con la política sucia”.

Fundamedios realizó además un monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en el contexto de la primera vuelta electoral comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021.

En este periodo se registraron 29 ataques contra periodistas, medios de comunicación y también contra ciudadanos que fueron vulnerados en sus derechos. De estas 29 agresiones, 22 corresponden a periodistas, cuatro a medios de comunicación y tres a ciudadanos. 

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Ecuador, 30 de marzo del 2021. Fundamedios ha registrado desde el 16 de marzo del 2021, cuando inició la segunda vuelta electoral, un total de diez alertas por agresiones contra periodistas o medios de comunicación. 

De estos ataques, seis fueron protagonizados por desconocidos, tres por elementos no estatales y en una agresión el protagonista fue el Estado. De las ocho alertas, siete fueron por discurso estigmatizante, dos por agresiones y ataques y una por restricciones en el espacio digital. 

Un total de ocho periodistas fueron violentados en su derecho a la libertad de expresión. También un medio digital sufrió un ataque y un activista se enfrentó a comentarios xenófobos. 

El 16 de marzo, el periodista y cofundador del medio digital La Posta, Luis Eduardo Vivanco, fue el centro de una serie de mensajes agresivos en los cuales se le amenazó con una persecución, si el candidato del correísmo, Andrés Arauz, llegaba a ganar las elecciones.

Las redes han sido un espacio propicio para generar un discurso estigmatizante contra la prensa con la creación de campañas. El 16 de marzo empezó a circular con fuerza en Twitter el hashtag #PrensaCorrupta, que fue utilizado para desprestigiar el trabajo de algunos comunicadores, que fueron etiquetados con esta frase e incluso insultados con lenguaje soez. 

Entre los periodistas atacados con este hashtag están Carlos Vera; el presentador de Políticamente Correcto, Carlos Rojas; el Director de Plan V, Juan Carlos Carderón; la periodista María Josefa Coronel y los cofundadores de La Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco. Uno de los mensajes que se sumó a esta campaña fue enviado desde la cuenta de cuenta de Twitter de Walter Gómez Ronquillo, asambleísta electo que ganó una curul por Unión por la Esperanza en Guayas.

El 25 de marzo, un video de 24 segundos que atacaba a periodistas empezó a circular como parte de la campaña digital #TeVieronLasHuevas, que fue lanzada para atacar al candidato presidencial de CREO-PSC, Guillermo Lasso. 

Además el  23 de marzo el expresidente Rafael Correa insultó a los periodistas Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco durante una entrevista con Jimmy Jairala. 

Desde la cancha del correísmo, el 28 de marzo, la activista política Ebi Camacho, amenazó a los periodistas ecuatorianos: Tania Tinoco, Diego Oquendo y Carlos Vera, a la alta cúpula militar y a políticos, a través de un video en el cual dice que “si quieren desaparecer, intenten hacer un golpe de Estado”. 

 

Las agresiones contra periodistas mujeres

Del total de alertas electorales registradas durante la segunda vuelta, tres corresponden a la categoría de alerta de género pues incluyen discurso que atenta contra las periodistas por su condición de mujeres. 

El expresidente Rafael Correa atacó a la periodista María Josefa Coronel quien recibió insultos en la red social Twitter, luego de la publicación del expresidente en la que la señaló como portavoz del candidato presidencial Guillermo Lasso. 

“Andrés ahora es un “delincuente”. La pequeñez de los funcionarios de Fidel Egas y portavoces de Lasso” escribió Correa, quien tiene una sentencia en firme por delincuencia organizada, al referirse a un tuit de María Josefa Coronel en el que escribió: “una mujer le dijo a otra que le dará el voto a un empresario que ha construido su patrimonio con su propio trabajo -aunque no sea muy carismático- que dárselo a un encantador de serpientes sabiendo que es un delincuente, lo que oyes en un asesor”. 

Andrea Bernal también recibió insultos en redes sociales luego de que el CNE ratificó el 17 de marzo que la comunicadora radicada en Colombia sería la moderadora del debate presidencial entre los candidatos  Andrés Arauz (UNES) y Guillermo Lasso (CREO-PSC). Ella fue insultada y criticada por supuestamente no ser imparcial , estar a favor del candidato Guillermo Lasso y en contra del correísmo. Invitación que finalmente declinó por desacuerdos en el formato. 

El 26 de marzo la periodista Alondra Santiago fue el centro de mensajes xenófobos y sexistas a través de la red social Twitter luego de lanzar un trino en agradecimiento a Ecuador: “Un día como hoy (25 de marzo) hace 16 años llegué a Ecuador. Hoy desperté y me di cuenta de la fecha y no pude más que sonreír. Cómo no hacerlo cuando todos mis sueños se han cumplido aquí. #GraciasEcuador por el amor, por las oportunidades, por tu gente.  Vamos por más”, escribió Santiago en su Twitter. Desconocidos le dijeron que regrese a Cuba, cuestionaron una supuesta cercanía con el socialismo y utilizaron lenguaje vulgar y soez en su contra. 

 

Otro tipo de agresiones

Las agresiones no han sido solo contra periodistas, el 24 de marzo el analista y catedrático correista Fernando Casado recibió mensajes ofensivos a través de redes sociales que incluyeron insultos, amenazas y el uso de lenguaje xenófobo, tras una accidentada entrevista con el periodista Andrés Carrión en Teleamazonas para analizar el debate de los candidatos a la Presidencia. 

Durante este periodo también hubo ataques directos contra contenidos de medios de comunicación. El 21 de marzo la página web del portal Periodismo de Investigación (PI) salió de la red luego de publicar un reportaje que revela irregularidades en el plan de crowdfunding en el que se recaudó un millón de dólares para la campaña del binomio Arauz-Rabascal en la primera vuelta, con mecanismo opacos y rudimentarios de cooptación de depósitos, según la investigación.

Fundamedios realizó además un monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en el contexto de la primera vuelta electoral comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021.

En este periodo se registraron 29 ataques contra periodistas, medios de comunicación y también contra ciudadanos que fueron vulnerados en sus derechos. De estas 29 agresiones, 22 corresponden a periodistas, cuatro a medios de comunicación y tres a ciudadanos. 

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Ecuador, 05 de enero de 2021. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, realizó un monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en el contexto de la primera vuelta electoral comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021.

En este periodo se registraron 29 ataques contra periodistas, medios de comunicación y también contra ciudadanos que fueron vulnerados en sus derechos. De estas 29 agresiones, 22 corresponden a periodistas, cuatro a medios de comunicación y tres a ciudadanos. 

La primera alerta en contexto electoral que registró Fundamedios se dio fuera del período establecido para la campaña de la primera vuelta, el 25 de noviembre del 2020 y fue protagonizada por seguidores de Yaku Perez en Guaranda. El último registro de ataques contra la prensa en el marco de un evento electoral fue el 01 de febrero y fue protagonizado por seguidores del candidato Andrés Arauz en Riobamba.

Varios periodistas en esta etapa fueron enjuiciados, sufrieron acosos en redes sociales, agresiones, limitaciones al acceso de la información pública. A continuación Fundamedios presenta un balance con los casos detallados y las cifras de las agresiones:

FUNDAMEDIOS, AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN PRIMERA VUELTA (2021)

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Por la semana de la transparencia, FUNDAMEDIOS presenta el siguiente Informe de Análisis Comparativo de Acceso a la Información Pública en América Latina. Este análisis es una compilación de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, al igual que el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública como un derecho humano y los riesgos identificados en su aplicación.

El estudio fue impulsado por Thomson Reuters, contó con la coordinación regional de FERRERE Abogados de Ecuador y la participación de los estudios Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría de Perú y de Colombia, Ritch Mueller de México,  KLA ADVOGADOS de Brasil, y Obrador Digital de Chile, que aportaron con los insumos necesarios para la elaboración de este informe.

El estudio es parte de un proyecto ejecutado por Fundamedios con el apoyo de Counterpart y USAID. 

El informe busca visibilizar los desafíos que actualmente cada país analizado presenta, así como los avances realizados a nivel regional en el reconocimiento de este derecho y su aplicación, con la finalidad de replicar dichas prácticas en nuestra realidad. 

Asimismo, este informe sirvió como base para la construcción normativa del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que FUNDAMEDIOS entregó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto, mismo que también cuenta con  estándares internacionales establecidos en la Ley Modelo 2.0 de la OEA. 

 

 

Informe Análisis

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Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

FALLO CC VISTAZO

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

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