Investigaciones

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) firmaron el 5 de octubre de 2018 un convenio para supervisar el uso de los recursos públicos. Las autoridades afirmaron que el control sería exhaustivo antes, durante y después de la campaña para prevenir el desvío de fondos.

El artículo 211 del Código de la Democracia reza que el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos”, a través de su página oficial. El objetivo: permitir la consulta y supervisión oportuna de la ciudadanía.

Al revisar el portal del Consejo se encuentran los montos asignados para las campañas, pero no cuánto dinero tiene cada partido político, ni sus aportantes, tampoco un seguimiento del origen del dinero utilizado. Según Diana Atamaint, presidente del Consejo, esta información se puede obtener al finalizar la contienda. El Código de la Democracia puntualiza que, luego de noventa días contados desde el acto del sufragio, el responsable económico del partido político que apoyó una candidatura presentará al CNE sus ingresos y egresos, el listado de contribuyentes y los montos colocados.

Vea aquí la entrevista completa a la Presidente del Consejo Nacional Electoral

En diciembre, el CNE definió el límite máximo del gasto electoral total a escala nacional en USD 12’081.328. Cada localidad tiene un monto asignado, según su número de electores.

Conozca cuál es el límite del gasto electoral por ciudad y el monto del fondo de promoción:

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00057__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf

Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades con mayor presupuesto

Guayaquil 408.153,80 mil dólares
Quito 403.658,60 mil dólares
Cuenca   93.460,40 mil dólares

Aunque existen montos establecidos, los ecuatorianos no pueden fiscalizar si estos se cumplen. Ni siquiera se conoce de manera exacta si algún candidato se excedió en el límite de gasto, tomando en cuenta que algunos se adelantaron a la fecha oficial de inicio.

FUNDAMEDIOS solicitó al CNE conocer la lista de candidatos que incurrieron en esta infracción. La respuesta sostuvo que no es posible saberlo antes de el proceso concluya.

Conciertos, una estrategia para conquistar votantes

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por la lista 19, convocó a cuatro conciertos gratuitos que se desarrollaron entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero en el sur, centro y norte de la capital. En los eventos se presentaron 4AM, Sahiro, Señora Cumbia y el chileno Américo.

Se conoce que, por presentación, los honorarios de Américo son 20.000 dólares. A esta cifra se suman los boletos de avión: son dos asientos en primera clase para él y su representante; el resto de su equipo (14 personas) viajan en clase turista. También se le costea hospedaje y transporte en la ciudad. Por una hora de concierto, precio total ascendería a 55.000 dólares. Según el CNE todos los gastos incurridos en la campaña deben ser declarados en el gasto electoral de cada candidato.

El costo de producción de los cuatro conciertos organizados por el candidato de Unión Ecuatoriana sumaría 250.000 dólares. Un productor indicó que esto incluye los valores de sonido, iluminación, efectos, tarima, permisos, pago a los demás artistas y al presentador del espectáculo, Nicolás Espinoza, quien tiene un acuerdo de exclusividad con Yunda.  

Durante el pasado feriado de carnaval, el ‘Loro Homero’ organizó dos conciertos más sin Américo. La promoción de Quito Carnaval 2019 y de los otros eventos se transmitió por las radios vinculadas al grupo Yunda: Armónica, La Redonda, Canela, La Otra y Urbana. De estas, solo Armónica y La Redonda están acreditadas por el CNE para difundir publicidad electoral. Según una fuente del CNE, este proceder sería ilegal, pero se espera una denuncia formal para evaluar su caso al final del proceso.

Aquí puede ver la lista de medios acreditados por el CNE

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00071_PLE-CNE-1-21-1-2019.pdf

Pero la estrategia de los megaeventos, tipo conciertos, no fue exclusiva de Yunda. A escala nacional, algunos partidos y candidatos se valieron de este tipo de actividades para seducir a los votantes. Por ejemplo, en redes sociales se viralizó un evento en carnaval, organizado por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí. El político contrató los servicios del cantante venezolano ‘Nacho’. Según el productor consultado para este artículo, este artista cobra 50.000 dólares por presentación.

El venezolano también se sumó al cierre de campaña en Quevedo de los candidatos de Alianza PAIS, Irene Massuh y Juan Carlos Troya.

Una nota de Diario La Hora recoge que por CREO –FE, Marco Cortés y Patricio Mendoza, candidatos para la Alcaldía y Prefectura, respectivamente, prepararon un evento artístico con los reguetoneros Wisin y Yandel también en Quevedo como parte de sus cierres de campaña. Cortés manifestó que gracias al auspicio de algunas empresas hicieron posible la visita de los artistas en la ciudad.

 

Como parte de las estrategias electorales también se rifaron autos. Deyton Alcívar, quien busca la reelección a la Alcaldía de Chone, rifó un auto cero kilómetros. Foto: Facebook.

Otros candidatos también adoptaron la estrategia de los conciertos, como Douglas Alaña Jerves, candidato a la alcaldía del cantón Guabo, en El Oro.  Darío Macas, candidato a la alcaldía de Machala; y Paco Moncayo a la alcaldía de Quito.

¿Dinero del narcotráfico?

En febrero pasado, Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ante la Fiscalía un informe en que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero a través de actos proselitistas. El estudio es un diagnóstico sobre el financiamiento de campañas con fondos ilícitos.

En ‘Financiamiento ilícito en campañas electorales’ se menciona que el narcotráfico entrega dinero a candidatos para luego tener control de los territorios. He ahí la importancia de indagar los perfiles políticos y el origen de fondos.

Según el artículo 296 del Código de la Democracia, si el CNE tiene indicios de que una candidatura tuvo ingresos ilícitos debe pasar el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De comprobarse, una de las sanciones es retirar del cargo a quien ganó.

Para el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, es lógico sospechar que hay una penetración del crimen organizado en las campañas. Ecuador habría pasado de ser un país de tránsito del narcotráfico a uno de acopio. Hasta el momento, aquí operarían carteles mexicanos y colombianos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a través de dos corredores: del pacífico y amazónico. El experto habla de ocho centros de acopio en el Ecuador: Sucumbíos, Baños, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, Ibarra y Esmeraldas.

¿Cómo piensa el crimen organizado? “Ellos saben que el narcotráfico es un negocio, pero necesitan protección. Entonces, si pueden conseguir, por ejemplo, a 10 alcaldes, los consiguen. Pagan sus campañas para luego reclamar el favor”, indica Pazmiño. Y recuerda que, en la Fiscalía de Colombia, alias Chorizo testificó que las FARC hicieron campaña política por el expresidente Rafael Correa, a cambio de que se retire la base militar estadounidense de Manta.

 

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Del 5 de febrero al 21 de marzo era el periodo oficial designado para que 80.281 candidatos traten de obtener el favor de 13’261.994 de votantes. El próximo 24 de marzo se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales para juntas parroquiales. También, por primera vez, se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria para este proceso. Si se toma en cuenta las fechas del calendario, parece que la campaña se inició hace poco. Sin embargo, se tiene registros, evidenciados en reportes de prensa y denuncias ciudadanas, que desde junio del año pasado ya ‘arrancaron’ las promociones, incumpliendo la Ley electoral y sin que alguna autoridad tome nota. En ese momento el CNE era de “transición”. El definitivo se posesionó el 20 de noviembre, un mes antes del llamado a elecciones.

Previo al arranque oficial, la propaganda se dejó ver en el territorio ‘digital’ e incluso en algunos barrios de las distintas ciudades aparecían pintados los rostros de los candidatos en las paredes. Aunque el Código de la Democracia es uno de los reglamentos más citados en esta época, resulta limitante para controlar tiempos, difusión, gasto y origen de los fondos de una campaña. Según el artículo 202, la contienda no podrá exceder 45 días. El 275 considera que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña; y, la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar campaña electoral” es una infracción que, según los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa será registrada por el CNE.

Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE rastreó 27.109 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías, entre los que constan: 74 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados. El resto de artículos se refiere a propaganda como la que se instala en carreteras, postes, casas…

Los nombres de Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca (alianza Podemos-Participa); Jefferson Pérez, candidato a la Alcaldía de Cuenca (Movimiento Renace); Jimmy Jairala, que busca la Alcaldía de Guayaquil (Movimiento Centro Democrático); Kleber Falcón, candidato a la Alcaldía de Yaguachi, (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero); César Montúfar, candidato a la Alcaldía de Quito (Concertación); Juan Carlos Solines, candidato a la Alcaldía de Quito (Movimiento Juntos Podemos); Jorge Yunda, candidato a la misma dignidad por el Movimiento Unión Ecuatoriana; Juan Carlos Holguín, candidato a la Alcaldía de la capital (CREO); Federico Pérez, candidato a la Prefectura de Pichincha (CREO) son algunos de los que figuran en el detalle de la campaña anticipada registrada por el CNE.

Lea aquí la lista de algunos candidatos y partidos que expusieron material publicitario antes de tiempo, según el registro del CNE: 

Campaña Anticipada CNE

FUNDAMEDIOS hizo un seguimiento de la “precampaña” entre diciembre de 2018 y enero 2019 en torno a los candidatos más destacados en Pichincha, Guayas y Azuay. Dicho ejercicio reflejó que los aspirantes ‘menos populares’ también se anticiparon.

Desde septiembre de 2018 hasta el 2 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Guayas registró 3.081 evidencias de publicidad anticipada. Según lo observado en el monitoreo para este reportaje, varios candidatos forraron postes y paredes con sus nombres y rostros a lo largo de las vías y puentes, como el de la Unidad Nacional que enlaza Guayaquil, con Samborondón y Durán. Por ejemplo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán que busca la reelección con la lista 5, incurrió en esta infracción.   

Alexandra Arce empezó su recorrido por zonas rurales de Durán antes del inicio de la campaña electoral. Foto Facebook de candidata.

No fue la única. En diciembre del año pasado, en la vía a la costa que une Guayaquil con Playas, se exhibieron en carros varias gigantografías con las imágenes de los postulantes de CREO, Poly Ugarte a la Prefectura de Guayas; y Francisco Jiménez, a la Alcaldía de Guayaquil. En lugares concurridos, como la calle 6 de Marzo, en el Puerto Principal, se observó un vehículo con propaganda del candidato a la Alcaldía por Alianza PAIS, Simón Bolívar Rosero.

En el portal de esa Delegación, hasta el 17 de enero de 2019, se informó que se evidenciaron 22.532 artículos promocionales anticipados; de estos, 590 se registraron en el monitoreo de vías -a escala nacional- entre el 28 de diciembre 2018 al 3 de enero. Hasta finales de enero se encontraron 68 vallas publicitarias.

Según lo monitoreado desde el año pasado en redes sociales, la mayoría de candidatos que aspiran a las alcaldías y concejalías en los cantones de la provincia del Guayas realizó mítines y recorridos puerta a puerta. También visitaron los medios de comunicación por cuenta propia o por invitación para entrevistas sobre sus actividades.

Uno de ellos fue Jimmy Jairala, exprefecto de la provincia y líder de Centro Democrático. Desde noviembre de 2018, el actual candidato a la Alcaldía de Guayaquil realizó sus recorridos por varios sectores presentando sus propuestas.

El exprefecto del Guayas inició su campaña electoral por la alcaldía desde el 2018.

A mediados de enero, la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, inaugura una obra municipal y hace campaña. Foto: Roxana Sanguña.

 

En enero la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri ya realizó campañas políticas junto al candidato a concejal Luis Almeida. Los dos recorrieron varios sectores de la urbe. Foto: Roxana Sanguña.

Jimmy Jairala desde el 2018 visitó zonas periféricas de Guayaquil junto a sus candidatos a concejales, como Aldo Farfán. Foto: Edilma Sanguña.
Jimmy Jairala junto a simpatizantes de su Movimiento Centro Democrático, quienes iniciaron la campaña por la alcaldía de Guayaquil cuatro meses antes del inicio oficial de la época de campañas. Foto: Edilma Sanguña.

Aquí podemos observar en la agenda de enero del 2019 los recorridos programados por Movimiento Centro Democrático para realizar la campaña electoral. Fotp: Edilma Sanguña.
Stallin Coca, candidato a la primera concejalía por Centro Democrático visitando las casas colectivas en Guayaquil. Foto: Edilma Sanguña.

 

Balerio Estacio, candidato a la alacaldía de Guayaquil junto a Abdala Bucaram, líder de FE.

Lo mismo se observó en Cuenca. Meses antes del inicio de la campaña electoral, los candidatos a alguna dignidad que ya tienen un cargo actual desde su sitio de poder empezaron el proselitismo. Pancartas, rostros y números pintados en las paredes y las dádivas (que el artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe) se evidenciaron en Azuay.

Según el CNE de esa provincia, desde noviembre hasta febrero se recogieron 620 evidencias de campaña anticipada; pero, hasta la fecha, no hay sanciones para alguno de los 10 candidatos que participan por la Prefectura ni para los 13 que buscan la Alcaldía de Cuenca.

El testimonio de moradores de las zonas rurales de Azuay da cuenta de que entre noviembre de 2018 hasta febrero pasado se inauguraron las obras prometidas por las autoridades que buscan la reelección, como asfaltado de carreteras. Al ver finalizada la obra pública, habitantes de Soldados, en la parroquia San Joaquín (Cuenca), aceptaron que se coloque la imagen del candidato en la fachada de sus casas.

Exviceprefecta del Azuay, Maria Cecilia Alvarado, más conocida como «Chechi Alvarado» es candidata a la prefectura del Azuay. En enero se observó uno de sus carteles de campaña colocados en una casa antigua. Foto: Segundo Cabrera.

Según residentes, la vía Patamarca-Chiquintad (Austro) estuvo abandonada durante años, pero actualmente la Prefectura del Azuay la interviene. En el lugar se pegaron afiches antes de tiempo para publicitar la Alcaldía de Paúl Carrasco. Lo mismo pasó en la vía Monay- Baguanchi. El artículo 204 del Código prohíbe que candidatas y candidatos, así como las organizaciones políticas entreguen donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. Sin embargo, no se cumple. El político también regaló leche a nombre de la Prefectura que administra.
En San Joaquín, antes de la campaña electoral, un vehículo promocionó las obras que realizó la Prefectura. El exprefecto es candidato a la alcaldía de Cuenca. El morador Diego Pauta señaló que durante la contienda se vio con más frecuencia obra en el sector.

Paradójicamente, se observa una valla publicitaria donde Marcelo Cabrera, actual alcalde de Cuenca que busca la reelección, expone la obra hecha bajo su administración. La publicidad se instaló a inicios de febrero, días próximos a iniciar la campaña. El artículo 203 del Código también se incumplió. En este proceso se ha usado la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, pero no para informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas… Así lo demuestra esta gráfica. Foto: Leonel Astudillo.

 

El artículo 219 del Código de la Democracia es claro. La ley “prohíbe a los servidores, servidoras, organismo o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

A pesar que el Código de la Democracia prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales, el alcalde de Azogues, Virgilio Saquicela utiliza el carro del municipio para acudir a las reuniones de su partido CREO y así realizar campaña política. Un morador del lugar captó estas imágenes:

Antes del 5 de febrero, taxis y carros particulares publicitaban a Paúl Carrasco, Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez en Cuenca.

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha se negó a dar datos exactos de cuántos productos promocionales se registraron antes de que la contienda arranque. Pero a inicios de diciembre de 2018 ya se observaron pancartas de candidatos a la Alcaldía de la capital, tanto en el norte como en el sur.

El pasado 2 de enero, un mes antes de que empiece la campaña, se desarrollaron eventos masivos, como caravanas, concentraciones, convenciones y presentaciones de candidatos. La Izquierda Democrática (ID) hizo una gran convención con simpatizantes donde intervinieron algunos dirigentes que resaltaron la figura del expresidente Rodrigo Borja. Ahí participó el candidato Paco Moncayo quien, casi entre lágrimas, afirmó que con el ejemplo del exmandatario es momento de dar a Quito esperanzas de igualdad.

Ese día, José Vásquez, del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, presentó sus candidatos a concejales y juntas parroquiales ante 200 personas en el parque El Ejido. En La Vicentina, Pachakutik expuso las candidaturas de Pablo Vélez y Sandra Yépez, a la Prefectura y Viceprefectura de Pichincha, respectivamente.

César Montúfar candidato por Concertación a la alcaldía de Quito, inició su campana antes del calendario del CNE.
Paco Moncayo, candidato a la alcaldía de Quito, por la alianza alianza entre la Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive empezó la socialización de su campaña en diciembre del 2018. Foto: Instagram de la alianza.

Jorge Yunda, candidato por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, también inició su campaña electoral en diciembre del 2018. Foto: Instagram del Movimiento.

Carlos Sevilla, candidato para la alcaldia de Quito por el movimiento politico Libertad es Pueblo también mostró su publicidad en una valla al sur de la capital. Foto: Facebook.

 

Candidatos a concejales de la Iquierda Democrática también mostraron su publicidad antes de tiempo. Esta foto fue registrada en Carapungo.

El artículo 275 del Código de la Democracia señala que la realización de actos de precampaña o campaña anticipada es una de las infracciones de sujetos políticos, personas naturales o políticas. De acuerdo al CNE, el valor ‘invertido’ en la promoción previa será imputado al gasto electoral. Sin embargo, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, advierte que la norma no contempla una sanción para la propaganda anticipada.

El funcionario indica que el artículo 76 de la Constitución establece que “nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley…”.

Redes sociales, otra vitrina de publicidad electoral

El CNE no tiene potestad jurídica para controlar las redes sociales. De hecho el artículo 207 del Código de la Democracia con respecto a los nuevos “medios de comunicación” cita la Resolución 28 de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual aclara que el uso de la tecnología en el internet ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación y han permitido que se desarrolle una mejor democratización de la web.

Aquí puede leer la Resolución de la Corte Constitucional

file:///D:/FDM/Downloads/028-12-SIN-CC.pdf

Desde mediados de 2018 se publicaron en redes sociales videos promocionales e imágenes de los recorridos que, para ese entonces, los candidatos realizaban. Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las plataformas principales para la difusión, sin tomar en cuenta el calendario dispuesto por el CNE.

Por ejemplo, algunos de los más populares en redes sociales son los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero). El 15 de julio de 2018, Viteri irrumpió en Twitter con un video de 1:50 minutos, en el que habla sobre el progreso del Puerto Principal y su interés en trabajar en la senda del “modelo exitoso”. El video superó las 15.700 reproducciones en siete días. También hay imágenes en que aparece en eventos municipales junto a Jaime Nebot, actual líder de la urbe. En esta dirección electrónica se puede observar su campaña: 

 https://www.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/

Esta foto se capturó y compartió en la página de Facebook de Viteri antes del 5 de febrero.

Desde diciembre, Paúl Carrasco también activó su perfil en la red social para promocionar su candidatura.

https://www.facebook.com/PaulCarrascoC/

Otros candidatos que aparecen con facilidad en las redes sociales son los candidatos del Movimiento Democracia Sí. Es el caso del candidato a la alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas,  Gleen Arroyo, quien inició su campaña electoral en 2018. Esta foto se encuentra en su página de Facebook Amigos de De Gleen Arroyo Colectivo Juventud: https://www.facebook.com/amigosdegleenarroyo.colectivojuventud.5/photos

Esta foto se compartió en septiembre del 2018 y se observa cómo se pintaba una pared con su nombre.

Foto de la pared, donde simpatizantes de Gleen Arroyo pintaron su nombre antes del calendario electoral. Foto: Facebook del candidato.

*¿Gasto electoral sin supervisión? Lea aquí la segunda parte de esta investigación.

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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Periodistas sin cadenas es el colectivo más joven de los participantes. Somos un grupo de periodistas ecuatorianos que hacemos investigación y que nació a raíz de la muerte de nuestros colegas para seguir su historia

Una investigación periodística revela detalles, negociaciones fallidas, errores de dos Gobiernos y encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chófer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

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Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas , en una de las manifestaciónes en la calle que pedía verdad y justicia por los tres periodistas secuestrados.

Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

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Una de las libretas de apuntes de Javier Ortega.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado

Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

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Testimonio: moradora de Mataje

Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

Novena por la muerte de siete campesinos en Tandil, Nariño, cuando protestaban contra la erradicación forzada del cultivo de la coca.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado.Este hecho se considera el inicio del conflicto en la zona.Tandil area in Nariño, Colombia, October 2017. Manu Brabo.

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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

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Por Rocío Carpio

El término prófugo de la justicia puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de qué lado esté la balanza. Mientras Pedro Delgado, sentenciado por peculado, gasta sus días en Miami, varios indígenas y campesinos han tenido que pasar en la clandestinidad, lejos de sus familias y en condiciones difíciles. ¿Por qué? Por protestar.

La aplicación discrecional de la justicia durante el régimen anterior no solo generó acusaciones insólitas como aquella de terrorismo y sabotaje a un grupo de defensores de sus derechos, sino que avaló la utilización de instrumentos legales para criminalizar a quienes disentían con el poder.

Los recientes indultos entregados por el presidente Lenín Moreno a cinco luchadores sociales del caso “Los siete de Pastaza” sientan un precedente, sin duda. Pero hay que recordar que en el 2008 —durante el proceso constituyente— fueron amnistiadas e indultadas 357 personas procesadas por defender los derechos humanos. Sin embargo, el régimen que entonces empezaba volvió a criminalizar de forma aún más agresiva a por lo menos 700 personas durante los restantes nueve años, según datos de la CONAIE.

Uno de los casos que recibieron el indulto en ese año, fue el de Dayuma, Orellana, comunidad que en 2007 había paralizado la vía principal de acceso en demanda de obras básicas como agua potable, alcantarillado y electrificación. Por los enfrentamientos que se dieron debido a la represión de la fuerza pública, fueron procesadas 25 personas por terrorismo y sabotaje. No obstante, a la prefecta de la provincia de ese entonces, Guadalupe Llori, se le negó el indulto por haber sido acusada de peculado, según dijo ella, como parte de una persecución política.

Peculado. Este fue justamente el delito por el cual el 16 de mayo pasado, el ex presidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, ex presidente del banco estatal COFIEC, quien fuera hallado por la justicia como uno de los responsables directos de la entrega en diciembre de 2011 de un crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, pese a que no contaba con las garantías necesarias y en medio de varias irregularidades.

Este es de uno de los mayores entramados de corrupción durante el régimen anterior, por el que Buñay junto a cinco personas más —entre ellas, Pedro Delgado, primo del expresidente y hoy prófugo— fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor por el delito de peculado.

Delito que le fue indultado por el ex mandatario, por haber demostrado un “arrepentimiento profundo”, ocho días antes de que entregara el mando. Curioso resulta que el mismo Correa firmaba el 23 de mayo el Decreto 1440 para indulto presidencial con rebaja de pena, en el que establecía que quienes hubiesen cometido peculado no podrían acogerse al beneficio.

Una semana después, y ya posesionada la nueva Asamblea, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, presentaba un proyecto de resolución para rechazar dicho indulto, pues según dijo, con ello se estaba “generando un lamentable antecedente de impunidad en el Ecuador, un país en donde se indulta a la corrupción y se persigue a quienes la denuncian”. La moción fue negada por la mayoría oficialista con 71 votos en contra, versus 58 afirmativos y dos abstenciones.

Entre los decretos que Correa firmó días antes de terminar su mandato estuvo también el 1430, en el cual indultaba a Stalin Jiménez, el primero de “Los siete de Pastaza” favorecidos con esta disposición, quienes fueron sentenciados a seis meses de prisión por el delito de ataque y resistencia. Esto por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015. No obstante, el perdón llegó tarde: le faltaba menos de un mes para cumplir la pena.

Ataque y resistencia. Por este delito, de reiterada utilización en la criminalización de la protesta social, también fue indultado en mayo pasado bajo decreto presidencial Adrián Morocho Palta, campesino del Azuay sentenciado a 10 meses de prisión por protestar en 2015, junto a su comunidad, por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar la tasa solidaria de los requisitos para la matriculación vehicular, la cual se invertía en el mejoramiento de las vías rurales.

Hasta fines de mayo eran 194 los casos que esperaban el indulto o la amnistía por delitos relacionados con la protesta y la defensa de los derechos humanos. Hoy el número ha disminuido en cinco, pues Patricio Meza, quien fuera detenido el pasado 6 de junio, recibió el indulto por parte de Lenin Moreno ocho días después. Lo propio sucedió con Elvis Guamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón, quienes fueron indultados el pasado 23 de junio. Todos pertenecientes al caso de «Los siete de Pastaza».

Kathy Betancourt, esposa de Meza y coordinadora de CONAIE Mujeres, cree que un indulto no es suficiente. “El Estado a través de sus autoridades debe rectificar y reconocer que hubo un abuso en la aplicación de las normas, que los jueces no debieron actuar sobre esos delitos porque eran improcedentes, menos aún las sentencias”.

Y es que el recurso del indulto es, según quienes consideran injusta su pena, una forma de aceptar la culpabilidad y pedir disculpas por un delito que no cometieron. Con ello coincide Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE, quien cree que el Estado no debería perdonar, sino que “debe dar una indemnización a los afectados y reconocer públicamente su inocencia”.

Pero va aún más allá: “el nuevo gobierno quiere mostrar lo benevolente que es sin reconocer lo que se ha cometido los últimos 10 años. El Estado debe reconocer la falta de independencia de justicia en este país, la indebida utilización del derecho penal para criminalizar defensores de derechos humanos, la política de criminalización que se ha desarrollado y fortalecido los últimos 10 años, los abusos por parte de la fuerza pública a las poblaciones campesinas, rurales, mestizas, indígenas, y que se han iniciado juicios infundados y se ha sentenciado a personas inocentes”.

Y es que con la solicitud de perdón presidencial se reconoce la culpa. Así como Buñay tuvo que demostrar su profundo arrepentimiento por el delito cometido, los criminalizados por la protesta social han tenido que hacer lo mismo, pues el arrepentimiento expreso es un requisito para obtener el indulto, según señala el Decreto 461 de septiembre de 2014, el cual establece el reglamento para otorgamiento del indulto presidencial. Este decreto, a diferencia del 1440, no incluye como impedimento el peculado, sino varios delitos de lesa humanidad.

El indulto inconstitucional

Cuando se conoció la noticia de que Antonio Buñay había sido indultado por el expresidente Correa, la opinión pública se preguntaba ¿cómo se mide el arrepentimiento profundo en un sentenciado por peculado? Es probable que la pregunta quede inconclusa pues el artículo 147.18  de la Constitución que establece las atribuciones del Presidente de la República, señala que este puede “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” y no establece ninguna excepción.

Ello en contraste con el artículo 120.3, en el que se señalan las atribuciones de la Asamblea Nacional y en lo referente a indultos establece que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. El peculado está tipificado como un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, según el art. 278 del Código Orgánico Penal (COIP).

El jurista Joffre Campaña cree que si se hace una interpretación sistémica de la ley, “¿cómo es que la Asamblea no puede otorgar indultos por delitos contra la administración pública y el presidente sí? La Constitución debe ser entendida de manera global”. Para el abogado, existe una evidente contradicción, por lo cual, el Presidente no está facultado para conceder indultos por peculado.

Según Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es que haya una contradicción entre estos dos artículos, “simplemente que si ya está delimitado el indulto en el artículo 120 no podemos decir que el artículo 147 es una institución diferente, por lo tanto está sometido a las mismas limitaciones”.

Y por ello es que considera que el indulto otorgado a Buñay es inconstitucional.

Para el jurista Juan Pablo Albán, este indulto es inconstitucional pero por otros motivos. Al no existir una ley que establezca las condiciones del indulto presidencial, sino que está regulado vía acto administrativo, como lo es un decreto, esto vulnera el principio de reserva legal, incluido en la Constitución. “Cuando se trata del ejercicio de derechos, en este caso el derecho al indulto por motivos fundados, la reglamentación del ejercicio de derechos debe hacerse por ley”, explica.

Sin embargo, Albán cree que pese a que el indulto es una potestad presidencial y que en teoría puede otorgársela a cualquier persona que haya cometido un delito, el tema no es justificable dentro de otros puntos de vista, más allá de lo jurídico.

“Algún tipo de explicación debería existir para otorgar un perdón a alguien, ahí es donde la cuestión se complica, pues si usted otorga un indulto por razones humanitarias, por razones de persecución política, es una cosa, pero si usted otorga un indulto en razón de que un amigo está en la cárcel por haber cometido alguna trapacería, ya políticamente y moralmente no es justificable”, explica.

Para García Falconí, los decretos presidenciales para aplicación de indulto “desconocen las limitaciones que establece la Constitución y eso nos demuestra que el poder manejado arbitrariamente hace lo que le da la gana”.

Similares observaciones hizo el asambleísta Esteban Bernal durante su intervención en la Asamblea para rechazar tal indulto. “A esta Asamblea la Constitución nos limita, y qué bien que lo haga, a que el indulto sea solo para casos humanitarios y no para casos de corrupción, pero le da al Presidente todas las libertades”. Por ello, dijo, presentará un proyecto de enmienda del artículo 147 numeral 18 de la Constitución “para que en el Ecuador del futuro nunca más un presidente indulte la corrupción”.

Respecto a la solicitud de indulto de Antonio Buñay, se hizo una petición de información al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que entregue dicha solicitud y el informe que, según el reglamento para otorgar indultos, detallado en el Decreto 461, debe ser realizado por tal ministerio pues es el encargado de recibir la petición y de emitir una recomendación acerca de la pertinencia del otorgamiento del indulto presidencial. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

También se consultó con el abogado de Buñay, Juan Carlos León, quien dijo desconocer el documento, pues aseguró que su defensa llegó hasta el pedido de casación en la Corte Nacional de Justicia, y que se enteró del indulto a través de los medios. Ello pese a que anteriormente dio declaraciones sobre los detalles de la salida de Buñay de la cárcel, en las que aseguraba que se había reunido con la familia del beneficiado para resolver el pago de la sanción pecuniaria que no le fue perdonada.

El expresidente Correa ya había otorgado con anterioridad otro indulto a un sentenciado por peculado, en septiembre de 2016. Se trata de Luis Xavier García Blandín, quien fue acusado de perjudicar al Estado por 702 dólares, y haberse beneficiado con 120 dólares del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Por este delito fue sentenciado a ocho años de reclusión mayor en 2012.

El COIP como instrumento de criminalización

Por la misma fecha en la que se concedió el indulto a Buñay, organizaciones como la CONAIE e Inredh iniciaron una campaña pública a modo de petición de indulto para 20 personas con sentencias en su mayoría por delitos asociados a protesta social y defensa de sus derechos, y la amnistía para 174 con procesos penales por causas similares.

“La mayoría han sido procesadas por defender sus derechos de educación, como el libre ingreso a la universidad, o sus derechos territoriales, pidiendo que se realice consulta previa libre e informada en sus comunidades antes del inicio de actividades extractivas, o exigiendo que no se cierren sus organizaciones”, explica Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE.

Ordoñez añade que no han podido abarcar todos los casos, pues se trata de  un proceso tan amplio que les ha desbordado en logística. No obstante, aunque están los casos del ex asambleísta Cléver Jiménez, acusado de divulgar documentos protegidos, y el de varios miembros de una comunidad del Cañar que fueron sentenciados por secuestro extorsivo por, según dijo su defensa, haber impartido justicia al interior de su comunidad, la mayoría de esa lista son indígenas y campesinos procesados por delitos relacionados con la protesta social.

Estas figuras penales, en su mayoría, están establecidas en el COIP como “Delitos en contra la estructura del Estado constitucional”, tipificados dentro las reformas que se hicieron al Código Penal en 2014. Entre ellos están las figuras de paralización de servicio público, asociación ilícita, sabotaje, terrorismo, rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, e incitación a discordia entre ciudadanos.

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Una de las figuras más utilizadas desde la aprobación de tales reformas es la de ataque y resistencia, tipificada en el artículo 283 del COIP, la cual está dentro de los “Delitos en contra de la eficiencia de la administración pública”, el mismo grupo en el que se encuentra el peculado.

Se trata de una figura ambigua que básicamente dice que la persona que se resista o ataque con violencias o amenazas a un empleado público será sancionada con prisión de mínimo seis meses. Además, describe varias agravantes que van aumentando la pena hasta llegar a los 26 años, si se produce la muerte.

Para Ordóñez, se trata de un tipo penal demasiado amplio, que deja abierta la interpretación. “Cualquier persona que se resista o se oponga es un delincuente, cuando sabemos que es un derecho oponerte a algo que te perjudica”. También cree que su tipificación dentro de los delitos en contra de la administración pública fue parte de una estrategia de criminalización bastante pensada, pues, como se explicó anteriormente, la Asamblea está vetada para otorgar indultos para este tipo de delitos.

La otra figura más utilizada es la paralización de servicio público, lo cual, según Ordoñez, es una forma de quitarle a los indígenas su principal forma de protesta: la toma de carreteras. “Con ello, formas históricas culturales de manifestación se convierten en delitos penales”.

Según Juan Pablo Albán, “lo más fácil en un contexto en el que se busca silenciar al que piensa diferente y enviar un mensaje disuasivo al resto de personas que podrían ejercer su derecho a protestar, es utilizar los instrumentos del derecho penal y convertir esos actos legítimos de protesta en actos ilícitos, y caracterizarlos como terrorismo, sabotaje, desobediencia a la autoridad, etc.”.

Antes de que se reformara el Código Penal, el delito de sabotaje y terrorismo fue la figura utilizada para perseguir a los defensores de sus derechos. En 2011, la revista Vanguardia informaba citando a la fiscalía que en ese año “se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año (2012), ya se presentaron 128 denuncias similares».

Los  célebres casos de Mery Zamora, ex presidenta de la UNE y “Los 10 de Luluncoto” fueron precisamente procesados o sentenciados –en el caso de los últimos- por esta polémica figura penal que, supuestamente, fue cambiada debido a presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).

En noviembre de 2012, durante la audiencia temática de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, la delegación de Ecuador aseguró que las reformas legales incluirían la eliminación del Código Penal la tipificación de terrorismo y sabotaje.

Aunque este artículo en efecto fue desechado, ambas figuras no fueron eliminadas del COIP, sino que se tipificaron por separado y además, se incluyeron nuevos delitos como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos, varios de los cuales han sido usados desde 2014 para perseguir y criminalizar a activistas de DDHH y de la naturaleza.

Esto a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, el cual incluye también el derecho a la protesta:

Art. 98: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Tanto Ordoñez como Albán señalan que el derecho a la protesta es, además, el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, los cuales han sido vulnerados durante el pasado régimen, como una forma sistemática de acallar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales.

Organismos internacionales como la CIDH recomendaron al Estado ecuatoriano que “se archiven los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos” (CIDH 2015, 163).

Así también lo hizo el Consejo de DDHH de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en mayo pasado, donde se emitieron 20 recomendaciones a Ecuador sobre evitar la  criminalización de  la protesta social, el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones indígenas y el enjuiciamiento a sus líderes y organizaciones de base.

¿Por qué? Por protestar

Según los decretos 32 y 51 firmados por Lenín Moreno, se otorgan los indultos por “la herencia histórica de las luchas de liberación”. De las 19 solicitudes de indulto enviadas, 12 están directamente relacionadas con la protesta social. De estas, las de los hoy indultados Siete de Pastaza estaban en estatus urgente pues eran las únicas con sentencias ejecutoriadas y orden de prisión, por lo cual los imputados estuvieron en la clandestinidad desde septiembre de 2016, cuando la Corte Nacional de Justicia les negó el recurso de casación. No obstante, venían de un proceso de dos años, en el que algunos ya estuvieron detenidos ilegalmente, afirmaron sus abogados.

Estos ciudadanos fueron sentenciados por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015, el cual dejó un saldo de 98 procesados penalmente por delitos como ataque y resistencia, sabotaje, paralización de servicio público, e incitación a la discordia ciudadana, según un informe de la CONAIE e INREDH.

La agenda política de estas movilizaciones incluía demandas al gobierno sobre temas laborales, reformas al Código del Trabajo, enmiendas constitucionales, derogatoria de la Ley de Aguas, Decreto 16, archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista en los territorios, entre otros.

Varias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso fueron denunciadas por diversos organismos sociales y de DDHH; ello no impidió que se sentenciaran 27 personas de las provincias de Pastaza, Cañar, Cotopaxi, Azuay Orellana, Morona Santiago y Loja (Saraguro). Este último reconocido como uno de los casos en los que hubo más abusos por la violenta y desproporcionada represión de la fuerza pública. Por el caso Saraguro hoy esperan el indulto cinco personas, a quienes les dieron 4 años de prisión, pese a que el delito de paralización de servicios públicos tiene una pena máxima de tres. Sus sentencias se encuentran a la espera de casación en la Corte Nacional.

Otro de los casos más cuestionados fue el desalojo forzoso en agosto de 2016 de Nankints, poblado shuar en Morona Santiago, para darcriminalización de líderes y dirigentes indígenas está el del ex asambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado por supuestamente ser el responsable de la muerte del indígena shuar Bosco Wisum en 2008, durante la toma del Río Upano en Morona Santiago, en el que la policía reprimió violentamente la manifestación por la Ley de Minería y la Ley de Aguas.

También están los tres procesos del presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, acusado por los delitos de paralización de servicio público, ataque y resistencia, e incitación a la discordia entre ciudadanos, en el marco del levantamiento indígena de 2015, así como el caso de  El Pambilar en Esmeraldas, en el que varios pobladores están acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por sus lucha de varios años en contra de la maderera Botrosa.

Estos son apenas una parte de los casos con procesos penales que hoy buscan la amnistía de la Asamblea o el indulto presidencial.

¿Por qué? Por malversar fondos públicos

La respuesta al por qué fue indultado Antonio Buñay por el caso Duzac la dio el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a los pocos días de conocida la noticia: “Fue un tonto útil”. Y agregó que el verdadero culpable es Pedro Delgado, quien lleva prófugo desde diciembre de 2012, y cuya extradición fue solicitada el 29 de mayo pasado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno pese a haber sido sentenciado a ocho  años de prisión por la Corte Nacional de Justicia, junto con los otros cinco imputados, en abril de 2015.

Como presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Delgado presionó para el otorgamiento del crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, según determinaron las investigaciones. Para los jueces de la Corte Nacional que llevaron el proceso, Delgado “generó la idea criminal y convenció deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos”.

No obstante, según la justicia, la responsabilidad de Buñay estaría al mismo nivel que la de Delgado, pues como presidente ejecutivo de Cofiec “dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo para Duzac sin cumplir con la normativa interna del banco. El fiscal Galo Chiriboga demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad a sus subalternos, a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal, y cuando las ex gerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las sumilló en su lugar”, reza un boletín de la Fiscalía.

Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jackeline Jiménez, exgerente de riesgos de Cofiec declararon, en efecto, haber recibido presiones del expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, Antonio Buñay y de Francisco Endara, representante del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. No obstante, ambos aseguraron haber sido presionados a su vez por Delgado.

El caso se dio a conocer en el 2012 cuando se iniciaron las indagaciones por la mora en el pago de dicho crédito que tenía como plazo seis meses. Por entonces, una investigación de revista Vanguardia destapó toda la trama de corrupción dentro de la entidad financiera estatal. Se supo de toda la serie de irregularidades que iniciaron con la aprobación en 24 horas del crédito que Duzac había solicitado para un proyecto de billetera móvil, una especie de plataforma de dinero electrónico para pagos de servicios.

La solicitud de crédito se había hecho antes de que Duzac abriera una cuenta en dicha entidad. Luego se supo que las garantías que presentó eran de Seguros Rocafuerte, una empresa administrada por el Estado. Dos días antes de que venciera el plazo de pago, se cambiaron esas garantías por las de Agrícola Las Mercedes, administrada por el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.

El dinero fue transferido a dos cuentas en los EEUU, a nombre de dos ciudadanos argentinos a quienes nunca se investigó, pese a que nunca fue cancelado el préstamo en su totalidad. Antes de que se venciera el plazo de pago, Duzac salió del país y desde entonces está prófugo en su natal Argentina. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 2013, se hicieron dos pagos en agosto y diciembre de 2012 por $90.000, a través del abogado de Duzac, pero, según la propia UAF, “sin explicación razonable del origen de los fondos”. Es decir, no se sabe quién canceló ese dinero.

En el 2014 se hace otro abono con un cheque por 380.908,50 dólares, el cual sumado al anterior, dan 470.908,50 dólares. Ese fue el último pago que se hizo, y no se conoce que se haya buscado la cancelación del resto del dinero en todo este tiempo. El entonces fiscal Galo Chiriboga declaró que inició una investigación para conocer el origen de los fondos, por un posible lavado de activos, pero nunca se conoció el resultado.  Ese mismo año se había iniciado el proceso de extradición de Duzac, el cual nunca se llevó a término.

Según la investigación del exasambleísta Andrés Páez, detallada en el libro Duzac: Atraco e impunidad, el argentino habría llegado al país por las gestiones de su compatriota Pedro Elosegui, antiguo compañero de la Universidad de Ilinois del expresidente Correa. “Elosegui comenzó a moverse en Ecuador para concretar algunos negocios, como la instauración de la billetera móvil y varias propuestas para el banco incautado Cofiec”, vinculación que el exmandatario siempre ha negado.

En el 2014, Delgado enviaba una carta desde Miami en la que responsabilizaba a su primo de todo: “Como lo indiqué en el escrito presentado a la Fiscalía, nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros empresarios argentinos, ya que dicho pedido correspondía a instrucciones directas que recibí del Presidente de la República, a partir de la visita de un grupo de empresarios argentinos a Ecuador, los cuales tenían varios proyectos, solicitándome atenderlos”. Posteriormente en una entrevista dada en marzo de este año, lo calificó de traidor.

Correa al respecto dijo que su primo es un “delincuente y farsante” que busca hacerle daño y rechazó cualquier tipo de responsabilidad. En otra ocasión calificó a la entrega del crédito como simples “pillerías”.

Además de Buñay, fueron declarados culpables por el delito de peculado y sentenciados a ocho años de reclusión, Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado y exsecretario técnico del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien fue capturado en marzo del 2014, y hoy en día el único que cumple la sentencia. Pedro Delgado y el argentino Gastón Duzac, que están prófugos. Los otros dos inculpados, Marcelo Ordoñez, ex gerente de finanzas de COFIEC y Pedro Zápac, expresidente de Seguros Rocafuerte, interpusieron una acción extraordinaria de protección, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta, por lo que continúan libres.

Según Juan Carlos León, abogado de Buñay, existió una mala aplicación del artículo 257 del COIP que refiere al peculado, pues según él, su defendido no tenía la capacidad de autor. “En algún momento increpé al Fiscal General y le dije que me indique en qué momento Antonio Buñay otorgó el crédito, pero aquella circunstancia jamás se determinó. Entonces, de alguna u otra forma el caso resultó un tanto político y a la final los resultados son evidentes, que concluyeron incluso con un indulto”. Para León, los verdaderos culpables son los miembros del directorio de COFIEC, por lo que Buñay sería una especie de cómplice. No obstante, pese a que fueron llamados a juicio, los cuatro miembros del directorio fueron sobreseídos.

Antonio Buñay, quien fuera detenido en noviembre de 2015, en total pagó un año y medio de su pena. Se intentó conseguir una entrevista con él, sin embargo, su abogado aclaró que él no quería dar declaraciones y que quería disfrutar de su libertad y mantenerse bajo perfil.

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alexis mera

La administración anterior nos dejó una serie de perlas que pelean entre sí por el puesto de la más insensata. Sin embargo, una de las frases más desatinadas, no solo por lo fuera de lugar, sino por la vulneración de derechos básicos que suponía, fue la del entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien con todo el desconocimiento del caso aseguró en una entrevista en Diario El Comercio, en marzo de 2015, que “el Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”.

Las voces críticas desde la sociedad civil no tardaron en levantarse frente a tan desafortunadas declaraciones, las cuales no eran aisladas: en diciembre de 2014, mediante el Decreto Ejecutivo 491 se disolvía la Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar –ENIPLA- para ser reemplazada por el Plan Familia, proyecto comandado por una miembro del Opus Dei y manejado desde el Ejecutivo con la venia y apoyo de Mera, quien con aquellas declaraciones demostró el tamaño de su visión sobre derechos reproductivos conocimiento sobre prevención de embarazo adolescente y planificación familiar.

Esta es apenas una muestra del criterio aplicado por este abogado nacido en Bahía de Caráquez en 1966, en la elaboración de los marcos jurídicos con los que se ha gobernado el país desde 2007. Criterio que pese a que, según Correa, provendría de uno de los “jóvenes revolucionarios de izquierda” que formó parte de su gobierno desde el día uno hasta el final, lo cierto es que ciertas herramientas legales salidas desde la Secretaría dirigida por Mera junto al despacho presidencial son más que nada regresivas.

Este sería uno de los motivos por los que organizaciones de DDHH de Washington han alertado sobre la candidatura de Mera al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional dedicado al impulso de reformas en los sistemas de justicia de los países miembros, los cuales son integrantes activos de la OEA. Esta paradójica designación genera preocupación de cara a las próximas elecciones se llevarán a cabo en la próxima Asamblea General de la OEA,  entre el 19 y el 22 de junio.

Alexis Mera saltó a la vida pública como un joven y brillante abogado que se convirtió en el asesor jurídico de León Febres Cordero, cuando ejerció como alcalde de Guayaquil, a lo cual se refirió en una entrevista como “un honor”. Recordemos que León Febres Cordero fue Presidente de la República, entre 1984 y 1988, y entre los mayores cuestionamientos que se ha hecho a su ejercicio del poder fue su autoritarismo y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En los 10 años de Mera en la primera línea de la Revolución Ciudadana, aplicó una doctrina por la cual se construyó un Estado todopoderoso aún a costa de los derechos individuales. Así por ejemplo, la principal herramienta punitiva que tiene el Estado, el Código Orgánico Penal –COIP-, ha sido utilizado para juzgar a defensores de DDHH quienes, vulnerados en su derecho fundamental a la protesta social, han sido acusados de sabotaje y terrorismo; delitos que luego fueron modificados en las reformas al COIP y se englobaron en los llamados “delitos contra la estructura del Estado Constitucional”, por los que hoy esperan la amnistía 177 personas y el indulto 20 ciudadanos, criminalizados por protestar.

Según recogía un artículo de diario El Universo en 2011, Gustavo Larrea, exministro de Gobierno de Correa, señaló que tal tipificación de delitos en el COIP eran “consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León. Es absurdo usar el Código Penal para enjuiciar a dirigentes sociales. Hay más de 180 ciudadanos acusados por terrorismo. ¿Podemos decir que en Ecuador hay terrorismo? No. Eso es ‘acomodar’ el derecho y las circunstancias a tipificaciones penales que no calzan en la realidad”.

Es así que, acomodando el derecho para fines discrecionales, este ex compañero de Correa en los grupos apostólicos del colegio Cristóbal Colón ha dejado su huella visible en diversos instrumentos legales como la Ley Orgánica de Comunicación LOC, la cual ha sido usada como herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones expedidas desde su aprobación en 2013.

Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”.

Asimismo, refiriéndose a las críticas de instancias internacionales, dijo que “se habla mucho de las opiniones consultivas de las relatorías de las libertades de expresión, que no tienen ningún valor vinculante para el Gobierno nacional porque no hay ningún tratado internacional que diga que la opinión de una señora, que obedece a intereses internacionales, sea vinculante para el Ecuador”. Ello pese a que la acción de inconstitucionalidad atacaba 64 artículos que atentaban contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por tales declaraciones, parecería que este profesional del derecho que empezó su carrera en el estudio jurídico Romero & Menéndez, del cual es accionista en la actualidad, desconoce las herramientas del derecho internacional, pues varias leyes y normativas que se han expedido bajo su venia o consejo, violan directamente los estándares internacionales.

Entre ellas están los decretos presidenciales 16 y 739, los cuales fueron puestos en vigencia supuestamente para sistematizar en una misma plataforma los procesos de registro de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, han sido utilizados como un instrumento de silenciamiento y persecución de aquellas organizaciones que presentan críticas incómodas al poder, sobre todo aquellas que promocionan la defensa de derechos fundamentales.

Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores – el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.

Lo mismo sucede con el Decreto Ejecutivo 1247 sobre consulta previa, libre e informada respecto a explotación petrolera en áreas de comunidades indígenas, el cual fue concebido básicamente como “un instrumento de carácter informativo del proceso de consulta, reduciéndolo a un proceso formal no garantista, que desvirtúa el espíritu y propósitos de la consulta”, según se detalla en un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. No obstante, este carácter informativo tampoco contempla los riesgos potenciales a las comunidades y al entorno natural, sino simplemente los beneficios de la explotación.

Este decreto, además, tampoco cumpliría con los estándares de varios instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las observaciones del Comité (de la ONU) para la eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, pues estos dicen que no sólo debería existir consulta previa sino consentimiento previo, lo cual no consta en dicho reglamento. Además, la decisión final según tal decreto la tendría la autoridad de hidrocarburos y no las poblaciones consultadas.

Frente a ello, el abogado Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pregunta: “¿Cómo es que un abogado y secretario jurídico de la presidencia permite que se regulen por decreto dos derechos, el de libertad de asociación y de consulta previa a pueblos indígenas, si esto es inconstitucional y va en contra de los estándares de instrumentos jurídicos internacionales?”.

La respuesta está justamente en el uso acomodaticio que Mera ha hecho no solo de los instrumentos legales, sino de la justicia. Como hombre de confianza de Héctor Romero Parducci, adquirió experiencia en el sistema judicial cuando fue su asesor mientras éste presidió la llamada Corte Suprema de Justicia durante tres años, desde 1997. Esto quizás explique de algún modo la ventaja de conocimiento que tendría sobre el funcionamiento de la justicia en el país.

No es un secreto, por tanto, la intromisión en este poder del Estado que se ha develado en diversas ocasiones, como cuando salieron a la luz pública dos comunicados advirtiendo a los jueces con sancionarlos si  resolvían favorablemente acciones de protección en contra del Estado. El autor de los mismos fue Alexis Mera, quien en noviembre del 2010 alertó en un oficio sobre el “abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares”.

Dos años después, el 19 de julio del 2012, Mera informó en un memorándum dirigido a los directores provinciales de la Judicatura de Transición que se aplicarían sanciones y la destitución de los jueces que resolvieron favorablemente esta figura. Esto pese a que limitar o impedir las acciones de protección en contra del Estado estaría violando las garantías constitucionales.

Ello es consecuente con unas declaraciones que dio en 2011, en las que aseguró que desde la creación del Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ- “las cosas mejoraron en alguna forma”, siendo que él mismo fue asesor de dicha entidad desde su inicio hasta 2003. “¿Cuántas veces botaron a un juez antes de tener un CNJ? Me acuerdo que tramitaba las quejas cuando estaba en ahí. No decidía, solo tramitaba”, aclaró en la misma ocasión.

Una de las mayores muestras de su metida de mano en la justicia ha sido la presión e intimidación a jueces, como fue el caso del juez Wilfrido Erazo, quien rechazó una acción de protección de los trabajadores de casinos legales de hoteles de primera categoría, debido a las amenazas de destitución y de acciones penales en su contra contenidas en una carta enviada por Mera.

Al parecer, las cartas intimidatorias o de presión son el modus operandi de dicho ex funcionario, como lo denunció en 2015 el ex juez primero de Garantías Penales de Cuenca, Miguel Antonio Arias, quien renunció por haber recibido presiones para cambiar sentencias y porque, según declaró, la justicia estaba cooptada por el poder político. En las declaraciones que dio al respecto, también se refirió al caso de los profesores jubilados de Manabí que interpusieron en 2011 una acción de protección por considerar que no recibieron el pago que les correspondía por sus jubilaciones:

“Hemos visto estos atropellos como la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia de que no admitan acciones constitucionales a favor de los profesores, que por situaciones de jubilación tenían necesidad de una respuesta constitucional”, expuso Arias.

Dicha carta, que fue remitida a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, está escrita y firmada por Mera, y dice textualmente: “De persistir la tramitación de tales juicios contenciosos administrativos en esta sede judicial (…), me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, ésta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los precedentes jurisprudenciales constitucionales”.

La carta completa se puede leer en este enlace:

 https://www.fundamedios.org.ec/wp-content/uploads/2017/06/Memorándum-Alexis-Mera-jubilados-Manabí.pdf

Las amenazas de destitución de jueces no cayeron en terreno baldío. En 2015, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, se enorgullecía de la cantidad de jueces destituidos en un año: 110.

No obstante, el caso más sonado de manipulación de la justicia fue la histórica sentencia a Diario el Universo en 2011, que condenó al pago de 40 millones de dólares por un artículo de opinión publicado por el entonces columnista del diario Emilio Palacio, además de la    prisión de tres años para el periodista y los directivos del rotativo. Se descubrió que dicha sentencia no fue redactada por el Juez Paredes, quien llevaba la causa, sino por Gutemberg Vera abogado del demandante, Rafael Correa, bajo la batuta de Alexis Mera. Más tarde los sentenciados fueron perdonados por el expresidente, aunque el Juez Paredes fue denunciado por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica, por parte de dicho diario. Nunca pasó nada con tal denuncia.

Otra muestra de la fácil forma de desechar procesos judiciales con solo una palabra de Mera, fue el caso de la ex Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga y la compra sobrepreciada de terrenos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) para la construcción del Parque Samanes, ubicado en Guayaquil. Bastó con que Mera dijera que se trató de “un error de buena fe”, para que el juez dejara de investigar y se cerrara el caso.

Toda esta manipulación de la justicia e influencia en la elaboración de leyes no será, sin duda, ninguna sorpresa para quienes fueron parte del proceso constituyente del 2008, pues era de conocimiento general que Mera se paseaba por las mesas sugiriendo y revisando los artículos, lo cual generó molestia entre los asambleístas, sobre todo en la redacción del texto final, cuando algunos aseguran que planteó observaciones y correcciones que él mismo redactó en la Carta Magna.

Tampoco es novedoso que un día antes de que concluya su mandato, el Presidente Correa haya enviado a la Asamblea el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, tomando en cuenta que Alexis Mera, propuso ya en 2013 la regulación a las redes sociales en los casos de injuria y calumnia. “He propuesto que se regule mejor todo lo que es procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser un instrumento de impunidad”, declaró en esa época.

Como se ve, espacio faltaría para exponer todos los casos en los que Mera ha tenido injerencia directa o indirecta tanto en la elaboración de instrumentos legales, como en el manejo de la justicia. Sin duda, estamos frente a uno de los grandes responsables de la vulneración de derechos básicos, y del quiebre del aparato democrático y de la institucionalidad del país en los últimos diez años.

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El pasado 12 de mayo de 2017, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) decidió remover a la Ingeniera Ana Proaño del cargo de sus funciones como Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien estuvo a cargo del concurso de frecuencias llevado a cabo desde abril de 2016.   

Como su reemplazo fue designado el Economista Pablo Yánez, quien fue Viceministro de Gestión Turística hasta el segundo semestre de 2016, y trabajó por varios años de la mano del exministro de Turismo, Vinicio Alvarado. Según el art. 145 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), el Director de Arcotel entre otros requisitos debe “tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector de las telecomunicaciones”, experiencia que Yánez no la tiene.  

Otro cambio muy significativo es el nombramiento de Christian Hernández Yunda como asesor jurídico de la Dirección de dicha entidad estatal. Quien no solo es funcionario cercano a los Alvarado Espinel, familia que había sido propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo”, sino también es primo de Jorge Yunda, y pese a su condición de funcionario público ha seguido siendo la mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela. Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida del Conartel y hasta abril de 2017 trabajaba en la SECOM, desde donde operaba para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo. 

Esos estrechos nexos ya fueron revelados por Fundamedios en una serie de investigaciones publicadas a finales de marzo de 2017, en el cual se contó varios episodios que revelan la cercanía de Christian Hernández con Jorge Yunda:

“Con el mismo desparpajo reaccionó otro funcionario público que, veremos más adelante, es una pieza clave de toda la trama: el Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), dependencia de la Presidencia de la República, Christian Alberto Hernández Yunda. Hernández, primo de Yunda, escribió en la cuenta de Facebook de un comunicador que compartió la investigación: “Les falta Canela Quevedo”. En otro de sus comentarios aseguró que el problema “no es la concentración de medios, sino que el problema es el monopolio de audiencia”  y hasta amenazó a la usuaria que había compartido la información: “Yo no sé si a Hermel le gustaría. Saludos pero deje de sufrir que le hace mal a su salud”.

Christian Hernández es un funcionario cercano a los ministros Fernando y Vinicio Alvarado Espinel. La familia de estos funcionarios fue propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo” e históricamente fue Ondas Quevedeñas. Además, a pesar de ser funcionario público, se ha mantenido como mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela.

Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel, cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida de esta institución comenzó a trabajar en la Secom y desde esa entidad que ejerce un gran poder público sigue operando para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo.

Existe un episodio que retrata bien cómo Christian Hernández Yunda sigue operando para su primo desde la función pública: en 2011 manda un mail a todos los directores de las Canelas que operan en casi todas las provincias del país, para ordenarles que no se adhieran a las cadenas nacionales del gobierno, pues eso les quita rating: “Según uds, y no lo dudo, no se enganchan nadie más que Canela y Radio Pública en donde hay cobertura de esta, entonces, aunque resulte un tanto riesgoso, por proteger nuestra audiencia es necesario dejar de transmitir las cadenas, salvo el caso en el que logre detectar que existe monitoreo certero de la SUPERTEL y les comunique vía correo “ESTA VEZ TENEMOS QUE ENGANCHARNOS VAN A MONITOREAR”.

Nótese como Christian Hernández Yunda, funcionario de la SECOM, habla en primera persona y les da instrucciones concretas a los directores de los medios de su primo que desobedezcan a la SECOM y la forma de hacerlo. Esto fue denunciado a la Presidencia de la República, Sin ninguna consecuencia.

Las investigaciones completas pueden ser leídas en estos tres links:

Hernández se desempeñó como secretario del extinto Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), cuando su primo era presidente del mismo. En el gobierno de Rafael Correa, fue asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).  

Hernández, siendo abogado personal de Jorge Yunda, sería quien redactó los proyectos comunicacionales de las frecuencias que lidera su primo -requisito principal para participar en el concurso de frecuencias -y los presentó en junio de 2016.

Como Coordinador del Control Técnico de los Servicios de Telecomunicaciones se nombró al Ing. Rodrigo Jarrín Arboleda, quien es accionista de la empresa Sistemas de Radiofrecuencias Jarcom Cía. Ltda., de propiedad de su padre Rodrigo Jarrín Jarrín. Esta empresa es una de las principales proveedoras de sistemas y equipos de radiodifusión y televisión.

Como se ve, los conflictos de intereses parecen no ser la excepción en los nuevos nombramientos del Conartel.

Respecto a los motivos de destitución de Proaño, fuentes cercanas al Arcotel que pidieron la reserva aseguran que fue por pedido del en ese entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, por “no cumplir ciertas disposiciones directas”, entre ellas, el no haber resuelto el tema de Radio Canela antes de la posesión del nuevo Gobierno. Proaño no habría aceptado cumplir tales disposiciones porque los errores cometidos no eran reparables, como es el caso de las vinculaciones de parentesco en las empresas que participaron, lo cual está prohibido por la Ley de Comunicación y significa la descalificación inmediata.

Entre las últimas medidas que Ana Proaño tomó al frente de Arcotel y que pudieron haberle costado el puesto, está la resolución 332 contra Televicentro -TVC- del 27 de abril, en la que se resolvió la revocatoria de las autorizaciones temporales de dos repetidoras de la estación abierta denominada ‘Telesistema’, actualmente ‘Televicentro -TVC-,’ con matriz en Quito, y dos repetidoras para Guayaquil. Es necesario recordar que en febrero de 2016,  Ángel González sumó un medio más a su grupo de medios en Ecuador: Televicentro, avalado en la marca del diario El Comercio, medio que compró en 2015. Dichas frecuencias fueron otorgadas temporalmente, sin concurso, en contra de lo que la Constitución y la Ley de Comunicación establecen.

El concurso público de frecuencias ha sido afectado por varias denuncias de irregularidades que fueron reportadas desde el inicio del mismo, convocado en abril de 2016 por el Arcotel. Con los resultados de la primera fase del concurso, se conoció que justamente habían grandes favorecidos como el mismo Ángel González, quien, a través de una trama de 18 empresas, fue calificado para obtener 104 concesiones.

La noticia de la remoción de Ana Proaño se conoció de un día para el otro  sin mayor explicación y cuando diversos sectores sociales, organizaciones y radioescuchas han solicitado públicamente la suspensión del concurso, no solo por las irregularidades sino también por los casos de corrupción que salieron a la luz a lo largo del proceso.

Justamente, el caso del asambleísta Jorge Yunda quien participó por aproximadamente 50 frecuencias a través de terceras personas es uno de los emblemáticos. No obstante, varias frecuencias del conglomerado Canela habían sido descalificadas y en especial, está el caso de CanelaTV. Las presiones sobre Ana Proaño y la llegada de Christian Hernández son movidas de piezas que señalan que las cosas para el actual asambleísta del partido en el Gobierno estarían por “solucionarse”.

Frecuencias  de Jorge Yunda descalificadas:

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¿Qué tienen las organizaciones de la sociedad civil que molestan tanto al poder? Bueno, al menos al saliente, ya que lo registrado en los últimos cuatro años es insólito. La respuesta viene del lado de los cuestionamientos incómodos al poder en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos frente a las políticas de Estado.

En 2013 se disolvió a la Fundación Pachamama y en 2016, a la Unión Nacional de Educadores –UNE-. Esto es bien conocido por todos. También se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, pero no han sido casos aislados. Cuando Correa firmó los decretos 16 y 739 nos metió gato por liebre: estos supuestamente estaban hechos para organizar mejor al sector civil. Pero no fue así. Estas disoluciones son la punta del iceberg de un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, vulnerando el derecho fundamental a la libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución.

Las alarmas saltaron por tres causales de disolución incluidas en tales decretos:  desviarse de los fines para los que fueron constituidas; dedicarse a actividades políticas partidistas; y atentar en contra de la seguridad del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas instrumentalizadas para tal propósito. A la UNE la disolvieron por “no registrar la directiva”, pese a que lo hizo. Y lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar valiéndose de un sinsentido legal kafkiano.

Estos absurdos no son patrimonio de los procesos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al ser disueltas. Obtener un dato exacto acerca de cuántas OSC realmente han sido disueltas desde 2013 es como entrar a un laberinto sin salida. Tratar de levantar datos a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS- se convierte en una tarea ingrata. Quién diría que fue creado para organizar en una sola plataforma la información y los procesos relacionados a las organizaciones, y que fue la razón de ser de los Decretos 16 y 739:

Decreto-16

 

Según estos decretos/reglamentos, el sistema debía contar con una plataforma de registro de las organizaciones -RUOS por sus siglas- a través de un portal web. El portal existe, sí, y  supuestamente tiene los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Pero cuando uno entra se entera de que no hay criterios de búsqueda, por lo que para determinar cuántas son las organizaciones que se hallan en estatus de “disueltas” habría que hacer una búsqueda manual, siendo que son nada más que 9mil páginas. A cincuenta páginas por día, hagan las cuentas.

Digamos que si algún día lográsemos terminar tal labor, lo lógico sería tener datos fidedignos acerca del número de organizaciones sociales registradas a nivel nacional. Pues no. La investigación realizada por Fundamedios dice lo contrario: la información que arroja el sistema es inexacta y no es de fácil acceso público. Entonces, si los decretos 16 y 739 no han servido para establecer el correcto funcionamiento del SUIOS, como consta en el reglamento, ¿para qué han servido en realidad? ¿Estamos frente a un despropósito?

Para responder esta pregunta primero hay que analizar los datos cotejados para esta investigación. Como ya sabemos, el proceso de obtener datos a través de la plataforma SUIOS pone a prueba la paciencia de cualquiera, y por eso se enviaron oficios solicitando información a varios ministerios y a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que es la entidad encargada de manejar el sistema de registro. Aquí empiezan las imprecisiones.

Según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al 27 de abril de 2017, el número de organizaciones de la sociedad civil registradas en el SUIOS es de 91.034. No obstante, la cifra arrojada por la plataforma web en una fecha cercana era de 90.148. Casi mil menos. A fecha actual aún no se equiparan esas cifras… y se supone que la información pertenece a la misma plataforma. Que alguien lo explique.

Ministerios-2Fig. 1

En la infografía se observa el número de organizaciones registradas en cada ministerio o secretaría, y hay un apartado para las organizaciones registradas -se sobreentiende- directamente en la plataforma, las cuales estarían en proceso de actualización. Según el reglamento, todas las organizaciones deberían registrarse directamente en la plataforma.  ¿Duplicidad de acciones? Sí. Y recursos desperdiciados, también. El 70% de organizaciones estarían a la cola en el proceso de registro:

Fig.-3Fig. 2

Aunque los datos que proporcionó la Secretaría acerca del número de organizaciones disueltas y liquidadas desde 2013 estuvieron firmados, sellados y sumillados por varios funcionarios que, tras varias llamadas en espera y derivaciones a uno y otro departamento, aseguraron formalmente que estos eran, vamos a tener que olvidarnos de ellos más adelante. Ya entenderán por qué:

Fig.-2

Fig. 3

Cuarenta y ocho organizaciones disueltas por ahora no suena a mucho, más si la mayoría serían disoluciones voluntarias (40), según los acuerdos ministeriales que adjuntó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De las cuatro restantes no se conoce la causa de disolución pues “no se dispone el acuerdo ministerial en razón de que el ministerio o secretaría correspondiente actualizó el estado jurídico a disuelta”, según el oficio enviado por dicha cartera.

Es el mismo caso con las organizaciones liquidadas: tres serían  voluntarias, y la última no tendría el acuerdo ministerial, pues “el ministerio o secretaría está en proceso de carga de información al sistema”. Como se aprecia, un sistema bastante efectivo y funcional.

Se trató de rastrear a las organizaciones sin causa conocida de disolución, pero no se obtuvo mayor información que la proporcionada por el SRI. Todas constan con su RUC pasivo y el local registrado como cerrado. Tres de estas organizaciones se dedicaban a actividades de carácter social, una era una asociación de profesores y la última realizaba actividades de enseñanza post universitaria.

En la lista proporcionada por dicha secretaría, no consta ni la UNE ni la fundación Pachamama. Pero, ¿no fueron estas las primeras organizaciones disueltas? ¿Desapareció su registro entre las pilas de archivos ministeriales? Nunca lo sabremos.

Pese a lo engorroso del proceso, en Fundamedios insistimos en hacer un análisis manual de datos al 35% de las organizaciones enlistadas en la página web del RUOS (imposible hacerlo al 100% sin perder la paciencia). Encontramos 27 organizaciones disueltas, la mayoría registradas en el MIES y domiciliadas en la provincia del Guayas. No obstante, solo diez de ellas constan en la lista de organizaciones disueltas enviada por la Secretaría de Gestión de la Política. Se supone que ambos datos salen del mismo SUIOS. Insólito.

Por otro lado, el motivo de disolución no está disponible en la web del sistema, pero existe un antecedente: en julio de 2016 el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la UNE y el Comité Central de Padres de Familia del Colegio Montúfar, ambas con posiciones críticas frente al Gobierno. Salvo la UNE, al resto se las iba a disolver por hallarse supuestamente inactivas.

Estos datos se cotejaron con la lista actualizada de organizaciones disueltas que se solicitó al Ministerio de Educación, y en efecto constan como disueltas ocho de esas nueve organizaciones, menos el Comité de Padres de Familia del Montúfar, que a día de hoy consta en estatus de registrado en la página del RUOS, pero su hoja de registro está vacía y no existe el acuerdo ministerial. En el SRI su estado es pasivo y el estado del establecimiento consta como cerrado, por lo que parecería que tal comité existe y no existe a la vez.

En busca de una respuesta a tanta inconsistencia, conversamos con un funcionario de la Secretaría de Gestión de la Política, quien señaló que la razón principal de disolución de las OSC, además de la voluntaria, es la inactividad o el no haber presentado toda la documentación requerida para su registro o actualización. Pero, como ya imaginábamos, no hay información total levantada al respecto.

La mayor respuesta a estos misterios numéricos vino de coincidencia, cuando una funcionaria del Ministerio de Agricultura -MAGAP- comentó que el SUIOS no funciona adecuadamente, y que desde la aplicación del decreto 16, los trámites y requisitos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron una traba.

“La funcionalidad del SUIOS era importante en el Decreto 16, pero con el 739 le quitaron importancia al sistema. Antes era requisito que las organizaciones se registren en él, pero por las complicaciones que hubo, en una reunión se llegó a un acuerdo en el que cada ministerio se comprometía a subir en el sistema la información de las organizaciones que se registren en cada entidad”, explicó.

Pero esto no quedó ahí. La misma funcionaria fue más allá y de plano dio a entender que la plataforma SUIOS es un fracaso. En el ministerio en el que labora, por ejemplo, no se ha dado seguimiento a la actualización del sistema. “No ha habido el interés ni se ha puesto empeño en ello”, agregó de la forma más tranquila. Lo curioso, por decir lo menos, es que tal Ministerio desarrolló su propio sistema, el Registro de Organizaciones del Multisector –ROM-, que pese a tener un registro completo de las organizaciones inactivas, no posee datos consolidados acerca de las organizaciones disueltas por el MAGAP. ¿Un sistema paralelo? Más recursos públicos.

El MAGAP fue uno de los seis ministerios a los que se solicitó información acerca de las organizaciones registradas y disueltas, de los cuales solo tres respondieron con la información completa. El resto o acudió a leguleyadas para no dar la información, o simplemente declaró no tenerla levantada.

Ahora sí, veamos por qué debíamos olvidarnos de las 44 organizaciones disueltas que nos había dicho la Secretaría de Gestión de la Política. Son muchas más:

Cifras-Ministerios (1)Fig. 4

Si se hace una comparación entre los datos de la Fig. 1 proporcionados por la Secretaría de Gestión de la Política y los datos de la Fig. 4, claramente se aprecia que las cifras no coinciden ni en el número de organizaciones registradas, ni en el número de disueltas. Respecto a esto último, sólo en los tres ministerios que respondieron a la petición de información, la cifra total (445) es diez veces mayor a la proporcionada por el SUIOS (44).

¿Más explicaciones? Según el funcionario de la Secretaría de la Gestión de la Política que consultamos para esta investigación, la diferencia entre los datos subidos al SUIOS y los que poseen los ministerios es porque, en efecto, cada ministerio está encargado de actualizar esta información y que se demoran en hacerlo… si es que lo hacen. Recordemos lo dicho por la funcionaria del MAGAP.

Ahora, vamos a lo preocupante. Si tanto el decreto 16 como el 739 fueron creados para crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales (de hecho, así se llama dicho reglamento), y este claramente no cumple su objetivo, ¿para qué se busca convertirlo en ley? En la entrega anterior de este reportaje se consultaron varios expertos que coincidieron en que se trata de una ley que busca limitar, perseguir y anular a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que su propósito inicial era el de organizar un sistema que a las claras mal funciona.

Como se mencionó anteriormente, la funcionaria del MAGAP consultada reveló que los procesos y requisitos impuestos por los decretos 16 y 739 se volvieron tan engorrosos e imposibles para el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ellos simplemente decidieron pasarlos por alto y crear su propio sistema, lo cual suena absurdo por donde se lo mire.

Con todo los datos analizados, podemos concluir que, si de las aproximadamente 90mil organizaciones registradas en el SUIOS, la mayoría están en proceso de registro y son solo 18mil las realmente registradas, y de ellas, hay que determinar las que están en estado activo (solo en el MAGAP hay más de 1.900 inactivas), la cifra de 445 organizaciones disueltas cobra gran relevancia, y eso que solo pertenecen a 3 de los 28 ministerios en los que se registran las OSC.

Estaríamos entonces frente a dos decretos que hoy están próximos a convertirse en el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, los cuales básicamente han desvirtuado su supuesta razón de ser original para convertirse en un mecanismo de disolución de organizaciones de la sociedad civil, ya que, como pudimos constatar, es lo único que realmente funciona y se aplica de tales reglamentos.

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libertad de asociacion en jaque

“Tenemos en nuestro país una sociedad civil muy vibrante y grande. Tenemos más de 90mil organizaciones registradas. Y a veces -yo que como canciller viajó de un espacio multilateral a otro- vemos siempre las tres o cuatro mismas organizaciones de la sociedad civil financiadas por países, que expresan las mismas quejas que luego se exponen de manera sistemática en espacios como este”. Estas eran las palabras del Canciller Guillaume Long, el pasado 1 de Mayo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada 5 años la ONU a los países miembros para determinar la situación de los DDHH en cada nación.

Durante dicho examen, el Ecuador recibió recomendaciones de 27 países en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Respecto a este último tópico, fueron 16 las naciones que hicieron referencia a la vulneración de ese derecho básico, y en específico, varias se refirieron a los Decretos Presidenciales 16 y 739, los cuales fueron creados para registrar y regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, no fueron aceptadas por el Ecuador las recomendaciones de cuatro países (Bélgica, Costa Rica, EEUU y República Checa) que abogaban por la libertad de asociación y por la revisión o derogación de tales decretos.

Infografía 27 países-01

Ello porque los decretos en cuestión contemplan, entre otras causales, la disolución de las organizaciones por “desviarse de los fines para los que fueron constituidas” y por “dedicarse a actividades de política partidista, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”, lo cual contraviene el derecho fundamental de la  libre asociación contemplado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales.

Pero, ¿qué hay detrás de todo este cercamiento y blindaje legal a las organizaciones de la sociedad civil? Y, además, ¿cuáles son los riesgos de que dichos decretos sean transformados en ley, como se pretende hacer con el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de aprobarse para ser debatido en la Asamblea?

Empecemos por partes. Según información del SUIOS (Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales) en efecto existen más de 90 mil organizaciones de la sociedad civil registradas en el RUOS, es decir, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil. Al momento, para ser exactos, 90.566 y dicha cifra va en aumento constantemente. Por ejemplo, a fecha del 18 de abril, el número registrado en la página del RUOS era de 90.148.

De este número de organizaciones, la mayoría están en estatus de registradas y el resto constan como activas, disueltas o liquidadas. Según información publicada en diario El Comercio en marzo pasado, serían 26.081 las organizaciones registradas en el SUIOS  y el resto estarían en proceso de registro. Esta información no ha podido ser refrendada por Fundamedios, pues, pese a haberse solicitado por varios medios y haber enviado oficios a la Secretaría de Gestión de la Política, que es en donde se registran todas las organizaciones, no recibimos respuesta alguna, lo cual contraviene el derecho al acceso a la información pública contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, información proporcionada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) recoge que en el país existirían 46mil organizaciones, dato proporcionado por comunicados oficiales desde el Estado, según indicó la CEOSC. No obstante, a decir de Galo Toapanta, comunicador de tal organismo, este dato no lo pueden verificar, pero la referencia que pueden proporcionar es las cerca de 2000 organizaciones que lograron mapear: “muchas de estas requieren de una comprobación. Luego de una verificación una por una, tenemos un mapeo de cerca de 400 organizaciones”. Por otro lado, son 64 las organizaciones miembros de la CEOSC a nivel nacional.

Pese a que en la página web del RUOS está subido el registro y el acuerdo ministerial (no en todos los casos) de cada una de las 90mil organizaciones registradas, incluyendo su objetivo principal y su ámbito de acción, no existe un mapeo general de qué tipo de actividad realizan y es imposible determinar si son partícipes activas del ámbito público y social. Por ello, es impreciso asegurar que aquellas organizaciones representan en su totalidad a una “vibrante y grande sociedad civil”.

Respecto a eso, Ivonne Yánez, miembro de Acción Ecológica y una de las personas que elaboró uno de los informes sobre libertad de asociación presentado a los países miembros de la ONU para el EPU, opina que “efectivamente podría haber un número elevado de organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas tienen solamente un nombre o pueden ser simplemente asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Digamos que, probablemente, en términos de cantidad sí es elevado, sin embargo, el que sea vibrante y que efectivamente tenga las mejores condiciones posibles para poder trabajar, es otra cosa”.

Con ello coincide Mauricio Alarcón, ‎director (E) de Fundamedios, quien cree que la sociedad civil siempre ha sido grande, “como tercer sector ha sido uno de los elementos fundamentales del país; lo que cuestionaría es el término de vibrante, pues justamente la política del Gobierno respecto de la sociedad civil ha creado un sistema de premios y castigos que a muchas organizaciones ha silenciado, a algunas ha anulado y a otras que han logrado sobrevivir, se les ha estigmatizado, perseguido y hostigado como ha ocurrido en los últimos años”.

¿Se trata de las cuatro organizaciones de siempre?

Aunque la posición oficial del gobierno acusa de hacer un lobbying parcializado a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil en el marco del EPU, lo cierto es que es imposible trazar una línea de proporcionalidad entre las más de 90mil organizaciones que constan en el RUOS y las que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH, pues, como se dijo anteriormente, además de la inexactitud de aquellos datos, muchas de esas organizaciones registradas tienen actividades que distan de tener una incidencia en la esfera pública y social en el tema de derechos.

Según Alexandra Almeida, directora de Acción Ecológica, no es cierto que simplemente se trate de tres o cuatro organizaciones: “ha existido una amplia participación para hacer estos informes sombra que incluso se hicieron individualmente y también en conjunto, dependiendo de los temas. También en el cabildeo que se hizo en embajadas esta vez hubo muchas más organizaciones participando”.

Según la información oficial del EPU, las organizaciones de la sociedad civil presentaron 47 informes, 26 de los cuales fueron realizados por coaliciones de varias entidades en temas diversos como derechos sexuales y reproductivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, género, medioambiente, derechos territoriales, reunión pacífica, entre otros; además de los ya mencionados: derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Esto en contraste con los 19 informes que se presentaron durante la evaluación anterior en 2012, por lo que la participación de la sociedad civil se incrementó este año en más del doble.

Infografía informes-02

Es por ello que Mauricio Alarcón considera que los dichos del canciller denotan “una terrible ignorancia, pues ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer los informes que presentó la sociedad civil”. También explicó que en ellos “se abordan todos los derechos fundamentales, no únicamente dos o tres temas, y precisamente de ahí parten los cuestionamientos”.

Con ello coincide Ivonne Yánez, y resalta que los países realizan sus recomendaciones a través de serias investigaciones, por lo cual considera “una grosería del canciller Long decir que los países se limitan a tomar esos informes”. También explica que los mismos se realizan de forma individual y luego colectiva con varias organizaciones en diversos temas. Posteriormente algunas organizaciones de derechos humanos hicieron un trabajo de incidencia ante las embajadas, y también se hizo  una visita en los períodos de apreciación en el mes de abril en Ginebra, previo al Examen Periódico Universal.

Una de las agrupaciones de la sociedad civil que presentó un informe conjunto para el EPU fue la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, misma que agrupa a 25 organizaciones de diversa índole, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP-, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la ECUARUNARI, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, la Federación de Médicos del Ecuador, la Fundación DESAFÍO, entre otras, cuyo informe incluye el análisis de la situación de ocho derechos básicos en el país.

De acuerdo a la información incluida en el resumen de los comunicados de las 50 partes interesadas para el EPU Ecuador, serían más de 80 organizaciones de la sociedad civil las que presentaron informes en el marco de dicho examen.

¿Cuál es el riesgo de que los decretos 16 y 739 se conviertan en Ley?

Que la posición oficial deslegitime a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos básicos es bastante decidor respecto al derecho que justamente se está vulnerando con la aplicación de tales decretos: el de la libre asociación. Es por ello que varias organizaciones denunciaron la situación en la coyuntura del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente acaba de entrar a la Asamblea mediante avocación de conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana para su posterior primer debate.

Ello pese a la acción de protección en contra del trámite de dicho proyecto presentada en abril por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la cual fue denegada.

Este proyecto busca, entre otras cosas, convertir en ley a los Decretos 16 y 739, con lo cual, según Juan Auz, abogado de la organización Terra Mater, “se perdería el principal argumento que tenemos desde la sociedad civil para rechazarlos, que consiste en que se está regulando un derecho fundamental -el de la libre asociación- mediante una norma de jerarquía menor, entonces eso viola el principio de legalidad”.

De hecho, esa es una de las mayores críticas de los organismos internacionales, tal como se recoge en el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27, de 2012, que en su párrafo 16 dice que “toda restricción (a derechos fundamentales) debe… estar prescrita por la ley, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión”. Asimismo, el Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, señala que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley (mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa”.

“Cuando elevas un decreto a ley orgánica, ya tienes la legitimidad y la legalidad; además de que es más difícil derogar una ley que un decreto, de hecho, un nuevo gobierno puede derogar un decreto pero no una ley”, explica Auz.

Alexandra Almeida por su parte, cree que el proyecto de ley “es nefasto, dado que eso da pie a que se cierren otras organizaciones”. Cree además que es una “violación total a los derechos que tenemos como ciudadanos y también para las organizaciones”. En ese sentido, Mauricio Alarcón expresa que “si no hubiera la intención de seguir controlando a las organizaciones a través de restricciones, ¿por qué elevar a categoría de ley una norma que, dicho por los relatores, no cumple con los estándares internacionales? Pues para dejar un blindaje que sea una suerte de amenaza a ciertas organizaciones, para que el nuevo gobierno la aplique quizá de manera selectiva”.

Según Marcelo Espinel, Director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “es necesario que las organizaciones de la sociedad civil planteen ante los legisladores que el proyecto no cumple con los estándares internacionales y que el informe que debería emitir la comisión encargada es su inmediato archivo”.

Una de las críticas respecto al incumplimiento de los estándares internacionales es que el hoy proyecto de ley contempla causales de disolución que son poco claras y se prestan a interpretación discrecional. Según el informe emitido por el Comité de DDHH de la ONU en junio pasado, “al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica, con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.

Para Ivonne Yánez, las causales de disolución “no son sólo subjetivas sino que están a discrecionalidad de los funcionarios públicos que son los que deciden cuándo las organizaciones están cumpliendo con sus objetivos, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado. Lo que buscan es amedrentar a las organizaciones, evitar que se denuncie las posibles violaciones a derechos, cuando en realidad ese es nuestro trabajo”.

Desde 2013, año en el que fue aprobado el Decreto 16, se han disuelto dos organizaciones de manera arbitraria y polémica basándose en tales disposiciones: la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores UNE. La primera acusada de atentar en contra de la seguridad interna del Estado y la paz pública, y la segunda por supuesto incumplimiento del registro de su directiva.

Otras dos organizaciones que también estuvieron a punto de ser disueltas por la aplicación de dicho decreto fueron Fundamedios, por supuestamente alejarse de sus fines estatutarios al evidenciar posiciones de carácter político;  y Acción Ecológica, la más reciente, por desviarse de los fines para los cuales fue constituida, y por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado y afectar a la paz pública.  

No obstante, estas cuatro organizaciones no son las únicas disueltas o amenazadas por la aplicación de tales decretos. En una próxima entrega Fundamedios presentará una investigación sobre cuántas organizaciones de la sociedad civil realmente han sido disueltas en el país.

 

 

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auditoria digital foto

Del proceso electoral del pasado 2 de abril hay más dudas que certezas. Una serie de irregularidades manifiestas lo deslegitiman frente a una ciudadanía que reclama transparencia. Pese a que la petición general y del movimiento CREO es el reconteo de votos que toma en cuenta la dimensión física del proceso, hay cuestionamientos que derivan del plano digital e informático y que deben ser resueltos por las autoridades competentes.

Estas dudas surgen debido a la caída de la página del CNE durante media hora, entre las 18:50 y las 19:20, según reportó el monitoreo de Usuarios Digitales, contrario a la versión oficial que maneja el CNE de que solo fueron 15 minutos.

página cne caída
Fuente: Usuarios Digitales.

Asimismo, los nombres de dominio de dicha página cambiaron tres veces. Aquello generó todo tipo de especulaciones que iniciaron con la idea de un apagón digital hasta las declaraciones del Presidente Rafael Correa, en las que aseguraba que la página habría sufrido un hackeo desde los EEUU, como parte de una conspiración de la derecha.

Frente a esta ola de supuestos hay que hacer varias precisiones. Expertos consultados por Fundamedios explican que la página web del CNE que muestra los resultados electorales es solo un front, es decir, es tan solo un sitio web que recibe información para el acceso público a la misma y no tiene nada que ver con el sistema que estaría generando dicha información, es decir, no tiene acceso a la base de datos generada por el CNE. Según precisaron estas fuentes, el sistema en sí funciona a través de una VPN (Red Privada Virtual), que es una red cerrada a la cual no se puede acceder por Internet públicamente.

Esta VPN es la que se usa para el sistema del centro de cómputo del CNE, y es por ello que no son erradas las declaraciones de Juan Pablo Pozo y del Presidente Correa acerca de que el sistema de conteo de votos no tiene que ver con la página web. No obstante, y pese a que Pozo declara que el conteo siguió realizándose normalmente en el Hotel Marriott, en una entrevista realizada por el portal Gkillcity a Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral, éste asegura que “no había forma de conocer qué sucedía, hasta que salieron a dar una rueda de prensa. Yo estaba en el Hotel Marriott donde instalaron el centro de transmisión de resultados y ni nosotros —ni los partidos, ni la prensa nacional e internacional— pudimos conocer qué resultados habían, peor ejercer el derecho a la defensa o al control social y político que dice la Constitución y la ley, que pueden hacer los partidos”.

Lo cierto es que hubo un vacío de información durante varias horas que debe aclararse de una forma sustentada y con pruebas. Por otro lado, algunas personas expresaban en relación al cambio de nombres de dominio que ello sería parte del fraude informático que supuestamente se habría fraguado, pues denotaría un cambio de servidor. Para alias NEO, hacker y experto informático, ello no significa per sé un cambio de servidores pero “es un indicio que se presta a dudar”. No obstante, para comprobar aquello, según Humberto Arthos, de Usuarios Digitales, se debería tener acceso a los logs, es decir, los historiales de los servidores del CNE, lo cual obviamente no se puede obtener pues no es accesible públicamente. A través de eso se puede rastrear si hubo un cambio de servidor o no. “¿Por qué cambiarían los links de acceso a la página si eso ya debía estar predefinido?”, se pregunta el experto.

Según Arthos, lo que Usuarios Digitales comprobaron es que en efecto un cambio de nombres de dominio, lo cual establecería la primera exigencia al CNE en temas digitales referentes al proceso electoral: que abra al público el historial de sus servidores y que explique el porqué del cambio de nombres de dominio en la web. Todo ello acogiéndonos al derecho a la información y al acceso a la información pública que ampara la Constitución y contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La segunda duda que debe ser resuelta por el CNE es justamente la caída de la página. Y en este aspecto hay varias inquietudes, pues cierto es que las declaraciones de Pozo acerca de la inaccesibilidad a la página del CNE debido al tráfico excesivo no son del todo erradas. Según explica Arthos, la página del CNE –al igual que varias páginas a las que no se pudo acceder ese día- usa un servicio de rendimiento y seguridad web llamado Cloudflare, el cual sirve para alivianar la carga por el tráfico de red y que el internet sea más rápido. Este servicio reportó problemas de desempeño de la red en Quito, Ecuador, el 2 de abril.

Para Arthos, ello podría deberse a que “la empresa instaló recientemente en Quito un data center, con lo cual Ecuador se convertiría en un punto concentrador de Internet”, no obstante aquello no termina de explicar la caída de la página, pues una cosa son los problemas de tráfico y otra la inaccesibilidad que se presentó desde ciertas ISP locales (proveedores de servicio de internet), ya que la página sí tenía acceso desde Claro y TvCable, y más no desde Movistar, CNT y Netlife. Además, también se podía acceder a través de VPNs (redes privadas virtuales), las cuales son redes a las que el usuario se conecta desde otra ubicación geográfica, no localmente.

Si hubiese sido netamente un problema de tráfico, como aseguró Juan Pablo Pozo, al menos todas las ISP locales hubiesen presentado la misma inaccesibilidad. Para María José Calderón, investigadora de la Universidad Internacional, lo que pasó en este caso no es un apagón digital masivo, sino que se trata de una forma sutil de bloqueo al acceso que se llama selective shutdown, en la cual solo se inhabilitan ciertas IPs: “lo hacen selectivamente. Lo han hecho países como Rusia, los países mediterráneo-árabes después de la primavera árabe, por ejemplo. Desde que empezaron hace unos cuatro años este tipo de manifestaciones a través de internet a nivel global, los gobiernos han empezado a abusar de los apagones digitales o bloqueos”.

Esto se traduce en una violación de derechos, ya que la conectividad es un derecho humano reconocido por la ONU en un informe emitido en 2011: “cortar el acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación, incluida la violación de las leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, por tanto, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

En este sentido, Calderón cree que se trata de un tema de transparencia y de gobernanza digital y esto es por lo que varias organizaciones luchan actualmente, por la garantía de la conectividad, que también está contemplada en la Constitución. “No se puede saber lo que pasó sin que nos digan dónde estaban sus servidores y para ello es necesaria una auditoría informática”, explica.

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Otro punto que llama la atención y que para el hacker Neo es fundamental, es que durante la primera vuelta, los observadores internacionales recomendaron ampliar el ancho de banda usado en la transmisión de datos por internet; sugerencia que fue acogida por el CNE, que amplió hasta cuatro gigabytes el ancho de banda, lo cual debilitaría la tesis de la caída de la web por exceso de tráfico, pues según el experto, la página estaba preparada.

Pero incluso si este argumento tuviera algo de cierto, se contradice completamente con la teoría conspirativa que presentó el Presidente Correa, cuando, a través de Twitter y varias declaraciones, incluido el enlace ciudadano del sábado 9 de abril, aseguró que la página del CNE se cayó durante el conteo de votos porque fue hackeada desde los EEUU.

Y esto asegura Neo tajantemente que es errado, pues como hacker experto, explica que es imposible detectar un país exacto de donde provienen este tipo de ataques que se llaman DDoS, los cuales buscan inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura a través de saturarlos de peticiones. Este mecanismo es usado tanto por organizaciones criminales, hackers como por gobiernos.  

La explicación es que este tipo de ataque se basa en el envío simultáneo de multitud de solicitudes para abrir la página, lo cual se consigue ya sea a través de la instalación de malwares que convierten a varias máquinas en computadores zombies que envían las peticiones, o través de lo que se conoce como Hacktivistas, que es el mecanismo que utiliza Anonimous, en el cual se centraliza el software de ataque, por ejemplo el LOIC, el cual sirve para realizar las peticiones simultáneas a través de un botnet (grupo de robots informáticos automatizados).

Este tipo de software es similar a los webhive que usan los hackers para lograr lo mismo, y que  se conectan a una red VPN, es decir una red privada que no puede rastrearse de dónde proviene. Por otro lado, los hackers se conectan al webhive desde direcciones IP que provienen de todo el mundo. El webhive puede estar alojado en un servidor en determinado país pero este simplemente replica los ataques que provienen de varios lugares, por lo que es prácticamente imposible detectar un sitio específico del que se originan.

Igualmente, si este hubiese sido el caso, tampoco se logra explicar el por qué desde ciertos ISP locales y VPN sí había acceso a la página, ya que un ataque DDoS impediría el acceso desde cualquier red o proveedor de servicio de internet.

Entonces, según Neo, la única forma comprobar las afirmaciones del Presidente, es mostrar los logs, es decir, los registros del ataque. Con lo que una vez más, se repite el requerimiento de la auditoría digital. Pero él incluso va más allá, pues cree que los datos son volátiles y pueden haber sido borrados. Para ello sugiere que se realice una auditoría forense de todo el proceso, similar a la que se hace en el caso de delitos digitales, y con auditores independientes. “Si todo está guardado y no se abre, nos perjudica a todos”, concluye.

Transparentar el proceso electoral, no solo a través de un reconteo de votos sino mediante una auditoría digital es una obligación del Gobierno y el acceso a esa información es un derecho ciudadano. Durante el último enlace ciudadano, el Presidente Correa manifestó que “si quieren una auditoría informática, entonces que la pidan”. No obstante, ello debería garantizarse con total independencia y autonomía, pues a través de ese proceso se puede legitimar los resultados de las votaciones y aclararse todas las inconsistencias surgidas a raíz de las diferencias entre los resultados presentados por el CNE, los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica, y las encuestas de CEDATOS y Perfiles de Opinión.

Caso contrario se estaría incurriendo en una violación de derechos, pues la Constitución en su Art. 18 numeral 2 establece que “en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.