Informes

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Trece asesinatos a periodistas y reporteros gráficos se registraron en los últimos cuatro meses en Latinoamérica. De estas estadísticas -reportadas por diferentes organizaciones que monitorean las amenazas a la libertad de prensa en la región- se desprende que los países más violentos, por número de asesinatos son México (seis) y Honduras (tres). En Guatemala, Venezuela, Brasil y Ecuador también ocurrieron asesinatos a comunicadores sociales, uno en cada país entre mayo y agosto de 2012.

Al respecto, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, dijo durante la conferencia «Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión» -realizada a inicios de este mes en Tegucigalpa- que precisamente son México y Honduras los dos países que particularmente “preocupan” porque figuran en las estadísticas mundiales por la violencia contra los periodistas. “En ambos países se registran estadísticas trágicas porque además de que hay un nivel de violencia generalizado, hay en particular un nivel de violencia contra la prensa”, agregó.

Así también, Milton Coleman el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró -durante esa misma conferencia- que “América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo pues muchos crímenes de periodistas han quedado impunes”.

En el Balance anual 2011 que elaboró la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) sobre “Los diez lugares más peligrosos para los periodistas” se informó que en América Latina ocurrieron 18 asesinatos, convirtiéndola en la segunda región más violenta después de Oriente Medio.

Por su parte, en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión resaltó que al menos 28 comunicadores fueron asesinados en la región durante 2011 y varios más desaparecieron o tuvieron que trasladarse de sus lugares de trabajo.

A los asesinatos se suman otros actos de violencia contra comunicadores y medios. Por estas vulneraciones la Relatoría recomendó a los Estados miembros, entre otras cosas, “realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. (…) Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida”.

Además, la Relatoría llamó a los Estados a adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión y la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

México, el país más violento para los periodistas

En México, el último crimen ocurrido fue el del reportero gráfico Arturo Barajas, de 46 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado el 20 de agosto, en una carretera del estado de Michoacán. Barajas era un fotoperiodista que colaboraba en el Diario de Zamora y cubría asuntos relacionados con el narcotráfico.

A esta muerte se suma la del periodista mexicano Víctor Manuel Báez Chino, cuyo cuerpo fue hallado el 14 de junio en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Según informes de prensa local, el cadáver de Báez fue encontrado cerca a la plaza principal de Xalapa. Báez era editor de la sección de crimen de la edición digital del diario Milenio y editor de la página web Reporteros Policiacos, que también informa sobre crimen, según Milenio.

En esa misma zona de México también ocurrió la muerte de los fotógrafos Guillermo Luna, Gabriel Huge, de la agencia Veracruznews, y de Esteban Rodríguez, periodista del diario AZ, quienes fueron asesinados y encontrados el 3 de mayo de 2012 en un canal de aguas negras del municipio de Boca del Río, en Veracruz. Los dos primeros habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares.

Según medios locales mexicanos, el estado de Veracruz es considerado como uno de los lugares más peligrosos de ese país y del mundo para ejercer el periodismo, pues solo en 2011 fueron asesinados nueve reporteros y fotógrafos en esa zona en particular. Muchos de los crímenes están relacionados a bandas vinculadas con el narcotráfico.

El 18 de mayo de 2012, el cuerpo de Marcos Ávila García, reportero del periódico El Regional de Sonora y quien había sido previamente secuestrado, fue encontrado muerto a unos metros de la carretera que conecta los municipios de Guaymas y Empalme, se presume que las razones de su asesinato están vinculadas con su trabajo. La organización Artículo 19 repudió ese asesinato y lamentó la ausencia de respuesta oportuna para salvaguardar la integridad física de Ávila García.

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), denunció meses atrás la «masacre de periodistas» en México. Según ese organismo, a la decena de asesinatos registrados en lo que va de 2012, se suma la escalofriante cifra de 2011. Con el asesinato de 12 comunicadores sociales, ese país fue el año pasado el más mortal del mundo para los periodistas.

Honduras, el segundo país más peligroso para la prensa

El 7 de mayo de 2012 fue encontrado muerto el periodista Erick Martínez Ávila, oficial de Monitoreo, Evaluación y Relaciones Públicas de la agrupación gay, lésbico, bisexual y transexual Kukulcán. El cadáver fue hallado en una cuneta a orillas de la carretera que conduce de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El periodista habría anunciado semanas antes su postulación a una candidatura para diputado por el partido Libre, surgido a partir del golpe de Estado del 2009, desde donde representaría a la diversidad sexual del país.

En otro caso ocurrido en ese país, el 15 de mayo de 2012, fue hallado el cuerpo del periodista Alfredo Villatoro, coordinador de noticias de radio HRN, quien siete días antes había sido secuestrado. Según los datos de medicina forense, la víctima presentaba dos impactos de bala en el cráneo, así como golpes en el rostro.

Finalmente, el 8 de julio de 2012, el periodista Adonis Felipe Bueso Gutiérrez de radio Stereo Naranja, fue acribillado en la ciudad de Villanueva. Desde noviembre de 2003 hasta la fecha, la organización C-libre mantiene en sus registros la muerte violenta de al menos 28 comunicadores sociales.

Brasil lamentó la muerte de un periodista deportivo

Pese a que Brasil es un país con bajo nivel de violencia en contra de la prensa, el 5 de julio de 2012 fue asesinado el periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira en Goiânia, capital del estado de Goiás, quien trabajaba para la radio Oficial 820 AM y TV PUC.

Según reportó la red mundial de libertad de expresión IFEX, el asesinato de De Oliveira ocurrió a la salida del comunicador de una estación radial, cuando un sujeto a bordo de una moto le esperaba en la puerta. El periodista subió a su auto; al percatarse de las intenciones del delincuente trató de huir, pero perdió el equilibrio y se estrelló contra otro vehículo que estaba estacionado en la calle. En ese momento, su atacante se aproximó y le disparó varias veces mientras él pedía ayuda a través de su teléfono móvil. El asesino huyó en sentido contrario. A los cinco minutos llegó una ambulancia para socorrerlo, pero De Oliveira ya había muerto.

Guatemala reportó un asesinado a un periodista de televisión

El 19 de mayo de 2012, Yensi Roberto Ordoñez Galdámez, periodista de la cadena de televisión municipal Canal 14, fue encontrado asesinado en el departamento de Escuintla, al sur del país. Según medios locales, Ordóñez habría sido víctima de amenazas y chantajes relacionados con su actividad profesional; no obstante, por el momento no se ha establecido ningún móvil en este caso, aunque allegados al comunicador afirmaron que lo habrían extorsionado con una suma importante de dinero.

El periodista presentaba un programa informativo en Canal 14 y conducía un programa juvenil. Su cuerpo fue encontrado en un automóvil, con heridas de arma blanca, frente a una escuela donde daba clases. RSF pidió que no se descarte la pista profesional y que los responsables de este crimen sean identificados y juzgados lo más rápido posible.

En Venezuela fue asesinado un periodista crítico

En Venezuela se reportó un asesinato el 17 de mayo, cuando Wilfred Iván Ojeda, un columnista del periódico regional El Clarín, quien además era activista del partido opositor Acción Democrática y exmiembro de la legislatura estatal, fue encontrado muerto en la ciudad de La Victoria, estado Aragua.

Según diario El Nacional, Ojeda conducía su vehículo el 16 de mayo cuando fue interceptado por agresores no identificados. Un día más tarde, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con un disparo en la cabeza, amordazado y encapuchado.

El comunicador escribió una la columna semanal «Dimensión crítica» durante 22 años. Sus textos cubrían la política local, pero no se le consideraba exageradamente crítico. Según

RSF, en ese país tres periodistas han muerto debido a su trabajo desde 2002 y se cree que la muerte de Ojeda podría haber sido perpetrada por el crimen organizado.

En Ecuador se pide que asesinato de fotoperiodista no quede impune

El 1 de julio, asesinaron con nueve tiros al cronista gráfico Byron Bolívar Baldeón Solórzano, en un crimen estilo sicariato, en el cantón El Triunfo, ubicado a 61 Km de Guayaquil. Esto ocurrió al pie del domicilio del periodista, en las calles 25 de Agosto y Vicente Rocafuerte.

Sus amigos comentan que la mayor parte de su jornada de trabajo la compartía en las oficinas del UPC -Policía- y de la Comisión de Tránsito de la localidad, por su afán de captar primicias informativas para el diario Extra y el semanario Impacto, en donde colaboraba ocasionalmente con algunas notas de crónica roja. Se especula que su relación de amistad con la policía podría ser uno de los móviles para que se haya atentado contra su vida.

La última cobertura que realizó Baldeón antes de su muerte fue al mediodía de ese domingo, en el peaje de la vía El Triunfo-Bucay, sector que había sido cerrado por familiares de un ciudadano electrocutado en el recinto La Matilde, en protesta a una supuesta falta de atención del hospital de la localidad. Cerca de las 16:00, Baldeón se dirigió a su casa para salir a pasear con su conviviente, entonces recibió una sorpresiva llamada -clave para las investigaciones policiales- que entretuvo al fotógrafo unos segundos antes de que ingresara a su domicilio. En ese instante, dos presuntos sicarios, a bordo de una moto, le dispararon nueve tiros a quemarropa.

Según Robert Burbano Llerena, forense local, ocho de los disparos tenían orificio de salida: a la altura del corazón, tórax derecho, abdomen, hipocondrio izquierdo y derecho, pierna derecha y pulmón; además los peritos hallaron una bala incrustada en su cuerpo.

La madre de Baldeón, Rosa S. y sus nietas -hijas del fotoperiodista- lloran su muerte. Rosa admite tener miedo por lo que le sucedió a su hijo y cuando fue a El Triunfo a presentar la denuncia, que permanece en la Fiscalía local con el número 431 – 2012, las personas que se le acercaban le decían que su hijo era tranquilo y que, tal vez, lo mataron porqu que presentar unas fotos de su autoría a la fiscalía para esclarecer el robo de un contenedor con televisores, por el cual se capturó en mayo a tres policías en servicio activo y a dos civiles. Baldeón se había ofrecido voluntariamente a declarar como testigo ante la Fiscalía. Aún se investigan las causas y culpables de este crimen.

Organizaciones internacionales repudian el asesinato y exigen al Estado ecuatoriano que se investigue

Varias organizaciones se han pronunciado sobre este caso. Reporteros sin Fronteras pidió a las autoridades ecuatorianas que investiguen el crimen. «Tragedias como esta siguen siendo raras entre el gremio en Ecuador, afortunadamente. No obstante, es importante que se explore de forma prioritaria la pista profesional, teniendo en cuenta algunos de los acontecimientos recientes de los que la víctima tenía conocimiento», señaló el organismo en un comunicado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó este asesinato y pidió a las autoridades que indaguen el caso “con prontitud para juzgar, deslindar responsabilidades y conocer el móvil del crimen”. En un comunicado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, repudió lo sucedido e instó a las autoridades de la provincia del Guayas a «investigar de manera expedita este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables».

Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas para el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), aseguró que “el reportaje de Byron Baldeón sobre supuesta corrupción policial pone de relieve la vital importancia del periodismo local y los riesgos potenciales que acarrea esa labor”. Añadió: “Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas e instamos a las autoridades ecuatorianas a investigar este crimen de forma exhaustiva y a enjuiciar a los responsables».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el homicidio de Baldeón y llamó “a las autoridades a actuar de manera oportuna para establecer la autoría y las causas del crimen, juzgar y condenar a sus responsables y exigir de estos una adecuada reparación a los familiares de la víctima. La violencia contra los comunicadores no solo representa un ataque directo e inaceptable contra las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto, puesto que tiene un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas”.

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Los medios que reciben mayor pauta publicitaria, con 41 órdenes entregadas, son los medios en manos del Estado. El Telégrafo tiene siete órdenes; Ecuador TV y Cablevisión, seis; Gama TV, TC y Radio Pública, cinco; PP El Verdadero, cuatro, mientras que Editogran S. A. tiene dos y Radio Universal, una.

Esta información se desprende de las peticiones de acceso a la información que, entre mayo y junio, Fundamedios realizó a la Presidencia de la República, la Vicepresidencia y a 40 ministerios y secretarías de Estado que forman parte del Gobierno central para que entregaran una lista de los medios de comunicación a los cuales han asignado la pauta oficial. Cabe señalar que tanto la Presidencia como la Secretaría de Comunicación negaron la información, mientras 26 ministerios y secretarías entregaron los datos sin poner obstáculos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP).

Varios de los medios gubernamentales que reciben pauta publicitaria oficial fueron incautados por la cerrada Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), el 8 de julio de 2008, por mantener vínculos con el Grupo Isaías, cuyos accionistas mayoritarios afrontan juicios por peculado bancario. El Gobierno se había comprometido a re-privatizar estos medios en un plazo de seis meses.

El segundo grupo en recibir mayoritariamente la publicidad estatal es el llamado Canela Corp., con 30 contratos reportados. Canela TV tiene cuatro, radio La Otra cinco y Canela radio 21. La figura más visible de este medio y el supuesto real propietario es Jorge Yunda Machado, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) en este Gobierno, que a inicios de 2009 fue acusado de tener conflictos de intereses e incluso de haberse autoasignado frecuencias; esta información fue expuesta en el Informe de Auditoría de Frecuencias ordenado por la Asamblea Constituyente de 2008.

A estos medios le siguen los del Grupo Ecuavisa-Vistazo y Grupo El Comercio con 12 contratos publicitarios, mientras que el Grupo Sonorama- Canal Uno tiene 11; el canal de TV RTS, cinco contratos y Teleamazonas, cuatro.

De las 26 instituciones del Gobierno central que respondieron a las peticiones de acceso, 14 dicen estar pautando en medios de comunicación con un total de 630 órdenes de publicidad a nivel nacional distribuidas de la siguiente manera: radio 382 contratos, televisión 128, prensa 73, revistas 21, agencias publicitarias 11, publicidad en exteriores 6, empresas de internet 5, salas de cine 4.

Por otro lado, se pudo determinar que la entidad que más pauta es la Vicepresidencia: 301 contratos de publicidad entregados a nivel nacional.

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Los medios con menor pautaje publicitario

De la información entregada por las instituciones, el estudio arroja que los medios con menor pauta estatal son el Grupo Granasa (Expreso, Extra) con dos contratos; Grupo diario La Hora y revista Vanguardia, con uno, mientras que diario El Universo no tiene ningún contrato. Todos estos medios han sido descalificados por el presidente Rafael Correa en diversas intervenciones públicas por su línea crítica al régimen. Asimismo, en necesario señalar que El Universo afrontó una demanda por injurias interpuesta por el Presidente de la República, quien pidió una indemnización de 80 millones de dólares.

Dicha demanda fue iniciada en contra de sus tres directivos y su editor de opinión, Emilio Palacio. Los cuatro fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, pero el 27 de febrero de 2012 el Jefe de Estado anunció un «perdón sin olvido».

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La baja publicidad oficial en medios de comunicación privados como diario Hoy, El Comercio, El Universo, La Hora, Ecuavisa y Teleamazonas ya era evidente, incluso antes de que el Primer Mandatario anunciara oficialmente que el Gobierno ya no pautará en esos medios. Este anuncio lo hizo el 28 de julio de 2012, en uno de sus enlaces sabatinos.

Ese día, Rafael Correa ordenó a Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, retirar la publicidad de varios medios: «De ahora en adelante usted no manda publicidad oficial a los medios mercantilistas, porque no tenemos por qué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar los negocios de seis familias de este país. (…) De aquí en adelante cero publicidad oficial en los medios mercantilistas, para ver si hacen la comunicación por vocación o por negocio», decretó el Mandatario.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en el artículo 13.3, una prohibición expresa a los llamados “mecanismos indirectos” de restricción del derecho a la libre expresión, en el sentido de que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Entre los mecanismos indirectos de restricción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado casos en los que ciertos Gobiernos pretenden silenciar la crítica y la denuncia sobre asuntos de interés público mediante el manejo discriminatorio de la publicidad oficial. Desde 2003 ha abordado la problemática del mal manejo de la publicidad oficial por parte del Estado y su impacto negativo en el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión.

El carácter no taxativo del numeral 3 del artículo 13 de la CADH, evidencia que pueden existir otros mecanismos, además de los mencionados en su texto, mediante los cuales se podría limitar arbitraria e ilegítimamente la libertad de expresión. En general, cualquier acción encaminada a frustrar, obstruir o impedir el libre flujo de ideas y opiniones constituye una restricción indirecta, contraria al legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

La dificultad mayor que presenta este tipo de actos arbitrarios es lo difícil que resulta identificarlos, pues “suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional”. Así, el hecho de que los funcionarios públicos estén envestidos con autoridad para tomar estas decisiones, no hace que las mismas sean, por sí mismas, constitucionales o coherentes con las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos. No obstante, denunciarlos suele dificultarse por la máscara de legitimidad del cual las mismas gozan.

Ecuador: Sin criterios claros para el reparto de publicidad estatal

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó recientemente un estudio sobre el tema, en el cual se establecieron además principios básicos para un manejo plural y no discriminatorio del pautaje estatal que no cause un detrimento al derecho a la libre expresión (1).

Entre los principales criterios están:

1. Los Estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta, en cada uno de sus niveles de gobierno. Dichas normas deberían definir claramente qué se entiende por pauta oficial y establecer sanciones adecuadas para su incumplimiento.

2. Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

En particular, la Relatoría enfatiza que “no deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social”, y “no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el Gobierno o de sus intereses”.

3. La Relatoría reitera que la publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

4. Es necesaria una adecuada planificación de la pauta, que permita el control público.

5. Los Estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre pauta oficial y garantizarla ante cada requerimiento por parte del público en general.

6. Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.

Al ser consultado por la organización Instituto Internacional de Prensa (IPI) sobre el manejo de la publicidad oficial en los medios, el Secretario de Comunicación, declaró que existen “criterios importantes” para la distribución de la pauta oficial. El primero es tratar de llegar a la mayor parte de la población”, puesto que tienen un “mensaje que difundir”. Aclaró que el Estado invierte incluso en “canales o medios que son abiertamente opositores al Gobierno”.

El segundo criterio expuesto por el funcionario es que el régimen busca “tratar de ayudar a los pequeños medios” para lo que se reserva “un porcentaje no muy amplio, para poder entregar inversión publicitaria, diversificarla a nivel regional para el desarrollo de estos pequeños medios, que definitivamente necesitan fondos para ejercer su labor periodística”. Los datos obtenidos mediante peticiones de acceso revelan que en la actualidad los ministerios están entregando publicidad oficial a medios regionales y pequeños. Alrededor de 180 reciben este tipo de pautaje.

De la información entregada se desprende que uno de los criterios expuestos por Alvarado – para la designación de pauta estatal- se cumple, pues aparecen asignaciones de pautaje oficial en medios regionales en menor cantidad; entre ellos:

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En muchos casos, la publicidad proveniente del Estado representa para los medios una forma de ingresos significativa, hasta el punto de que sus operaciones dependen en gran medida de la posibilidad de contar con el dinero que perciben por este pautaje. En estos casos, la remoción de la publicidad oficial puede implicar el cierre inminente de un medio de comunicación, afectando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión.

La asignación de la publicidad oficial es, en la mayoría de los países del hemisferio, una facultad discrecional de las autoridades públicas. Salvo Canadá y Perú -donde se han adoptado leyes específicas encaminadas a regular la manera como se asigna, distribuye y retira la publicidad del Estado- en el resto de países el procedimiento depende solamente de la discreción de las autoridades. Incluso cuando la existencia de facultades discrecionales no es, per se, contraria a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, pueden convertirse en un inconveniente cuando en el ejercicio de las mismas se afectan derechos fundamentales.

Así, se ha observado que en muchos Estados la asignación de publicidad oficial a medios de comunicación es un mecanismo para premiarlos o castigarlos según su línea editorial. En particular, la remoción de publicidad oficial a partir de una postura o línea editorial crítica, con el fin de “ahogar” la posibilidad del medio de debatir asuntos de interés público, ha sido cuestionada en varias ocasiones por la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Para que la administración de la publicidad oficial no se constituya en un mecanismo de restringir ilegítimamente el derecho a la libre expresión, la misma debe seguir lineamientos básicos, aun cuando no exista en el país legislación expresa para regular el tema.

Es importante que la publicidad alojada en los medios por parte del Estado persiga un fin legítimo. Esta debe servir como mecanismo de rendición de cuentas o para informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público; no debe constituirse en una herramienta mediante la cual el Gobierno de turno pueda hacer proselitismo en favor de su partido, o incurra en actos de señalamiento, estigmatización y discriminación de la oposición.

La asignación, distribución y remoción de publicidad oficial debe responder a criterios objetivos, teniendo en cuenta el principio de igualdad y no discriminación; sin perjuicio de la facultad discrecional del Estado de alojar su publicidad de acuerdo con las necesidades de comunicar a la población, ello no debe llevar a un ejercicio arbitrario y abusivo de la misma. En este sentido, la asignación de publicidad estatal para castigar o premiar a los medios según su línea editorial es una violación al derecho a la libre expresión; además constituye un trato discriminatorio e injustificado en perjuicio.

Notas: 

1 Pdf: Principios Sobre Regulación de la Publicidad Oficial en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: http://www.fundamedios.org/monitoreo/PRINCIPIOS%20SOBRE%20REGULACI%d3N%20DE%20LA%20PUBLICIDAD%20OFICIAL.pdf

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¿Se ha enterado sobre detalles específicos de los avances del proyecto Coca Codo Sinclair? ¿Qué sabe acerca de los últimos indicios en las investigaciones del caso de la ‘narcovalija’? ¿Conoce las nuevas medidas y convenios para combatir la inseguridad en el país y sus fronteras? Si la respuesta es negativa, no es su culpa.

Esto se debe a que desde hace un mes y cinco días, el gobierno del presidente Rafael Correa ordenó que los ministros de Estado no den declaraciones a medios de comunicación privados.

En este período, apenas tres ministros han concedido entrevistas a medios independientes. Así lo revelan datos del informe del monitoreo que realizó el Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un área de trabajo de Fundamedios.

El OME contabilizó 800 entrevistas, realizadas entre el 14 de junio y el 30 de julio de 2012, de una selección de medios televisivos y radiales, privados y estatales, escogidos por ser los de mayor audiencia o los más representativos.

La muestra incluyó a Ecuavisa, Telerama, RTU, Teleamazonas y las radios Democracia, Quito, Visión y City. Así como los medios gubernamentales o incautados Ecuador TV y Gama TV, que incluyen espacios de entrevistas en sus noticieros. En esta ocasión no se monitorearon medios impresos.

Los tres ministros que acudieron a medios privados fueron Jaime Guerrero, de Telecomunicaciones, la ministra coordinadora de la Política Betty Tola y Marcela Aguiñaga, de Ambiente. Mientras tanto, 19 funcionarios acudieron a medios estatales: Doris Soliz, ministra de Inclusión Económica y Social; el ministro de Recursos no renovables, Wilson Pástor; del Interior, José Serrano; el canciller Ricardo Patiño; de Transporte y Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte; de Electricidad, Esteban Albornoz; de Educación, Gloria Vidal, de Deporte, José Francisco Cevallos; la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola; de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, el ministro coordinador de la Producción, Santiago León y de Conocimiento y Talento Humano, Augusto Espinoza.

Esto nos lleva a una primera conclusión general: la orden presidencial se cumplió casi sin excepciones, dando como resultado procesos de censura previa, discriminación y desinformación a los ciudadanos que prefieren los medios privados para informarse, como en su momento se pronunció FUNDAMEDIOS.

Los antecedentes

La posibilidad de aplicar la veda informativa sobre los medios que el Presidente califica de «mercantilistas» la anunció el mismo Correa durante el enlace sabatino nº 275, el 9 de junio de 2012. Esta disposición presidencial (1) fue sustentada bajo el argumento de que otorgar entrevistas a medios de comunicación privados “contribuye a llenarles el bolsillo a seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional” (2).

Si bien el anuncio fue planteado en el enlace sabatino como una medida a considerar y no una decisión tomada, a los dos días del anuncio, José Serrano, ministro del Interior, canceló una entrevista programada en Ecuavisa, a pesar de que minutos antes había acudido a radio Democracia. Cuando se le preguntó sobre esta situación dijo que «no tenía por qué darle explicaciones a Pinargote (el entrevistador de Ecuavisa).

El viceministro de Seguridad Interna, Xavier Córdoba, y Fander Falconí, titular de Senplades, siguieron su ejemplo y se excusaron de asistir a las radios Quito y Visión, pese a que las entrevistas en esas emisoras ya habían sido pactadas con anterioridad.

Asimismo, la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, declaró que no daría entrevistas a los medios privados, debido a que «los ministerios deben priorizar la relación con los medios públicos y comunitarios para fortalecer su labor».

Otro caso notorio fue el de Jaime Guerreo, ministro de Telecomunicaciones, quien en la primera semana aceptó ser entrevistado en radio Quito, para defender el cierre masivo de radiodifusoras y canales de TV; sin embargo, envió a un asesor para que rindiera cuenta de los actos del ministerio a su cargo.

La predisposición de los funcionarios para restringir información a los medios privados era evidente y, solo cinco días después del anuncio presidencial, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, confirmó tal prohibición en la inauguración de un programa de TV del medio oficial El Ciudadano, que fue presentado justamente como el mecanismo que se utilizaría para que los funcionarios «rindieran cuentas».

Para oficializar la medida, el Secretario de Comunicación indicó que “los funcionarios gubernamentales solo darán entrevistas a medios privados que no son mercantilistas ni han jugado con el poder mediático para hacer negocios con el Estado, para poner o sacar ministros, para incidir a favor o en contra de una tendencia política en la opinión pública” (3) no especificó a quienes se refería.

Más tarde, el Presidente señaló que los medios mercantilistas eran aquellos que pertenecían a seis familias que “han lucrado con la comunicación”. Concretamente se habló del Grupo El Comercio (con sus radios Quito y Platinum), El Universo (que incluye a Radio City), La Hora (con revista Vanguardia), Diario Hoy, Ecuavisa (de la que forma parte revista Vistazo) y Teleamazonas. No obstante, como revela el monitoreo, la medida se extendió a otros medios privados.

De acuerdo a la disposición, el Gobierno elegiría a quienes darían entrevistas los funcionarios (4) pues -según las declaraciones- se quiere evitar que los medios privados “tengan la primicia en ciertos temas” (5). No obstante, se dijo, la medida no implica la prohibición para cubrir actos oficiales, inauguración de obras públicas y eventos similares (6).

A pesar de que el Ejecutivo no cree que la medida atenta contra la libertad de expresión, esta ha sido rechazada abiertamente por organizaciones que la defienden, como AEDEP y Fundamedios, además de gremios de medios y asociaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que “la medida del Gobierno ecuatoriano no solo es discriminatoria, sino que incumple con principios de la ley de Acceso a la Información Pública del Ecuador y comete graves faltas contra el principio de transparencia que tienen por mandato los servidores públicos en una democracia” (7).

La medida se aplica a rajatabla, o casi

Los resultados del informe del monitoreo del OME revelan que la prohibición no solo fue acatada por los ministros de Estado; fue ampliamente obedecida por otros funcionarios de alto rango. Así, solo 10 entrevistas fueron concedidas a medios privados por parte de funcionarios del Gobierno central. En cambio, en los medios públicos, altos los funcionarios -no ministros- acudieron a 27.

Si se toman en cuenta las declaraciones concedidas por funcionarios que no pertenecen al Gobierno central, como la consejera del CNE Nubia Villacís, el superintendente de Telecomunicaciones Fabián Jaramillo o el fiscal de la Nación Galo Chiriboga, se tiene como resultado que acudieron a 67 entrevistas en los medios privados, en tanto que a los públicos fueron en 39 ocasiones.

La proporción cambia si se considera las entrevistas a asambleístas y líderes políticos que se califican de oposición. Estos actores informativos acudieron a 207 entrevistas en los medios privados monitoreados. No obstante, solo fueron entrevistados en tres ocasiones en los medios gubernamentales, contrariando el principio de pluralismo que deben observar los medios del Estado en sus líneas editoriales.

La medida de restricción de información ha generado cambios en las agendas de los medios privados. Si bien se siguen analizando temas de la coyuntura política nacional, ya no siempre se lo hace con quienes la protagonizan, sino mediante la opinión de terceros.

La situación se refleja con absoluta claridad en este dato: casi la mitad de las 333 entrevistas realizadas en los medios privados monitoreados por el OME fueron conversaciones con analistas políticos, económicos y juristas que no se identifican o están afiliados con un partido político determinado. Los medios estatales también se sustentan en este tipo de actores, pues 40 de 125 entrevistas fueron hechas a analistas.

El monitoreo registró 55 entrevistas en medios privados a asambleístas de Alianza País y líderes políticos del Gobierno. En cambio, estos actores solo acudieron en 16 ocasiones a los medios públicos. Este grupo correspondería a quienes están en desacuerdo con la decisión que adoptó el presidente Correa. El asambleísta Mauro Andino, un día después del anuncio de la medida, manifestó: “Yo respeto, comprendo por qué ha tomado esta decisión ya que ciertos medios y periodistas manipulan la información pero por el bien del país, por el bien de la información, por el bien de la democratización de la información, obviamente que la información debe fluir”.

Actores principales en medios de comunicación:

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Los derechos vulnerados

La posibilidad de acceder a información pública es un mecanismo de ejercicio de la libertad de expresión, el cual debe estar regido por el principio de máxima divulgación, “reconocido en el Sistema Interamericano como rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana”. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones” (8).

Si bien el derecho de acceso a la información ha sido entendido como la posibilidad de acceder a los documentos que constan en instituciones públicas, su definición no excluye aquella que pudiera ser obtenida a través de funcionarios públicos en el marco de entrevistas y reportajes. Así, la sección considerativa de la Ley Modelo de Acceso a la Información indica que “el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio” (9).

Lo anterior responde al carácter público de la información que, por el ejercicio de sus funciones, poseen ciertos funcionarios. Tomando en cuenta que es la ciudadanía la que los ha envestido de esta autoridad, es lógico que sea la misma la que solicite una permanente rendición de cuentas. Los medios de comunicación constituyen un importante mecanismo para este fin. Es importante aclarar que las declaraciones emitidas a solicitud de un medio o un periodista no constituyen una rendición de cuentas a ese medio o comunicador, sino a las personas que se informan a través de ellos y a la sociedad en general.

El Art. 23 de la Ley Modelo de Acceso a la Información ha reconocido la labor de los medios de comunicación para una efectiva rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso a la información, estipulando que:

“Las investigaciones periodísticas, y en general de los medios de comunicación colectiva, sobre las actuaciones, gestiones y cumplimiento de las competencias públicas conferidas a los órganos y entes indicados en el artículo primero de esta ley, son manifestación de una función social de un valor trascendental para el ejercicio del derecho de recibir información veraz, completa y debidamente investigada acorde con los preceptos constitucionales que regulan el derecho de información y de acceso a las fuentes públicas”.

La Corte Interamericana ha indicado que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública” (10). El estrecho vínculo entre la libertad de expresión y la democracia radica en que el ejercicio ciudadano de elegir y tomar decisiones en virtud de sus derechos políticos depende necesariamente de la posibilidad que tengan de conocer e informarse sobre el contexto sociopolítico sobre el cual van a decidir. La creación y fortalecimiento de la opinión pública depende en gran medida de la existencia de diversas fuentes de información a su alcance.

Desde su primer pronunciamiento en la materia, la Corte Interamericana ha reconocido que -en el marco del ejercicio al derecho a la libertad de expresión-los grupos, gremios, partidos políticos y demás sectores sociales pueden difundir sus ideas con el fin de influir en la opinión pública. Lo anterior es independiente de si tales grupos comparten o no una línea de pensamiento ideológico con el gobierno de turno (11).

Así, se ha reconocido la importancia de quienes ejercen la comunicación social para el desarrollo de la democracia (12). La Corte Interamericana ha sostenido que el periodismo es la manifestación principal del ejercicio a la libre expresión y en virtud de ello no es posible asimilarla a un simple bien público, ni someterla a las mismas condiciones que rigen la administración de dichos bienes (13). Por lo anterior, el ejercicio del periodismo, como una manifestación del derecho convencionalmente reconocido de buscar, recibir y difundir información, debe ser garantizado en todas sus formas y sin discriminación de ninguna índole (14).

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha reconocido el papel protagónico que los medios audiovisuales juegan en el fortalecimiento democrático. Ha indicado al respecto que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, es una garantía fundamental para que pueda realizarse adecuadamente el proceso de deliberación colectiva sobre los asuntos públicos” (15).

De lo anterior se desprende que existe una obligación del Estado de garantizar que todos los medios de comunicación puedan operar adecuadamente, sin trabas ni obstáculos de ningún tipo. Esta obligación no puede estar sujeta a la naturaleza del medio (público, privado o comunitario), ni a su línea editorial o al contenido de su programación, en virtud del principio de igualdad y no discriminación. Al respecto, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas y la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa resaltaron la “importancia de proteger a los medios de comunicación de radio y televisión, tanto públicos como privados, de interferencias de naturaleza política o comercial” (16).

La Ley Modelo de Acceso a la Información Pública -creada por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA como lineamiento base para la creación de normativa legal en materia de acceso a la información en el Hemisferio- reconoció que debido al “carácter realizador de derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y al de promoción de las libertades públicas, que tiene la actividad de los medios de comunicación colectiva, esta debe recibir una especial protección y apoyo por parte de las autoridades públicas” (17). Si bien el Artículo 24 de esa misma Ley Modelo establece lineamientos generales para el ejercicio de un periodismo responsable, ello no inhibe el derecho de medios y comunicadores de acceder a la información, ni el deber correlativo de los funcionarios públicos de garantizar el ejercicio de este derecho (18).

Con respecto al derecho de igualdad y no discriminación de quienes ejercen la comunicación social, la Corte Interamericana ha sostenido la necesidad imperiosa de que en una sociedad democrática se proteja y garantice el trabajo de los medios de comunicación que son críticos al Gobierno, pues “el disenso y las diferencias de opinión e ideas son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedad democrática” (19).

Por su parte, la Relatoría Especial ha indicado que un tratamiento diferenciado por razón de la pertenencia de una persona a un medio de comunicación que tenga una línea editorial crítica o independiente, puede quedar comprendido en la categoría prohibida de trato diferenciado por “opiniones políticas”, consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana” (20).

Por tanto, “el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo” (21). La Corte Interamericana, además, ha sostenido que las mejores vías para contribuir al debate son aquellas que permiten que los medios cumplan escrupulosamente su labor de informar a la población (22).

Notas

  1. El Tiempo. “Gobierno no concederá entrevistas”. Publicado el 14 de junio de 2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98811-gobierno-no-concedera-entrevistas/.
  2. Diario Expreso. “Alvarado confirmó que gobierno no concederá entrevistas a medios privados con fines de lucro”. Publicado el 13 de junio de 2012. Disponible en: http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=3410519&tipo=2. El Tiempo. “Gobierno no concederá entrevistas”. Publicado el 14 de junio de 2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98811-gobierno-no-concedera-entrevistas/.
  3. El Comercio. “Alvarado anuncia que los funcionarios de gobierno solo darán versiones a medios públicos y estatales”. Publicado el 13 de junio de 2012. Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/Fernando-Alvarado-funcionarios-gubernamentales-estatales-entrevistas-medios-TV-prensa_0_718128225.html.
  4. Diario Hoy. “Gobierno elegirá a qué medios irán sus funcionarios”. Publicado el 13 de junio de 2012. Disponible en: http://demo.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gobierno-elegira-a-que-medios-van-sus-funcionarios-551002.html.
  5. El Mercurio. “Analizan clasificar a los medios”. Publicado el 15 de junio de 2012. Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/336871-analizan-clasificar-a-medios.html.
  6. El Mercurio. “Analizan clasificar a los medios”. Publicado el 15 de junio de 2012. Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/336871-analizan-clasificar-a-medios.html.
  7. Sociedad Interamericana de Prensa. “Preocupa a la SIP discriminación del presidente Rafael Correa contra ciudadanos ecuatorianos”. Publicado el 14 de junio de 2012. Disponible en: http://www.sipiapa.org/v4/comunicados_de_prensa.php?seccion=detalles&id=4729&idioma=sp.
  8. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92.
  9. Secretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. Ley Modelo de Acceso a la Información Pública.
  10. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Pár. 70.
  11. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Pár. 70.
  12. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Pár. 349. Declaración Conjunta sobre la regulación de los medios, las restricciones a los periodistas y la investigación de la corrupción. Adoptado en el año 2003. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=88&lID=2.
  13. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Pár. 71.
  14. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 71.
  15. CIDH/Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 3/09. 30 diciembre 2009. Párr. 5.
  16. Declaración Conjunta sobre la regulación de los medios, las restricciones a los periodistas y la investigación de la corrupción. Adoptado en el año 2003. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=88&lID=2.
  17. Secretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. Ley Modelo de Acceso a la Información. Art. 23. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf.
  18. Art. 24 de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública:
  19. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Pár. 62.
  20. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Pár. 349.
  21. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Pár. 106. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Pár. 34.
  22. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Pár.115.

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“Manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas” son algunas de la expresiones utilizadas, en distintas intervenciones públicas, por Rafael Correa y otros altos funcionarios del Gobierno para atacar, insultar y desacreditar a periodistas, medios de comunicación y opositores. Este discurso ha sido adoptado también por los seguidores del Presidente.

Recientemente, se ha advertido la tendencia por parte de algunos empleados públicos de utilizar mecanismos de comunicación estatal -cuyo objetivo principal debería ser el convertirse en un mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad-para señalar, estigmatizar y hostigar a quienes cuestionan o critican su gestión, abusando de su derecho legítimo de expresarse.

Al respecto, los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han reiterado el especial cuidado que deben tener los funcionarios públicos al momento de ejercer su derecho a la libre expresión. Tanto la Comisión como la Corte han indicado que

(…) cuando los funcionarios públicos ejercen su libertad de expresión, sea en cumplimiento de un deber legal o como simple ejercicio de su derecho fundamental a expresarse, están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos (1).

El discurso estigmatizador puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, se ha observado una tendencia a desacreditar la crítica, la oposición y el cuestionamiento mediante la acusación pública a medios de comunicación y defensores de derechos humanos de cometer actos al margen de la ley, desacreditando con ello su trabajo y denuncias. Al respecto, la Comisión Interamericana ha indicado que “los funcionarios públicos no pueden vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente” (2).

Es preciso destacar que el Estado es el principal garante de los derechos fundamentales. Las obligaciones generales de respeto y garantía deben ser cumplidas, en primer lugar, por sus agentes y funcionarios. En materia de libertad de expresión y protección a derechos de terceros, esta obligación se materializa mediante la debida diligencia que el funcionario público debe tener al momento de difundir ideas y pensamientos, con el fin de que su discurso no se convierta en un mecanismo estigmatizador, de hostigamiento, señalamiento, criminalización e intimidación (3).

La protección a los derechos de terceros exige que el discurso de funcionarios públicos esté sujeto a condiciones especiales. Esto debido a que el impacto que las declaraciones de ciertas autoridades, funcionarios o líderes políticos puedan tener en los derechos de personas o grupos es mayor que aquellas emitidas por un ciudadano común, por su alcance masivo y su capacidad de influir en quienes las escuchan.

Pero ¿qué sucede cuando el discurso estigmatizador se convierte en parte de la estrategia política y comunicacional de un Gobierno? Esto es lo que podría estar sucediendo en Ecuador. El periodista Boris Muñoz, en el artículo «Ecuador se fue a la guerra» publicado en la revista Gatopardo de julio – agosto, edición de México, recoge las declaraciones de Fernando Alvarado, actual secretario de Comunicación: «Había que polarizar. Después, me diría que la política es un ring en el que hay que vencer al contrario. Tienes que derrotarlo en sus aspiraciones, intereses y privilegios. Tienes que ubicar al contrario en la otra esquina. Allí está la polarización». Más adelante, en la misma crónica periodística, el Secretario utiliza una metáfora para explicar con mayor claridad su estrategia: los medios privados eran como «una maleza que había que limpiar». “Le dije al presidente que la maleza siempre está allí, y siempre iba estar, y que en consecuencia sólo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola sólo de vez en cuando […] El otro camino era sacarlos de la cancha». Alvarado, según este texto, recuerda haberle dicho al Presidente: «Pero para eso tiene que cortar la maleza y podarla todos los días porque no se va a morir. Luego tiene que sembrar flores y frutos, lo que significa fortalecer los medios regionales para que haya pluralismo. Si no lo hace, la maleza regresará y lo tapará».

La utilización de este tipo de lenguaje, desde las más altas autoridades del Gobierno, en contra de todos aquellos a quienes consideran sus “opositores políticos” se incrementó. Se conoce que, hasta 2011, el número de insultos utilizados por el presidente Correa en contra de periodistas y medios de comunicación bordeaba los 170, según diversos conteos, como el publicado en este enlace. Muchas expresiones ofensivas han sido asumidas por ciudadanos comunes como parte de las expresiones coloquiales. Al punto que hoy en Ecuador es casi imposible mencionar la palabra «prensa» sin pensar en el calificativo presidencial de «corrupta».

Un ejemplo de cómo va permeando a todo nivel el discurso estigmatizador son los comentarios vertidos por algunos de los seguidores de la cuenta libertadorbolivartelevision, de YouTube. En ella se presentan los videos expuestos en el segmento “la libertad de expresión ya es de todos”, que se transmite en la parte final de los enlaces sabatinos del presidente

Rafael Correa, como un segmento dedicado exclusivamente a cuestionar y desacreditar los comentarios y noticias publicadas por los medios privados del país y sirve de plataforma abierta para que los usuarios se refieran en duros términos a los supuestos opositores.

El 25 de junio, la mencionada cuenta de YouTube colgó el video expuesto durante el enlace sabatino 277: USAID capacita a periodistas para «fortalecer la Democracia”.

Este documento trata sobre los aportes entregados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a Fundamedios, para financiar proyectos de fortalecimiento a la sociedad civil que, según el Gobierno, están siendo utilizados para desestabilizarlos.

A propósito de ese material audiovisual, el usuario jupiter3486 comentó:

jupiter

En otro ejemplo, en un video publicado en misma cuenta, bajo el título Iván Flores No reniega, No rechaza, se cuestionó la intervención que dio el editor de la revista Vanguardia, en radio Visión, sobre la decisión del presidente Correa de presentar las fotos de los periodistas que él considera “corruptos”. Al respecto, el usuario gfbn1998, escribió:

golpiza

Este tipo de comentarios también se repitieron el 02 de julio de 2012, cuando se colgó el video La mala fe de Martín Pallares -editor multimedia de El Comercio y columnista de opinión de la sección “Al Cierre de la Semana”, que se publica en el mismo diario- para criticar las opiniones vertidas por el periodista sobre el pedido de asilo de Julián Assange. El usuario TheRichestCadaver, comentó:

martin

En un clima de alta polarización social, los pronunciamientos de los funcionarios públicos pueden, si no crear, contribuir a acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas señaladas en el discurso oficial.4 Tanto la Relatoría Especial como la CIDH han constatado que los discursos oficiales aumentan la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación y, con ello, el riesgo de sufrir afectaciones de sus derechos fundamentales.5

Lo anterior resulta particularmente grave cuando tal discurso pretende amedrentar a quienes tienen una posición crítica frente al Gobierno, con el fin último de silenciarlos. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han sostenido que los funcionarios deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse de que sus declaraciones no constituyen “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento” (6).

Si bien el tipo de discurso al que nos referimos no alcanza a constituir una instigación al genocidio -y no siempre es un llamado directo a la violencia contra las personas o grupos señalados- sí constituye una amenaza a sus derechos fundamentales. La Corte Interamericana indicó en dos casos recientes que “si bien los discursos oficiales no habían autorizado, instigado, ordenado, instruido o promovido la violencia contra las víctimas, sí las habían puesto en una situación de mayor vulnerabilidad frente al Estado y algunos sectores sociales” (7).

La Corte además señaló la gravedad del discurso oficial estigmatizador indicando que “era suficiente la mera percepción de la identidad ‘opositora’, ‘golpista’, ‘terrorista’, ‘desinformadora’ o ‘desestabilizadora’, proveniente principalmente del contenido de los referidos discursos, para que ese grupo de personas corrieran el riesgo de sufrir consecuencias desfavorables para sus derechos, ocasionadas por particulares”.8

De lo anterior se desprende que si bien los funcionarios públicos o líderes políticos tienen derecho a la libre expresión, su ejercicio debe llevarse a cabo con especial cautela, en observancia a la difusión masiva que se les da a tales expresiones y tomando en cuenta el mayor grado de influencia que estas ejercen en la población. Por ende, un discurso que señale, estigmatice, criminalice u hostigue a personas o grupos en razón de las críticas que realicen a los gobernantes de turno constituye una brecha en la obligación general del Estado de proteger a todas las personas, sin discriminación, de posibles violaciones a sus derechos fundamentales.

La experiencia regional ha demostrado que el discurso estigmatizador tiene una relación directa con actos de agresiones -ya sea por parte de particulares o agentes estatales- contra periodistas, líderes sociales o activistas de derechos humanos. Asimismo, cuando este discurso es utilizado para acusar a estas personas o grupos de actos al margen de la ley, constituye una violación al principio de presunción de inocencia y, en determinados casos, una injerencia arbitraria en la función de los órganos de administración de justicia.

Cuando la intolerancia llega a las redes sociales

En páginas como Facebook o Twitter se pueden encontrar usuarios que de manera sistemática comentan en términos duros y hasta insultantes en contra de periodistas, figuras públicas, políticos y ciudadanos. En la mayoría de los casos, dichas cuentas replican sus comentarios en varios usuarios que opinan diferente a ellos. Incluso han llegado a organizarse para lograr que se bloquee a alguna persona que les es molesta por sus opiniones.

Este es el caso de la tuitera María Aguilar, quien fue víctima de amenazas y ataques provenientes de este tipo de cuentas que lograron, por un tiempo, silenciar su voz crítica en esta red, al ser reportada masivamente como una spamer o cuenta basura.

Aguilar aseguró a FUNDAMEDIOS que el 28 de abril su cuenta @mariadlpilarag fue bloqueada por haber sido reportada por otros usuarios. Al día siguiente, esta tuitera se abrió una segunda cuenta: @m_maria1978 que fue suspendida de la misma manera que la anterior. Atribuye estos ataques a trolls empleados por el Gobierno, cree que este tipo de ataques virtuales son una forma de amedrentamiento. “Habitualmente recibo mensajes obscenos e insultantes. Basta con que cuestione algo para que empiecen con los ataques”.

Una muestra de ello son los mensajes que recibió Aguilar desde la cuenta @DEGENERATION_X quien inició una campaña para animar a otros usuarios a que la bloqueen. Estos fueron algunos tuits publicados por dicho usuario: “Amigos, síganle dando block y spam a esta cuenta por mentirosa, injuriadora y por ser troll de Carlos Vera. Insulta al Presidente”; “denuncio a este troll de Carlos Vera que vive acosando y amenazándome a diario desde varias cuentas”. Acto seguido, este mismo usuario escribió: “bloqueada te fuiste muchachilla”.

También ha recibido mensajes amenazantes como el del usuario @FranKreedGod, quien a su vez mencionó a @DEGENERATlON_X y escribió: “@m_maria1978 no te metas con nosotros te vas a violar”.

Pese a que ya ha reactivado sus cuentas, Aguilar comenta que este tipo de comportamiento es habitual cuando cuestiona situaciones de coyuntura y lamenta el nivel de involución del debate y la opinión pública en las redes.

Notas

  1. Corte I.D.H., Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 139. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 diciembre 2009. Párr. 202.
  2. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 diciembre 2009. Párr. 203.
  3. Un General Assembly. Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. A/65/284. August 11, 2010. Ver también, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 diciembre 2009. Párr. 178.
  4. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 diciembre 2009. Párr. 204.
  5. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 diciembre 2009. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Ver también Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.
  6. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Pár. 154. Ver también Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 139.
  7. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Ver también Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.
  8. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Ver también Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.

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“Continuar trabajando con profesionalismo, equilibrio y equidad” es la respuesta que dan algunos editores de noticias de los principales medios privados ecuatorianos para afrontar, durante períodos electorales, las posibles limitaciones al trabajo periodístico.

Al respecto, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que establecen la censura previa al trabajo de comunicadores, durante procesos electorales, se pronunció cuestionando su legalidad. Estas reformas fueron introducidas, a través de un veto presidencial, al llamado «Código de la Democracia».

Estas restricciones se ponen en vigencia luego de que la Corte Constitucional decidió, el pasado 12 de julio, levantar las medidas cautelares que suspendían la aplicación de las reformas a los artículos 203 y 207 de la Ley Orgánica Electoral, conocida como Código de la Democracia, que establece -entre otras cosas- la prohibición a los medios de comunicación de hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política».

Mientras la Corte Constitucional decide la legalidad del veto presidencial, las redacciones de los principales medios del país tienen clara una cosa: seguir informando al público de la mejor manera posible, pese a los inminentes obstáculos a la labor periodística y el control de lo que se dice en los medios.

Para Miguel Rivadeneira, director de noticias de Ecuadoradio, lo mejor que pueden hacer los medios en estos momentos es actuar con profesionalismo. En su caso, asegura que seguirán planificando entrevistas profesionales como lo han hecho en todos los procesos electorales y continuarán armando debates para que sea el público el que analice, se informe y, libremente, ejerza su voto sin ningún tipo de inducción.

“Seguiremos en esta actitud profesional que esperamos no afecte, porque nuestra tarea es con los oyentes, que necesitan tener la más amplia y variada información para hacer un juicio de valor a cabalidad para pronunciarse libremente en las urnas”, apuntó el periodista, para quien resultaría inadmisible e inconstitucional recibir una sanción por tratar de llevar información útil a los radioescuchas.

Este criterio coincide con el de Carlos Rojas, editor de política de diario El Comercio, quien considera que “hacer un buen periodismo es la receta para evitar cualquier tipo de menoscabo. Si el menoscabo sigue, la sociedad civil y nuestros lectores se darán cuenta de cómo nos afectan en nuestro derecho de informar”.

Para Rojas, El Comercio tiene una tradición de pluralismo en épocas electorales y este nuevo período no va a ser la excepción, pues tienen claro que tratarán de ser lo más equilibrados y equitativos posible. “Ni se ha jugado por un determinado candidato, ni se le ha dado más importancia a uno que al otro (…) Deberíamos rescatar lo que siempre hemos hecho, ser objetivos”, dice.

“El Gobierno tratará de arrinconar a la prensa privada de alguna forma. Lo que pasó con las sanciones que se quisieron imponer a la revista Vistazo y a diario Hoy en la campaña de mayo 2011 demostró que hay la posibilidad de que existan recursos legales para complicar a la prensa privada y -desde ese punto de vista- vamos a tener que trabajar con mucho profesionalismo”, apunta el editor.

Jorge Iván Melo, director regional de noticias en Teleamazonas, comenta sentirse preocupado con las posibles restricciones que tendrán los medios en la cobertura electoral y, sobretodo, el cómo se determinarán y regularán las posibles sanciones. No obstante, afirma que su estrategia será seguir entrevistando a los candidatos con la mayor pluralidad posible. “No nos alineamos a ningún candidato, hay que ser cuidadosos y equitativos en el tiempo en que se da a cada aspirante”.

En este sentido, Luis Vivanco, jefe de información de diario La Hora, confiesa que aún están estudiando qué posición tomar en la línea informativa ante este “nuevo cerco a la libertad de prensa”. “Es un asunto que habrá que manejar con cuidado y que, seguro, no aplicará para medios de gobierno. Tendremos que tomar una decisión cuando la Corte Constitucional ya bendiga el veto presidencial. Será difícil, porque es difícil ejercer libre información cuando te arman una jaula legal”, comenta Vivanco.

Pese a los cuestionamientos recibidos al veto presidencial, por restringir la libertad de expresión, el presidente Rafael Correa ha insistido en que el llamado Código de la Democracia no prohíbe a los medios de comunicación hacer entrevistas o reportajes a determinados candidatos en la próxima campaña electoral.

En una reciente entrevista ofrecida en el set de Canal 6, en Babahoyo, aseguró que “quienes andan diciendo que están prohibidas las entrevistas les están mintiendo (…) Lo que no pueden hacer es campaña a favor de un determinado candidato, porque eso no es democrático”, insistió el Jefe de Estado.

Dudas por la aplicación de la norma tras levantamiento de medidas

El 7 de febrero de 2012, Fundamedios, AEDEP, las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley

Orgánica Electoral, cuya aplicación se mantuvo suspendida durante casi cuatro meses, gracias a las medidas cautelares que fueron otorgadas el pasado 6 de marzo. Sin embargo, surgen cuestionamientos y dudas tras la revocatoria de las mismas.

Para Medardo Oleas, exvicepresidente del ahora extinto Tribunal Supremo Electoral, “lo que hizo la Corte Constitucional al revocar las medidas cautelares es una abierta violación a las normas que rigen la tramitación de las demandas de inconstitucionalidad y, al haber tomado esa resolución inconsulta, están anticipando criterios”.

El 4 de enero de 2012, el Presidente de la República envío a la Asamblea Nacional su objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, estableciendo restricciones al trabajo periodístico de cara a la campaña para las elecciones de 2013.

Entre las reformas que introdujo el Mandatario está la prohibición a los medios de comunicación para hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política», así como la prohibición a los medios de difundir «cualquier tipo de información dispuesta por instituciones públicas y la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes…» durante la veda electoral, es decir 48 horas antes del día del plebiscito hasta las 17:00 del día de los comicios.

El incumplimiento de estas normas constituirá una infracción electoral sancionada con multa de cincuenta a cien mil dólares, según establece el artículo 277 de dicho Código.

Magistrado que conoció la causa pidió que se declaren inconstitucionales las reformas electorales

El martes 17 de julio, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a los artículos 203 y 207 del Código de la Democracia -que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante procesos electorales- presentó su ponencia en la cual concluye que debe declarase la inconstitucionalidad de todas las reformas introducidas por el Presidente de la República a dicho código.

Para el magistrado, las reformas introducidas por el Ejecutivo vulneran el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo y despojan a la ciudadanía de su derecho a recibir información que le ayude a formarse una idea completa sobre quienes aspiran a llegar al Gobierno. Afirma que sostener que los medios de comunicación pueden promover determinada preferencia electoral, como indica el Ejecutivo, contradice lo expresado en la audiencia pública por el propio abogado de la Presidencia de la República, quien señaló “que los medios de comunicación tradicionales no hacen la opinión pública”, puesto que han sido desplazados por los medios virtuales.

Yúnez aclara que la hipótesis de considerar que una entrevista o reportaje induce a los ciudadanos a votar por el “candidato de los medios” -a los que sin la más remota prueba se los acusa semanalmente de “corruptos”- implica despreciar la inteligencia de los ecuatorianos.

El juez coincide con el Primer Mandatario cuando expresa que hay periodistas de medios independientes que invitan a un determinado actor político para entrevistarlo y luego permiten un monólogo de parte del entrevistado; cree que si bien es un acto que se debe rechazar, lo mismo ocurre con los periodistas que laboran en medios incautados y en canales estatales: de ninguna manera deben estar al servicio de algún partido político. No obstante, esto forma parte de la ética profesional y no por ello se justifica la intromisión directa del Estado en la comunicación social.

Dentro de las limitaciones constitucionales a la facultad de colegislador del Presidente de la Republica está la prohibición expresa de incluir materia no contemplada en el proyecto; en este caso, la reforma al Código de la Democracia no hace referencia a los medios de comunicación, por lo tanto, el Presidente no podía plantear ni redactar reforma alguna, pues en procedimiento legislativo solamente se reforma lo que previamente se propone.

En este sentido, el magistrado aclara que la propia Asamblea reconoció la violación del Art. 138 de la Constitución, alegando que el Ejecutivo abandona el ámbito de la regulación del artículo, ya que no se refiere a entidades públicas sino a medios de comunicación.

Para Luis Yúnez, la reforma planteada viola los principios básicos para la existencia de una sociedad democrática: la libertad de expresión y la garantía de los ciudadanos de no ser impedidos de acceder al libre flujo de la comunicación. Mientras los medios de comunicación independientes estarán obligados a callar en la etapa crucial de las elecciones, el partido que maneja el Estado sí podrá hacer propaganda, alegando que se trata de informes al país de las obras en beneficio de los pobres. “No solo se anticipa el ganador sino que de la manera en que lo hace es inconstitucional, vergonzoso y sin validez jurídica alguna”.

La reforma planteada viola tratados internacionales de derechos humanos como el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras” y el Art. 13, numeral 3 del Pacto de San José: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En este sentido, Yúnez estima que es “una clara interferencia del Ejecutivo”, carente de justificativos constitucionales y legales en derechos humanos garantizados no solo para los comunicadores sociales y los medios a los que pertenecen.

Haciendo referencia al caso El Universo, aclara que las expresiones de un periodista, aunque disgusten a un gobernante, pueden ser merecedoras de la desaprobación social pero no de caer en sentencias vergonzosas que además condenan al medio de comunicación por un artículo de opinión. Un presidente, funcionario de altísima investidura, “debe aprender a ser tolerante con las alabanzas que le rinden sus simpatizantes, pero debe saber digerir incluso la crítica de otro sector que disiente”.

El magistrado argumentó su posición, citando al jurista italiano Ferrajoli, quien señaló que “nunca como hoy el ser humano se encuentra más despojado de su dignidad por gobiernos que confunden vigencia con validez constitucional y que se sienten justificados de hacer lo que les parece porque tienen un temporal respaldo de las masas”.

Explica que el temor de diversos sectores, que por el simple hecho de no coincidir con el Presidente pueden ser despojados de sus derechos, es que se intentaría en la práctica “impedir que otro aspirante a Carondelet pueda dar a conocer libremente su proyecto presidencial a través de los medios de comunicación independientes”, puesto que consideran que no tendrán cabida en “los numerosos medios de comunicación incautados y que lejos de ser medios públicos son parlantes y militantes gobiernistas”.

Según Yúnez, para el Ejecutivo la libertad de expresión pertenece a los ciudadanos y no a los medios, pero se pregunta por medio de quién fluyen las noticias de interés general y finaliza sus cuestionamientos anotando que la Corte Interamericana ha enfatizado que la libre expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad civilizada que se inclina reverente ante la democracia. Es indispensable para la formación de la opinión pública, por consiguiente, una sociedad que esté bien informada, de lo contrario no es plenamente libre.

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“Soy madre de familia y no quisiera perder la vida”, dice Jacqueline Apolo, directora del noticiero que transmite el canal Ser Visión de Nueva Loja, a través de televisión por cable, al resumir los riesgos que corre un periodista al intentar investigar algún hecho de supuesta
corrupción en la provincia fronteriza.

Esta reportera es parte de un grupo aproximado de 20 periodistas dedicados a las tareas informativas en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, donde hay 32 estaciones de radio, ocho canales de televisión abierta, y seis periódicos, de los cuales dos son locales –Independiente y El Vocero-.

No es fácil hacer periodismo en Sucumbíos si se toma en cuenta que es una zona que sufre el impacto directo del conflicto colombiano, la narcoguerrilla y la delincuencia común. Según el Departamento de Gestión Procesal de la Fiscalía, el año pasado hubo  2721 casos por varios tipos de delitos.

No hay un registro oficial de las amenazas o agresiones verbales contra los reporteros pero esto no significa que no ocurran. Víctor Gómez, comunicador de Radio Sucumbíos y vicepresidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de esa provincia, asegura que desde el año pasado se han registrado entre ocho y 10 situaciones de amenazas contra periodistas.

Callar para preservar la vida

Para los comunicadores resulta difícil abordar temas relacionados con el contrabando de gas y gasolina en la zona de frontera. De acuerdo a la Fiscalía, en 2010 hubo 38 casos de tráfico ilegal de hidrocarburos. “Cuando uno investiga se topa con que detrás están contrabandistas y si vamos al fondo del asunto surgen las amenazas. Así uno se gana un problema y pone en riesgo a su familia”, relata el comunicador, quien vive en la región oriental 25 años, pero nació en la ciudad de Loja.

Otro tema espinoso para cualquier periodista en la frontera tiene que ver con asesinatos,  algunos de los cuales están relacionados con sicariato. El año pasado hubo 57 asesinatos y 145 tentativas de asesinato, de acuerdo a la Fiscalía.

Cuando investigan algún caso suelen preguntarles por qué les interesa tanto el asunto y les acusan de “sapos”. Entonces no es extraño que hayan optado por informar solo del hecho. “Sí, se puede investigar más a fondo pero es riesgoso porque todo está conectado a una red de violencia”, aclara Gómez.

Igual o más complicados de trabajar son los temas que involucran a los grupos armados colombianos como paramilitares o guerrilleros, tanto así que esto es considerado como “ponerse la soga al cuello”.

Las medidas de protección

Ante los riesgos los periodistas tratan de protegerse con algunas medidas: por ejemplo si tienen previsto viajar a  alguna entrevista en una comunidad suelen estar en contacto continuo con los dirigentes, a quienes avisan el día en que van a llegar.

El periodista Víctor Gómez añade que otra acción es no ir solos a las coberturas sino en grupos de cuatro y cinco reporteros; nunca van por la noche sino solo durante el día. Finalmente no suelen ir acompañados de militares o policías.

Otro escollo que deben superar los reporteros en la frontera es que no tienen acceso a las fuentes de información. Maricela Bustamante, reportera y presentadora de Radio El Cisne, comenta que cuando requieren información de la Policía y el Ejército no siempre es posible conseguirla.

El trabajo periodístico en la frontera no solo es complicado por el tema seguridad sino por la falta de profesionalización. En Nueva Loja no hay universidades con facultades de comunicación para preparar a los futuros comunicadores. “La mayoría de compañeros hacemos periodismo empírico”, confiesa Gómez, quien trabaja 11 años en Radio Sucumbíos.

Periodistas imparciales

Como si esto fuera poco, hay veces en que los comunicadores deben hacer su trabajo en medio de disputas de grupos de poder. Un ejemplo es lo que vivieron hace pocos días los periodistas de Radio Sucumbíos, quienes fueron presionados a pronunciarse a favor de uno de los dos grupos (los seguidores de  la orden de los Carmelitas y los simpatizantes de los Heraldos de Evangelio) que pugnaban por controlar la Vicaría de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS). La radio es parte de la Iglesia.

Según el periodista Gómez, algunos  sectores sociales les criticaron porque no estaban de su lado en su afán de sacar del cargo de Vicario al padre Rafael Ibarguren. La contraparte, según Gómez, insistía en que no se diera espacio a sus detractores con el argumento de que son cuatro personas que no representan a nadie. El saldo de esta disputa fue un periodista despedido.

Pese a todo,  los periodistas de frontera continúan informando los  hechos que cada día ocurren en esta zona apartada del país porque el periodismo,  tal como entiende  Cristina Figueroa, reportera  de Radio Eros desde hace tres años, es una profesión que está al servicio de la gente.

Por Diego Palacios

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Quienes son visitantes cotidianos de Internet y redes sociales como Twitter y Facebook en Ecuador leyeron sorprendidos el tweet en el que el diario digital La República daba a conocer que en tan solo una semana al aire registró más de un millón de hits.

Se trata de un medio de comunicación online que se suma a otros como Ciudadanía Informada, Ecuador en vivo, Confirmado.net, b10, Buró de Análisis, Ecuador Inmediato, Infórmate y Punto, entre otros, que le apuestan a los nuevos retos y ventajas que brinda la tecnología para hacer periodismo. Si algo tienen en común estos medios es que nacieron como periódicos digitales y no son fruto de medios tradicionales que abrieron sus páginas Web.

No hay un registro oficial de cuántos medios digitales hay en Ecuador pero quienes trabajan en esta área, como Hernán Ramos, director del sitio b10, inaugurado en agosto de 2009, estiman que habría entre 30 y 40 medios de comunicación digitales, incluidos los que provienen de medios tradicionales.

Se trata de medios digitales que actualizan sus páginas de forma constante, tienen un ritmo de publicaciones y mantienen un equipo de trabajo, los cuales se editan desde las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. “Hay una proliferación de estos medios, no tan abundante todavía, pero sí se puede decir que están marcando una tendencia”, dice el economista Ramos.

Mina de lectores digitales

No es una casualidad que en Ecuador, al igual que ocurre en el mundo entero, estén surgiendo una diversidad de medios online. Una de las razones para tal situación estaría en que cada día hay más ecuatorianos usuarios de Internet. Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el año 2000 hubo 57.627 usuarios de Internet y hasta marzo de 2011 se estima que existen 3.333.459 usuarios, lo que les convierte en potenciales lectores de esos medios.

Los medios de comunicación digitales ecuatorianos ofrecen información variada. Quien ingrese a algunos de estos periódicos puede mirar temas sobre política, economía, temas judiciales, cultura, deportes, entrevistas, reportajes, análisis, noticias de última hora y hasta segmentos de chismes en algunos casos, etc. Todos tienen enlaces a las redes sociales Facebook y Twitter.

En cuanto a lectores, Ciudadanía Informada (que salió al aire por Internet en septiembre de 2004), recibe, a decir de su director Pablo Villacís, unas 500.000 visitas cada año. Según Villacís, el 80 por ciento de visitantes al sitio es ecuatoriano de las zonas urbanas, un 10 por ciento proviene de sectores rurales  y el 10 por ciento restante viene de otros países.

De su parte, el periódico  b10  tiene un promedio de 6.000 visitas diarias. Según Ramos, 60 por ciento de sus lectores están fuera del país porque el sitio desarrolla temas no solo ecuatorianos sino internacionales. A decir de su director, lo fuerte de b10 es el análisis, sin descuidar las noticias.

Falta formación en uso de herramientas Web

Para  poner en marcha un medio de comunicación digital hay que sortear algunos retos. El más difícil, según Hernán Ramos, es vencer la cultura de la producción industrial de la información. Es decir, migrar de una concepción del ejercicio periodístico tradicional sobre formatos que implicaban la entrega de información vertical, de una sola vía – yo hablo y alguien me escucha; yo escribo y alguien me lee- a la producción digital de la información.

Otro problema es que muchos periodistas tienen deficiencias en el uso de herramientas Web necesarias para el trabajo dentro del periodismo digital. “Los periodistas tienen poca formación para ejercer periodismo digital”, explica Ramos.

De su experiencia,  Pablo Villacís ve que el reto mayor es posicionarse como medio en Internet, sobre todo cuando Ciudadanía Informada era de los primeros medios nativos digitales en Ecuador.

A esto se suma el hecho de que los medios de comunicación digitales no son reconocidos entre las fuentes periodísticas como los medios tradicionales lo que a la hora de solicitar una entrevista sí pesa, como lo comenta Yolanda Pincay, editora de Buró de Análisis.com, portal de información de noticias cuyo eje es la seguridad jurídica. Según este portal, Buró de Análisis.com está “integrado por  periodistas independientes con el objetivo de ofrecer enfoques alternativos a los que proporcionan los medios de comunicación para que los actores políticos, sociales y económicos, profesionales del Derecho, empresarios y otros cuenten con información privilegiada, de contenidos propios, orientados especialmente a defender y promover la libertad jurídica, la vigencia del Estado de Derecho”.

La esencia del periodismo

¿Cuánto cuesta crear un medio de comunicación digital? Patricio Cevallos, profesor de Multimedia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), explica que crear un medio digital no se convierte en algo de enorme complejidad si se hace uso de plataformas como Joomla, Mambo, etc.

Lo que no es sencillo, dice, es ejercer el oficio periodístico mediante una plataforma digital porque se requiere un equipo de trabajo capacitado en el uso de herramientas Web. “La generación de contenidos implica procesos operativos distintos a los de la prensa tradicional”.

Si bien la tecnología ha revolucionado la forma de hacer  periodismo, éste no ha cambiado. La rigurosidad periodística, el buen uso del lenguaje, el tratamiento adecuado de las fuentes y la ética periodística constituyen la esencia del periodismo.

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Oscar Iván Lasso tenía ocho años cuando descubrió que el relato deportivo era lo suyo. Desde niño solía simular partidos y jugadas estratégicas con soldaditos de goma y una improvisada pelota hecha a partir de chicle y restos de basura. Pero esos partidos simulados tenían una peculiaridad; siempre iban acompañados de la radio como fondo, de la voz de Carlos Efraín Machado, su hermano mayor, narrando algún cotejo futbolero.

“Él fue el culpable directo de que me guste esta profesión. Cuando escuchaba a Carlos Efraín me emocionaba tanto que aprendí mucho de él; fue mi maestro, mi escuela, mi colegio y universidad”, confiesa Oscar Iván con una sonrisa nostálgica.

Carlos Efraín Machado dedicó casi toda su vida al fútbol, al principio, como jugador profesional en los equipos Atahualpa y España, y más tarde, como relator deportivo, profesión en la que laboró durante algo más de cuatro décadas.

Pese a que sus inicios como relator se dieron en 1965, cuando renunció como jugador y estrenó su programa Mundo Deportivo en radio Tarqui, los síntomas de su pasión por el balón aparecieron desde que era niño.

Entre las anécdotas familiares, Oscar Iván cuenta que su hermano solía tomar un foco y una media como micrófono para cantar goles imaginarios y que la abuela de su madre, con quien vivió durante su niñez, le decía: “Tu hijo va a perder la cabeza, se está volviendo loco”, al ver que el niño hablaba solo.

De los micrófonos simulados a los reales, Carlos Efraín supo ganarse el afecto de la gente, tanto que sus oyentes de cariño lo llamaban ‘el maestro del fútbol’.

“Cuando el Carlos relataba hacía estremecer. Describía por dónde y hacia dónde iba la pelota; decía a sus oyentes que se preparen porque ya venía el gol y segundos después, llegaba ese gol… Él tenía fe en lo que decía”, cuenta Oscar Iván.

Carlos Efraín laboró durante 10 años en radio Tarqui, hasta que en 1967 logró comprar la radio Nueva Emisora Central. Desde ese año, hasta el 2006 -cuando decidió retirarse de los micrófonos por problemas de salud- no se separó de sus oyentes que, a decir de sus allegados, se enamoraron de su espontaneidad.

Con el lenguaje del pueblo

Tarcisio Romero, quien dio sus primeros pasos en el relato deportivo de la mano de Carlos Efraín y fue uno de sus más cercanos colaboradores, comenta que “el Maestro” caló hondo entre la gente porque las cosas las hacía con naturalidad, con un lenguaje que a los radioescuchas les gustaba.

Para Romero, Carlos Efraín fue un hombre único y con mucho sentimiento. “No solo fue uno de los mejores relatores deportivos del país, sino que, como jefe, supo ganarse el aprecio y el respeto de quienes colaboraron con él. Predicó con el ejemplo; si había que hacer algo, se ponía a la cabeza de todos y durante las transmisiones era el primero en llegar y el último en salir”, recuerda el periodista, para quien el apelativo de Maestro se debe a la manera cómo enseñaba y trabajaba.

La nueva Emisora Central se convirtió en la trinchera de Carlos Efraín, a través de la cual alentaba a los equipos y a su favorita: la Tricolor, que le brindó su mayor alegría cuando el 7 de noviembre del 2001 logró su primera clasificación a una Copa Mundial de Korea-Japón 2002, con un gol de Agustín Delgado.
Carlos Efraín  fue un hincha confeso del Aucas, el club de sus amores y al que siguió con igual profesionalismo con el que acompañó al resto de equipos, siempre bajo la consigna de eliminar el regionalismo por el bien del fútbol ecuatoriano.

Siempre con el “Papá Aucas”

Jaime Pérez, actual dirigente del Aucas y ex presidente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha AFNA, recuerda a Carlos Efraín como un buen auquista, una persona muy centrada, de un trato cordial y de broma muy fina. “Con los dirigentes no fue nada adulador, sino más bien crítico cuando tuvo que serlo. Fue un  gran ejemplo y un pilar importante en el desarrollo del fútbol ecuatoriano”, agrega Pérez.

De su parte, Fabián Pazmiño, futbolista que formó parte del Club El Nacional durante 17 años, comenta que Carlos fue un periodista imparcial que ayudaba mucho a los jugadores. Sin embargo, por lo que más lo recuerda es porque era un campeón para poner apodos. “Con su chispa decía cosas agradables y daba gusto ir a las entrevistas en su emisora”.

Pazmiño cuenta que Carlos Efraín le apodó “guambra quiteño” alguna vez que lo entrevistó a su llegada al aeropuerto de Quito, tras un cotejo contra el Barcelona “Ese es un recuerdo que he guardado toda mi vida”, comenta el futbolista ya retirado.

Entre bromas y anécdotas, Oscar Iván menciona otros apodos de autoría de su hermano como: “el cañonazo nutritivo del año”, dedicado al jugador Patricio Peñaherrera por la fuerza que tenían sus saques;  el de “Camión Correa”, para Fausto Correa, o el apodo de “El Titicaca”, que puso a uno de sus colaboradores porque se vestía con poncho y gorro andino.

“Tenía el chiste en la cabeza”, dice Oscar Iván, quien cree que todos esos recuerdos los llevará por siempre en su corazón, entre ellos, sus primeros viajes por los campeonatos nacionales; los dos mundiales de fútbol que fueron juntos y que tuvo la suerte de narrarlos junto a su hermano, pese a los 20 años de diferencia que los separaba y sus ocurrencias que sacaban más de una carcajada.

Por todo ello, el nombre de Carlos Efraín Machado no pasa desapercibido en el mundo del fútbol ecuatoriano y entre sus más fieles oyentes, los mismos  que, a pesar de ver el partido por televisión o ir al estadio, nunca dejaron de sintonizar la Nueva Emisora Central para escuchar su voz.

Seguramente, ellos tampoco olvidarán sus mensajes positivos y las clásicas frases “Gracias fútbol, gracias bendita pelota”, “toquen muchachos, toquen que yo bailo”, “Negro lindo, negro de oro”.

“Un ícono de la narración deportiva”

Fabián Gallardo, reconocido periodista deportivo ecuatoriano, relata que Carlos Efraín Machado fue un relator único, con su propio estilo, que atrapaba con su narración emocionada a las masas.

“Tenía un imán en su voz, quizá no era de las mejores pero el oyente se enganchaba por su relato chispeante, por la vivacidad, por las ocurrencias que lo hicieron uno de los preferidos (…) un ícono de la narración deportiva ecuatoriana. Ahí radica el encanto”, comenta.

A quienes trabajaron con Carlos Efraín Machado siempre les decía que el narrador tiene que meterse en el partido y que tiene que hacerlo como si estuviera en el campo de juego. “Ese fue su secreto para tener éxito y durante tantos años ser la voz número uno en el relato ecuatoriano”.

Transmisiones como el debut de Alex Aguinaga en México; los goles del Tin Delgado cuando Ecuador venció a Perú en Lima; el gol de Polo Carrera, donde lo comparó como un arquitecto recién graduado, entre muchas otras frases, son parte de la goleoteca que dejó “El Maestro”, como herencia a quienes tomaron como profesión el relato deportivo.

No obstante, su mayor legado lo dejó mediante su programa Mundo Deportivo que para muchos fue como un aula universitaria. “Aprendimos tantas cosas, sobre todo la honestidad, la perseverancia, la puntualidad y el respeto al oyente, atributos que adornaron la personalidad de Carlos Efraín Machado”, dice Fabián Gallardo, quien trabajó 14 años en Nueva Emisora Central.

Carlos Efraín Machado no solo fue un ejemplo en lo profesional sino en lo humano. Se trata de una persona que durante su niñez y juventud tuvo muchas carencias pero junto a su madre y hermanos superó todas las adversidades. “Carlos fue un hombre humilde, no le gustaba la fama, de su radio hizo una ventana abierta para que la gente humilde se exprese”, concluyó Gallardo.

Por Verónica Larrea 

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En ocho meses los ecuatorianos usuarios de Twitter han visto por dos ocasiones el potencial informativo de esta red social. Primero fue el 30 de septiembre pasado, durante la insurrección policial contra el gobierno de Rafael Correa. Esta vez, ha sido la consulta popular la que ha permitido que quienes forman parte de esta red recibieran y emitieran información de diversa índole, minuto a minuto, sobre cómo se ha desarrollado el proceso electoral y se libra, en estos días, una batalla en el conteo de votos.

Poco a poco, Twitter va constituyéndose en una herramienta de información importante, cuyo potencial no solo está siendo aprovechado por algunos medios de comunicación, periodistas, políticos, gobierno, sino por los ciudadanos.

“La gente no solo actúa como receptor de lo que le dan los medios sino que genera información”, dice Jorge Imbaquingo, periodista de Diario Hoy, quien ve a esta red como una nueva ventana de información ciudadana.

Fuente de pistas informativas

Darwin Borja, periodista de la revista Vistazo, quien ingresó a esta red social en enero de este año, considera que Twitter es una fuente de información que da pistas sobre hechos. Si bien cree que hay que saber el contexto de la información que contienen los mensajes, no es un espacio exclusivo de los periodistas.

El periodista Borja explica que Twitter de ninguna manera compite con la televisión, la radio y la prensa escrita sino que es una herramienta complementaria de información y comunicación. Jorge Imbaquingo comparte esta opinión pero agrega que esto es solo el principio y en el futuro esta red generará información con mayor alcance en la población.

Una de las características de las redes sociales es que convierte a todos los ciudadanos en informadores y prueba de ello es cómo algunas personas han ido contando en Twitter algunas incidencias. Oliverio Vasconez informó: #consultaec con el 41,71% escrutado pregunta 9 SI 43,57% NO 43,74% 5999 votos de diferencia. Asimismo, Fernando Flores comentaba que: Con el 85% de las actas de Zamora Chinchipe gana el NO con 54% a 57% de los votos las 10 preguntas de la #ConsultaEc. Tal vez por esto es que Darwin Borja considera que esta red es un tipo de “veeduría social”.

La red crece en América Latina

Hay quienes como Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), no han visto con buenos ojos a los twitteros. Según reporta Cobertura Digital, el titular de la CNE dijo “Hay afiebrados que tienen una conexión de internet, crean una cuenta y pueden escribir cualquier cosa”.

Al margen de discrepancias personales, Twitter es un fenómeno vigente en nuestra sociedad. Según la encuesta Cómo se usa Twitter en América Latina, realizada a 700 usuarios de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador, el 59.4% de usuarios comparte enlaces o comenta noticias de su país. Un 72% de twitteros sigue a cuentas de diarios y otros medios. El estudio fue realizado el pasado 29 de abril, por las organizaciones Pulso Social, Two Much y Net Quest, en el marco del Twestival 2011.

Todo parece indicar que es cuestión de tiempo que Twitter sume más usuarios ecuatorianos a los más de 200 millones que tiene en todo el planeta. Una cosa es clara, que los periodistas ecuatorianos cada día utilizan Twitter como una herramienta periodística.