Informes

316
La semana pasada, Fundamedios presentó un análisis del discurso del periodista y ahora candidato a la Superintendencia de Información, Carlos Ochoa. Esta es la continuación de ese informe, que recurre nuevamente a los planteamientos teóricos del lingüista holandés Teun van Dijk para desentrañar los mecanismos que usa Ochoa en su discurso. Estos reportes se basan en 15 columnas de opinión del periodista, que fueron publicadas en el periódico “PP El Verdadero” durante el 2012 hasta septiembre de este año. Puede acceder al primer informe aquí.

La acusación como estrategia

Una estrategia fundamental que señala van Dijk para legitimar un discurso es la “transferencia”, que sirve como mecanismo para focalizar la perspectiva justa de un actor mediante la acusación y detrimento de otro. Por ejemplo, la aseveración de Carlos Ochoa en que señala que son los medios privados quienes han regulado la información históricamente, para legitimar a la Ley de Comunicación como el único medio que permitirá una justicia imparcial: “Controlan la información a su antojo… La regulan, la invisibilizan… La modelan… Crean lo que, muy convenientemente denominan como “opinión pública” y que solo es, su muy particular e interesado, punto de vista”.1

En otro momento continuará al referirse a medios privados: “Una ley que pone fin, no solo a sus excesos, sino también a sus abusos (…) La nueva ley garantiza la libre expresión”. 2

Si bien existe un cuestionamiento y debate sobre las aplicaciones regulativas que propone la Ley de Comunicación para los medios, Ochoa se encarga en su discurso de voltear las perspectivas y mostrar a la ley como instrumento de defensa ante la injusticia inherente de los medios privados.

Otro caso emblemático de transferencia en el discurso de Ochoa es su modo de acusar la terminología con la que los medios privados se refieren al bloque legislativo mayoritario: Los medios mercantilistas informaron que el “bloque oficialista” aprobó la polémica Ley de Comunicación, como si ese bloque, al que se refieren siempre de manera peyorativa no representara a la mayoría de los ecuatorianos”. 3

Descartando el mal uso de los tiempos verbales, Ochoa desnuda su inconsecuencia en el discurso cuando señala a los medios de tratar siempre peyorativamente al “bloque oficialista”, mientras él, en su tercera palabra los ha caracterizado como “mercantilistas”, y como hemos visto anteriormente ya han sido puntualizados con términos como: “Agoreros del desastre” o “miserables”. Cabe preguntarse ¿Quién está siendo constantemente peyorativo para referirse al otro?, ¿quién muestra su virulencia y prejuicio discursivo?

 La transferencia que utiliza Ochoa le sirve además para legitimar una postura totalitaria al afirmar que el “bloque” representa a la mayoría de ciudadanos, pero ¿qué sucede con el porcentaje que cuestiona esa representación, acaso no poseen el derecho de un respetable disenso?

Una de las características semánticas del discurso de Ochoa es su uso dellenguaje popular. En el capítulo dedicado a los Tópicos, el profesor y teórico Daniel Prieto clasifica entre ellos a los refranes como “lugares sociales”. En los artículos del periodista hay diversos ejemplos:

 “En buen romance, Dios los cría… Y el diablo los junta… Decía mi abuelita…”; “En buen romance, como decía mi abuelita, todo queda en familia”; “se cierra… punto… no money… no play…”; “Tantas veces, cobran sus propietarios… No money… No play…”; “En buen romance… Como decía mi abuelita… Se puso al ratón… A cuidar el queso…”; “No hay plazo que no se cumpla… Ni deuda que no se pague… Decía mi abuelita…” Más claro no canta un gallo, como decía mi abuelita…”. 4

 Cada uno de estos lugares comunes citados son de diferentes artículos, aunque pudiese parecer que todos provienen del mismo. Esto demuestra su repetitividad. Su objetivo es la identificación. En este sentido, Prieto define a la injerencia inmediata como:

 “A partir de algunos detalles, de unos pocos indicios, se pretende sacar conclusiones definitivas sobre un ser o una situación. En este caso la inferencia lleva a menudo a generalizar juicios más que peligrosos”. 5

El refrán como mensaje condensado de la sabiduría popular es conclusivo en el discurso de Ochoa, en sus argumentos lo utiliza para cerrar párrafos o artículos porque funciona como un mensaje, tantas veces escuchado, que es incuestionable para el lector.

Ochoa utiliza la figura de la “abuelita” para producir en la audiencia un acercamiento emotivo, un recuerdo familiar que influya más en la capacidad emocional del lector que en su razonamiento lógico. La utilización desmedida de este recurso busca penetrar en la receptividad del lector, convencerlo mediante la repetición. Para usar el lenguaje de Ochoa, la cita de Goebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Además de escandalosas faltas ortográficas, mal uso de comas, tildes, errores de coherencia sintáctica, Ochoa en su discurso abusa de signos de admiración e interrogación –otra falta improcedente en la gramática–. Por ejemplo: “¿¿¿Libertad de expresión???  ¿¿¿Libertad de prensa???”; “¡¡¡Cuánta hipocresía!!!”. 6

O incluso en títulos como este: “Cargamontón¡¡¡”. Su uso pretende un refuerzo gráfico en el discurso. Ochoa jerarquiza las formas para entrar en la ideología de su audiencia. La importancia semántica con que usa los lugares comunes se fija en la mirada del lector al combinarla con una morfología exagerada de signos. Es un mensaje reforzado gráficamente. A este respecto, en el acápite sobre análisis sociopolítico, van Dijk señala que la expresión de una manera determinada tiene el fin de preparar la mente de otras personas, en su grupo, para compartir conocimiento, actitudes e ideologías (van Dijk, 1996).

El grupo de Ochoa son todos los potenciales lectores que se referencian en su discurso. El periodista al delimitar el abuso sígnico condiciona al lector a fijarse en ciertas palabras o términos para inducirlo a una idea. En este caso, al referirse a los medios privados: La libertad de expresión, de prensa son una interrogante (expresada como ironía), pero su hipocresía es una afirmación. Van Dijk recuerda que la función social que realizan los discursos es la “reproducción de prejuicios7. Resaltar así ciertos términos busca también entonces, inscribir una idea en el lector, de su reiteración se condicionará su permanencia. Una frase con la que terminan varias veces los artículos de Ochoa es casi un slogan del oficialismo: “Prohibido olvidar”. La repetición sistemática de ideas crea comportamientos comunes, ideologías.

Uno de los puntos más importantes de análisis que realiza van Dijk es el del “control de la estructura sintáctica” y apunta a que aquí se manifiesta una representación diferencial entre grupos. Afirma que: “El orden de aparición en la secuencia oracional de un tema negativo ocupa generalmente el lugar del sujeto de la oración. Y existen por supuesto maneras de desfocalizar el tema desplazándolo a otros lugares de la oración”. 8

Analicemos entonces la estructura sintáctica en los casos en que Ochoa se refiere a la “prensa mercantilista”. Aquí, los nombra y luego los deja como un sujeto tácito que comete “abusos”:
  • Como apoderarse de la opinión pública para defender al sistema económico al que representan”.
  • “Como someter a linchamiento mediático a quienes los cuestionan”.
  • “Como el de la mayoría de los dueños de la radio y televisión, que se adueñaron de las frecuencias, formando monopolios”.9
En otra ocasión utiliza el pronombre demostrativo, que denota mayor distancia, como sujeto tácito para caracterizar a los medios “dependientes del poder” en su vileza: “Aquellos que aplaudieron la entrega de nuestra soberanía”. 10

En este punto cabe destacar una acotación importante que van Dijk señala en su análisis sobre el estilo, y que Ochoa realiza permanente en sus artículos: Utilizar los demostrativos “estos, esos, aquellos”, para referirse a la prensa privada. Van Dijk dice: “Hay, entonces, una manera de marcar la distancia social a través del uso de pronombres y demostrativos; en lugar de usar nombres, usan pronombres demostrativos”.11

También existen otros momentos del discurso en que Ochoa señala directamente al sujeto y lo acusa: “La prensa mercantilista mueve, orquesta y financia, el descrédito de nuestro país”.12

Evidentemente Ochoa no solo caracteriza al principal opositor de su combate político como “negativo”, sino que lo peyora, lo denigra, lo denosta o lo escinde con los demostrativos para presentarlo aún más ausente para los lectores.

Los verbos posteriores al sujeto que utiliza para caracterizar a los medios privados no son arbitrarios, son seleccionados en su connotación negativa, y otorgan una idea tendenciosa sobre ellos, verbigracia: “apoderarse, someter, adueñar, mover, orquestar, financiar”. Si esta concepción de los medios no condiciona al lector a la creación y validación de prejuicios seríamos ingenuos.

El otro punto de análisis es el de la disposición sintáctica de los actores que Ochoa defiende o protege en su discurso, van Dijk lo explica en su acápite de las “superestructuras esquemáticas de los titulares”, cuando hace referencia a que la persona sobre la que se quiere hablar aparece en una situación prominente en la oración; pero se debe disponerlo de otra manera si se quiere presentarlo en una situación pasiva. (van Dijk, 1996).

Revisemos el siguiente caso que, a diferencia del sujeto peyorativo señalado anteriormente, nos muestra un objeto pasivo, sintácticamente desplazado en la oración para señalar su carácter inocente y honesto; lo importante en la frase es destacar su incorruptibilidad en la primera línea.

 “Lo importante es que no exista complicidad ni tolerancia, y en este caso como en otros, ha sido el propio presidente quien,  una vez conocidos los hechos, ha exigido la renuncia de Delgado y todas las acciones que correspondan…”.13

Lo dicho, queda validado cuando en el siguiente párrafo se enfatiza sobre la probidad de los actos, en desmedro del abuso de confianza. No hay sujetos agentes sino como invisibilizados, el objeto pasivo es redomado en su honestidad. El párrafo es un refuerzo del anterior para enfatizar un discurso que ataca a los actores que Ochoa desprecia y exalta en quienes cree.

Esto demuestra que se actuó de buena fe… No tiene la culpa el que confía en la palabra de las personas que engañan, sino en quien lo hace, abusando de la confianza y el apoyo recibidos, en este caso al más alto nivel”. 14

Conclusiones: 

En los artículos de Carlos Ochoa hay características reiterativas: Crasos errores ortográficos; falta de coherencia sintáctica; el desvalor de la gramática en función de la morfología; la redundancia de lugares comunes; el empleo de procesos de transferencia sintáctica para anteponer como sujeto y agente a los actores que Ochoa ataca agresivamente, y disponer como objetos inocentes o víctimas a quienes estén de acuerdo a sus posturas; el uso retórico desmedido de figuras de repetición que sirvan para configurar un mensaje pero más aún para convencer al lector de prejuicios que el autor expone en sus textos. Todo esto construye un discurso tendencioso, carente de objetividad, pero sobretodo peligroso en la creación de prejuicios, que la comunicación global no debería admitir.

El discurso de Ochoa es temerario, sesgado, desbocado en su parcialidad. Los medios privados están constantemente satanizados, lo que crea en la audiencia un referente de desprecio. La hipérbole en el vituperio de lo privado, eleva a lo público y condiciona al lector, mediante un discurso esquemáticamente repetitivo, a aceptar el discurso oficial. El vehículo para que este discurso se convierta en ideología es mediante una reiteración desmedida de su mensaje. Ochoa formula sus textos con un carácter insistente en ideas preconcebidas que van acorde a lo que sostiene el Régimen. Legitimar un discurso es mantener el poder, que en su finalidad es control. Van Dijk ya recordaba que uno de sus peligros no es solo el silencio del disenso, la aceptación hegemónica, sino que en la limitación de las libertades de los otros genera inacción.

La pregunta se genera per se, ¿cómo es posible que un individuo que denota un discurso tan absolutista, violento e impositivo encabece la terna para ser  Superintendente de Información? Si la información es un derecho humano, hay suficiente evidencia en el discurso de Ochoa para entender que sus prejuicios ante la prensa privada, solo pueden vulnerar un estado de derecho.

Notas:

1 Ochoa, Carlos. Cruzada internacional Diario PP El verdadero.
2 Ochoa, Carlos. Ahora sí… Libertad de expresión… Diario PP El verdadero.
3 ídem.
4 Varios artículos de Ochoa, Carlos. Diario PP El verdadero.
5 Prieto Daniel, Análisis de mensajes.
6 Ochoa, Carlos. Cargamontón…¡¡¡ Diario PP El verdadero.
 7 Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso. Pg. 18.
8 ídem. Pg.11.
9 Ochoa, Carlos. Ahora sí… Libertad de expresión… Diario PP El verdadero.
10 Ochoa, Carlos. La tristemente célebre CIDH… Diario PP El verdadero
11 Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso. Pg. 26.
12 Ochoa, Carlos. Injerencia Extranjera… Diario PP El verdadero.
13 Ochoa, Carlos. La doble moral…  Diario PP El verdadero.
14 ídem.
Bibliografía: 
• Ochoa, Carlos. Cargamontón¡¡¡ Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Cruzada internacional Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Injerencia Extranjera… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Prensa Mercantilista. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Adios a la payola… Y otras hierbas. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La feria de las frecuencias. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Ahora sí… Libertad de expresión… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Ahora sí… Ley de Comunicación… Ya… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Tontos útiles. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Romero, un mártir del sistema. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La tristemente célebre CIDH… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. ¿Diario independiente? Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Miserables… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. ¿Equidad informativa? Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La doble moral. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Un año más de revolución. Diario PP El verdadero.

157
Un análisis de 15 artículos del periodista 

 

 Introducción:
• Este documento analiza algunos denominadores comunes en el discurso público de Carlos Ochoa en sus columnas de opinión publicadas en el periódico “PP El Verdadero”. Se basa en una muestra de 15 artículos publicados por el periodista. La línea teórica del lingüista holandés Teun van Dijk nos sirvió para desentrañar los mecanismos con que Ochoa formula su discurso; sus perspectivas sobre los medios masivos, como mecanismos hegemónicos de poder; y su prejuicio en el modo de categorizar y caracterizar a estos grupos. La selección de Van Dijk, como base teórica, se fundamenta en que sus conceptos han sido desarrollados y puestos a prueba para analizar, desde la perspectiva del discurso –lo que se dice y cómo se dice-,  fenómenos políticos en los que existe una desigualdad de poder evidente, y el acoso de instituciones, organizaciones y representantes oficiales hacia actores y miembros de la sociedad civil.

 

• Este texto presenta un análisis temático que se fundamenta en las opiniones de Ochoa sobre el periodismo, medios públicos, privados, y la forma en la que deberían ser regulados mediante la comprensión de su modo elocutivo; el uso de figuras retóricas que determinan su discurso; la selección de palabras y la representación o consecuencia que pretenden alcanzar per se; y el sesgo notoriamente marcado que su contenido subraya para afianzar opiniones y decisiones del poder actual, y deslegitimar las opuestas.

 

El análisis: 

 

El discurso que elabora Carlos Ochoa para determinar una noción de periodismo es maniqueísta, los medios privados están constantemente caracterizados en un sentido peyorativo, envilecido y caduco; mientras los medios públicos son una posibilidad de justicia, una finalidad que se debería alcanzar. La definición de medios masivos de comunicación la construye en función de las voces de otros. En su artículo “Ley de Comunicación… Ya” cita a Chesterton para mostrar un panorama tiránico:

 

“Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos  (entiéndase medios) como portavoces de la opinión pública (…)El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo (…)Los medios comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad… Se diga” 1.

 

Ochoa convenientemente hace una sinécdoque y habla de “medios” cuandoChesterton se refería, únicamente a “periódicos”, y también de modo eficaz omite la palabra “algunos”, presente en la cita original –modificar una cita textual ya es deshonesto y tendencioso–, como tropo para dar a entender que esta es una opinión general y no de un sector poblacional. La generalización es una característica en el discurso de Ochoa para validarlo, no acepta miradas opuestas, verbigracia al hablar de los medios: “la realidad de la información que nos suministran… Parcial e interesada…2. Utiliza el posesivo para incluirse en el todo y corroborar la sentencia.

 

En otro artículo parafrasea a Óscar Arnulfo Romero para otorgar una visión de desconfianza total, y dice:

 

Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones… lástima no poder confiar en la noticia del periódico… o de la televisión… o de la radio… porque todo está comprado… todo está amañado… y no se dice la verdad3.

 

Los medios de comunicación para Ochoa son una estructura inválida,  corrupta, mortal. En el mismo artículo aclara su opinión sobre la prensa: “(…) en su inmensa mayoría, continúa también siendo el perro guardián de los poderes fácticos que han generado en Latinoamérica miseria, muerte y exclusión…4. Su postura es definitiva cuando puntualiza su pensamiento:

 

Los medios, llamados el cuarto poder (muchos piensan, entre ellos yo, que es el primero) se han adueñado de la opinión pública, la dirigen, la moldean, la enrumban, le “venden” a los ciudadanos su criterio5.

 

Es evidente que sus afirmaciones no solo desacreditan a los medios, sino quelos despedaza públicamente, se introduce en el texto porque busca lo que van Dijk denomina “manufacturación del consenso”, un acto discursivo, desde la generalidad, para convencer al público de su verdad.

 

La postura que tiene Ochoa para categorizar a los medios privados es la más cuantificable y es inquietante. No existe artículo referente a la prensa en que no la dilapide. Su terminología más habitual es “prensa mercantilista”. Incluso, así titula un artículo del 7 de julio de 2013. Pero existen diversos modos para denostarla: “Dependientes del poder” (más de una ocasión); otras de las más usuales: ideólogos, representantes o defensores de un “sistema excluyente y generador de miseria” (más de tres veces en la muestra); “Agoreros del desastre”; y para no confundir al lector, termina por categorizar su rabia en una palabra: “Miserables6.

 

Las formas retóricas para despedazar a la prensa son, usualmente, anáfora, epanadiplosis e ironía. En ocasiones las combina. Las dos primeras son figuras reiterativas que consisten en la repetición de palabras para consolidar una idea en el lector. Por ejemplo: “campaña, orquestada por el grupito, (…) la campaña de los medios mercantilistas7. En el artículo: “Adios a la payola… Y otras hierbas” reitera en el concepto de “prácticas corruptas” refiriéndose a métodos radiales. O incluso la utiliza matizada de ironía, en desmedro de la prensa, en el inicio de cada párrafo, al estilo de la poesía decadentista del s. XIX, verbigracia:

 

    • ¿Independientes de qué?… Pregunto yo…. De los grandes capitales.
    • ¿Independientes de qué?… De las políticas que llevaron a la miseria y el éxodo…
    • ¿Independientes de qué?… Reitero… De la partidocracia…” 8.

 

La idea de ser atrozmente repetitivo no es casual, en ella subyace un discurso de establecer y solidificar las estructuras de poder creando límites y prejuicios en la audiencia para que su discurso sea cada vez más convincente. En este sentido Van Dijk señala:

 

No hay repercusión si antes no se han construido unos marcos mínimos de conocimiento de lo que se pretende hacer pasar. Debe haber una cognición compartida, una cognición de grupo, unos prejuicios de grupo, unas actitudes de grupo9.

 

La repercusión social de su discurso, Ochoa la modela prejuiciando a los medios, reiterando en su carácter “miserable”. Si bien los medios privados son definidos sin temor ni pudor por Ochoa, dentro de la muestra hay una sola alusión a los medios públicos. El acto de invisibilizarlos los jerarquiza como opuestos a los “Agoreros del desastre”. En su silencio está su contraste para ejemplificarlos como modélicos. De hecho, los compara en un juego antitético para agraviar a los privados y enaltecer a los públicos:

 

(…)olvidando su tan mentada ética, enfila sus cañones contra los diarios públicos por el único delito de publicar lo que ellos ocultan y de mantener un progresivo crecimiento, aparejado a la preferencia ciudadana10.

 

Los medios públicos son los únicos progresistas y ecuánimes en la afirmación de Ochoa, diametralmente distintos a la broza que representan los privados; pero hay otro motivo para que no se opine más sobre los medios públicos, de los que el periodista forma parte; en su crítica a lo privado, paradójicamente se sirve de sus palabras como autorreferencia legítima de lo que la prensa debería ser. El lector asume que la pública ya lo es.

 

La regulación de la prensa para Ochoa es una “necesidad” y en otra variante de figura reiterativa, a la regulación la asocia –en diversas ocasiones–, por antonomasia propia como “democracia”. Los poderes fácticos que maneja la prensa privada, según Ochoa, solo pueden ser regulados mediante la ley: “democratizar este poder resulta clave para una sana convivencia…11. Esta afirmación condiciona al lector porque presupone que solo la ley nos permite “vivir en un estado de derecho y no de opinión12. Si seguimos esta línea, Ochoa utiliza su discurso como referente totalitario donde lo democrático solo se consigue mediante la imposición legal, todo lo preexistente debe ser desvirtuado. Van Dijk señala que mediante el contraste (en este caso la negación del pasado), se crean estructuras ideológicas que construyen y legitiman el discurso dominante. Advierte, es ahí donde “se enmarca el abuso de poder13.

 

Conclusiones

 

Además de las escandalosas faltas ortográficas, errores de coherencia sintáctica, abuso o no uso de signos de admiración e interrogación, redundancia de lugares comunes, empleo de procesos de transferencia sintáctica para anteponer como sujeto y actante desprestigiado a los actores que Ochoa ataca agresivamente (por ejemplo: los medios privados), y disponer como objetos inocentes o víctimas a quienes estén de acuerdo a sus posturas.El discurso de Ochoa es temerario, sesgado, desbocado en su parcialidad. Los medios privados están constantemente satanizados, lo que crea en la audiencia un referente de desprecio. La hipérbole en el vituperio de lo privado, eleva a lo público y condiciona al lector, mediante un discurso esquemáticamente repetitivo, a aceptar el discurso oficial. Legitimarlo es mantener el poder, que en su finalidad es control. Van Dijk recuerda: “El control remite a la limitación de la libertad de acción de otros14.

 


La pregunta se genera per se, ¿cómo es posible que un individuo que denota un discurso tan absolutista, violento e impositivo encabece la terna para ser  Superintendente de Información? Si la información es un derecho humano, hay suficiente evidencia en el discurso de Ochoa para entender que sus prejuicios ante la prensa privada, solo pueden vulnerar un estado de derecho.

 

Notas
1 Ochoa, Carlos. Ley de Comunicación… Ya. Diario PP El verdadero.
2 Ochoa, Carlos. Cargamontón…¡¡¡ Diario PP El verdadero.
3 Ochoa, Carlos. Romero, un mártir del sistema. Diario PP El verdadero.
4 Ídem.
5 Ochoa, Carlos. Ley de Comunicación… Ya. Diario PP El verdadero.
6 Ochoa, Carlos. Miserables… Diario PP El verdadero.
7 Ochoa, Carlos. Injerencia Extranjera… Diario PP El verdadero.
8 ídem.
9 Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso. Pg. 6. Disponible en:http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pe…
10 Ochoa, Carlos. ¿Diario Independiente? Diario PP El verdadero.
11 Ochoa, Carlos. Cruzada internacional Diario PP El verdadero.
12 ídem.
13 Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso. Pg. 3. Disponible en:http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pe…
14 ídem. Pg. 6.

 

Las columnas analizadas
• Ochoa, Carlos. Cargamontón¡¡¡ Diario PP El verdadero. Disponible en:
• Ochoa, Carlos. Cruzada internacional Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Injerencia Extranjera… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Prensa Mercantilista. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Adios a la payola… Y otras hierbas. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La feria de las frecuencias. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Ahora sí… Libertad de expresión… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Ahora sí… Ley de Comunicación… Ya… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Tontos útiles. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Romero, un mártir del sistema. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La tristemente célebre CIDH…. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. ¿Diario independiente? Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Miserables… Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. ¿Equidad informativa? Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. La doble moral. Diario PP El verdadero.
• Ochoa, Carlos. Un año más de revolución. Diario PP El verdadero.

104
La construcción de ciudadanía está relacionada a los individuos que participan en el debate público. De acuerdo a Cheresky, específicamente a “la vida asociativa política y político-social”. Esta definición está íntimamente ligada a la concepción de ciudadano que se reconoce en los asuntos de interés público y los permea, aunque incluso solo suceda en la emisión de sus opiniones. Esta potencialidad de comentar lo que afecta su entorno construye la opinión pública.  Su relevancia como objeto de sondeo para los líderes políticos ha sido re-actualizada en las redes sociales tal y como se ha patentizado en las últimas campañas electorales en el continente.

La injerencia de la opinión mediática es variable en cada sociedad, pero lo que es común es el acceso de forma directa a la información política y al espectáculo público, lo que permite un espacio de deliberación, antes delimitado y reducido para actores políticos, un espacio de intercambio entre la sociedad y el Estado (Habermas, 1996). Las redes sociales se asocian entonces como la nueva ágora de interacción social, principio de activismo, participación redomada en el debate público, pero también plataforma de lo efímero de su representatividad.

Los datos estadísticos muestran cifras insólitas de esta posibilidad de acceso a la posibilidad de opinar en términos de movilidad y bajos costos -claro está con el lenguaje de lo lúdico y efímero-. México, con casi 15 millones, se ubica entre los países latinoamericanos con mayor penetración de Facebook, luego de Brasil, Chile y Venezuela (El Universal, 2011). Estos también son los países que lideran el mayor número de tweets en América Latina (Next Generation On Line, 2010). El Ecuador muestra un crecimiento en el último lustro y cuenta con alrededor  de 5,5 millones de usuarios a nivel nacional según el INEC (Andes, 2011). Sin embargo, ¿qué involucra esta posibilidad de acceso, cómo se construyen los usuarios de las redes sociales?

 

Según Martín Hopenhayn, las redes sociales no fomentan consensos, por el contrario, evidencian una comunidad necesitada de sobre-exposición del yo e insuflada en el vouyerismo. Este analista indica que hay una caída del hombre público debido a su reflejo narcisista (Hopenhayn en Barbero, 1999). Twitter responde a las necesidades de un sujeto individual en un gesto de simulacro aparentemente dirigido al otro, pero que en realidad se destina hacia sí mismo. Aquí la identidad se afianza en la ilusión de pertenecer a una comunidad gregaria de intereses mutuos, ya que la interacción con diferentes actores es un hecho fundamental para la articulación del sujeto en el entramado social de cualquier organización política (Blumer, 1982).

 

En ocasiones, las opiniones y los mensajes en redes como Twitter muestran la disconformidad o proyecciones individuales sobre momentos políticos que suceden en aquel instante y fugan con la inmediatez con que son emitidos(Casas, 2013) porque escasamente modifican o desnivelan la situación de representatividad política. Su gesto es especulativo, porque busca su autosatisfacción en la visibilidad y seguimiento del otro. En un sondeo de Pear Analytics se concluye que el 40.55% de los tuits son “balbuceos sin sentido”, 37.55% son conversaciones, 8,7% carecen de valor; 5.85% son auto-promocionales; 3.75% spam y solo el 3.6% son noticias.

 

La probabilidad de medir y jerarquizar los contenidos de las conversaciones para cuantificar su incidencia en el debate público es intangible. Los estudios sobre las redes sociales carecen de rigurosidad científica y en su movimiento constante no producen las evidencias necesarias para medir la magnitud del fenómeno (Luis Torres Nabel, 2013), sin embargo nos permiten inferir sobre sus campos de acción e incidencia en los modos elocutivos de generar opinión pública.

 

La red y la calle

 

Internet genera la posibilidad de esferas públicas alternas (Castells, 2008, 2009), donde pervive un conjunto finito de actores y de relaciones definidas sobre ellos (Wasserman, 1995), cuya interacción también produce consecuencias y activismo fuera de la esfera. La pregunta aquí es saber cuáles son los elementos adicionales que, sumados a una presencia activa en redes sociales, hacen que un colectivo se manifieste físicamente en las calles, es decir que las esferas públicas alternas converjan con las más tradicionales.

 

En 2009 en las elecciones intermedias de México el movimiento “anulista”, en sus diversas expresiones  -“Voto nulo”, “Esperanza Marchita”, “Anula tu voto”, etc.-, usó Facebook como su principal plataforma para evidenciar la desilusión y desconfianza ante el proceso electoral y un abanico político en el que la gran parte de los ciudadanos no se veían representados. En el mismo año, en otra región del mundo,  las redes sociales fueron un vehículo de protestas ante las elecciones iraníes. Las esferas públicas alternas han sido ejes del foro de discusión, denuncia y participación en conflictos en Egipto, Siria, y derroteros de debate público ante decisiones legislativas de diferentes gobiernos.

 

La influencia de las redes sociales es también aprovechada de parte de las instituciones estatales con propósitos de control, de modo que esto contribuye a su carácter paradojal: fomentan la libertad de opinar masivamente, pero por esa misma razón están cada vez más expuestas a la censura y la cultura del miedo. En temas de seguridad pública, la policía de Richmond en EEUU, utiliza estas plataformas para detectar reuniones y fiestas de concentración masiva con el fin de adoptar medidas de prevención de delitos (Economist 2010). Esto también nos hace reflexionar sobre el enorme poder que ostentan organismos de control si esta información se canaliza como objeto de observación y registro de las actividades que cotidianamente cumplen sus usuarios.

 

El político no sabe tuitear

 

Si bien los medios de comunicación masivos tradicionales han  contribuido a consolidar imaginarios –narrativas- de identidad regional, citadina, e incluso local (Barbero, El miedo a los medios), por su parte las redes sociales han ido más allá:  aportan a la creación de narrativas de reconocimiento y pertenencia, exponen la multiculturalidad y polarizan la construcción de referentes de identidad. Esto ocurre porque en las redes sociales el emisor es mucho más diverso que lo que solía ser en medios tradicionales como la radio y la televisión. Las redes sociales posibilitan la emisión de criterios que se difunden, amplifican u oscurecen en el entramado vertiginosamente creciente de Internet, y desde esa instancia también crean opinión pública.

 

La ausencia de un emisor central, para el caso de las redes sociales, permite construir la opinión desde puntos periféricos. La investigadora María de la Luz Casas define a Twitter como un “no espacio”, este no lugar potencia los puntos de vista divergentes. El poder y medios han estado históricamente habituados a ocupar un rol central en la emisión de discursos que lleguen a la audiencia, sin embargo, al carecer la red de un centro, los representantes del poder oficial no logran habituarse a esta situación, no se sienten cómodos porque no logran identificar cuál es la voz protagonista de una posible crítica. Es entonces, que esta esfera genera posibilidades a los sujetos que interpelan desde cualquier espacio físico del globo, y los reúne en una plataforma virtual de diálogo y debate.

 

La participación de diferentes actores sociales es necesaria como búsqueda de producción de sentido en una sociedad (Blumer, 1982); pero si las entidades políticas utilizan las redes sociales como canales meramente enunciativos y unidireccionales, el sentido se vacía. El político no sabe tuitear, y deja las respuestas de mensajes a sus asesores porque está harto de recibir insultos (Trecho, 2010).

 

Por eso, el uso principal de los políticos en las redes sociales se verifica en épocas de campaña, como ampliamente lo comprobamos en las últimas elecciones, donde el oficialismo utilizó una propaganda agresiva y sostenida para perpetuarse, y no para ejercer la interacción o crear espacios de diálogo. Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana sintetiza: «Las cuentas oficiales, gubernamentales y de personajes políticos, tienden a ser meramente propagandísticas. Y ahí se pone en entredicho su influencia en las mismas redes, porque el componente de interacción es muy precario”.

 

Debemos entender que el poder no le teme a las redes sociales sino a todo lo que escapa de su control. Y las redes sociales se configuran como uno de los últimos derroteros de libertad de expresión para la opinión pública. Son emblemáticos ciertos intentos oficiales de desvirtuar el derecho a ejercer la opinión de los ciudadanos, como la desconexión de Internet mientras se producía el conteo de votos en las últimas elecciones en Venezuela, y las desatinadas intervenciones del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, que busca penalizar la injuria en sitios como Twitter o Facebook.

 

Si el Presidente de la República decide protagonizar una persecución contra determinado periodista, lo hace en un proceso normal de identificación, pero ¿cómo se puede combatir contra una red que interactúa a una velocidad insospechada, inconmensurable e identificar a las voces que desataron la crítica y discusión? Ante la impotencia de distinguir, este gobierno ha encontrado el modo de, por lo menos individualizar, a quien insulta a la majestad presidencial. Ciudadanos como: Henry Alcívar, Félix Macay y Sandra Quintana fueron denunciados ante la SENAIN para ser investigados por proferir improperios o acusaciones. Sobre el primero, dijo Correa: “SENAIN: favor investigar a este malcriado que insulta al Presidente con licencia” . Sus cuentas ya no figuran en la red.

 

La estrategia de los “desobedientes civiles” para deslegitimar 

 

Las redes sociales han promovido acciones públicas y manifestaciones contra el poder en varios caminos del mundo. Las marchas a favor de proteger el Yasuní son un ejemplo de su poder de convocatoria y la congregación de diversos actores sociales. Tom Hayden, activista pacifista norteamericano, recuerda estrategias que históricamente utiliza el poder para perpetuarse y combatir el disenso: acusar a los participantes en manifestaciones de marginados, desobedientes civiles, violentos, desestimar su número y crear fricciones internas. Esto intenta mostrar a los manifestantes como grupos no representativos, deslegitimar a una parte de la población crítica e invisibilizar su acción. Inferimos entonces que las estrategias mediáticas en las redes sociales deben estar acompañadas por proyectos políticos alternativos.

 

La constante discusión sobre regular la injuria en las redes sociales –no contemplada en la Ley Orgánica de Comunicación–, y la advertencia de quitarles el cupo a los estudiantes de colegios públicos que salgan a protestar, muestra  el temor que generan estas plataformas como terreno instaurado de construcción de la opinión pública disidente, y espacio discursivo desde la polarización de sus voces que afecta al poder central con actos concretos. Sin embargo, quedan planteadas las siguientes interrogantes: ¿las tecnologías son suficientes para un cambio estructural? ¿Qué alcance tienen estas redes? ¿Pueden generar una respuesta y movilización contundente contra el poder?

 

Entendemos que se debe estudiar y sistematizar toda información y experiencias que arrojen las redes sociales, y generar contenidos que produzcan debate y amplificación de la opinión pública. Es también una tarea nuestra reinventar el discurso comunicativo en estas esferas y explotar recursos retóricos para potenciar su alcance.

207
Artículo de Ley Orgánica de Comunicación sobre el derecho a la réplica.

Tras la aprobación de la Ley de Comunicación, en cuyo artículo 24 se establece un procedimiento para el ejercicio del derecho a la réplica, quedan dudas respecto al nivel de subjetividad que podría tener la Superintendencia de Comunicación -un organismo que será encabezado por un funcionario que saldrá de una terna enviada por el Presidente de la República- a la hora de interpretar, calificar y determinar si procede o no el ejercicio de este derecho. Asimismo, parece no estar claro, al menos para el Estado, quién es el titular de los derechos, si son los ciudadanos, o es el mismo Estado, el cual, a través de la imposición de cadenas, ha manifestado que de esa manera ejerce su derecho a la réplica y brinda “información veraz, verificada y contextualizada” a los ciudadanos.

Para la abogada Daniela Salazar, exfuncionaria de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, la Constitución, al consagrar el derecho a la réplica “va más allá de lo que establecen los instrumentos internacionales, en tanto señala que este derecho puede ejercerse por toda persona agraviada por informaciones ‘sin pruebas’, que no es lo mismo que falsas”. “Es posible que exista información que sin ser falsa, es imposible de probar, y no por eso se genera un derecho a la réplica”.

En ese sentido, la jurista opina que la Ley Orgánica de Comunicación “incluye detalles del procedimiento para hacer efectivo este derecho, lo cual es positivo, pero incurre en error, al establecer medidas y sanciones que obligan a la publicación de rectificaciones y réplicas por información ‘no demostrada’”.

Sobre el artículo en cuestión, Salazar considera que “hay espacio para la subjetividad, lo que no es adecuado en una norma, y es aún más peligroso cuando, quien la interpreta es la Superintendencia de Comunicación, cuya independencia del Ejecutivo no es clara. La redacción es tan ambigua que permitiría que una persona podría sentirse agraviada por una opinión, cuya veracidad no puede ser demostrada, y eso sería suficiente para que el medio esté obligado a publicar su opinión al respecto. Esto es excesivo”, apunta.

Este criterio coincide con Juan Francisco Guerrero, doctor en Jurisprudencia y catedrático universitario en derecho constitucional, quien sostiene que,si bien es positivo que con la Ley Orgánica de Comunicación se establece un procedimiento para ejercer el derecho a la réplica -del que antes solo había una disposición constitucional expresa- es cuestionable que sea la Superintendencia quien decida cómo hacer efectivo este derecho. “Si una persona acude a la superintendencia, este órgano será quien determine si se ha afectado su dignidad, honra o reputación y allí entra un margen de subjetividad que es peligroso para el ciudadano, porque finalmente, la Superintendencia es un órgano administrativo  que depende del ejecutivo, y es a la vez quien determina si la persona  tiene o no derecho a la réplica”.

Para Guerrero, “lo negativo es que este organismo (la Superintendencia) esté bajo control del ejecutivo y quienes tengan acceso al derecho a la réplica probablemente  serán aquellos afines al régimen de turno. Hay muchos niveles de subjetividad que podría hacer que solamente los que son afines al gobierno  tengan acceso a la superintendencia y por ende a ejercer su réplica”.

Al respecto, Guerrero cuestiona, además, que la Ley de Comunicación haya establecido un proceso con un ente administrativo a la hora de ejercer la réplica y no un tercero imparcial como la función judicial y que sea un juez quien determine si cabe o no el derecho a la réplica.

Cuando el derecho a la réplica limita el derecho a expresarse libremente

Salazar define el derecho a la réplica como el derecho que tiene toda persona que haya sido afectada por declaraciones falsas o agraviantes a presentar su rectificación o respuesta por el mismo medio que difundió la declaración, aunque, asegura que este derecho es, al mismo tiempo, una restricción a la libertad de expresión, pero la restricción menos gravosa, en tanto su existencia permite que se ejerza esa libertad sin que haya censura previa.

“Un adecuado balance entre estos dos derechos permite un libre flujo de ideas, con espacios para que todos puedan difundir sus opiniones y otros puedan replicar o responder si se sienten afectados. Implica entonces que el Estado debe proveer un mecanismo jurídico efectivo para que esto se cumpla de manera adecuada”, agrega.

Sin embargo, sobre este punto, la experta subraya que el derecho a la réplica es siempre una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y el libre flujo de ideas. “Limitaciones que en algunas circunstancias puede ser legítima. Pero si se abusa de este derecho para obligar a los medios a publicar información con miras a difundir una verdad única, más aún si es la del gobierno, la libertad de expresión se ve comprometida de manera excesiva e ilegítima. Recordemos que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a que a los medios no les sean impuestos contenidos ajenos”.

En este punto, cabe hacerse la pregunta de si es el Estado, o son los ciudadanos los titulares de los derechos fundamentales.

Guerrero afirma que existen algunas posiciones que consideran que el Estado es sujeto de esos derechos. Pero, la doctrina es que el Estado es el sujeto pasivo de estos y por ende,  no puede actuar como un titular de los mismos  ya que está obligado a salvaguardarlos. “Personalmente creo que el Estado es el sujeto pasivo numero uno de los derechos, es el que está obligado a salvaguardarlos y resultaría un contrasentido que el obligado numero uno a salvaguardar esos derechos, alegue que le están violando, porque eso implicaría que el sistema estructurado por ese Estado no está funcionando”.

Sin embargo, el jurista apunta a que en la práctica, a la hora de determinar si el Estado es o no sujeto de derechos, va a depender de la interpretación que le den los órganos oficiales.

Para Salazar, el derecho a la réplica, como todos los derechos humanos, es una facultad de la que gozamos los seres humanos frente a la autoridad del Estado, por lo que este no goza de derechos humanos. “Las autoridades que son parte del Estado, como personas, pueden ejercer el derecho a la réplica y rectificación, pero recordando siempre que respecto de ellos existe un estándar más elevado que permite mayor libertad de expresión. Las autoridades deben permitir que se los critique, incluso que se los ofenda, es parte de su trabajo y si no les gusta deben cambiar de trabajo, no ejercer el derecho a la réplica al punto de inhibir las expresiones disidentes que son necesarias en toda sociedad democrática”.

¿Qué pasa cuando la SECOM interpone cadenas obligatorias como réplica?

Guerrero afirma que, si la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) ha impuesto cadenas a los medios con el justificativo de ejercer su derecho a la réplica, está incumpliendo, no solo con el proceso establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, sino, que estaría utilizando espacios que son públicos.

“Si el gobierno se siente un titular de este derecho, debe seguir el procedimiento establecido y solicitar su réplica ante el medio de comunicación. Utilizar los espacios obligatorios a través de una cadena no es ejercer el derecho a la réplica. Si el Estado pretende sostener que es titular de derechos, uno de los principios fundamentales de la titularidad de los mismos es la igualdad entre todos, entonces, no podría considerarse al gobierno o al Estado un sujeto privilegiado que pueda ejercer su derecho de manera inmediata, mientras que al resto de ciudadanos tienen que seguir un procedimiento.

Por su parte, Salazar va más allá y considera que “el actual gobierno confunde dos conceptos: las cadenas y la réplica. Por supuesto que el Presidente y las altas autoridades del Estado tienen la facultad de utilizar los medios de comunicación para informar a la población sobre asuntos de relevancia nacional, cuando se trate de cuestiones de orden público que requieran ser informadas de forma urgente. Incluso la Corte Interamericana reconoció en el caso Apitz Barbera (Venezuela) que ‘no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público’ (Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (párr. 131). Sin embargo, no se trata de una facultad absoluta ni discrecional. No toda información es de relevancia pública. Si yo escojo ver un noticiero o un programa de entrevistas, es porque quiero escuchar esas opiniones, y no es urgente para mí escuchar en cadena lo que una autoridad piensa sobre algo que se dijo el día anterior en ese programa. Hay una confusión total”.

Por ello, la experta subraya que “es un gran error de la Ley de Comunicación el no haber regulado adecuadamente el uso de las cadenas oficiales, para evitar su abuso. Existe una abismal diferencia entre transmitir información estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, e interrumpir un programa para transmitir la versión del gobierno sobre un tema.  Lo que es más grave, el gobierno no sólo abusa de su facultad para emitir cadenas, sino que ahora las confunde o disfraza bajo el derecho de réplica, concepto que es muy distinto. El gobierno, en sí, no es una persona y no tiene este derecho. La réplica solicitada por una autoridad de gobierno debería tener el mismo procedimiento y los mismos espacios que la réplica solicitada por cualquier otra persona. Sería inimaginable que de ahora en adelante cualquier persona pueda imponer cadenas como lo hace el gobierno, eso ejemplifica cómo las autoridades están abusando del derecho a la réplica y también de la facultad de informar a través de cadenas. Son dos potestades distintas”.

El Derecho de Respuesta dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La CADH, en su Artículo 14.  Consagra el  Derecho de Rectificación o  Respuesta en los siguientes términos:

1.“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

 2. “En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”.

 3. “Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

Tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC7-87 , donde se refirió al derecho de rectificación y respuesta, este derecho se refiere a la posibilidad de toda persona que se sienta afectada por afirmaciones inexactas a solicitar que se le permita presentar a la opinión pública su posición sobre esos mismos hechos. La manera como tal derecho debe ejercerse queda a criterio de los Estados, teniendo en cuenta que ello no debe implicar un menoscabo en el derecho a la libertad de expresión. En efecto, cuando el derecho de rectificación y respuesta se ejerce como un límite al ejercicio del derecho a la liberta de expresión, aquél  está sujeto a las mismas condiciones que cualquier otra restricción a este último debe cumplir para ser compatible con las obligaciones internacionales del Estado en la materia: legalidad, necesidad y proporcionalidad.  Si, aplicación de las disposiciones del artículo 14 se excediera lo estrictamente necesario para tutelar el derecho a la honra y la reputación, estaríamos entonces ante una clara violación del artículo 14 de la CADH.

La rectificación y respuesta se consagra en los instrumentos internacionales como un derecho autónomo, pero importa también un límite legítimo al ejercicio de la libertad de expresión. Tal es así, que en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ambos derechos se encuentran uno a continuación del otro.

 La Corte Interamericana ha indicado que “ El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de «respetar los derechos y libertades» reconocidos en la Convención y de «garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…»

En este sentido, tanto la Corte y Comisión Interamericanas, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han advertido sobre la incompatibilidad de las restricciones indirectas al libre flujo de ideas y opiniones como violaciones al derecho consagrado en el artículo 13, entendido ello como cualquier acción Estatal o privada que, encuadrándose en el marco de la estricta legalidad, tenga como fin menoscabar la posibilidad de buscar, difundir y recibir información. Al respecto, debe cuidarse de que el derecho de rectificación y respuesta no sea utilizado como un mecanismo para limitar el libre flujo de ideas, ya sea porque en su excesivo uso termina causando censura a los medios de comunicación, o porque los costos impuestos a periodistas y medios para ejercerlo sean de tal magnitud que terminen generando un efecto inhibidor en los medios.

En cuanto a la titularidad, al estar contenido en instrumentos relativos a derechos humanos, el derecho a la rectificación y respuesta puede ser solo ejercido por seres humanos y grupos humanos. Lo anterior tiene sentido tomando en cuenta que, a su vez, el derecho a la honra que pretende tutelar también es un  bien jurídico que solo poseen las personas o los colectivos de personas. En ningún caso podría argumentarse que instituciones, personas jurídicas o el propio Estado o sus órganos tienen un derecho legítimo de rectificación y respuesta, pues éstos no son titulares de derecho fundamental alguno. En particular, el Estado, al ser el principal obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales y la propia constitución, mal podría también ser titular de los mismos. Ello constituye un contrasentido que desnaturaliza el fin último de la protección internacional de los Derechos Humanos, y abre la puerta a actos de arbitrariedad estatal. Con respecto al derecho de respuesta, cabe destacar que el fin último de éste no consiste en desmentir afirmaciones o de imponer una única verdad sobre otra. El objetivo que persigue el ejercicio de este derecho es fortalecer el debate sobre ciertos asuntos brindando a la ciudadanía la posibilidad de conocer una versión distinta sobre un mismo hecho. En este sentido, resulta irrelevante si quien solicita ejercer el derecho de rectificación y respuesta tiene la verdad de su lado o no, o si lo que propone difundir es cierto o falso. Lo que importa es que la ciudadanía conozca una posición distinta a la que originalmente fue planteada sobre una misma cuestión.

Ello no sucede con respecto al derecho de rectificación, que puede ejercerse en los casos que la información vertida por un medio haya sido falsa, y siempre y cuando esta falsedad haya sido probada ya sea por un proceso administrativo, civil o penal, o cuando quien lo solicita presente pruebas contundentes de que las afirmaciones controvertidas eran de hecho falsas. Obligar a un medio a rectificar información que no ha sido probada como falsa, constituye por tanto un ejercicio abusivo del derecho de respuesta, toda vez que los elementos para ejercerlo no se han configurado. En los casos en los que no ha podido demostrarse que la información era de hecho falsa, quien se sintiera afectado puede no obstante solicitar que se le permita ejercer su derecho a réplica.

El derecho a la réplica en América Latina

Ecuador

La Carta Magna del Ecuador, en su artículo 66 inciso 7 establece que “Toda persona agraviada por informaciones sin pruebas, o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica y respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.   Asimismo, en la reciente aprobada Ley Orgánica de Comunicación, el artículo 24 establece lo siguiente: “Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en los medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido”.Dicho artículo también establece que “en caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación”Esto incluye una disculpa pública del director del medio de comunicación y multas de más del 10% de la facturación promediada en los últimos tres meses, en casos de reincidencia.

Colombia

El Artículo 20 de la Constitución colombiana dice lo siguiente: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” En Colombia no existe el denominado derecho de respuesta a un medio de comunicación, según el cual la persona puede responder no sólo informaciones, sino también opiniones, no necesariamente falsas, inexactas ni injuriosas, con e! fin de precisarlas.

Perú

El artículo 2, inciso 7 de la Constitución peruana, señala que “Toda persona afectada por difamaciones  inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley«

Argentina

En este país, el derecho a la réplica se encuentra reconocido en el artículo 14.1. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos (incorporado en la Constitución argentina) Ese artículo dice así: «Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.»

México

En México, el derecho a la réplica se encuentra en el artículo 27 de la Ley de Imprenta que dice lo siguiente: Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas, siempre que la respuesta se de dentro de los ocho días siguientes a la publicación (…)La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere”. Dicha Ley también dispone que la infracción de esta disposición se castigará con una pena, que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del código penal del distrito federal.

Paraguay

El Derecho a Réplica en ese país está consagrado en el Artículo 28 de la Constitución paraguaya que establece lo siguiente: “(…) Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.

Bolivia

El artículo 106 de la Constitución boliviana consagra el derecho a la réplica de la siguiente manera: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Venezuela

El artículo 58 de la Constitución de ese país asegura que: “(…) Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes…” 

Versión PDF de este informe

102

Consejos de prensa, defensor de las audiencias, códigos de ética, son algunos de los mecanismos utilizados por los medios de comunicación en varios países de América latina, como forma de regularse. Hay quienes también apuestan por la autorregulación como forma de hacer mejor  periodismo.

Pero, quizás, sea la ética la principal herramienta que tienen los periodistas para ejercer su profesión con la seguridad de cumplir la función social del periodismo: la búsqueda de la verdad para servir a los ciudadanos.

Así lo considera, Javier Darío Restrepo, periodista colombiano referente en asuntos de ética periodística en América a Latina, quien expuso hace pocas semanas en Quito y Guayaquil, en el marco de Seminario Internacional: «Éticay Comunicación: el contexto Latinoamericano» que organizó Fundamedios con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. En este encuentro, al que asistieron cerca de 200 personas, además, se mostraron experiencias exitosas sobre regulación, corregulación y autorregulación en países como Perú y Uruguay. Lea el informe completo

ETHICS: A fundamental tool for successful self- regulation.

Press Regulation Boards, Audience Ombudsman, Ethic Codes, are only a few mechanisms used by the  media in different countries of Latin America to regulate themselves. Many people hold self-regulation as the best way to create and foster a better journalism.

Nevertheless, ethics are journalists’ main tool to perform their job. An ethical approach to the exercise of journalism is the best way to ensure that its main role is duly performed; which is the search for the truth as a service to the citizens, as colombian expert in journalism ethics Javier Dario Restrepo mentioned a few weeks ago during the International Seminar “Ethics and Comunication in Latin America”, organized by Fundamedios and Konrad-Adenauer Foundation.

At least 200 persons attended the Seminar, in which success stories on self – regulation by the press in countries such as Perú and Uruguay were presented.

The essence of ethics

According to Javier Darío Restrepo, ethics provide dignity and respect to the exercise of journalists, as these constitute the true nature of the profession. “When such nature is unobserved or distorted by unworthy actions, professional unworthiness appears”. Restrepo asks then, “are you satisfied with the way in which the audiences see you?”.  Furthermore, he considers that when a journalist lies to the audience for any reason, he is unworthy and unethical.

Regarding the Ecuadorean scenatio, the colombian expert indicated that the current situation of journalism  in the country is “both a risk and a challenge” since it is imposible that journalists perform rutinary tasks, because it is always required abandon traditional schemes. He believes this is so due to the fact that currently in Ecuador there is “someone that is accusing the press of performing low quality journalism”.

Restrepo indicated that the persistence of the government accuse Ecuadorian journalists as being corrupt, is a demolishing statement, since “ it is ill-founded and jeopardizes the moral rights of each journalist and journalism as a whole”.

The expert believes that the situation of jounalism in Ecuador demands some “heroic answers”, which means that the media must serve society and perform its roll in spite of all the risks ahead.

According to Restrepo, President Correa´s speech against independent media has undermined their credibility, which is the basis of journalism.   He further mentioned that “when audiences do not perform in-depth analysis and build criteria based on emotional rather than rational basis, whatever the President says is automatically accepted without any questioning or doubt”.

Furthermore, he believes that when the audience has a poor concept of a journalists his or her work becomes even harder to perform. Nevertheless, he affirmed that journalists must build and strengthen their credibility from scratch, in spite of any adverse situation.

Restrepo highlights, however, a positive aspect within such a complicated scenario: “every crisis can be turned into an opportunity, therefore, we are now before a great opportunity for Ecuadorean journalism”.

In this regard, Restrepo explains that the excessive criticisms is an oportunity journalists must take to ask themselves “have we provoked this?”, and they can develop a healthier approach: self-criticism. According to Restrepo, it is important that journalists “realize their mistakes first, and then start rebuilding whatever it is that was destroyed by the attacks from the President or by the mistakes of journalists themselves, whatever that was done to foster the public opinion´s view that holds journalists as the public enemy or at least someone that can hurt them with the information they deliver”.

With regards to the on-going conflicts between the governments and the press in different countries, Restrepo believes that this responds to a logic of power: “ it turns out that the presidents in Latin America distrust, like a power they cannot control”. Therefore, they call the press a de facto power, when in reality, according to  Restrepo, “the press is a power that puts a limit to the governments’’ power. The limits set by the press conflict with the aspiration of unlimited power and authority that some governments have. This is particularly true when the press holds the credibility and respect from the public”.

The Colombian journalists believes that when governments’ powers are limited, is exactly when speeches that want to put down the job of the press appear, as well as accusations that suggests that journalists serve economic powers, that journalism is a destructive force”. For example, governments may say something like: “when a good  bill is passed, the press criticizes it and forces authorities to turn it down”. Bottomline is, some presidents in the región cannot accept the normal workings of the press. The Annual Report of the United Nations Program For Development on Democracy in Latin America warned about this phenomenon in 2004 already”.

Also, Restrepo considers that nowadays there are certain presidentes in the región that want to hold as much power as posible, and for that they need media, in one hand, and in the other they fin dan obstacle in free press. Therefore they each create mechanism to have control over independent media and journalists. Restrepo cited the cases of Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina an Nicaragua to illustrate this point.

With regards to new technologies, crisis in journalisms and the role of ethics in these fields, Restrepo underlines that “the role of ethics is to keep the identity of journalism strong, meaning that a journalist must know where is he standing, and to be proud of his role”.

For Restrepo, an ethical work is not fulfilled only by abiding with norms or ethical codes; it is “the inner rush that every person has within that moves to be a permanent critic of what surrounds him and then foster permanent change and improvement of such current conditions. One must be critical not only with oneself but with everything that is around us. The ultimate changing factor is hope in change itself, and the power that everyone has to provoke such change: I can change, I should change, I must change. This is ethics”.

Restrepo believes that new technologies are doors to new opportunities, considering that the digital era has provided a wide range of possibilities to contact the entire world. Certain traditional concepts, such as that of “fellow men” are seriously questioned.

We must consider that all that is powered by new technologies, everything is larger and wider. Technologies provide universal and global dimension to everything we do. Restrepo thinks that nowadays journalists have a greater responsibility for the power they hold due to new technology. However, more responsibility comes with such power, which may suggest that a new set of ethics are required to guide our actions, but no: it is the same ethics and set of values, but applied in a wider, more rigorous, demanding and superlative way.

Two success stories on regulation and self regulation in Latin America.

The case of Perú, and the premise to Foster a more ethical journalism to defend freedom of expression:

Attorney, Anthropologist and Legal Institutions Master José Perla – Anaya presented the Peruvian case on regulation and self- regulation. Anaya holds that, unlike other cases in the Region, Perú went through a very oppressive era during the government of Alberto Fujimori, in which restrictions, censorship and manipulation of information were precisely some of the facts that later on fostered the creation of self- regulation processes within the written press.

Perla-Anaya narrated that back in those critical days, 51% of the media were controlled by the State and 49% remained in hands of businessmen. Furthermore, certain bills that were promoted by the Executive passed, alongside with several judicial processes against journalists and media outlets.

Between 1998 and 2000 at least US$22’000.000 were invested in the official press, and in 7 newspapers gathered by Francisco Montesinos, personal advisor to President Fujimori.

Also, there was a large increase in the number of judicial procedures against the press, as well as physical and verbal attacks to journalists, while high-ranked State agents permanently diminished journalistic investigations. Most audiences received only information that supported the regime’s view, while national broadcasts threatened and harassed social communicators. As a result, both the media and journalists lost their credibility.

Under these circumstances, several groups within the written press decided to unite in 1997. The self-regulatory process that started in Perú at that time, and which subsists until these day, was originally a way to overcome the harsh situation in which the press and its workers were at that time, as well as to attend to the numerous critics that most citizens had regarding their work. The premise was to foster ethical journalism, as well as to defend the right to freedom of expression and access to information. This is how the Council of Peruvian Press was created, a group founded by the most important representatives of the written press: El Comercio, La República, El Popular, among others.

Perla-Anaya indicated that this non-partisan body has an Ethics Tribunal characterized by its Independence and impartiality, and its members are people that are not related to the journalistic work.  Its main objective is to receive and respond to requests for rectification and complaints regarding information presented by the press that might jeopardize journalistic values. Nonetheless, it must be highlighted that the Tribunal does not entertain requests regarding opinion notes or the editorial line of the media.

The Ethics Tribunal studies each case and delivers a moral sanction, which must be executed by the members of the Council. In cases where the Tribunal receives complaints of  unethical behavior of journalists or media that are not part of the Council, these media are summoned and may freely chose to abide with the decision of the Tribunal or not.

The moral sanction must be made public by the media, and by all the members of the Council as well. According to Perla-Anaya, some 400 complaints have been entertained and solved up to this day.

Here is an example of a decision made by the Tribunal on 2012. The complaint was presented against Diario Perú 21.

“On May 26, 2010, the Ethics Tribunal aproved Decision N° 006-TE/2010, declaring that the claim presented my Ms. María del Pilar Tello with regards to the information presented about the judicial cases under which this person is investigated by the Public Minister is well founded, whereas, with regard of the investigation on the National Financing Fund of State Bussiness Activity (FONAFE)”.

The Tribunal decided, inter alia:

“1. That the complaint with regard to the information for which Ms. Tello is investigated by the Public Ministry is well founded;

2. That the complaint presented by Ms. Tello regarding the investigation of FONAFE is unfounded;

3. Recomends that Diario Perú 21 publishes this decision in the website of its digital version, and applies the proper rules to avoid further publications of slanderous afirmations against readers.

4. To ordain that Diario Perú 21 publishes this decistion within the next eight days of its publication. Otherwise, the Ethics Tribunal will ordain that this resolution is published in all the media associated to the Council”.

Radio and TV media in Perú had a different process. From 2004, they implemented a system that could be described as co-regulatory. Since the passing of the Radio and Television Law in 2001 several organizations of the civil society lobbied to stop the high levels of corruption within audiovisual media, in particular during the Fujimori era.

The Law was originally proposed by the Executive and the Citizen WatchGroup for Social Communication. Numerous requests were filed to the National Congress from several groups and after a heated debate, the new Radio and Television Law was passed.

This legal norm regulates aspects such as the administration and concession of radio frequencies, and imposes content regulation for independent media. It also included a norm that orders networks to create either individually or collectively an Ethics Code, in which certain dispositions, such as TV Parental Guidelines, mechanisms for self-regulation and conscience clause should be included. The aforementioned Law mandates that not drafting and presenting an Ethics Code is an minor administrative breach. Under these norms, the Advisory Council for Radio and Television, CONCORTV, was created. This body started functioning in 2005, and it was its mandate to improve the organization and administration of the radio and TV sector. CONCORTV is a body that depends of the Ministry of Communications and Transportation. Among its numerous duties, it must Foster good practices within the Radio and Television sector in Perú.

CONCORTV is formed by advisors who represent several groups within civil society, and one representative from the State that has voice but no voting rights it its decisions.

State publicity is also regulated, and it must be administrated under the principles of equito, transparency decentralization.

The Law indicates that any breach will be verified evaluated and sanctioned  by the Ministry of Transportation and Communications. If such breaches are related to the content of programs, an advise from the CONCORTV is requested. The breaches are of an administrative nature before the Ministry, nevertheless in some cases civil or criminal responsibility may be applicable, too.

The Law contains three types of breaches: Mild, severe and very severe. Most of these breaches are related to non-compliance with technical or administrative requirements. The sanctions, on the other hand, may be a verbal sanction, a fine and the cancelation of the frequency concession.

Perla-Anaya believes that it is always better that jouralists set their own limits, so that the State does not do so in an improper fashion. He also believes that the press- enterprise relations should be carried in a profesional manner, aside of any manipulation or influences that may cause a distortion in the information presented by the media.

Uruguay, five stages to illustrate the efforts to improve journalistic work.

Carolina Molla Mosquera, Communicator from CA Info, explained that the process in Uruguay was quite different. As a background, she explains that the media and journalists went through a stage of very poor working conditions: journalists had to get multiple Jobs, private media was systematically closing, there was a dramatic reduction of personnel in many networks and serious cases of property concentration. Those precarious conditions affected the ethics in which the journalistic work was done in Uruguay.

No media network, journalist union or association had an ethics code back then. Therefore, the Uruguayan Press Association APU, the Archives and Public Information Access Center CAINFO and the Group for Media and Society GMs, alongside with the International Program for Communications Development of UNESCO, started working on a Project in order to debate the need to create a set of norms and recommendations on journalism ethics.

Firstly, the working group identified the main ethical problems existing in Uruguayan media, such as copyright issues among journalists, management of sensitive information that may jeopardize children´s rights, privacy rights and censorship from media owners and directors to their employees. Other forms of pressure and sanctions for the information of issues that affected the interests of media owners were also analyzed.

The most relevant aspect of the process was the level of integration of several actors, such as students, professors, private and State entities, journalists and citizens. This was fundamental to  shape the Ethics Code.

Furthermore, the Ethics Code was possible because of the decriminalization of crimes of opinion and information. Libel, slander and desacato were eliminated from the criminal code. Also, several laws were passed, such as the Access to Information Law and the Community Radios Law, as well as other executive decrees that strengthened diversity and pluralism in the access to radio frequencies. Freedom of expression was benefitted under these new conditions.

The Ethics Code for Uruguayan Media and Journalists was developed in five stages, which lasted more or less a year. During this time, several debates, polls, seminars and lectures were organized to discuss its contents. All the actors involved agreed on the fact that compliance with the Code would be optional, and that it consisted more on recommendations directed to improve the journalists’ work.

Stage One:

The process started with the drafting of a document in which the principal mechanisms for self- regulation, as well as comparative anaylis of other Ethic Codes existing in other countries. Several seminars and lectures were held in the most important cities of Uruguay. Experts from Argentina Brasil and Chile shared their experiences with journalists, professors, civil society actors, and citizens, and discussed with them the most relevant issues in Uruguayan press.

Stage Two:

At this point, a national poll was carried among some 260 journalists, who were consulted on the main issues affecting ethics and fostering bad practices within the journalistic field, as well as the need to create an Ethics Code. The idea was largely supported by those consulted.

Stage Three:

The results obtained in the polls, and the information gathered in the seminars and lectures served to start the drafting of the Ethics Code. A special council formed by the Uruguayan Press Association APU, the Center of Archives and Acess to Information CAInfo and the Group for Media and Society GMS. The code included issues such as obligations regarding the rights to freedom of expression and information, gender, discrimination, rights of the child, and journalism in social networks.

Stage Four:

Once the code was drafted, a consultation stage that lasted two months was carried out, in which opinions, suggestions, and collaboration from different actors such as journalists, professors, etc were gathered. Afterwards, Prof. Javier Darío Restrepo served as an advisor in the process.

Stage Five:

The Code was officially presented to the public. A meeting with media owners, editors and directors was held. In this meeting, the most important issues on the content of the Code were discussed, such as mechanisms to gather information, interaction with the sources, management of violent footage, digital journalism and information regarding children and youngsters. Comparative studies on similar frameworks in other countries, a matinal poll and a large period of public consultation finally ended on April 2013, when the Code of Ethics for the JOurnalistic Profession was approved in Uruguay. For the APU, the aprobation of this Code is a historic step for improving the work of journalists and the quality of the information braodcasted by the media.

According to the Code, union workers in a media network will ensure that their duties are carried out with quality and with respect to human rights; journalists must focus on gathering and delivering information in a correct manner, taking care on the language and keeping a balance in their job.

The Code fosters the respect to privacy and dignity of citizens, while ensuring the right of journalists to seek and deliver information of public concern, specially that information  at refers to State agents or offices.

The Ethics Code incorporated a section on digital journalism and social network, that promotes the responsible use of the Internet and new technologies under the same ethic parameters as traditional press.

The aforementioned Code created an Arbitration Tribunal, which is entitled to apply and execute the norms in the Code.  The Tribunal can entertain complaints and deliver decisions in the form of recommendations, aimed to strengthen the quality in the journalistic field.

The Uruguayan experience is certainly a success story and an example for other countries in the region that may consider to start a self- regulation process for the press.

The Ethics under the Irreverence.

By: César Ricaurte, article published on Diario Hoy on June 14, 2013.

The other day I was listening to a lecture on journalistic ethics. Around the common discourses that constantly whine about “responsible journalism”, the bright words of Nelson Reascos rose. A unique thinker, that does not pursue fame or self promotion, that has not sold his soul to the power for a few scrums, and keeps his sight free from distortive glasses, as Marx himself used to say, is the example of ideology.

Reascos posed important questions around ethics: Is there a single “ethic”? Who decides the main values that form such ethic? The answer to these questions was unbeatable: the ethic values are determined by those in power. This is crucial when it comes to discussing journalistic ethics, and even more when the ones that are discussing are those who have control over the situation. Under this view, many of the ethic values that presented as fundamental to journalists, are in fact chains which are meant to bind an activity that should be inquisitive, critical and irreverent. In other words, free.

Reascos is a faithful disciple of Arturo Andres Roig, one of the most outstanding philosophers of the Americas. As such, he sustained that the journalistic job is more related with the ethics behind complaining than with Orwell’s vision of ethics as “acceptable” and “responsible” truths. Let us not forget that one of the most interesting essays by Roig, “The Ethics of Power and the Morality of Protest” basically holds that in contrast of an oppressive objective ethics, we must present a subjective morality, therefore, diverse and free. We must ask ourselves, are there any solid values, set in Stone? Or, in the other hand, everything is relative and “liquid”? Under this view, anything that threatens life is unacceptable. And viceversa.

The ethics of power are usually deathly and opressive. They ends up destroying everything they touch. For instance, lets analyze the actions of the National Secretary of Communication and his propaganda machinery. When he declares himself absolute owner of an only truth (the oficial truth), he eliminates the chance for other truths to emerge, thus, mutilating the possibility of having a real democratic debate. What to do? Obviously, irreverence, protest and desacato are the only way to go. To look at the King directly in the eye, even when this is considering a major offense.

Journalisms must be irreverent, or not exist at all. Furthermore, irreverence must be  its premise. It is the only way to preserve life, even if this displeases those in power. Nowadays, being irreverent may be informing about an oil spill, for instance. Or the struggle for water within indigenous communities. Or the big fiasco behind the new Airport in Tababela. Or unraveilng corruption acts within the government, denounce the killing of uncaontacted indigenos peoples (while the Government denies it)

Irreverence is, for instance, what journalist Jorge Latana does in Argentina. Because being irreverent is legitimate when it serves to rebel against some people that , aside from stealing democratic institutions to themselves, have the gut to call others “subversives”! in order to take the whole loot.

178

Estado ecuatoriano incumple con recomendaciones sobre libertad de expresión recibidas durante II Examen Periódico Universal

Al cumplirse un año desde que el Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal EPU, en la sede de la ONU, en Suiza se puede concluir que existe incumplimiento y mínimo interés para que en Ecuador mejore la situación de las libertades de pensamiento y expresión, así como los derechos de asociación y protesta pacífica. Y es que los hechos hablan por sí solos, los problemas existentes en el país en esta materia no han mejorado al contrario se han profundizado en este último año. Esto se desprende de una valoración objetiva de los hechos de este último año que se establece en este informe.

En el examen, Ecuador recibió el 21 de mayo del año pasado, 24 recomendaciones sobre libertad de expresión de un paquete de 134 observaciones sobre derechos humanos. Durante el EPU, 18 Estados de los 193 que forman parte del sistema de Naciones Unidas mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental en Ecuador.

En septiembre del año anterior, durante la sesión de adopción del informe,  Ecuador rechazó tres de las recomendaciones recibidas por estar ya implementándose. Sin embargo las 24 recomendaciones están siendo incumplidas, a esta conclusión se llegó luego de que de evaluar  la información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el “avance” la aplicación de las recomendaciones recibidas.

Para evaluar la información entregada por el Ministerio, las 24 recomendaciones fueron agrupadas en 5 grandes temáticas que versan sobre el trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión, garantías generales al ejercicio de este derecho,  la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y por último la protección para la prensa y los defensores de derechos humanos.

A continuación se reseña brevemente los actos mediante los cuales el Ecuador ha incumplido estos compromisos en el último año y un cuadro comparativo de las recomendaciones que fueron acogidas por el Estado, ordenadas por temas, y se incluye la respuesta del Estado con respecto al cumplimiento de las mismas, cuando procede.

1 Recomendaciones acerca del trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión.

Recomendación:

“Aceptar la solicitud presentada en 2004 por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión para visitar el país (Bélgica); aceptar la solicitud del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que está a la espera de respuesta desde 2004 (Letonia)”.

Información del Estado: Ninguna

Actos de incumplimiento:

  • Desde el año 2012 el Ecuador ha llevado a cabo una campaña de debilitamiento a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
  • Aunque el proceso de reforma promovido por Ecuador en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) terminó sin mermar las facultades de estos órganos, Ecuador persiste en llevar a cabo gestiones diplomáticas  que apuntan a disminuir el financiamiento de la CIDH y la RELE, deslegitimar la facultad de la CIDH de emitir medidas cautelares y convertir estos mecanismos de protección en un proceso largo y complicado.
  • Las gestiones del gobierno  buscan mermar la independencia institucional y financiera de la RELE, y minimizar su capacidad de acción en el Hemisferio mediante la invisibilización de los actos de promoción y protección que surgen desde esa oficina temática.
  • En el marco de estas discusiones, Ecuador ha amenazado con “salir” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entendemos que se refiere a una denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos CADH.
  • Ecuador es el  único país de la región que en el año 2013 ha controvertido el Informe Anual de la RELE, a pesar de contener mayormente fuentes oficiales y gubernamentales para sustentar la información allí vertida.
  • La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ecuador, que estaba originalmente planificada para junio de 2013, aún no ha sido concretada por el Estado.

2.  Recomendaciones que consagran garantías generales al ejercicio de la libre expresión:

Recomendación:  Proseguir los esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la comunicación libre, intercultural, y participativa en todos los entornos y medios de comunicación, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información fidedigna, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú); garantizar a todos, incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión; cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia); promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Suecia). proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas (Australia); preparar mecanismos para aumentar la seguridad de los periodistas y asegurar que órganos independientes e imparciales investiguen todos los ataques (Austria);

Información del Estado: Sobre recomendación de Perú, informó que: “por primera vez en la historia del Ecuador ha existido acceso plural a los medios de comunicación. El Ecuador brinda acceso al espectro electromagnético a medios privados, comunitarios y públicos. De esta manera, el Estado está marcando una política que respeta la libertad de expresión y garantiza el derecho a la comunicación.”

Actos de Incumplimiento:

  • La constitución del Ecuador consagra el derecho de buscar, recibir y difundir información en el artículo 18, pero condiciona el ejercicio de este derecho a criterios subjetivos de objetividad, oportunidad y veracidad, en contradicción a los estándares internacionales en la materia.
  • En el año 2012, Fundamedios reportó 172 agresiones a periodistas y lo que vamos del 2013 ya se contabilizaron 68  ataques  a la libertad d expresión. El mayor número de estas agresiones provinieron del Presidente de la República.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013, varios funcionarios públicos han anunciado la estatización de la comunicación como un servicio que debe ser provisto, administrado y otorgado por el Estado, en lugar de un derecho fundamental que debe reconocerse y garantizarse.
  • El Presidente ordenó a sus ministros no otorgar entrevistas a medios privados, para “no darles la primicia”. La medida verbal fue acatada por muchos miembros del gabinete presidencial y subiste hasta hoy.
  • El Presidente Correa prohibió bajo amenaza de destitución que los miembros de su gabinete brinden a asambleístas información requerida por ellos, a pesar de ser ésta una facultad constitucional y legal.  El Presidente ordenó que este tipo de información se canalice solo a través del presidente de la Asamblea.
  • Asamblea no podrían solicitar información.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013 dos asambleístas de partidos opositores al gobierno han sido enjuiciados tras haber realizado denuncias de posibles actos de corrupción en la administración pública.
  • En julio de 2012 el Secretario de Comunicación ordenó que se retire el pautaje oficial de los medios de comunicación privados que sean críticos con el gobierno.
  • Entre el 2012 y 2013 se reportaron cuatro asesinatos a comunicadores sociales. El único que fue esclarecido correspondía al de un fotógrafo freelance hermano del Ministro del Interior. De los otros tres no se conoce avance alguno en las investigaciones realizadas.
  • En el año 2012 se registró el cierre de diez medios de comunicación, mediante la no renovación del contrato de frecuencia, o su terminación. Las acciones administrativas frecuentemente incluyeron la incautación y la destrucción de equipos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales que participaron en los operativos. Los procesos administrativos de cierre de frecuencias han sido criticados por la inobservancia a las normas de procedimiento establecidas en la ley, y en muchas casos han servido para silenciar a estaciones o periodistas críticos en zonas de poca aceptación al gobierno nacional.

3. Recomendaciones acerca del derecho a la libertad de expresión y asociación como requisitos para ejercer el derecho a la protesta social, y el trabajo de los defensores de DDHH Y ONGS en el país.

RECOMENDACIÓN:  Velar porque los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades (Canadá); respetar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica y restringir al mínimo estrictamente necesario los procesos penales contra quienes ejerzan estos derechos (Bélgica); velar porque las disposiciones penales no se utilicen para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos o los manifestantes para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes vuelvan a examinar los casos de las personas detenidas y procesadas (Alemania); Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país (Eslovaquia); velar porque todos los activistas de derechos humanos que actúen en el país, incluidas las personas que colaboren con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, estén libres de penalización, acoso o intimidación y puedan desempeñar libremente sus obligaciones legítimas (Eslovaquia); examinar la reciente legislación restrictiva sobre las ONG con vistas a impedir que las manifestaciones y las protestas legítimas de la sociedad civil puedan ser llevadas a los tribunales o penalizadas bajo la definición penal de “terrorismo” o “sabotaje” (España); participar en un diálogo constructivo con los medios de comunicación, las ONG y los órganos internacionales para promover la libertad de expresión en el Ecuador (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); velar por que los Decretos n.º 982 y n.º 812, relativos a la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión, no se apliquen para bloquear la labor legítima de las ONG (Suiza); asegurarse de que el Decreto Presidencial n.º 982 no se aplique de manera que impida la labor de los defensores de los derechos humanos (Austria).

Información del Estado: “No puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional, en especial a los criterios que sobre terrorismo maneja la UNODC, puesto que tienen nociones y consideraciones de aplicabilidad distintas en virtud del momento histórico en el cual dicho delito fue tipificado en el Ecuador. En este sentido, se evidencia que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo. Por otro lado, frente a los casos de las personas que se presentan en protestas sociales que resultan con la destrucción de bienes y servicios públicos y su actuación incurre en acciones delictivas, la Policía Nacional aplica el Acuerdo Ministerial No. 1699 del Ministerio del Interior de fecha 18 de agosto de 2010 en el cual se ha reglamentado e institucionalizado el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza”.

Actos de incumplimiento:

  • En el año 2012, 10 jóvenes activistas de izquierda (los 10 de Luluncoto) fueron arrestados cuando se encontraban reunidos organizando una marcha pacífica. Originalmente fueron acusados de delito flagrante que no pudo ser demostrado, luego se les involucró sin evidencia alguna en el la explosión de bombas panfletarias en la ciudad de Guayaquil. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia los sentenció a un año de prisión por el delito de tentativa de terrorismo, cambiando la figura penal por la que originalmente fueron acusados.
  • En el marco del caso de los “10 de Luluncoto”, los familiares de los acusados fueron víctimas de múltiples actos de hostigamiento, requisas sorpresivas e incursiones arbitrarias en sus domicilios por parte de la fuerza pública, algunas veces sin orden de la autoridad competente.
  • En agosto de 2012 los dirigentes campesinos Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Efraín Arpi fueron condenados a ocho días de prisión por la Corte Nacional de Justicia por el delito de cierre de vías públicas y obstrucción de servicios básicos tras realizar una protesta en vía pública en el año 2010 contra la Ley de Aguas y Minería, en defensa de la reserva de Kimsacocha.  
  • En mayo de 2012 la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE presentó a la Asamblea un pedido de Amnistía para 129 líderes indígenas que actualmente enfrentan procesos por sus actividades de protesta y organización social. 23 denuncias, de las cuales 17 son penales, 2 civiles y 4 acciones administrativas. En el caso de las penales, 6 son por sabotaje y terrorismo.
  • En marzo de 2013 varios jóvenes alumnos del colegio Central Técnico fueron detenidos tras participar en una manifestación pública en protesta a la reforma curricular que impediría que los alumnos obtuvieran títulos técnicos al graduarse. Se espera una audiencia para conocer el dictamen fiscal para el 12 de junio.  Varios de los acusados son menores de edad. Durante los Enlaces Ciudadanos, el Presidente ha ordenado que los estudiantes “sean expulsados” y “juzgados con todo el peso de la Ley”.
  • Desde el año 2012 el presidente Correa ha amenazado con expulsar del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, alegando que financian actos de desestabilización en el país. USAID provee de fondos a 16 proyectos en diversas áreas.
  • En septiembre de 2012 el gobierno formalizó la salida de 26 ONGs internacionales, alegando incumplimiento en sus planes operativos o que habían terminado sus operaciones en la región. 16 más fueron notificadas con la orden de suscribir un nuevo convenio. En mayo de 2013, se reportó que son 26 las ONGs que deben actualizar sus datos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 812 de 2011, y que corren el riesgo de ser expulsadas del país.

4. Recomendaciones relativas a la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y a la utilización de tipos penales que criminalizan la información y la opinión.

Recomendación:   Examinar las leyes vigentes y los proyectos de ley sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa para asegurarse de que estén en conformidad con las normas internacionales y, más concretamente, eliminar las disposiciones que penalicen la difamación, las también llamadas leyes de desacato (Canadá); despenalizar la difamación y hacer las modificaciones necesarias al respecto, de conformidad con las normas interamericanas e internacionales (Noruega); derogar todas las disposiciones legales que contravengan a las normas internacionales sobre la libertad de expresión, especialmente todas las leyes contra el insulto y todas las normas que penalicen la difamación de los funcionarios y las instituciones públicas (Letonia); poner toda la legislación penal sobre el insulto y la difamación en conformidad con las normas internacionales sobre la libertad de expresión. Esperaba que estos importantes elementos se tuvieran en cuenta en la reforma en curso del Código Penal (Bélgica); garantizar en todas las circunstancias la independencia de los medios de comunicación y adoptar las medidas necesarias para que la legislación nacional sobre los delitos contra el honor y la difamación no mine la libertad de expresión (Francia);  estudiar la posibilidad de adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, y armonizar la legislación nacional en este ámbito con las normas internacionales (Costa Rica); cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia).

Información del Estado: Ninguna

ACTOS DE INCUMPLIMIENTO:

  • Los arts. 230 y 231 del Código Penal establecen figuras penales análogas al desacato protegiendo el honor del Presidente y varios funcionarios públicos. Los delitos que tipifican la injuria calumniosa y no calumniosa, contenido en el Título VII del Código referente a delitos contra la honra, contienen disposiciones abiertas que no excluyen de su ámbito de aplicación a cuestiones de interés público o a funcionarios públicos. En la práctica, han sido justamente utilizados por éstos para silenciar a la prensa o a opositores críticos que denuncian actos de corrupción.
  • El Proyecto de Código Orgánico Integral Penal ha mantenido los tipos penales de desacato bajo otras denominaciones, y ha aumentado su ámbito de aplicación a otras situaciones no previstas por el Código de 1998.
  • Además, el Proyecto incorpora otros tipos penales que sin estar relacionados con los delitos contra el honor afectan el ejercicio a la libertad de expresión: el acoso político, rebelión, ofensas a símbolos patrios, insubordinación, instigación, etc, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión por su amplitud e indeterminación.
  • El Proyecto de ley de Comunicación que próximamente aprobará la Asamblea, contiene disposiciones que regulan la ética de los medios y periodistas desde el Estado, establece cuotas de programación y regulan contenidos. Podrían crear un órgano de control cuya independencia del Ejecutivo es cuestionada, y cuyas competencias no se encuentran claramente definidas en el ámbito de ésta.
  • Otras leyes y cuerpos normativos no penales también han sido aprobados con el objeto de silenciar el debate y la crítica.  La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) cuyas últimas reformas entraron en vigencia en febrero de 2012 incluía disposiciones que mermaban la facultad de la prensa de informar y opinar en períodos de elecciones. En octubre de 2012 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial sobre las Reformas, pero mantuvo las disposiciones que prohíben a la prensa “manifestarse a favor o en contra de algún candidato”.
  • En cuanto a los procesos judiciales  y acoso judicial contra periodistas seguidos como responsabilidad ulterior,  en el año 2012 se contabilizaron 11 procesos  judiciales en distintos foros: penal, judicial, contencioso electoral y constitucional.  Igualmente se incluyen acciones iniciadas por la Fiscalía. Estos procesos se iniciaron por la emisión de opinión o información sobre asuntos de interés público, posición política en el marco de un proceso electoral, y denuncias sobre actos de corrupción. Todos ellos terminaron con condenas en contra de los periodistas o medios de comunicación procesados. En lo que va del año 2013 se reportaron tres casos de sentencias de altas cortes nacionales que ponen en riesgo la vigencia del derecho a la libre expresión.

5. Recomendaciones relacionadas a la protección que la prensa y los defensores de derechos humanos deben gozar contra actos de persecución y hostigamiento, así como las garantías al trabajo de las ONGS  en el país.

Recomendación: Crear un entorno jurídico propicio para que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la gobernanza democrática estableciendo oportunidades para el diálogo y absteniéndose de restringir sus posibilidades de actuar con independencia y libertad (Canadá);  facilitar que diversos actores de la social civil expresen sus ideas y opiniones con responsabilidad y objetividad (Santa Sede); Proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas del acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión (Letonia);  (Luxemburgo);  Dar a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos el espacio necesario para que desempeñen su labor no violenta de promoción, organización de campañas, presentación de informes e investigación y que el Gobierno del Ecuador colabore de forma constructiva con los defensores de los derechos humanos en la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos del país (Noruega).

Información del Estado: Ninguna.

Actos de incumplimiento:

  • Desde abril de 2012 el presidente de la República y varios funcionarios públicos han acusado a Fundamedios de ser “vigilantes del Imperio” y de incurrir en actos de “desestabilización del Estado”. Las acusaciones surgieron a través de un cable diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, donde indicaban que cierta información había sido provista por una organización “watchdog”(término anglosajón para referirse a organizaciones que monitorean distintos temas).  Estas acusaciones han persistido hasta la fecha. Las acusaciones también se refieren a presunta triangulación de fondos, y actos subversivos. En el marco de estas acusaciones, algunos funcionarios públicos han amenazado con iniciar investigaciones contra Fundamedios, pero no han brindado información alguna acerca de la existencia de tales procesos.

Similares acciones de descrédito y ridiculización ha tenido el Presidente con la presidenta de la Fundación Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge, y contra el presidente de la CONAIE.  En el año 2102, Fundamedios reportó  que el 20,8% de las agresiones constituían actos de hostigamiento verbal por parte del Presidente y varios funcionarios públicos, y para lo que va del 2013, se han reportado 15 actos de hostigamiento contra la prensa, y el uso de cadenas nacionales para insultar, deslegitimar o acosar a la prensa, defensores de DDHH constituye el 17, 19% del total de las agresiones reportadas.

Ecuador defaults on freedom of expression recommendations received during II Universal Periodic Review

Friday 31 May 2013

On the first anniversary since Ecuador submitted to the Universal Periodic Review (UPR) at the headquarters of the UN in Switzerland, we can conclude that the country has defaulted on the recommendations made then and there is little interest in improving the situation of freedom of thought and expression and the rights of association and peaceful protest.The facts speak for themselves. The problems in the country in this area have not improved; on the contrary, they have got worse over the past year.This follows from an objective assessment of the events of this past year as established in this report.

After the Review, on 21 May last year Ecuador received 24 recommendations on freedom of expression and a package of 134 observations on human rights.During the UPR, 18 of the 193 States that constitute the United Nations system showed their concern about the situation of this fundamental right in Ecuador.

In September last year, during the session of adoption of the report, Ecuador rejected three of the recommendations received stating they were already being implemented.However, Ecuador is defaulting on the 24 recommendations. This conclusion was reached after assessing the information provided by the Ministry of Justice and Human Rights on the «advance» in the implementation of the recommendations received.

To evaluate the information provided by the Ministry, the 24 recommendations were grouped into five major themes that deal with the work of international organizations that protect the right to free expression, general guarantees to ensure the exercise of this right, the adaptation of regulations on matters of freedom of expression, and finally protection for the press and human rights defenders.

The following is a brief description of the acts by which Ecuador has defaulted on these commitments over the last year and a comparative table of the recommendations that were accepted by the State, arranged by themes, including the State’s response with regard to compliance with them, where appropriate.

1. Recommendations on the work of international bodies to protect the right to free expression.

Recommendation:

“Accept the request of the Special Rapporteur on freedom of expression to visit the country which had been requested in 2004 (Belgium); Accept the request made by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, which has been awaiting a response since 2004 (Latvia)”.

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since 2012 Ecuador has carried out a campaign to weaken the Inter-American System of Human Rights, in particular the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its Special Rapporteur on Freedom of Expression (SRFE).
  • Although the reform process promoted by Ecuador in the Permanent Council of the Organization of American States (OAS) did not eventually impair the authority of these institutions, Ecuador persists in conducting diplomatic efforts aimed at reducing the funding of the IACHR and the SRFE, delegitimizing the IACHR’s authority to issue injunctions and turn these mechanisms for protection into a long and complicated process.
  • The government’s efforts seek undermine the institutional and financial independence of the SRFE and minimize its capacity to operate in the hemisphere through preventing the visibility of this office’s acts of promotion and protection.
  • Within the framework of these discussions, Ecuador has threatened to «leave» the Inter-American Human Rights System.We understand it concerns a formal complaint to the American Convention on Human Rights (ACHR).
  • Ecuador is the only country in the region that in 2013 has disputed the SRFE Annual Report despite the fact that the sources used to support the information presented in it are mainly official and governmental.
  • The visit of the Inter-American Commission on Human Rights to Ecuador, which was originally planned for June 2013, has not yet been approved by the State.

2.  Recommendations that establish general guarantees for the exercise of free expression:

Recommendation:     Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Peru);stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia); promote and protect the right to freedom of opinion and expression, in accordance with what is stated in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (Sweden); protect the right to freedom of expression for journalists (Australia); develop mechanisms to improve the safety of journalists and ensure that all cases of attacks are investigated by independent and impartial bodies (Austria).

Information received from the State:On the recommendation made by Peru, it reported that:»For the first time in the history of Ecuador plural access to the media exists.Ecuador provides access to the electromagnetic spectrum to private, community based and public media. In this way the State is setting a policy that respects freedom of expression and guarantees the right to communication and information”.

Acts of default:

  • Article 18 of the Ecuadorian Constitution establishes the right to seek, receive and circulate information but conditions the exercise of this right to subjective criteria of objectivity, timeliness and veracity, in contradiction to international standards on the matter.
  • In 2012 Fundamedios reported 172 attacks on journalists and so far in 2013 there have already been 68 attacks on freedom of expression.The largest number of these attacks came from the president of the Republic.
  • During 2012 and so far in 2013 several public officials have announced the nationalization of communication as a service that must be provided, managed and granted by the State, rather than a fundamental right that must be recognized and guaranteed.
  • The President ordered his ministers not to grant interviews to private media so as «not to give them the scoop».This verbal measure was obeyed by many members of the presidential cabinet and is still in force.
  • President Correa forbade, under threat of dismissal, all members of his cabinet from providing members of the Assembly with any information they requested despite this being a constitutional and legal faculty.The president ordered that this information should be channeled only through the president of the Assembly.
  • Assembly members cannot request information.
  • During 2012 and so far in 2013 two Assembly members from opposition parties have been prosecuted after making allegations of possible acts of corruption in the civil service.
  • In July 2012 the Communications Secretary ordered the removal of official advertising from private media outlets that are critical of the government.
  • Between 2012 and 2013 four murders of social communicators were reported.The only one that was cleared concerned a freelance photographer who was the brother of the Minister of the Interior.There has been no known progress in the investigations regarding the other three cases.
  • In 2012 ten media outlets were closed down by not renewing their frequency contract or by terminating it.Administrative actions often included the seizure and destruction of equipment as well as the use of excessive force by police officers who participated in the operations.The administrative processes to close down frequencies have been criticized for their failure to observe the rules of procedure established by law. In many cases they have been used to silence critical journalists or stations in areas where the national government is not popular.

3. Recommendations on the right to freedom of expression and association as requirements for exercising the right to social protest and the work of human rights defenders and NGOs in the country.

Recommendation:Ensure that community activists and indigenous leaders can exercise their right to peaceful assembly and protest and that anti-terrorist legislation is not misused to inappropriately censure such activities (Canada); respect the right to freedom of expression and peaceful demonstration, and restrict to the absolute minimum the use of criminal prosecutions against people who exercise these rights (Belgium); ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise their rights to freedom of expression, assembly and association and that appropriate authorities reconsider the cases of those arrested and prosecuted (Germany); promote, protect and respect the right to freedom of expression, assembly and association in compliance with the country’s international HR obligations (Slovakia); ensure that all human rights activists operating in the country, including individuals cooperating with United Nations human rights mechanisms, are spared from any criminalization, harassment or intimidation and can perform freely their legitimate duties (Slovakia); examine recent restrictive legislation on NGOs with a view to prevent that legitimate demonstrations and protests by civil society can be taken to Court or criminalized under the penal definition of “terrorism” or “sabotage” (Spain); engage in a constructive dialogue with the media, NGOs and international bodies to promote freedom of expression in Ecuador (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);  ensure that Decrees No. 982 and No. 812, with regard to the freedom of association, freedom of assembly and freedom of expression, are not applied to block thelegitimate work of NGOs (Switzerland); make sure that the Presidential Decree No. 982 is not applied as a way to impede the work of human rights defenders (Austria).

Information received from the State:“Accusations of terrorism under Ecuadorian law cannot be comprehended under the international notion, especially the criteria on terrorism handled by UNODC, since they have different notions and considerations of applicability by virtue of the different historical moment in which the offense was typified in Ecuador.In this sense, it appears that the terms applied by the Ecuadorian Criminal Code are unrelated to the international concept of terrorism.On the other hand, in the case of those who participate in social protests resulting in the destruction of public property and services and their performance incurs in criminal actions, the National Police applies Ministerial Agreement No.1699 of the Ministry of the Interior dated 18 August 2010 which regulates and has institutionalized the Progressive and Differential Use of Force».

Acts of default:

  • In 2012 10 left-wing young activists (the Luluncoto 10) were arrested when they had gathered to organize a peaceful march.They were originally accused of flagrant offenses but these could not be proven. They were the linked without any evidence to the explosion of pamphlet bombs in the city of Guayaquil.Finally, the National Court of Justice sentenced them to one year in prison for the crime of attempted terrorism, changing the criminal offense for which they were originally charged.
  • Within the framework of the «Luluncoto 10» case, the relatives of the accused were victims of multiple acts of harassment, surprise seizures and arbitrary raids at their homes by the police, sometimes without a warrant from a relevant authority.
  • In August 2012 peasant leaders Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán and EfraínArpiwere sentenced to eight days in prison by the National Court of Justice for the crime of blocking public roads and the obstruction of basic services after carrying out a protest on the streets in 2010 against the Water and Mining Law in defense of the Kimsacocha reserve.
  • In May 2012 the Confederation of Indigenous Nationalities CONAIE presented to the Assembly an Amnesty request for 129 indigenous leaders who currently face prosecution because of their protest and social organization activities.23 accusations, of which 17 are criminal, 2 civilian and 4 administrative actions.In the case of the criminal accusations, 6 are for sabotage and terrorism.
  • In March 2013 several young students from the Central Technical School were arrested after participating in a public demonstration in protest of the curriculum reform that would prevent students from obtaining technical diplomas on graduation.There will be a hearing when the prosecutor’s charges will be announced on 12 June.Several of the accused are minors.The president has used his Saturday program Enlace Ciudadano to order that students «should be expelled» and «prosecuted to the full extent of the law”.
  • Since 2012 President Correa has been threatening to expel from Ecuador the U.S. Agency for International Development USAID, claiming that it funds destabilizing acts.USAID provides funds to 16 projects in various areas.
  • In September 2012 the government formalized the expulsion of 26 international NGOs, claiming a breach of their operational plans or that they had completed their operations in the region.16 more were given the order to sign a new agreement.In May 2013 it was reported that 26 NGOs must update their data in accordance with the provisions of Executive Decree 812 of 2011 and that they are at risk of being expelled from the country.

4. Recommendations concerning the adaptation of criminal law on matters of freedom of expression and the use of types of offenses that criminalize information and opinion.

Recommendation:Undertake a review of existing and proposed legislation relating to freedom of expression and media freedom to ensure its alignment with international standards, and more specifically, eliminate any existing criminal defamation provisions, also known as desacato [contempt] laws (Canada); decriminalize defamation and make the necessary amendments in this regard, in line with Inter-American and international standards (Norway); repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws and all norms that criminalize defamation of public officials and institutions (Latvia); align criminal legislation on insult and defamation with international standards governing freedom of expression.It hoped that these important elements would be taken into account in the ongoing reform of the Penal Code (Belgium); guarantee in all circumstances the independence of the media and take the necessary measures in order that domestic legislation on the offense against honor and defamation does not undermine the freedom of expression (France); consider taking measures to guarantee freedom of expression, particularly the freedom of the press and to harmonize national legislation in this area with international norms (Costa Rica); stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Articles230 and 231 of the Criminal Code establish criminal categories akin to contempt protecting the honor of the president and several public officials.The crimes categorized as slanderous and non-slanderous offenses, contained in Title VII of the Code on crimes against honor, contain open provisions that do not exclude from their scope of application either public interest issues or public officials.In practice they have been used by these to silence the press or critical opponents who report acts of corruption.
  • The Organic Comprehensive Criminal Code bill has maintained the criminal categories of contempt under other names and increased its scope of application to other situations not covered by the Code of 1998.
  • In addition, the bill incorporates other criminal categories that without being related to crimes against honor affect the exercise of freedom of expression:political harassment, rebellion, offenses against national symbols, insubordination, instigation, etc., could affect the exercise of freedom of expression because of their extent and vagueness.
  • The Communications Bill that will shortly be approved by the Assembly contains provisions that regulate the ethics of the media and journalists from the State, establishes programming quotas and regulate content.It could lead to the creation of a supervisory body whose independence from the Executive is being questioned and whose competency is not clearly defined.
  • Other laws and non-criminal regulatory bodies have also been approved with the aim of silencing debate and criticism.The Organic Electoral and Political Organizations’ Law (Democracy Code), whose last reforms took effect in February 2012, included provisions that lessened the press’ ability to report and express opinions during electoral periods.In October 2012 the Constitutional Court declared the partial unconstitutionality of the Reforms but kept in force the provisions prohibiting the press to «express an opinion for or against any candidate».
  • In regard to legal proceedings and judicial harassment against journalists presented as further liability, in 2012 there were 11 lawsuits in different forums:criminal, judicial, electoral contentious and constitutional.Also included are actions initiated by the Prosecutor’s Office.These processes were initiated after an opinion was expressed or information on matters of public interest was reported, a political position within an electoral process was declared or allegations of corruption were made.They all ended with convictions against the journalists or media outlets that were prosecuted.So far in 2013 three cases of sentences issued by high courts have been reported that threaten adherence to the right to free expression.

5. Recommendations related to the protection that the press and human rights defenders should have against acts of persecution and harassment, as well as guarantees for the work of NGOs in the country.

Recommendation:Create an enabling legal environment for civil society organizations to contribute to democratic governance by creating entry points for dialogue and refraining from restricting their freedom to operate independently and freely (Canada); facilitate that different civil society actors express their views and opinions with responsibility and objectivity (Holy See); protect human rights defenders and journalists against harassment and attacks and fully ensure freedom of assembly (Latvia); (Luxembourg); allow national and international human rights organizations the space to undertake their non-violent advocacy, campaigning, reporting and investigative work and that the Government of Ecuador engage constructively with human rights defenders in seeking solutions to address Ecuador’s human rights challenges (Norway).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since April 2012 the president of the Republic and several public officials have accused Fundamedios of being “guards of the Empire» and of engaging in acts to «destabilize the State».The allegations emerged through a diplomatic cable from the U.S. Embassy in Ecuador, which indicated that certain information had been provided by a “watchdog” organization.These accusations have persisted to date.The accusations also refer to an alleged triangulation of funds and subversive acts.Within the framework of these accusations some public officials have threatened to initiate investigations against Fundamedios, but have not provided any information about the existence of such processes.

The Ecuadorian president has engaged in similar actions to discredit and ridicule the president of the Ecumenical Human Rights Foundation, Elsie Monge, and the president of CONAIE.In 2102 Fundamedios reported that 20.8% of aggressions were acts of verbal harassment by the president and several public officials and so far in 2013 15 acts of harassment against the press have been reported and the use of national chains to insult, discredit or harass the press and human rights defenders constitutes 17,19% of reported aggressions.

232
Nelson Zavala. Foto: La Hora

“La tolerancia no puede existir para actos de inmoralidad, yo consideraré toda mi vida, conforme a mis principios que son bíblicos, que la homosexualidad es una acto de inmoralidad;

236

Censuras a los spots publicitarios de los candidatos; abuso en la utilización de recursos públicos especialmente de los canales de TV y otros medios en manos del Gobierno; denuncias de “campaña sucia