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Investigaciones

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Si bien los documentos utilizados para entregar las frecuencias Galaxia Stereo (88.5), Alfa Stereo (104.1), Tropicálida Stereo (91.3) y Like Fm (96.1) al empresario mexicano Ángel González, “El Fantasma”, se cocinaron en el Gobierno de Lenín Moreno, fue durante los primeros meses del Gobierno de Guillermo Lasso cuando culminó ese proceso. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así lo reconoce y aclara que no fue decisión suya.

Las frecuencias en favor de cuatro compañías relacionadas con El Fantasma, fueron adjudicadas entre el 9 de junio y el 8 de julio. Las resoluciones fueron emitidas desde la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Mediante la Resolución Arcotel-2021-651, del 9 de junio, se adjudicó a favor de la compañía Andivisión S.A., la frecuencia Tropicalia Stereo 91.3 (MHz) y se dispuso que se realizaran los trámites administrativos para la suscripción del título habilitante. Lo mismo ocurrió con la Resolución Arcotel-2021-0664, del 15 de junio, que adjudicó a Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. la concesión de la frecuencia “Like FM”, 96.1 (MHz).

El 18 de junio, la Resolución Arcotel-2021-685 adjudicó la frecuencia “Galaxia Stereo” 88.5 (MHz) a favor de Televisión Independiente Indetel S.A; y el 8 de julio, la Resolución Arcotel-2021-788 concesionó a Radiodifurosa Ayax del Ecuador S.A. la frecuencia “Alfa Stereo 104.1 (MHz)”. En las cuatro resoluciones se dispone que se inicien los trámites administrativos para la suscripción del título habilitante, tanto de las matrices como de las repetidoras.

El exdirector ejecutivo de Arcotel Xavier Aguirre se ampara en estas fechas para sostener que durante su gestión “no se entregaron títulos habilitantes ni frecuencias a las radios mencionadas”. En una carta, explicó que el concurso de frecuencias se realizó conforme las bases del proceso público competitivo y que, luego de la descalificación, los solicitantes de las cuatro radios mencionadas impugnaron en primera instancia. Lo hicieron basándose en la aplicación del Tratado de alcance parcial de complementación económica entre el  gobierno de Ecuador y los gobiernos de Guatemala y Uruguay. Tratado que no es pertinente, según se demostró en nuestra investigación. 

Según él, con las resoluciones emitidas desde la Dirección Ejecutiva de la Arcotel en su periodo no se adjudicaron títulos habilitantes ni frecuencias a ningún participante: “Únicamente dieron paso a la continuación del proceso regular de un acto administrativo”. No obstante, las resoluciones que adjudicaron las cuatro frecuencias fueron elaboradas sobre la base de las disposiciones ordenadas durante la dirección de Xavier Aguirre en la Arcotel, el último día de sus funciones: el 27 de mayo.

Aguirre no solo aceptó los recursos de apelaciones presentados por las cuatro compañías, sino que dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes que realice una nuevo informe de verificación de inhabilidades y prohibiciones y le encargó la coordinación para que ejecute todas las  acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esa resolución.

¿Qué dice el actual director de Arcotel al respecto? Fuentes internas confirmaron a Fundamedios y 4 Pelagatos que el actual director ejecutivo, Andrés Jácome, no tenía conocimiento de la entrega de estas cuatro frecuencias al Fantasma, que “se la pasó por las galletas”. De hecho, en las resoluciones de adjudicación no consta el nombre del actual Director Ejecutivo ni su firma de responsabilidad. Los documentos fueron elaborados por funcionarios de rango medio de las áreas Jurídica de Proceso Técnico y Económico, aprobados por el Director del Proceso Público Competitivo y la firma final fue del Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes.

Fundamedios y 4 Pelagatos han solicitado una entrevista con el actual Director Ejecutivo de Arcotel, su equipo de comunicación envió un video donde el funcionario aseguró que el organismo “adjudicó los títulos habilitantes en el anterior concurso de frecuencias”, aplicando los procesos de control y revisión emitidos por la entidad en mayo de 2020 y que se ha iniciado ya la revisión, supervisión y control de las frecuencias adjudicadas.

La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que ahora se está analizando si fue correcta o no y si “la adjudicación cumplió o no con la Ley”. Si bien las frecuencias fueron otorgadas, las resoluciones de adjudicación establecen que, de llegar a determinarse que la adjudicataria incurrió en alguna de las prohibiciones o inhabilidades (…), se iniciará el proceso administrativo de terminación de la concesión y las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar.

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Investigación de Fundamedios y 4P

Lenín Moreno no le falló a Ángel González, llamado El Fantasma. En las últimas horas de su Gobierno, el expresidente entregó al zar de medios, de origen mexicano y dueño del diario El Comercio, las frecuencias de otras cuatro estaciones de radio que, durante el concurso para su adjudicación, habían sido descalificadas por incumplir requisitos.

Las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del Gobierno de Moreno, y que fue publicada el 27 de mayo del 2021 —cuatro días luego de asumir el Gobierno Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara el nuevo director de esa entidad de regulación.

Esas emisoras de González habían sido descalificadas por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: ser de propiedad, en un 49% máximo, de personas naturales o jurídicas. En los hechos, pertenecían, entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay.

La decisión de Moreno a favor de González se concretó a raíz de un encuentro entre ambos. Según fuentes consultadas por Fundamedios y 4P, el encuentro ocurrió el 5 de mayo, cuando el presidente saliente —al que le quedaban 20 días en el cargo— participó en el Foro para la Defensa de la Democracia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo, en el Hotel Biltmore de Miami.  Ahí, Moreno y González (que vive en esa ciudad) tuvieron una reunión de apenas 10 minutos.

Moreno pidió entonces a la Cancillería que respondiera favorablemente una consulta que la Arcotel, encargada del concurso de frecuencias, había hecho el 29 de abril del 2021. Virna Jeannet Vásconez, su coordinadora general jurídica, había preguntado si el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Guatemala —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador— hace parte de esos acuerdos que, “presuponen el establecimiento de reglas de derecho respecto de las cuales las partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir con estos acuerdos, como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación; y, por consiguiente, cumplen con las condiciones necesarias para que sean aplicados de conformidad con el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, tal como se ha indicado en el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación». 

La consulta, contenida en seis páginas y dividida en tres puntos, tenía un objetivo preciso: establecer que ese acuerdo, por ser un instrumento internacional reconocido por Ecuador, estaba por encima de la Constitución y las leyes y permitía saltarse la Ley de Comunicación, que establecía, como se vio, limitaciones legales del accionariado extranjero para ser dueño de medios en el Ecuador.  

!Bingo¡ El pedido fue atendido de inmediato: el 5 de mayo —cuando Moreno aún estaba en Miami— la Dirección de Tratados de la Cancillería remitió a la Coordinación General Jurídica de la Arcotel la respuesta. Un oficio de 3 páginas en que le decía que el acuerdo con Guatemala y otros sí “forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen carácter supralegal”. Lo firmó Mary Lorena Burey Cevallos, directora de Tratados, con copia a otras tres funcionarias de la Cancillería.

El camino quedaba así allanado para que Ángel González no perdiera esas frecuencias que, según fuentes de la Arcotel, habían sido descalificadas por el equipo técnico que seguía las recomendaciones de la Contraloría. En un informe publicado en el 2018, ese organismo había objetado la concesión de las frecuencias, hecha por el correato al grupo de González, en 2016. La Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de la Arcotel, a cargo del concurso, comunicó, el 17 de febrero, a los representantes legales de González, que sus emisoras no habían pasado el concurso. Gabriela Cristina Hernández, su representante legal, apeló esa decisión el 24 de febrero del 2020. Ella no negó la participación mayoritaria de empresas extranjeras: adujo que, según la prelación de las leyes, el convenio con Guatemala estaba por encima de la Constitución y la Ley, y facultaba a una persona jurídica de ese país a tener más del 49% de acciones en un medio de comunicación nacional. Se trataba de las empresas Fizler S.A. y Radio y Televisión Guatemala S.A, de propiedad de González. Según la abogada, la descalificación hecha por la Arcotel, “constituye un evidente acto nulo, pues no ha dado aplicación directa del mandatorio (sic) constitucional y del respectivo Convenio internacional».

Lo curioso es que, una vez revisados los acuerdos de “complementación económica” citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa.

Esa apelación fue la que motivó la consulta de la Arcotel a la Cancillería. Con la intervención de Moreno desde Miami, la respuesta de la Cancillería llegó justo a tiempo a la Coordinación Jurídica de la Arcotel que, en su informe jurídico del 25 de mayo, dio la razón a la abogada de González y ordenó al departamento organizador del concurso que devolviera las concesiones al zar de los medios. 

En este punto las fechas son claves. El 24 de mayo se había posesionado el Gobierno de Guillermo Lasso y la administración pública estaba en proceso de transición. En el sector de las Telecomunicaciones, se había nombrado como máxima autoridad a la ministra Vianna Maino.

El 27 de mayo, Xavier Aguirre, director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras. Del mismo modo, dejó sin efecto el Informe General de Inhabilidades y Prohibiciones, que determinó que cuatro frecuencias relacionadas con El Fantasma estaban inhabilitadas para participar. En sus últimas horas en el cargo, Aguirre dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, que realizara un nuevo informe de verificación, analizando de forma integral los tratados internacionales y que requiriera a los participantes la renovación de las garantías por el tiempo que correspondiera dentro del Proceso Público Competitivo. Ese día se publicaron las resoluciones y González finalmente se quedó con las frecuencias.

¿Por qué participó en este proceso la Cancillería? Según los abogados consultados, no está legalmente facultada para absolver consultas como la que hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado. En su Ley Orgánica dice, en efecto, que entre sus funciones tiene que «absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico».

La consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico de la Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene, en la resolución final, que el acuerdo con Guatemala es “supralegal” y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013 —que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales— se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa Ley. Ni la Cancillería ni la Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron.

Así, Moreno devolvió a González cuatro emisoras más. ¿Qué ganó a cambio? Las fuentes consultadas por 4P y Fundamedios hablan de una “protección” ante posibles demandas, que le puede otorgar al expresidente un grupo que ha acumulado más de 19 matrices, 85 repetidoras, incluyendo tres cadenas nacionales de TV, emisoras de radio por todo el territorio y un diario de alcance nacional, como El Comercio (aunque sumido en una profunda crisis); sin embargo, es una versión difícil de probar. Lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y El Fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción.

La relación entre ambos se inició cuando Ángel González envió a dos de sus operadores a visitar a Moreno en Ginebra, pocas semanas antes de su retorno a Ecuador, el 26 de septiembre de 2016, para iniciar la campaña presidencial: Carlos Mantilla, entonces director de El Comercio, y Carlos Lorefice Lynch, entonces responsable de medios en la región. Y luego Moreno, durante su Gobierno, protegió a ese grupo al no haber revertido la concesión irregular que obtuvo para el canal de televisión de El Comercio y las concesiones de radio que, según la Contraloría, fueron entregadas irregularmente durante el concurso organizado por el correato.

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No son solamente los casos sobre la concentración de frecuencias que han sido ignorados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). A ello se suman múltiples voces ciudadanas que compiten por una emisora y que denuncian irregularidades  en el proceso público. Fundamedios recoge algunos de los casos que se reproducen en todo el país y dejan una secuela de afectación e impotencia. 

3 de diciembre de 2020

Errores administrativos, envíos de información a correos equivocados, radios históricas sin frecuencia, puntajes altos a participantes sin experiencia, supuestos conflictos de intereses, son algunas de las irregularidades que se denuncian en diferentes provincias. A raíz de que el pasado viernes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) dio a conocer los resultados preliminares dentro del proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Dos informes fueron publicados en el portal: el primero sobre el Resultado de la Evaluación de Solicitudes, que enlista los concesionarios que cumplieron o no con los requisitos y los respectivos puntajes e informes jurídicos; el segundo sobre el Informe General de Prohibiciones e Inhabilidades, en el que se registraba la información acerca del cruce de datos que realizaron con ocho instituciones.   

Aunque se tratan de resultados preliminares, los casos de concentración de medios detectados no son del único mal que adolece el concurso. Aquí las historias. 

Excolaborador de Gabriela Rivadeneira ganará Radio La Prensa, medio incautado, y sumará cuatro frecuencias familiares 

Existen casos en los cuales a extrabajadores o funcionarios públicos que mantuvieron relación con las altas esferas del poder se les otorga no una sino dos frecuencias y en este paquete va incluido frecuencias de medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado, y que permitirán la consolidación de nuevos ‘mini imperios mediáticos’, este el caso de la familia Carrillo de Otavalo. 

Según la última lista que publicó el ARCOTEL, Carrillo Espín Willian Alfredo participa por la frecuencia 97.9 que corresponde a Radiomar en Esmeraldas; la frecuencia 98.5 de Radio Ritmo en Santo Domingo y la frecuencia 100.1 que corresponde a Radio La Prensa T.V S.A de Guayaquil, medio de comunicación incautado que actualmente forma parte del paquete de medios públicos. Carrillo Espín es concesionario desde hace dos años de la Radio Qué Buena 90.1 de El Carchi. 

Los extrabajadores de Radio La Prensa realizaron un plantón el pasado 20 de noviembre, pues se oponen a la concesión de la frecuencia de radio. Según señaló Margarita Constante, vocera de los excolaboradores, la venta de esa radio era una de las alternativas que presentan para cobrar liquidaciones pendientes, pero eso se quedaría sin piso en el momento en que el Estado se quite la frecuencia a sí mismo.

De acuerdo al grupo de extrabajadores, Radio La Prensa Sport tiene empleados sin cobrar sus liquidaciones, y sin tener su cancelación del seguro social por lo que han solicitado públicamente que no ingrese a concurso. 

Según los registros iniciales de Arcotel la Empresa de Medios Públicos, accionista en los medios incautados, si solicitaron la renovación de la frecuencia, pero desde el primer proceso no cumplieron los requisitos. Es así que Carrillo Espín Willian Alfredo, con un puntaje de 79 puntos se llevaría esta frecuencia en Guayaquil.

Él es abogado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica del Norte y con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Fue experto 2 en la Unidad Técnica Legislativa y su ingreso a la Asamblea se dio en la época de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con quien mantiene una relación profesional desde Otavalo, de donde ambos son originarios. 

En ésa época legislativa se le asignaron varias representaciones: en agosto del 2014 fue designado por la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana que realizó la primera renovación del Consejo Nacional Electoral y en julio del 2015 junto  con Vladimir Salazar González, y Johana Pesántez Benítez fueron elegidos como candidatos a jueces de la Corte Constitucional (CC) en representación de la Función Legislativa, en el proceso de renovación parcial. Sus nombres fueron mocionados entonces por William Garzón, de Alianza PAIS (AP). Recibieron 81 votos a favor.

En julio del 2016 formó parte de la Comisión Ciudadana de Selección que llevó a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Según el Servicio de Rentas (SRI) Internas la principal actividad económica de Carrillo Espín Willian Alfredo es el servicio de pasajeros. 

Se podría decir que Carillo no ha estado inmerso en el mundo de la radiodifusión, pues en realidad es su padre, Mario Alfredo Carrillo Vargas, quien tiene como actividad principal la radiodifusión desde hace 25 años y es concesionario de Radio Satélite  que opera bajo el dial 107.1 en Otavalo. En su página web se detalla que la estación radial fue creada en 1994 de la mano del ingeniero Mario Alfredo Carrillo Vargas, y que en su programación se tratan temas de actualidad e interés general, tanto referentes a Otavalo como sucesos de Ecuador y el mundo. Según las últimas listas de Arcotel, Carrillo Vargas participó por la frecuencia 95.7 correspondiente a la Corporación Comunicacional de Cotopaxi SCC, con 88.5 puntos, sin embargo, no ganaría porque otros competidores tienen mejor puntaje.  

Sobre la posibilidad de que luego del concurso, su familia sea la propietaria de cinco frecuencias en Otavalo, Cotopaxi, Tulcán, Esmeraldas y Guayas, aseguró que su padre ha sido radiodifusor por más de 25 años y que de ninguna manera se puede configurar un ‘mini imperio mediático’ familiar pues “hasta ahora está endeudado en los equipos”. 

Willian Alfredo Carrillo Espín contó a Fundamedios que el mercado de Carchi no es bueno y que por eso decidió participar para obtener frecuencias en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. Además, destacó que de estas tres, la de Santo Domingo quedó lejos de estar en sus manos. 

No deja de ser llamativo, que quien señala admite que la operación actual de su medio de comunicación madre no es “bueno”, es decir lucrativo, tenga la capacidad para instalar repetidoras que cubren buena parte del territorio nacional y que sus planes de sustento económicos merezcan altos puntajes.

Sobre Radio La Prensa y los pedidos de extrabajadores del medio, contestó que desconocía la situación laboral y legal de la radio guayaquileña cuando concursó y que se escapa de su alcance pues la frecuencia se lanzó al proceso y él solamente participó. 

Al preguntarle sobre su relación con la ex Titular del Legislativo, respondió: “A Gabriela Rivadeneira no la he visto desde hace tres años, yo trabajé en una unidad jurídica de la Asamblea. Nunca he pegado un afiche de ellos jamás y no voy a permitir que difamen mi nombre, no tengo ninguna relación con Gabriela Rivadeniera, no la he visto ni he hablado con ella”, aseguró. 

 

¿Conflicto de intereses?

Steve Alexander Calvopiña Tipan tiene 19 años y es estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la escuela Politécnica Nacional de Quito. Actualmente, también es uno de los participantes por la frecuencia 102.9 con el nombre propuesto de ‘Sky Radio’. Según el informe emitido por ARCOTEL, Calvopiña obtuvo un puntaje de 119.5, el mayor entre los que compiten por la misma frecuencia. 

Podría pensarse que es la falta de experiencia o la juventud de Steve Calvopiña lo que llama la atención, aunque si se trate de un indicio, lo que realmente pone en tela de duda su participación es la relación que tiene con William Leopoldo Calvopiña Hinojosa, quien es su padre y según el portal de Contraloría de Declaraciones Patrimoniales Juradas, fue funcionario en ARCOTEL desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2019, bajo el cargo de “Profesional Técnico 1” en la ciudad de Riobamba.

De acuerdo, a las inhabilidades del concurso, se establece que no podrán participar “quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; se entenderá por autoridad de telecomunicaciones al Director Ejecutivo y todos los miembros del Directorio de ARCOTEL”. Es muy llamativo que en las bases del concurso se prohíbe participar a los miembros del Consejo de Comunicación, que no tiene nada que ver en el actual concurso, y en cambio sólo se establezcan prohibiciones para el presidente y el Directorio de ARCOTEL. ¿Los funcionarios de ARCOTEL que tienen a su cargo la calificación de las propuestas no tienen ninguna inhabilidad para participar? 

En el informe de Inhabilidades publicado por el organismo, se detalla que la información sobre Calvopiña (hijo) no ha sido entregada por el Registro Civil. 

“Si el padre del postulante apenas se retiró el año pasado de ARCOTEL, es obvio entender y comprender que él mismo tenía conflicto de intereses y por esta razón no postula él directamente en el concurso, por ello utiliza como testaferro a su hijo”, denuncia Luis Alberto Pumagualle, quien tiene más de cuarenta años de experiencia en la comunicación radial, y quien también participa por la frecuencia 102.9 de Riobamba, pero como repetidora.  Lo hace bajo el nombre de la empresa CG Producciones y Entretenimiento S.A. concesionaria de Radio Sensación 102.9, estación con más de una década operando en el cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo.  

“Tienen todo su derecho de participar, siempre y cuando no hayan conflictos de intereses por parte de quienes ya fueron funcionarios de ARCOTEL”, recalca. Ellos en cambio obtuvieron un puntaje de 98.5 como puntaje final, pues el postulante Calvopiña en el dictamen de sostenibilidad financiera saca un punto más  39.5.  Actualmente, expresa Pumagualle que han ingresado la documentación a ARCOTEL para que se reconsidere la puntuación. 

Fundamedios contactó a William Calvopiña y al preguntarle si su hijo estaba a concurso, respondió:  “Sí entiendo que si, él es mayor de edad”, y agregó “yo no tengo nada que ver con Arcotel (…) yo nunca fui director ni miembro del directorio yo ya no soy funcionario de Arcotel desde el año anterior, incluso yo pudiera participar no hay ningún impedimento”, aseguró e indicó que las inhabilidades aplican solo para los familiares del director y los miembros del directorio de ARCOTEL. 

Este no es el único caso denunciado sobre supuestos conflictos de intereses, ni tampoco el único en Riobamba. Alex Hernán Velasco García, quien participa por la frecuencia 93.7 con el nombre propuesto de ‘La Macarena’ obtuvo 86 puntos. Las denuncias en torno al caso giran sobre Ángel Hernán Velasco Jara, quien trabaja desde 1995 como “Profesional Técnico 3” y es el padre del participante.  Fundamedios contactó a Ángel Hernán Velasco, quien corroboró que su hijo está a concurso, y al igual que Calvopiña mencionó que aquello no incurre en ninguna inhabilidad. 

‘El Fantasma’ nunca pierde

A finales de 1950, Daniel Pinos (97 años), hoy uno de los radiodifusores pioneros del Ecuador, compró los derechos de Radio Cuenca 1180 AM. Desde entonces la estación fue conocida por tratar temas culturales, políticos, y deportivos. Así, Pinos dirigió la emisora hasta el año 2011, dejando su legado a cargo de la segunda generación de la familia, a su hijo Kleber Pinos.  

En diciembre de 2019, esa trayectoria fue interrumpida, debido a un “proceso de persecución”, como describe Kleber, pues cuenta que “por tener una postura de análisis y de crítica al anterior gobierno de Rafael Correa en el concurso anterior que fue fallido, nos descalificaron de entrada. Entonces nos sacaron del aire”, recuerda.  

El próximo mes cumplen un año de funcionar solo de forma online y de redes sociales, pero además se cumple su aniversario número 70, siendo Radio Cuenca una de las emisoras más antiguas del país. “Somos una familia de radiodifusores (…) decidimos este año tratar de conseguir una frecuencia para migrar de radio AM a FM”. Por ello, Daniel Enrrique Pinos Andrade, hijo de Kleber y parte de la tercera generación de radiodifusores de la familia,  participa para obtener la frecuencia 102.9 para una matriz en Cuenca con el nombre propuesto ‘Radiopolis’. Alcanzaron la puntuación perfecta entre el dictamen jurídico y el informe financiero sumando en total 120 puntos. Pese a su trayectoria de 70 años, esta propuesta no obtuvo puntos adicionales por experiencia y años de servicio.

El puntaje perfecto de la propuesta no es suficiente si su contrincante por la misma frecuencia era la empresa Televisión Independiente Indetel S.A. concesionaria de Galaxia Stereo que como ha revelado FUNDAMEDIOS forma parte de los medios de Ángel González alias El Fantasma. 

Recordemos. 

Indetel es de propiedad de la sociedad uruguaya Burtown S.A. sociedad que estuvo presidida y representada por Carlos Lorefice Lynch, exabogado del Fantasma; y la otra propietaria es la empresa guatemalteca, Televisiete S.A.

Además, el apoderado de la empresa ecuatoriana Indetel es Juan Carlos González Saenz, sobrino de El Fantasma. Según el informe publicado por ARCOTEL, Indetel obtiene 129 puntos pues acumula 30 puntos adicionales por experiencia y “años de servicios”.

“No nos imaginamos jamás que se incluirían, desde mi punto de vista, de una manera mañosa para que las mismas personas que han acumulado frecuencias como es el Fantasma González, el señor Yunda o el señor Andrade en Manabí, vuelvan a ganar con la trampa en donde se pone como parámetro ‘la experiencia’; que de pronto está ligada a la frecuencia que tenía un concesionario desde años atrás. Entonces, es imposible competir en esas condiciones (…) El Sr. Fantasma González sigue siendo el amo y señor de las frecuencias en el país, camufladas en varias empresas”, concluye Pinos. 

Quienes eclipsaron a ‘Radio La Luna’ vuelven a obtenerla  

La frecuencia Radio La Luna 99.3 seguirá en manos del Centro de Educación Popular (Cedep), su concesionario desde julio de 1998. Una emisora histórica por su trayectoria en temas culturales y políticos,  y además, fue una de las impulsoras de la autoconformación del denominado grupo de “forajidos” que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Sin embargo, en enero de 2011 aquella radio emblemática cambió su contenido y fue a parar al terreno de los deportes y el entretenimiento, la empresa Planet Audio asumió la programación e instaló una nueva emisora bajo el nombre de “La Deportiva” a cargo de la dirección del periodista deportivo Oscar Portilla. Pero la concesión siguió siendo de la Cedep. 

En su tiempo, el gerente de Radio la Luna explicaba en Diario El Comercio la negociación con Planet Audio: “Es como un matrimonio, que beneficiará a La Luna”. Asimismo, Ataulfo Tobar negó que detrás de esa negociación hubiera alguna presión política, asegurando que todo el proceso era legal y que “se liquidó a sus seis empleados”. La unión inicialmente duraría un año y traería, según Portilla, nuevos equipos y personal.  Fuentes vinculadas a la negociación dijeron que cada mes los concesionarios de la frecuencia recibirán USD 12 000 como pago del alquiler, aunque Tobar no quiso dar detalles de la alianza en ese momento tampoco quiso darlos una década más tarde. 

Fundamedios contactó a Cedep y al preguntar sobre la negociación de 2011, Ataulfo Tobar, representante legal, dijo: “aquí no hay figura de alquiler porque está prohibido por la Ley, aquí hay libre asociación como la Constitución del país lo establece cada iniciativa tiene todo el derecho de asociarse con quien considere importante para llevar a cabo su trabajo”, afirmó que Portilla se retiró de la administración hace tres años, “esta fue una relación que duró un tiempo y se cerró”, y no agregó más detalles. 

En la actualidad operan como Área Deportiva, un proyecto vigente hace tres años. La estructura la compone Robin Noboa, periodista deportivo, Mariella Molla, ingeniera en finanzas, Julieta Estrella, directora de contenido, y tienen una plantilla de entre 50 y 60 personas. 

Muchos de los fundadores del Centro de Educación Popular (Cedep)  fueron cercanos al gobierno anterior de Rafael Correa, entre ellos Manuela Gallegos, ex ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Galo Chiriboga, ex Ministro de Minas y Petróleo y Paco Velasco, exministro de cultura. Actualmente, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, SUIOS, el director ejecutivo del Centro, sigue siendo Ataulfo Tobar, junto a Martin Tobar Vaca, director administrativo de proyectos, Carlos Martinez Borja, director de proyectos de radio y Gloria Lozano, miembro de la asamblea de la Cedep. 

Además, recordó que en sus inicios la radio fue de carácter privado, pero que a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en mayo de 2013 pasaron a ser una radio comunitaria, es decir, que el convenio con la empresa Planet Audio siguió vigente incluso luego del cambio. En la misma línea, al preguntarle sobre el rol que juega la empresa Ravimus Producciones La Luna Cia. Ltda., de la cual Tobar es accionista, expresó que “se creó para poder administrar Radio La Luna, pero desde que somos una radio comunitaria perdió sentido”. El otro accionista de la empresa es Ángel Serafín Astudillo, quien trabajaba como portero de la radio según publicó Diario El Comercio en 2011, “para demostrar que él podía ser parte de las personas de toma de decisiones, se abrió esa posibilidad”. 

De acuerdo, a Tobar la empresa se encuentra en un proceso de disolución, sin embargo según el Portal de la Superintendencia de Compañías esta continua activa. 

En este nuevo concurso el concesionario de Radio La Luna 99.3 obtuvo un puntaje de 169, el máximo, entre los demás participantes, pues Cedep recibe los tan preciados puntos adicionales de experiencia y años de servicio. Por su parte, la Fundación El Churo, que concursa por el mismo dial como Wambra Radio obtiene 138.5 por la frecuencia. Aunque en el puntaje financiero obtiene 39.5 no alcanza a superar al Centro por no contar con los puntos extras.  Un escenario similar le sucede a la Universidad de las Américas (UDLA), que concursa con el nombre propuesto de UDLA Estéreo y obtiene un total de 135.5 puntos. Así, el tablero está jugado y Radio La Luna continuará por 15 años, aunque como un proyecto llamado Área Deportiva. 

Jorge Cano, miembro de Fundación El Churo, quienes llevan trabajando contenido comunitario desde hace 15 años, señala que decidieron participar por esta frecuencia “porque en términos políticos vimos que dejó de generar contenido comunitario desde el año 2011 cuando generan un convenio con una programación deportiva”, lo que corresponde, describe Cano, a ceder la administración de una frecuencia. Un modus operandi que se reproduce en varios casos “alguien concesiona la frecuencia como un medio comunitario, pero cuando ya adquieren la frecuencia ceden los derechos de transmisión internamente como programación y contenidos a terceras personas quienes administran”. 

Además, Cano destaca que al arrebatarle las competencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para la evaluación de contenidos comunicacionales, y recuerda que en el concurso de 2016 entre los requisitos se evaluaba el proyecto comunicacional. Un requerimiento que el actual concurso no tiene, “al existir actualmente ese vacío legal en donde no existe competencias, ni designada ninguna autoridad en el Estado para dar seguimiento en que esas frecuencias están siendo usadas para lo que fueron pedidas”.  

Por su parte, Julieta Estrella, directora de contenido de Área Deportiva específico que “no es una radio eminentemente deportiva tiene espacios de contenidos sociales donde tenemos programas de variedades que hablan de temas de salud, política desde el humor”, detalló. Atahulfo Tobar defendió: “no hay nada más comunitario que lo deportivo. Es una de las expresiones más importantes de la cultura popular.”

La figura legal de la administración de la radio La Luna, su identidad y la naturaleza de su programación en los últimos años es confusa, si se compara la información disponible y las distintas versiones, al respecto. Ante eso, ARCOTEL, una vez más, debía cumplir su función y verificar los antecedentes de los concursantes. Pero, como sucede sistemáticamente en este concurso, ARCOTEL parece ser un espectador pasivo en el uso de las frecuencias.

Un “error administrativo” los dejó fuera del concurso

El desarrollar el concurso público en medio de una pandemia, con oficinas cerradas, teléfonos desactivados y la imposibilidad de que los concursantes puedan realizar visitar para conocer los avances del proceso o realizar algún reclamo in situ, dejó un mal sabor de boca para más un participante que, debido a errores que se escaparon de su control y que los consideran de mala fe o intencionales, ahora se encuentran fuera del concurso. 

Esta es la historia de los periodistas comunitarios de Los Ríos: Guido Briccio y Johanna García Lalangui, cuyo proyecto Radio Juntos FM quedó en sueños. Ellos competían por la frecuencia 101.9 en esa provincia. En el 2018 participaron en el anterior concurso de frecuencias obteniendo un puntaje de 93, sin embargo ese proceso nunca se concretó y quedaron en el limbo. 

Briccio comenta a Fundamedios que decidieron participar en el concurso público de adjudicación de frecuencias de este año con el objetivo de desarrollar un periodismo comunitario y ciudadano. Invirtieron USD 4000 en los estudios y la póliza de seguro y se lanzaron al concurso. 

Ahora, sostiene que ARCOTEL les jugó sucio pues al final aparecieron como no competidores  en un juego de correos, al más puro estilo del gato y el ratón: “los correos de aclaración nos llegaban a una dirección que no estaba operativa mientras que las sanciones de la autoridad sí llegaban al correo correcto”. 

El 7 de agosto del 2020 la  Cordinación Técnica de Títulos Habilitantes del ARCOTEL envió una solicitud de aclaración de información a Radio Juntos FM. Sin embargo, este mensaje  fue enviado a un correo electrónico erróneo, que no coincidía con el que había registrado y que estaba inoperativo.

Lo curioso del caso es que el 2 de septiembre les llegó un mensaje al correo electrónico correcto informándoles que su trámite quedaba archivado pues no habían respondido al pedido de aclaración en los tiempos establecidos. Apelaron la decisión y nuevamente desde el ARCOTEL respondieron el 11 de septiembre a un correo electrónico equivocado.

Finalmente, la comunicación sancionatoria les llegó nuevamente al correo correcto. Así, a través del  Oficio Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1523-OF inadmiten la impugnación interpuesta por no haber dado cumplimiento y declarando el desistimiento de la impugnación.

Los periodistas afectados analizan las acciones legales pertinentes, pues sostienen que en el envío de los mensajes aclaratorios a correos inequívocos, mientras que los mensajes  sancionatorios sí llegaban a los correos correctos, se evidencia una intencionalidad para afectar su postulación a la frecuencia y dejarlos fuera del Concurso. 

Según los últimos resultados de ARCOTEL, también participa por la frecuencia 101.9 en Los Ríos la ciudadana Zambrano Ramos Aracely Giomar quien con 83.5 puntos, menos de lo que obtendría JUNTOS FM, se adjudicaría esta frecuencia pues goza del visto bueno jurídico del ARCOTEL. 

Los afectados aseguran que Zambrano no es conocida dentro del periodismo de la provincia de Los Ríos ni por ejercer alguna actividad relacionada a la comunicación. Según el SRI la actividad económica principal de Zambrano es la Contabilidad y su domicilio se ubica al norte de Quito. 

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Remigio Ángel González González aparece en el actual concurso de frecuencias, pero su presencia no es nueva para nadie y menos para los organismo de control ecuatorianos.  A través de un probable  esquema de sobornos ha pretendido limpiar el nombre de sus concesionarias identificadas en informes de auditoría. En concreto, hay indicios de que durante el periodo del expresidente Rafael Correa, intentó subsanar ocho concesiones de radio para que estas no fueran revertidas.  ¿El resultado?  hasta la fecha  estas siguen activas y se encuentran actualmente a concurso, con lo que su funcionamiento podría quedar consagrado por los próximos 15 años.

El caso del “Fantasma” no es el único de un grupo mediático que será posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y la Revista Digital Plan V es la segunda de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

El baile de los informes: los elaboran y publican, pero no se ejecutan. 

Desde hace más de una década el nombre de Ángel González resuena en investigaciones y en informes. El documento que estuvo a cargo de la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión, conformada bajo Decreto Ejecutivo en noviembre de 2008, detectó un sinnúmero de irregularidades en la concesión de las frecuencias: En 2009 los resultados arrojados registraron 45 casos de empresas beneficiadas con el mecanismo de “devolución y concesión”. 

Entre los casos detectados por usar este modus operandi constan ocho empresas de González, las cuales 11 años después, todas participan del actual concurso de frecuencias:

En ese entonces, la Comisión explicó que el mecanismo de “devolución y concesión” tenía dos objetivos: “ocultar a las personas que mantienen el control de la compañía concesionaria y favorecer un proceso de extranjerización de los medios de comunicación”, detalla el informe realizado en el período comprendido entre enero de 1995 a diciembre de 2008. 

«El informe es gravísimo, habrá que revertir algunas frecuencias, caerán algunas vacas sagradas», decía el expresidente Rafael Correa durante una entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Mientras las autoridades del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), señalaban que el documento no tenía viabilidad jurídica, pues el excontralor del Estado, Carlos Polit,  manifestó que la única auditoría que puede servir de base para sancionar era la de la Contraloría General del Estado.

Ante ello, Guillermo Navarro, quien presidió la Comisión Auditora de Frecuencias, en una entrevista con diario El Comercio en 2009, señalaba que el informe no se aplicaba por intereses “hay gente que está acumulando fuerza  y va a seguir impidiendo que se aplique el informe, porque también se verían afectados”, expuso.  

Sin embargo, la auditoría que investigó las concesiones de  frecuencias durante 13 años no fue un informe pionero.  Existía uno anterior: el informe de Contraloría donde se analizó la situación de las frecuencias (un recurso público) entre el 2003 hasta el 2005, y expuso decenas de casos para revertir las frecuencias. Entre ellos, otra vez, se encontraba Radiodifusora Trafalgar del Ecuador (96.1 Joya Stereo), Andivision S.A. (91.3 Tropicalida Stereo), Radiodifusora Kashmir del Ecuador (88.5 Metro Stereo), Radiodifusora Ayax del Ecuador (104.1 Alfa Stereo) y Television Independiente Indetel S.A (88.5 Galaxia Stereo), empresas que actualmente concursan en el proceso público de adjudicación de frecuencias. 

 

El informe borrador de la Contraloría expuso que “Cornatel dispuso la devolución de las frecuencias radioeléctricas a los concesionarios de las estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias fueron revertidas al Estado y dado por terminado los contratos de concesión, por operar con características diferentes a las autorizadas, convirtiendo las estaciones matrices en repetidoras (…)”, según relataba el informe sobre las empresas mencionadas vinculadas a Ángel González.

Así, en la primera investigación de la Contraloría (2003-2005), se recomendaban decenas de casos para la reversión, pero luego, de forma inexplicable y nunca explicada, la misma Contraloría matizó ese criterio y sugirió una revisión de procedimientos. Para Guillermo Navarro, expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias en entrevista con Fundamedios, dijo “la modificación violaba la Ley porque en ella no existe la revisión sino la reversión, pero eso también respondía a los intereses que estaban atrás de los altos funcionarios  de los diferentes poderes”, aseguró. 

Aparece el Cantante

En paralelo a los informes, otros acuerdos sucedían lejos de la luz pública, pero no lejos del ojo de funcionarios públicos. Un documento del grupo interno de Ángel González, titulado “ECU -Detalle negociaciones de JMB e IB”, al que tuvo acceso Fundamedios, describe el plan de pago para la “limpieza de ocho estaciones en auditoría”, refiriéndose a las empresas mencionadas en el reporte de la Comisión de Auditoría publicado en 2009.  

La fecha del documento correspondía a marzo de 2014, y detalla un pago inicial de $50.000 repartidos en una primera transferencia de $28.000 y dos cheques de $7.000 y uno de $8.000. Como parte del pago, además, figuraba una cámara de video “sony F55 4K que cuesta 28.900”, según describe el documento. 

Pero ¿quién era el beneficiario? Una empresa llamada Galápagos JMB LLC:  una sociedad radicada en la Isla de Nevis, lugar conocido entre los paraísos fiscales más secretos del mundo,  y con cuenta bancaria en Wells Fargo de los Estados Unidos, según constató Fundamedios a través de OpenCorporates. Además, la empresa está a nombre de la exmiss Ecuador, Gianella Avellaneda, y de su esposo el español José María Bacchelli Ortega, quien en el documento aparece como “El Cantante”, pues en el entorno de González era como lo llamaban por sus antecedentes artísticos. Actualmente esta cuenta está inactiva y en disolución. 

Las gestiones del Cantante implicaban su intervención directa e interacción con los funcionarios ecuatorianos. El Cantante recibía los borradores de la documentación a presentar a efectos de ser previamente revisados y aprobados previamente por los funcionarios públicos que luego decidirán sobre la cuestión (…) González acordó con el cantante que el gobierno ecuatoriano “limpiaría” de irregularidades dichas frecuencias para que no fueran revertidas, a un costo de US$35.000 por cada estación, dando un total de US$380.000 ”, asegura una fuente cercana al grupo González. Fundamedios contactó con  José María Bacchelli  y hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.  

Así, Prolasa S.A., la empresa realiza ambos pagos entre febrero y marzo de 2014, es una sociedad panameña creada en 1975 y aún activa que,  entre sus directivos constan: Jesús Armando González González (México), hermano de El Fantasma, Guadalupe Carlos Hernández Martínez, y José Luis Yarzabal Burela, prestanombres de González y quienes aparecen como presidentes en empresas uruguayas,  como ya publicó Fundamedios en la primera parte de esta investigación.  

Otra empresa que realizó pagos a  Galápagos JMB LLC fue Radio y Televisión Guatemala S.A. , compañía centroamericana actual accionista mayoritaria de la empresa Andivisión S.A.  que es concesionaria de la frecuencia a concurso Tropicalida Stereo (91.3). 

Televesiete S.A. empresa de nacionalidad guatemalteca realizó dos pagos por $15.000 en 2016  Galápagos JMB LLC. Empresa que en 2016 fue denunciada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por entregar dinero para el financiamiento ilícito de la campaña del exmandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Es parte del Grupo Albavisión, y accionista de la empresa ecuatoriana Televisión Independiente Indetel S.A.  

En febrero de 2015 el documento titulado “negociación de Ecuador” describia los cambios de designaciones de los nuevos ministros de telecomunicaciones. En septiembre de 2014 el expresidente Rafael Correa, designó a Augusto Espín Tobar como nuevo ministro de Telecomunicaciones, tras la renuncia de Jaime Guerrero, quien estuvo en el cargo por más de cuatro años (asumió en abril del 2010).  

Lo que señala el documento: 

“En el 2014 cambian al ministro  (Jaime Guerrero Ruiz) que supuestamente tenía arreglado a mandos medios para que los temas se aprobarán en consejo. El nuevo ministro  (Augusto Espín Tobar) es muy amigo del cantante (José María Bacchelli) y  la negociación se mantuvo, aunque se perdió el contacto con los mandos medios (…) Al nuevo ministro bicicleta como adelanto de sus servicios ($4.286) que también se deducen del pago ”,  expone el documento. 

Al respecto Fundamedios contactó al exministro Augusto Espín, y se le preguntó sobre las acciones que se tomaron sobre las frecuencias que están relacionadas con El Fantasma González y si tiene alguna relación comercial o personal con José María Baccelli. El exministro respondió : «Yo le conozco a José María Baccelli, básicamente, lo conozco porque trabajó en Alegro fuimos compañeros de trabajo hace 10 años atrás, pero más allá de eso el tema del fantasma es un tema complejo porque en realidad viendo lo que he podido ver  desde mi responsabilidad en el ministerio, las responsabilidades eran las directrices de avanzar con el concurso, y desde el 2015 quien tenía la potestad de hacer el concurso y manejar las cosas era el ARCOTEL». 

Asimismo, se consultó con el exministro Jaime Guerrero, sobre su supuesta vinculación con El Fantasma y él respondió: “Debo recordarle que los informes de frecuencias de radio y TV en esa época eran elaborados no por el Ministerio a mi cargo, sino por una entidad autónoma cuyo titular era electo por la Asamblea. Me refiero al SUPERTEL.  Posteriormente con la ley de comunicación esta competencia cambia a Senatel, otra entidad autónoma  cuyo titular era designado por la presidencia de la república, por lo que desconozco lo referente a los informes que menciona al no pertenecer al ámbito de las competencias que tenía”, aseguró.

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Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) firmaron el 5 de octubre de 2018 un convenio para supervisar el uso de los recursos públicos. Las autoridades afirmaron que el control sería exhaustivo antes, durante y después de la campaña para prevenir el desvío de fondos.

El artículo 211 del Código de la Democracia reza que el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos”, a través de su página oficial. El objetivo: permitir la consulta y supervisión oportuna de la ciudadanía.

Al revisar el portal del Consejo se encuentran los montos asignados para las campañas, pero no cuánto dinero tiene cada partido político, ni sus aportantes, tampoco un seguimiento del origen del dinero utilizado. Según Diana Atamaint, presidente del Consejo, esta información se puede obtener al finalizar la contienda. El Código de la Democracia puntualiza que, luego de noventa días contados desde el acto del sufragio, el responsable económico del partido político que apoyó una candidatura presentará al CNE sus ingresos y egresos, el listado de contribuyentes y los montos colocados.

Vea aquí la entrevista completa a la Presidente del Consejo Nacional Electoral

En diciembre, el CNE definió el límite máximo del gasto electoral total a escala nacional en USD 12’081.328. Cada localidad tiene un monto asignado, según su número de electores.

Conozca cuál es el límite del gasto electoral por ciudad y el monto del fondo de promoción:

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00057__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf

Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades con mayor presupuesto

Guayaquil 408.153,80 mil dólares
Quito 403.658,60 mil dólares
Cuenca   93.460,40 mil dólares

Aunque existen montos establecidos, los ecuatorianos no pueden fiscalizar si estos se cumplen. Ni siquiera se conoce de manera exacta si algún candidato se excedió en el límite de gasto, tomando en cuenta que algunos se adelantaron a la fecha oficial de inicio.

FUNDAMEDIOS solicitó al CNE conocer la lista de candidatos que incurrieron en esta infracción. La respuesta sostuvo que no es posible saberlo antes de el proceso concluya.

Conciertos, una estrategia para conquistar votantes

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por la lista 19, convocó a cuatro conciertos gratuitos que se desarrollaron entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero en el sur, centro y norte de la capital. En los eventos se presentaron 4AM, Sahiro, Señora Cumbia y el chileno Américo.

Se conoce que, por presentación, los honorarios de Américo son 20.000 dólares. A esta cifra se suman los boletos de avión: son dos asientos en primera clase para él y su representante; el resto de su equipo (14 personas) viajan en clase turista. También se le costea hospedaje y transporte en la ciudad. Por una hora de concierto, precio total ascendería a 55.000 dólares. Según el CNE todos los gastos incurridos en la campaña deben ser declarados en el gasto electoral de cada candidato.

El costo de producción de los cuatro conciertos organizados por el candidato de Unión Ecuatoriana sumaría 250.000 dólares. Un productor indicó que esto incluye los valores de sonido, iluminación, efectos, tarima, permisos, pago a los demás artistas y al presentador del espectáculo, Nicolás Espinoza, quien tiene un acuerdo de exclusividad con Yunda.  

Durante el pasado feriado de carnaval, el ‘Loro Homero’ organizó dos conciertos más sin Américo. La promoción de Quito Carnaval 2019 y de los otros eventos se transmitió por las radios vinculadas al grupo Yunda: Armónica, La Redonda, Canela, La Otra y Urbana. De estas, solo Armónica y La Redonda están acreditadas por el CNE para difundir publicidad electoral. Según una fuente del CNE, este proceder sería ilegal, pero se espera una denuncia formal para evaluar su caso al final del proceso.

Aquí puede ver la lista de medios acreditados por el CNE

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00071_PLE-CNE-1-21-1-2019.pdf

Pero la estrategia de los megaeventos, tipo conciertos, no fue exclusiva de Yunda. A escala nacional, algunos partidos y candidatos se valieron de este tipo de actividades para seducir a los votantes. Por ejemplo, en redes sociales se viralizó un evento en carnaval, organizado por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí. El político contrató los servicios del cantante venezolano ‘Nacho’. Según el productor consultado para este artículo, este artista cobra 50.000 dólares por presentación.

El venezolano también se sumó al cierre de campaña en Quevedo de los candidatos de Alianza PAIS, Irene Massuh y Juan Carlos Troya.

Una nota de Diario La Hora recoge que por CREO –FE, Marco Cortés y Patricio Mendoza, candidatos para la Alcaldía y Prefectura, respectivamente, prepararon un evento artístico con los reguetoneros Wisin y Yandel también en Quevedo como parte de sus cierres de campaña. Cortés manifestó que gracias al auspicio de algunas empresas hicieron posible la visita de los artistas en la ciudad.

 

Como parte de las estrategias electorales también se rifaron autos. Deyton Alcívar, quien busca la reelección a la Alcaldía de Chone, rifó un auto cero kilómetros. Foto: Facebook.

Otros candidatos también adoptaron la estrategia de los conciertos, como Douglas Alaña Jerves, candidato a la alcaldía del cantón Guabo, en El Oro.  Darío Macas, candidato a la alcaldía de Machala; y Paco Moncayo a la alcaldía de Quito.

¿Dinero del narcotráfico?

En febrero pasado, Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ante la Fiscalía un informe en que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero a través de actos proselitistas. El estudio es un diagnóstico sobre el financiamiento de campañas con fondos ilícitos.

En ‘Financiamiento ilícito en campañas electorales’ se menciona que el narcotráfico entrega dinero a candidatos para luego tener control de los territorios. He ahí la importancia de indagar los perfiles políticos y el origen de fondos.

Según el artículo 296 del Código de la Democracia, si el CNE tiene indicios de que una candidatura tuvo ingresos ilícitos debe pasar el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De comprobarse, una de las sanciones es retirar del cargo a quien ganó.

Para el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, es lógico sospechar que hay una penetración del crimen organizado en las campañas. Ecuador habría pasado de ser un país de tránsito del narcotráfico a uno de acopio. Hasta el momento, aquí operarían carteles mexicanos y colombianos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a través de dos corredores: del pacífico y amazónico. El experto habla de ocho centros de acopio en el Ecuador: Sucumbíos, Baños, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, Ibarra y Esmeraldas.

¿Cómo piensa el crimen organizado? “Ellos saben que el narcotráfico es un negocio, pero necesitan protección. Entonces, si pueden conseguir, por ejemplo, a 10 alcaldes, los consiguen. Pagan sus campañas para luego reclamar el favor”, indica Pazmiño. Y recuerda que, en la Fiscalía de Colombia, alias Chorizo testificó que las FARC hicieron campaña política por el expresidente Rafael Correa, a cambio de que se retire la base militar estadounidense de Manta.

 

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Del 5 de febrero al 21 de marzo era el periodo oficial designado para que 80.281 candidatos traten de obtener el favor de 13’261.994 de votantes. El próximo 24 de marzo se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales para juntas parroquiales. También, por primera vez, se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria para este proceso. Si se toma en cuenta las fechas del calendario, parece que la campaña se inició hace poco. Sin embargo, se tiene registros, evidenciados en reportes de prensa y denuncias ciudadanas, que desde junio del año pasado ya ‘arrancaron’ las promociones, incumpliendo la Ley electoral y sin que alguna autoridad tome nota. En ese momento el CNE era de “transición”. El definitivo se posesionó el 20 de noviembre, un mes antes del llamado a elecciones.

Previo al arranque oficial, la propaganda se dejó ver en el territorio ‘digital’ e incluso en algunos barrios de las distintas ciudades aparecían pintados los rostros de los candidatos en las paredes. Aunque el Código de la Democracia es uno de los reglamentos más citados en esta época, resulta limitante para controlar tiempos, difusión, gasto y origen de los fondos de una campaña. Según el artículo 202, la contienda no podrá exceder 45 días. El 275 considera que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña; y, la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar campaña electoral” es una infracción que, según los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa será registrada por el CNE.

Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE rastreó 27.109 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías, entre los que constan: 74 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados. El resto de artículos se refiere a propaganda como la que se instala en carreteras, postes, casas…

Los nombres de Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca (alianza Podemos-Participa); Jefferson Pérez, candidato a la Alcaldía de Cuenca (Movimiento Renace); Jimmy Jairala, que busca la Alcaldía de Guayaquil (Movimiento Centro Democrático); Kleber Falcón, candidato a la Alcaldía de Yaguachi, (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero); César Montúfar, candidato a la Alcaldía de Quito (Concertación); Juan Carlos Solines, candidato a la Alcaldía de Quito (Movimiento Juntos Podemos); Jorge Yunda, candidato a la misma dignidad por el Movimiento Unión Ecuatoriana; Juan Carlos Holguín, candidato a la Alcaldía de la capital (CREO); Federico Pérez, candidato a la Prefectura de Pichincha (CREO) son algunos de los que figuran en el detalle de la campaña anticipada registrada por el CNE.

Lea aquí la lista de algunos candidatos y partidos que expusieron material publicitario antes de tiempo, según el registro del CNE: 

Campaña Anticipada CNE

FUNDAMEDIOS hizo un seguimiento de la “precampaña” entre diciembre de 2018 y enero 2019 en torno a los candidatos más destacados en Pichincha, Guayas y Azuay. Dicho ejercicio reflejó que los aspirantes ‘menos populares’ también se anticiparon.

Desde septiembre de 2018 hasta el 2 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Guayas registró 3.081 evidencias de publicidad anticipada. Según lo observado en el monitoreo para este reportaje, varios candidatos forraron postes y paredes con sus nombres y rostros a lo largo de las vías y puentes, como el de la Unidad Nacional que enlaza Guayaquil, con Samborondón y Durán. Por ejemplo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán que busca la reelección con la lista 5, incurrió en esta infracción.   

Alexandra Arce empezó su recorrido por zonas rurales de Durán antes del inicio de la campaña electoral. Foto Facebook de candidata.

No fue la única. En diciembre del año pasado, en la vía a la costa que une Guayaquil con Playas, se exhibieron en carros varias gigantografías con las imágenes de los postulantes de CREO, Poly Ugarte a la Prefectura de Guayas; y Francisco Jiménez, a la Alcaldía de Guayaquil. En lugares concurridos, como la calle 6 de Marzo, en el Puerto Principal, se observó un vehículo con propaganda del candidato a la Alcaldía por Alianza PAIS, Simón Bolívar Rosero.

En el portal de esa Delegación, hasta el 17 de enero de 2019, se informó que se evidenciaron 22.532 artículos promocionales anticipados; de estos, 590 se registraron en el monitoreo de vías -a escala nacional- entre el 28 de diciembre 2018 al 3 de enero. Hasta finales de enero se encontraron 68 vallas publicitarias.

Según lo monitoreado desde el año pasado en redes sociales, la mayoría de candidatos que aspiran a las alcaldías y concejalías en los cantones de la provincia del Guayas realizó mítines y recorridos puerta a puerta. También visitaron los medios de comunicación por cuenta propia o por invitación para entrevistas sobre sus actividades.

Uno de ellos fue Jimmy Jairala, exprefecto de la provincia y líder de Centro Democrático. Desde noviembre de 2018, el actual candidato a la Alcaldía de Guayaquil realizó sus recorridos por varios sectores presentando sus propuestas.

El exprefecto del Guayas inició su campaña electoral por la alcaldía desde el 2018.

A mediados de enero, la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, inaugura una obra municipal y hace campaña. Foto: Roxana Sanguña.

 

En enero la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri ya realizó campañas políticas junto al candidato a concejal Luis Almeida. Los dos recorrieron varios sectores de la urbe. Foto: Roxana Sanguña.

Jimmy Jairala desde el 2018 visitó zonas periféricas de Guayaquil junto a sus candidatos a concejales, como Aldo Farfán. Foto: Edilma Sanguña.
Jimmy Jairala junto a simpatizantes de su Movimiento Centro Democrático, quienes iniciaron la campaña por la alcaldía de Guayaquil cuatro meses antes del inicio oficial de la época de campañas. Foto: Edilma Sanguña.

Aquí podemos observar en la agenda de enero del 2019 los recorridos programados por Movimiento Centro Democrático para realizar la campaña electoral. Fotp: Edilma Sanguña.
Stallin Coca, candidato a la primera concejalía por Centro Democrático visitando las casas colectivas en Guayaquil. Foto: Edilma Sanguña.

 

Balerio Estacio, candidato a la alacaldía de Guayaquil junto a Abdala Bucaram, líder de FE.

Lo mismo se observó en Cuenca. Meses antes del inicio de la campaña electoral, los candidatos a alguna dignidad que ya tienen un cargo actual desde su sitio de poder empezaron el proselitismo. Pancartas, rostros y números pintados en las paredes y las dádivas (que el artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe) se evidenciaron en Azuay.

Según el CNE de esa provincia, desde noviembre hasta febrero se recogieron 620 evidencias de campaña anticipada; pero, hasta la fecha, no hay sanciones para alguno de los 10 candidatos que participan por la Prefectura ni para los 13 que buscan la Alcaldía de Cuenca.

El testimonio de moradores de las zonas rurales de Azuay da cuenta de que entre noviembre de 2018 hasta febrero pasado se inauguraron las obras prometidas por las autoridades que buscan la reelección, como asfaltado de carreteras. Al ver finalizada la obra pública, habitantes de Soldados, en la parroquia San Joaquín (Cuenca), aceptaron que se coloque la imagen del candidato en la fachada de sus casas.

Exviceprefecta del Azuay, Maria Cecilia Alvarado, más conocida como «Chechi Alvarado» es candidata a la prefectura del Azuay. En enero se observó uno de sus carteles de campaña colocados en una casa antigua. Foto: Segundo Cabrera.

Según residentes, la vía Patamarca-Chiquintad (Austro) estuvo abandonada durante años, pero actualmente la Prefectura del Azuay la interviene. En el lugar se pegaron afiches antes de tiempo para publicitar la Alcaldía de Paúl Carrasco. Lo mismo pasó en la vía Monay- Baguanchi. El artículo 204 del Código prohíbe que candidatas y candidatos, así como las organizaciones políticas entreguen donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. Sin embargo, no se cumple. El político también regaló leche a nombre de la Prefectura que administra.
En San Joaquín, antes de la campaña electoral, un vehículo promocionó las obras que realizó la Prefectura. El exprefecto es candidato a la alcaldía de Cuenca. El morador Diego Pauta señaló que durante la contienda se vio con más frecuencia obra en el sector.

Paradójicamente, se observa una valla publicitaria donde Marcelo Cabrera, actual alcalde de Cuenca que busca la reelección, expone la obra hecha bajo su administración. La publicidad se instaló a inicios de febrero, días próximos a iniciar la campaña. El artículo 203 del Código también se incumplió. En este proceso se ha usado la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, pero no para informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas… Así lo demuestra esta gráfica. Foto: Leonel Astudillo.

 

El artículo 219 del Código de la Democracia es claro. La ley “prohíbe a los servidores, servidoras, organismo o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

A pesar que el Código de la Democracia prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales, el alcalde de Azogues, Virgilio Saquicela utiliza el carro del municipio para acudir a las reuniones de su partido CREO y así realizar campaña política. Un morador del lugar captó estas imágenes:

Antes del 5 de febrero, taxis y carros particulares publicitaban a Paúl Carrasco, Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez en Cuenca.

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha se negó a dar datos exactos de cuántos productos promocionales se registraron antes de que la contienda arranque. Pero a inicios de diciembre de 2018 ya se observaron pancartas de candidatos a la Alcaldía de la capital, tanto en el norte como en el sur.

El pasado 2 de enero, un mes antes de que empiece la campaña, se desarrollaron eventos masivos, como caravanas, concentraciones, convenciones y presentaciones de candidatos. La Izquierda Democrática (ID) hizo una gran convención con simpatizantes donde intervinieron algunos dirigentes que resaltaron la figura del expresidente Rodrigo Borja. Ahí participó el candidato Paco Moncayo quien, casi entre lágrimas, afirmó que con el ejemplo del exmandatario es momento de dar a Quito esperanzas de igualdad.

Ese día, José Vásquez, del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, presentó sus candidatos a concejales y juntas parroquiales ante 200 personas en el parque El Ejido. En La Vicentina, Pachakutik expuso las candidaturas de Pablo Vélez y Sandra Yépez, a la Prefectura y Viceprefectura de Pichincha, respectivamente.

César Montúfar candidato por Concertación a la alcaldía de Quito, inició su campana antes del calendario del CNE.
Paco Moncayo, candidato a la alcaldía de Quito, por la alianza alianza entre la Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive empezó la socialización de su campaña en diciembre del 2018. Foto: Instagram de la alianza.

Jorge Yunda, candidato por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, también inició su campaña electoral en diciembre del 2018. Foto: Instagram del Movimiento.

Carlos Sevilla, candidato para la alcaldia de Quito por el movimiento politico Libertad es Pueblo también mostró su publicidad en una valla al sur de la capital. Foto: Facebook.

 

Candidatos a concejales de la Iquierda Democrática también mostraron su publicidad antes de tiempo. Esta foto fue registrada en Carapungo.

El artículo 275 del Código de la Democracia señala que la realización de actos de precampaña o campaña anticipada es una de las infracciones de sujetos políticos, personas naturales o políticas. De acuerdo al CNE, el valor ‘invertido’ en la promoción previa será imputado al gasto electoral. Sin embargo, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, advierte que la norma no contempla una sanción para la propaganda anticipada.

El funcionario indica que el artículo 76 de la Constitución establece que “nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley…”.

Redes sociales, otra vitrina de publicidad electoral

El CNE no tiene potestad jurídica para controlar las redes sociales. De hecho el artículo 207 del Código de la Democracia con respecto a los nuevos “medios de comunicación” cita la Resolución 28 de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual aclara que el uso de la tecnología en el internet ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación y han permitido que se desarrolle una mejor democratización de la web.

Aquí puede leer la Resolución de la Corte Constitucional

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Desde mediados de 2018 se publicaron en redes sociales videos promocionales e imágenes de los recorridos que, para ese entonces, los candidatos realizaban. Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las plataformas principales para la difusión, sin tomar en cuenta el calendario dispuesto por el CNE.

Por ejemplo, algunos de los más populares en redes sociales son los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero). El 15 de julio de 2018, Viteri irrumpió en Twitter con un video de 1:50 minutos, en el que habla sobre el progreso del Puerto Principal y su interés en trabajar en la senda del “modelo exitoso”. El video superó las 15.700 reproducciones en siete días. También hay imágenes en que aparece en eventos municipales junto a Jaime Nebot, actual líder de la urbe. En esta dirección electrónica se puede observar su campaña: 

 https://www.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/

Esta foto se capturó y compartió en la página de Facebook de Viteri antes del 5 de febrero.

Desde diciembre, Paúl Carrasco también activó su perfil en la red social para promocionar su candidatura.

https://www.facebook.com/PaulCarrascoC/

Otros candidatos que aparecen con facilidad en las redes sociales son los candidatos del Movimiento Democracia Sí. Es el caso del candidato a la alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas,  Gleen Arroyo, quien inició su campaña electoral en 2018. Esta foto se encuentra en su página de Facebook Amigos de De Gleen Arroyo Colectivo Juventud: https://www.facebook.com/amigosdegleenarroyo.colectivojuventud.5/photos

Esta foto se compartió en septiembre del 2018 y se observa cómo se pintaba una pared con su nombre.

Foto de la pared, donde simpatizantes de Gleen Arroyo pintaron su nombre antes del calendario electoral. Foto: Facebook del candidato.

*¿Gasto electoral sin supervisión? Lea aquí la segunda parte de esta investigación.

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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Periodistas sin cadenas es el colectivo más joven de los participantes. Somos un grupo de periodistas ecuatorianos que hacemos investigación y que nació a raíz de la muerte de nuestros colegas para seguir su historia

Una investigación periodística revela detalles, negociaciones fallidas, errores de dos Gobiernos y encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chófer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

***

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas , en una de las manifestaciónes en la calle que pedía verdad y justicia por los tres periodistas secuestrados.

Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

***

Una de las libretas de apuntes de Javier Ortega.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado

Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

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Testimonio: moradora de Mataje

Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

Novena por la muerte de siete campesinos en Tandil, Nariño, cuando protestaban contra la erradicación forzada del cultivo de la coca.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado.Este hecho se considera el inicio del conflicto en la zona.Tandil area in Nariño, Colombia, October 2017. Manu Brabo.

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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

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Por Rocío Carpio

El término prófugo de la justicia puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de qué lado esté la balanza. Mientras Pedro Delgado, sentenciado por peculado, gasta sus días en Miami, varios indígenas y campesinos han tenido que pasar en la clandestinidad, lejos de sus familias y en condiciones difíciles. ¿Por qué? Por protestar.

La aplicación discrecional de la justicia durante el régimen anterior no solo generó acusaciones insólitas como aquella de terrorismo y sabotaje a un grupo de defensores de sus derechos, sino que avaló la utilización de instrumentos legales para criminalizar a quienes disentían con el poder.

Los recientes indultos entregados por el presidente Lenín Moreno a cinco luchadores sociales del caso “Los siete de Pastaza” sientan un precedente, sin duda. Pero hay que recordar que en el 2008 —durante el proceso constituyente— fueron amnistiadas e indultadas 357 personas procesadas por defender los derechos humanos. Sin embargo, el régimen que entonces empezaba volvió a criminalizar de forma aún más agresiva a por lo menos 700 personas durante los restantes nueve años, según datos de la CONAIE.

Uno de los casos que recibieron el indulto en ese año, fue el de Dayuma, Orellana, comunidad que en 2007 había paralizado la vía principal de acceso en demanda de obras básicas como agua potable, alcantarillado y electrificación. Por los enfrentamientos que se dieron debido a la represión de la fuerza pública, fueron procesadas 25 personas por terrorismo y sabotaje. No obstante, a la prefecta de la provincia de ese entonces, Guadalupe Llori, se le negó el indulto por haber sido acusada de peculado, según dijo ella, como parte de una persecución política.

Peculado. Este fue justamente el delito por el cual el 16 de mayo pasado, el ex presidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, ex presidente del banco estatal COFIEC, quien fuera hallado por la justicia como uno de los responsables directos de la entrega en diciembre de 2011 de un crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, pese a que no contaba con las garantías necesarias y en medio de varias irregularidades.

Este es de uno de los mayores entramados de corrupción durante el régimen anterior, por el que Buñay junto a cinco personas más —entre ellas, Pedro Delgado, primo del expresidente y hoy prófugo— fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor por el delito de peculado.

Delito que le fue indultado por el ex mandatario, por haber demostrado un “arrepentimiento profundo”, ocho días antes de que entregara el mando. Curioso resulta que el mismo Correa firmaba el 23 de mayo el Decreto 1440 para indulto presidencial con rebaja de pena, en el que establecía que quienes hubiesen cometido peculado no podrían acogerse al beneficio.

Una semana después, y ya posesionada la nueva Asamblea, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, presentaba un proyecto de resolución para rechazar dicho indulto, pues según dijo, con ello se estaba “generando un lamentable antecedente de impunidad en el Ecuador, un país en donde se indulta a la corrupción y se persigue a quienes la denuncian”. La moción fue negada por la mayoría oficialista con 71 votos en contra, versus 58 afirmativos y dos abstenciones.

Entre los decretos que Correa firmó días antes de terminar su mandato estuvo también el 1430, en el cual indultaba a Stalin Jiménez, el primero de “Los siete de Pastaza” favorecidos con esta disposición, quienes fueron sentenciados a seis meses de prisión por el delito de ataque y resistencia. Esto por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015. No obstante, el perdón llegó tarde: le faltaba menos de un mes para cumplir la pena.

Ataque y resistencia. Por este delito, de reiterada utilización en la criminalización de la protesta social, también fue indultado en mayo pasado bajo decreto presidencial Adrián Morocho Palta, campesino del Azuay sentenciado a 10 meses de prisión por protestar en 2015, junto a su comunidad, por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar la tasa solidaria de los requisitos para la matriculación vehicular, la cual se invertía en el mejoramiento de las vías rurales.

Hasta fines de mayo eran 194 los casos que esperaban el indulto o la amnistía por delitos relacionados con la protesta y la defensa de los derechos humanos. Hoy el número ha disminuido en cinco, pues Patricio Meza, quien fuera detenido el pasado 6 de junio, recibió el indulto por parte de Lenin Moreno ocho días después. Lo propio sucedió con Elvis Guamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón, quienes fueron indultados el pasado 23 de junio. Todos pertenecientes al caso de «Los siete de Pastaza».

Kathy Betancourt, esposa de Meza y coordinadora de CONAIE Mujeres, cree que un indulto no es suficiente. “El Estado a través de sus autoridades debe rectificar y reconocer que hubo un abuso en la aplicación de las normas, que los jueces no debieron actuar sobre esos delitos porque eran improcedentes, menos aún las sentencias”.

Y es que el recurso del indulto es, según quienes consideran injusta su pena, una forma de aceptar la culpabilidad y pedir disculpas por un delito que no cometieron. Con ello coincide Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE, quien cree que el Estado no debería perdonar, sino que “debe dar una indemnización a los afectados y reconocer públicamente su inocencia”.

Pero va aún más allá: “el nuevo gobierno quiere mostrar lo benevolente que es sin reconocer lo que se ha cometido los últimos 10 años. El Estado debe reconocer la falta de independencia de justicia en este país, la indebida utilización del derecho penal para criminalizar defensores de derechos humanos, la política de criminalización que se ha desarrollado y fortalecido los últimos 10 años, los abusos por parte de la fuerza pública a las poblaciones campesinas, rurales, mestizas, indígenas, y que se han iniciado juicios infundados y se ha sentenciado a personas inocentes”.

Y es que con la solicitud de perdón presidencial se reconoce la culpa. Así como Buñay tuvo que demostrar su profundo arrepentimiento por el delito cometido, los criminalizados por la protesta social han tenido que hacer lo mismo, pues el arrepentimiento expreso es un requisito para obtener el indulto, según señala el Decreto 461 de septiembre de 2014, el cual establece el reglamento para otorgamiento del indulto presidencial. Este decreto, a diferencia del 1440, no incluye como impedimento el peculado, sino varios delitos de lesa humanidad.

El indulto inconstitucional

Cuando se conoció la noticia de que Antonio Buñay había sido indultado por el expresidente Correa, la opinión pública se preguntaba ¿cómo se mide el arrepentimiento profundo en un sentenciado por peculado? Es probable que la pregunta quede inconclusa pues el artículo 147.18  de la Constitución que establece las atribuciones del Presidente de la República, señala que este puede “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” y no establece ninguna excepción.

Ello en contraste con el artículo 120.3, en el que se señalan las atribuciones de la Asamblea Nacional y en lo referente a indultos establece que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. El peculado está tipificado como un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, según el art. 278 del Código Orgánico Penal (COIP).

El jurista Joffre Campaña cree que si se hace una interpretación sistémica de la ley, “¿cómo es que la Asamblea no puede otorgar indultos por delitos contra la administración pública y el presidente sí? La Constitución debe ser entendida de manera global”. Para el abogado, existe una evidente contradicción, por lo cual, el Presidente no está facultado para conceder indultos por peculado.

Según Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es que haya una contradicción entre estos dos artículos, “simplemente que si ya está delimitado el indulto en el artículo 120 no podemos decir que el artículo 147 es una institución diferente, por lo tanto está sometido a las mismas limitaciones”.

Y por ello es que considera que el indulto otorgado a Buñay es inconstitucional.

Para el jurista Juan Pablo Albán, este indulto es inconstitucional pero por otros motivos. Al no existir una ley que establezca las condiciones del indulto presidencial, sino que está regulado vía acto administrativo, como lo es un decreto, esto vulnera el principio de reserva legal, incluido en la Constitución. “Cuando se trata del ejercicio de derechos, en este caso el derecho al indulto por motivos fundados, la reglamentación del ejercicio de derechos debe hacerse por ley”, explica.

Sin embargo, Albán cree que pese a que el indulto es una potestad presidencial y que en teoría puede otorgársela a cualquier persona que haya cometido un delito, el tema no es justificable dentro de otros puntos de vista, más allá de lo jurídico.

“Algún tipo de explicación debería existir para otorgar un perdón a alguien, ahí es donde la cuestión se complica, pues si usted otorga un indulto por razones humanitarias, por razones de persecución política, es una cosa, pero si usted otorga un indulto en razón de que un amigo está en la cárcel por haber cometido alguna trapacería, ya políticamente y moralmente no es justificable”, explica.

Para García Falconí, los decretos presidenciales para aplicación de indulto “desconocen las limitaciones que establece la Constitución y eso nos demuestra que el poder manejado arbitrariamente hace lo que le da la gana”.

Similares observaciones hizo el asambleísta Esteban Bernal durante su intervención en la Asamblea para rechazar tal indulto. “A esta Asamblea la Constitución nos limita, y qué bien que lo haga, a que el indulto sea solo para casos humanitarios y no para casos de corrupción, pero le da al Presidente todas las libertades”. Por ello, dijo, presentará un proyecto de enmienda del artículo 147 numeral 18 de la Constitución “para que en el Ecuador del futuro nunca más un presidente indulte la corrupción”.

Respecto a la solicitud de indulto de Antonio Buñay, se hizo una petición de información al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que entregue dicha solicitud y el informe que, según el reglamento para otorgar indultos, detallado en el Decreto 461, debe ser realizado por tal ministerio pues es el encargado de recibir la petición y de emitir una recomendación acerca de la pertinencia del otorgamiento del indulto presidencial. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

También se consultó con el abogado de Buñay, Juan Carlos León, quien dijo desconocer el documento, pues aseguró que su defensa llegó hasta el pedido de casación en la Corte Nacional de Justicia, y que se enteró del indulto a través de los medios. Ello pese a que anteriormente dio declaraciones sobre los detalles de la salida de Buñay de la cárcel, en las que aseguraba que se había reunido con la familia del beneficiado para resolver el pago de la sanción pecuniaria que no le fue perdonada.

El expresidente Correa ya había otorgado con anterioridad otro indulto a un sentenciado por peculado, en septiembre de 2016. Se trata de Luis Xavier García Blandín, quien fue acusado de perjudicar al Estado por 702 dólares, y haberse beneficiado con 120 dólares del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Por este delito fue sentenciado a ocho años de reclusión mayor en 2012.

El COIP como instrumento de criminalización

Por la misma fecha en la que se concedió el indulto a Buñay, organizaciones como la CONAIE e Inredh iniciaron una campaña pública a modo de petición de indulto para 20 personas con sentencias en su mayoría por delitos asociados a protesta social y defensa de sus derechos, y la amnistía para 174 con procesos penales por causas similares.

“La mayoría han sido procesadas por defender sus derechos de educación, como el libre ingreso a la universidad, o sus derechos territoriales, pidiendo que se realice consulta previa libre e informada en sus comunidades antes del inicio de actividades extractivas, o exigiendo que no se cierren sus organizaciones”, explica Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE.

Ordoñez añade que no han podido abarcar todos los casos, pues se trata de  un proceso tan amplio que les ha desbordado en logística. No obstante, aunque están los casos del ex asambleísta Cléver Jiménez, acusado de divulgar documentos protegidos, y el de varios miembros de una comunidad del Cañar que fueron sentenciados por secuestro extorsivo por, según dijo su defensa, haber impartido justicia al interior de su comunidad, la mayoría de esa lista son indígenas y campesinos procesados por delitos relacionados con la protesta social.

Estas figuras penales, en su mayoría, están establecidas en el COIP como “Delitos en contra la estructura del Estado constitucional”, tipificados dentro las reformas que se hicieron al Código Penal en 2014. Entre ellos están las figuras de paralización de servicio público, asociación ilícita, sabotaje, terrorismo, rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, e incitación a discordia entre ciudadanos.

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Una de las figuras más utilizadas desde la aprobación de tales reformas es la de ataque y resistencia, tipificada en el artículo 283 del COIP, la cual está dentro de los “Delitos en contra de la eficiencia de la administración pública”, el mismo grupo en el que se encuentra el peculado.

Se trata de una figura ambigua que básicamente dice que la persona que se resista o ataque con violencias o amenazas a un empleado público será sancionada con prisión de mínimo seis meses. Además, describe varias agravantes que van aumentando la pena hasta llegar a los 26 años, si se produce la muerte.

Para Ordóñez, se trata de un tipo penal demasiado amplio, que deja abierta la interpretación. “Cualquier persona que se resista o se oponga es un delincuente, cuando sabemos que es un derecho oponerte a algo que te perjudica”. También cree que su tipificación dentro de los delitos en contra de la administración pública fue parte de una estrategia de criminalización bastante pensada, pues, como se explicó anteriormente, la Asamblea está vetada para otorgar indultos para este tipo de delitos.

La otra figura más utilizada es la paralización de servicio público, lo cual, según Ordoñez, es una forma de quitarle a los indígenas su principal forma de protesta: la toma de carreteras. “Con ello, formas históricas culturales de manifestación se convierten en delitos penales”.

Según Juan Pablo Albán, “lo más fácil en un contexto en el que se busca silenciar al que piensa diferente y enviar un mensaje disuasivo al resto de personas que podrían ejercer su derecho a protestar, es utilizar los instrumentos del derecho penal y convertir esos actos legítimos de protesta en actos ilícitos, y caracterizarlos como terrorismo, sabotaje, desobediencia a la autoridad, etc.”.

Antes de que se reformara el Código Penal, el delito de sabotaje y terrorismo fue la figura utilizada para perseguir a los defensores de sus derechos. En 2011, la revista Vanguardia informaba citando a la fiscalía que en ese año “se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año (2012), ya se presentaron 128 denuncias similares».

Los  célebres casos de Mery Zamora, ex presidenta de la UNE y “Los 10 de Luluncoto” fueron precisamente procesados o sentenciados –en el caso de los últimos- por esta polémica figura penal que, supuestamente, fue cambiada debido a presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).

En noviembre de 2012, durante la audiencia temática de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, la delegación de Ecuador aseguró que las reformas legales incluirían la eliminación del Código Penal la tipificación de terrorismo y sabotaje.

Aunque este artículo en efecto fue desechado, ambas figuras no fueron eliminadas del COIP, sino que se tipificaron por separado y además, se incluyeron nuevos delitos como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos, varios de los cuales han sido usados desde 2014 para perseguir y criminalizar a activistas de DDHH y de la naturaleza.

Esto a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, el cual incluye también el derecho a la protesta:

Art. 98: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Tanto Ordoñez como Albán señalan que el derecho a la protesta es, además, el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, los cuales han sido vulnerados durante el pasado régimen, como una forma sistemática de acallar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales.

Organismos internacionales como la CIDH recomendaron al Estado ecuatoriano que “se archiven los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos” (CIDH 2015, 163).

Así también lo hizo el Consejo de DDHH de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en mayo pasado, donde se emitieron 20 recomendaciones a Ecuador sobre evitar la  criminalización de  la protesta social, el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones indígenas y el enjuiciamiento a sus líderes y organizaciones de base.

¿Por qué? Por protestar

Según los decretos 32 y 51 firmados por Lenín Moreno, se otorgan los indultos por “la herencia histórica de las luchas de liberación”. De las 19 solicitudes de indulto enviadas, 12 están directamente relacionadas con la protesta social. De estas, las de los hoy indultados Siete de Pastaza estaban en estatus urgente pues eran las únicas con sentencias ejecutoriadas y orden de prisión, por lo cual los imputados estuvieron en la clandestinidad desde septiembre de 2016, cuando la Corte Nacional de Justicia les negó el recurso de casación. No obstante, venían de un proceso de dos años, en el que algunos ya estuvieron detenidos ilegalmente, afirmaron sus abogados.

Estos ciudadanos fueron sentenciados por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015, el cual dejó un saldo de 98 procesados penalmente por delitos como ataque y resistencia, sabotaje, paralización de servicio público, e incitación a la discordia ciudadana, según un informe de la CONAIE e INREDH.

La agenda política de estas movilizaciones incluía demandas al gobierno sobre temas laborales, reformas al Código del Trabajo, enmiendas constitucionales, derogatoria de la Ley de Aguas, Decreto 16, archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista en los territorios, entre otros.

Varias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso fueron denunciadas por diversos organismos sociales y de DDHH; ello no impidió que se sentenciaran 27 personas de las provincias de Pastaza, Cañar, Cotopaxi, Azuay Orellana, Morona Santiago y Loja (Saraguro). Este último reconocido como uno de los casos en los que hubo más abusos por la violenta y desproporcionada represión de la fuerza pública. Por el caso Saraguro hoy esperan el indulto cinco personas, a quienes les dieron 4 años de prisión, pese a que el delito de paralización de servicios públicos tiene una pena máxima de tres. Sus sentencias se encuentran a la espera de casación en la Corte Nacional.

Otro de los casos más cuestionados fue el desalojo forzoso en agosto de 2016 de Nankints, poblado shuar en Morona Santiago, para darcriminalización de líderes y dirigentes indígenas está el del ex asambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado por supuestamente ser el responsable de la muerte del indígena shuar Bosco Wisum en 2008, durante la toma del Río Upano en Morona Santiago, en el que la policía reprimió violentamente la manifestación por la Ley de Minería y la Ley de Aguas.

También están los tres procesos del presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, acusado por los delitos de paralización de servicio público, ataque y resistencia, e incitación a la discordia entre ciudadanos, en el marco del levantamiento indígena de 2015, así como el caso de  El Pambilar en Esmeraldas, en el que varios pobladores están acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por sus lucha de varios años en contra de la maderera Botrosa.

Estos son apenas una parte de los casos con procesos penales que hoy buscan la amnistía de la Asamblea o el indulto presidencial.

¿Por qué? Por malversar fondos públicos

La respuesta al por qué fue indultado Antonio Buñay por el caso Duzac la dio el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a los pocos días de conocida la noticia: “Fue un tonto útil”. Y agregó que el verdadero culpable es Pedro Delgado, quien lleva prófugo desde diciembre de 2012, y cuya extradición fue solicitada el 29 de mayo pasado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno pese a haber sido sentenciado a ocho  años de prisión por la Corte Nacional de Justicia, junto con los otros cinco imputados, en abril de 2015.

Como presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Delgado presionó para el otorgamiento del crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, según determinaron las investigaciones. Para los jueces de la Corte Nacional que llevaron el proceso, Delgado “generó la idea criminal y convenció deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos”.

No obstante, según la justicia, la responsabilidad de Buñay estaría al mismo nivel que la de Delgado, pues como presidente ejecutivo de Cofiec “dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo para Duzac sin cumplir con la normativa interna del banco. El fiscal Galo Chiriboga demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad a sus subalternos, a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal, y cuando las ex gerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las sumilló en su lugar”, reza un boletín de la Fiscalía.

Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jackeline Jiménez, exgerente de riesgos de Cofiec declararon, en efecto, haber recibido presiones del expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, Antonio Buñay y de Francisco Endara, representante del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. No obstante, ambos aseguraron haber sido presionados a su vez por Delgado.

El caso se dio a conocer en el 2012 cuando se iniciaron las indagaciones por la mora en el pago de dicho crédito que tenía como plazo seis meses. Por entonces, una investigación de revista Vanguardia destapó toda la trama de corrupción dentro de la entidad financiera estatal. Se supo de toda la serie de irregularidades que iniciaron con la aprobación en 24 horas del crédito que Duzac había solicitado para un proyecto de billetera móvil, una especie de plataforma de dinero electrónico para pagos de servicios.

La solicitud de crédito se había hecho antes de que Duzac abriera una cuenta en dicha entidad. Luego se supo que las garantías que presentó eran de Seguros Rocafuerte, una empresa administrada por el Estado. Dos días antes de que venciera el plazo de pago, se cambiaron esas garantías por las de Agrícola Las Mercedes, administrada por el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.

El dinero fue transferido a dos cuentas en los EEUU, a nombre de dos ciudadanos argentinos a quienes nunca se investigó, pese a que nunca fue cancelado el préstamo en su totalidad. Antes de que se venciera el plazo de pago, Duzac salió del país y desde entonces está prófugo en su natal Argentina. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 2013, se hicieron dos pagos en agosto y diciembre de 2012 por $90.000, a través del abogado de Duzac, pero, según la propia UAF, “sin explicación razonable del origen de los fondos”. Es decir, no se sabe quién canceló ese dinero.

En el 2014 se hace otro abono con un cheque por 380.908,50 dólares, el cual sumado al anterior, dan 470.908,50 dólares. Ese fue el último pago que se hizo, y no se conoce que se haya buscado la cancelación del resto del dinero en todo este tiempo. El entonces fiscal Galo Chiriboga declaró que inició una investigación para conocer el origen de los fondos, por un posible lavado de activos, pero nunca se conoció el resultado.  Ese mismo año se había iniciado el proceso de extradición de Duzac, el cual nunca se llevó a término.

Según la investigación del exasambleísta Andrés Páez, detallada en el libro Duzac: Atraco e impunidad, el argentino habría llegado al país por las gestiones de su compatriota Pedro Elosegui, antiguo compañero de la Universidad de Ilinois del expresidente Correa. “Elosegui comenzó a moverse en Ecuador para concretar algunos negocios, como la instauración de la billetera móvil y varias propuestas para el banco incautado Cofiec”, vinculación que el exmandatario siempre ha negado.

En el 2014, Delgado enviaba una carta desde Miami en la que responsabilizaba a su primo de todo: “Como lo indiqué en el escrito presentado a la Fiscalía, nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros empresarios argentinos, ya que dicho pedido correspondía a instrucciones directas que recibí del Presidente de la República, a partir de la visita de un grupo de empresarios argentinos a Ecuador, los cuales tenían varios proyectos, solicitándome atenderlos”. Posteriormente en una entrevista dada en marzo de este año, lo calificó de traidor.

Correa al respecto dijo que su primo es un “delincuente y farsante” que busca hacerle daño y rechazó cualquier tipo de responsabilidad. En otra ocasión calificó a la entrega del crédito como simples “pillerías”.

Además de Buñay, fueron declarados culpables por el delito de peculado y sentenciados a ocho años de reclusión, Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado y exsecretario técnico del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien fue capturado en marzo del 2014, y hoy en día el único que cumple la sentencia. Pedro Delgado y el argentino Gastón Duzac, que están prófugos. Los otros dos inculpados, Marcelo Ordoñez, ex gerente de finanzas de COFIEC y Pedro Zápac, expresidente de Seguros Rocafuerte, interpusieron una acción extraordinaria de protección, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta, por lo que continúan libres.

Según Juan Carlos León, abogado de Buñay, existió una mala aplicación del artículo 257 del COIP que refiere al peculado, pues según él, su defendido no tenía la capacidad de autor. “En algún momento increpé al Fiscal General y le dije que me indique en qué momento Antonio Buñay otorgó el crédito, pero aquella circunstancia jamás se determinó. Entonces, de alguna u otra forma el caso resultó un tanto político y a la final los resultados son evidentes, que concluyeron incluso con un indulto”. Para León, los verdaderos culpables son los miembros del directorio de COFIEC, por lo que Buñay sería una especie de cómplice. No obstante, pese a que fueron llamados a juicio, los cuatro miembros del directorio fueron sobreseídos.

Antonio Buñay, quien fuera detenido en noviembre de 2015, en total pagó un año y medio de su pena. Se intentó conseguir una entrevista con él, sin embargo, su abogado aclaró que él no quería dar declaraciones y que quería disfrutar de su libertad y mantenerse bajo perfil.