El debate
Van las notas el debate de la LOC

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Este 28 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea retomó la discusión en torno al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La ministra del Interior, María Paula Romo, presentó sus observaciones. La funcionaria expresó que previamente se reunió con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y otras instancias para recopilar opiniones diversas.

“La Ley de Comunicación no solo es importante por lo que dice, sino por lo que representa”, dijo. Entre sus observaciones, Romo mencionó la eliminación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); los mecanismos de sanción, que deben ser trasladados de penales a civiles; la importancia de mantener el 1×1, así como el 5% de contenido intercultural. También hizo un llamado a proteger a los medios comunitarios, resaltando la conquista que representa mantener el 34% del espectro radioeléctrico y la posibilidad de permitir la venta de publicidad para respaldarlos.

La Ministra enfatizó en que las reformas deben aclarar la diferencia entre contenidos. “No se puede tratar a la opinión y a la publicidad de igual manera”, expresó. Habló también sobre el Comité de Seguridad para Periodistas y aclaró que es preciso que quienes ejercen el oficio participen como miembros. “Lo que se busca es garantizar seguridad. Al ser un comité interseccional, busca ser un espacio de diálogo para que la seguridad de periodistas y sus coberturas sean trabajadas por todas estas instancias”.

La sesión terminó con la presentación de Enrique Herrería. El asambleísta se refirió a la importancia de los porcentajes de interculturalidad en medios de comunicación y las leyes para publicidad en el país.

La mañana de este 22 de noviembre, periodistas independientes, de medios privados, públicos y comunitarios participaron en el cuarto diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por Fundamedios, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El Puerto Principal fue la sede del encuentro de este jueves.

Esta iniciativa interinstitucional tuvo en su panel a Marco Pacheco, representante de la Defensoría; Martha Roldós, directora del portal Milhojas; Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep); y Juan Manual Yépez, editor de contenidos de diario Expreso.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, dio la bienvenida a las decenas de asistentes. «La reforma a la Ley de Comunicación es una oportunidad para contar con un cuerpo legal que garantice derechos y eliminar una herramienta utilizada para la persecución», destacó la periodista. Rosario Utreras, consejera del Cordicom, explicó que las observaciones que se intercambian en el diálogo se recogen. El objetivo es entregarlas oficialmente ante la Comisión de Derechos Colectivos que discute las reformas modificaciones.

Martha Roldós, directora del portal MilHojas inició su intervención mencionando que  la LOC fue concebida como una ley de medios, para la censura y para permitir que se cometan actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. En ese contexto, destacó la importancia de que, tal como indican los estándares internacionales, los códigos de ética de los medios se elaboren por un Consejo de Prensa y no impuestos por el Estado. «Es importante hablar de autorregularición. Hay que reformar otras leyes como el COIP, que todavía se usa para sancionar opiniones». También insistió en que debe reformarse lo que se refiere a reserva de información. «Las restricciones se mantienen en las reformas a la LOC. Este es uno de los puntos más críticos que impide u obstaculiza el ejercicio periodístico».

El representante de la Aedep sostuvo que se se quiere una Ley de Comunicación, debe ser una que promueva derechos y que se base en estándares internacionales de Derechos Humanos. Rocha aboga por la derogación de la norma. «No se puede reformar una ley que es inconstitucional, lo que es inconstitucional debe ser derogado no reformado».

Finalmente, Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de diario Expreso, expuso que uno de los principales problemas de la Ley vigente es la subjetividad en su aplicación. Y presentó una serie de ejemplos. «En el caso de Extra teníamos en promedio cuatro audiencias al mes. Una por semana. Y debíamos presentarnos en Quito, ante la Supercom», relató ante el auditorio.

En las próximas semanas se presentará ante la Comisión de Derechos Colectivos las relatorías de estos encuentros. Próximamente también se desarrollará un foro para exponer los puntos clave de la reforma.

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Este 21 de noviembre, la Comisión de los Derechos Colectivos recibió a Lorena Abad, exreportera de Radio Pública; y Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, como parte de la discusión que se desarrolla en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

A través de videoconferencia, Lorena Abad indicó que el pasado 31 de octubre fue despedida de la Radio Pública. La periodista sufre cáncer de tiroides y, según indicó, fue despedida junto a otros 50 otros periodistas. “¿Es posible despedir a un trabajador con enfermedad catastrófica? ¿El sistema legal no nos ampara? Necesitamos una ley para que no vuelva a pasar lo que estoy pasando”, expresó. En ese contexto, la asambleísta Marcela Holguín, de la bancada Revolución Ciudadana hizo una petición especial a que la invitación sea extienda a Martha Moncayo, gerente general de Medios Públicos EP, para que se refiera al tema.

Juan Alberto Salazar, comunicador social y exalcalde de Riobamba, dio a conocer su caso de linchamiento mediático, el que definió como una “conmoción social” durante la presidencia de Rafael Correa. Según el exfuncionario, se difundió la idea de que él, como autoridad, se llevó 13 millones de dólares y debería ir a la cárcel. Salazar pasó 1641 días encarcelado y su caso se presentó ante la Mesa por la verdad y la justicia: perseguidos políticos nunca más. “Es urgente proteger los derechos de los periodistas. Los medios de comunicación públicos se convirtieron en jueces. Comunicación pública con libertad y sin persecuciones. Después de haber conversado con varios periodistas, esto no puede volver a repetirse”, expresó.

La siguiente sesión tendrá lugar el próximo miércoles 28 de noviembre, a  las 11:00.

 

Este 14 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para retomar la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Durante esta jornada se recibieron tres propuestas con observaciones al proyecto.
 
Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), se refirió a los medios de comunicación universitarios y de educación superior y su falta de presencia en la ley. “Es fundamental considerar a las universidades como una herramienta que ayudará a ampliar los objetivos de canales comunitarios que sufren de deficiencia económica y apoyo del Estado”, mencionó.
 
Juan Francisco Pozo, director Ejecutivo del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, expresó que él encuentra una sobrecarga regulatoria para muchos frentes y que se regulan aspectos que no deberían. Por ejemplo, indicó que el artículo 98 de la Ley vigente, que prohíbe la difusión de materiales y publicidad no producida por empresas o personas ecuatorianas, debería eliminarse. Lo mismo con el artículo 55 del Reglamento e incrementar el porcentaje de contenido internacional en el 58. Además, sugirió desarrollar una Ley de Publicidad que beneficie al consumidor y ofrezca garantías. “Creemos que es necesario regular la publicidad, pero enfocándose en derechos del consumidor. Los acuerdos internacionales no están siendo respetados al momento”.
 
Jorge Corozo, presidente de la Comisión, acotó que “en Derechos Colectivos queremos respetar derechos favorables de toda la población. Lo que quisiéramos es construir y buscar alternativas para dejar en claro que estamos construyendo una ley en la que todos están involucrados”.
 
La última propuesta fue presentada por Patricio Morales, del Colectivo Cantón del Sur, quien recomienda ratificar el artículo 103 de la LOC, para garantizar que se mantenga el 1 x1. También sugirió trasladar dicho artículo a la Ley Orgánica de Cultura.

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César Ricaurte (O)

Y hemos llegado al segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el camino para llegar a buen puerto no es sencillo.

En la primera etapa comparecieron los dos relatores de Libertad de Expresión, Édison Lanza, de la CIDH; y David Kaye, de la ONU. Eso ayudó mucho a centrar la discusión en los estándares internacionales. Hubo cerca de 90 comparecencias más y los medios comunitarios fueron los más activos y los que obtuvieron la mayor cantidad de puntos para su agenda.

Para este segundo debate, se prevé que los correístas y las fuerzas antidemocráticas que desean seguir amordazando a la prensa lancen una ofensiva en todo orden, preparan para eso figuras como los de la “real malicia” para reemplazar el linchamiento mediático. Esto demuestra cómo pervierten los estándares más favorables a la libertad de expresión, para convertirlos en verdaderas mordazas.

Y hay muchas más propuestas soterradas que pueden, por ejemplo, desenterrar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) o un organismo similar, a la cual los más optimistas dábamos por muerta y enterrada. Porque probablemente el desafío más importante, el verdadero nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, es el problema del diseño institucional.

Debemos estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es: ¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?

Pero vamos por pasos y demos un vistazo a los avances del proyecto.

Es posible asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana así:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambigüo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término, para su implementación implicará un activo trabajo con editores de medios y con operadores de justicia que deberán ser quienes decidan la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para su impulso, se van a concesionar directamente frecuencias para las nacionalidades y pueblos indígenas, y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro para el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos una vez más lo que heredamos del correísmo: bajo el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones con dos leyes distintas. Con la LOC se debían controlar los contenidos de los medios, para ello se dio paso a la Supercom que, según unos de sus creadores, “era los dientes en la Ley”. Es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, donde se creó una Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) bajo control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de controlar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales, es decir de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la Supercom y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el Cordicom y su primo hermano Arcotel? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el Cordicom no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿El Cordicom cumple los requisitos que salen de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

Arcotel es otro cantar. Está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El relator Lanza decía que este es un tema en el que, como país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

Este 8 de noviembre la tercera jornada para aportar al debate de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), organizada por FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), fue dedicada a los medios comunitarios.

Este diálogo interinstitucional tuvo en su panel a Édison Toro, superintendente de Información y Comunicación; Vladimir Andocilla, asesor principal de la asambleísta Jeannine Cruz; Ana Acosta, coordinadora ejecutiva de la Fundación El Churo; y el abogado Fred Larreátegui, profesor de la PUCE.

“La libertad de expresión es para todos, no es únicamente para comunicadores y medios. Es la garantía de las personas. Si una ley tiene una garantía de ser plena para todos, ese es el verdadero beneficio”, indicó el titular de la Supercom. Además, destacó la importancia de estos espacios para los medios comunitarios y su trabajo para pluralizar las voces.

Ana Acosta, representante de los medios comunitarios, expuso propuestas para las reformas de la LOC. “Así como el agua y el techo, la comunicación es nuestro derecho”, comentó. Expuso datos y cifras sobre la asignación de frecuencias y la distribución del espectro radioeléctrico entre entre privados, públicos y comunitarios.

Larreátegui aportó al diálogo con información sobre estándares de radiodifusión comunitaria. En su exposición abordó la libertad de expresión como piedra angular en un sistema democrático, así como las problemáticas en torno a los derechos de los medios comunitarios.

Periodistas de medios comunitarios, así como voceros de gremios, intervinieron en la discusión de la jornada. El objetivo es que de estos diálogos se desprendan insumos que sirvan de guía en el proceso de reforma de la Ley que ahora se discute en la Asamblea. El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo una jornada de debate en Guayaquil, a la cual periodistas de medios públicos, privados y comunitarios estarán convocados.

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Este 31 de octubre se desarrolló el segundo de una serie de encuentros con medios para aportar al debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional reúne a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este miércoles, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios públicos tomaron la palabra.

“En este espacio, sociedad civil, Estado, periodistas y academia podemos conversar, discrepar y enriquecer el debate”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, al dar la bienvenida al encuentro. Y añadió que en las reformas a la LOC referenciales a los medios públicos hay aspectos que deben mejorar para cumplir con los estándares internacionales de independencia, autonomía, pluralidad y transparencia. Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom, destacó que a través de este diálogo es posible conocer las inquietudes, criterios y aportar en la construcción de una ley que represente realmente a los periodistas y a los ciudadanos.

La asambleísta Jeannine Cruz participó como ponente en el encuentro. La Legisladora que integra la Comisión de Derechos Colectivos apuntó como una reforma positiva al cuerpo legal el establecimiento de los objetivos de los medios públicos, hecho que limita la discrecionalidad en su uso. Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), acotó que la Unesco insta a que los Estados creen estatutos claros que definan naturaleza y objetivo de esos medios. “No son de propiedad gubernamental”, enfatizó.

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, intervino en el debate. El funcionario defiende que se construya una Ley de Comunicación que se sostenga en la promoción y desarrollo de este derecho. “Hay que mirar con sinceridad a medios y periodistas para mejorar la calidad de la comunicación”, dijo.

Finalmente, Cruz se comprometió a presentar en los próximos meses una Ley de Medios Públicos. “Hay que dialogar con las organizaciones sociales, gremios, Fundamedios para garantizar que los medios públicos defiendan los derechos ciudadanos”, aseguró.

Próximamente este espacio de diálogo convocará también a medios comunitarios. Este ejercicio colectivo se replicará en otras ciudades del país.

Este 23 de octubre se inició un ciclo de encuentros con medios de comunicación para aportar en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional integra a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este martes, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios privados tomaron la palabra.

“Es sumamente importante que los periodistas, los principales perjudicados por el ejercicio arbitrario de la LOC, sean los protagonistas de las reformas que buscan construir una ley que garantice la libertad de expresión”, enfatizó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En ese sentido, Danilo Sylva, presidente del Cordicom, mencionó que el reto consiste en trabajar para que las modificaciones se ajusten a los estándares internacionales.

Vladimir Andocilla, asesor de la asambleísta Jeannine Cruz; Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y Carlos Rojas, periodista de Ecuavisa, abordaron aspectos de la LOC que afectan a los medios privados, los indicadores de los estándares internacionales y la labor periodística a partir de las reformas.

Periodistas como Miguel Rivadeneira, Guadalupe Fierro, Jean Cano, Fabricio Vela, Martha Roldós aportaron el tema con sus puntos de vista. La profesionalización del ejercicio periodístico, regulación, normas deontológicas y manejo de contenidos fueron algunos de los temas que se analizaron.

El objetivo de esta serie de reuniones, que se realizará también en otras ciudades, es sistematizar los aportes de los implicados en la reforma de la Ley para crear un insumo que sirva de guía y contribuya a la discusión que en los próximos días se retomará en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, previo al segundo debate del proyecto. Para enriquecer el proceso, este 31 de octubre y 7 de noviembre se replicará este ejercicio junto a representantes de medios públicos y comunitarios, respectivamente.

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El relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, David Kaye, visitó este 10 de octubre la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional. Ante los legisladores abordó asuntos relacionados a la situación de la libertad de expresión en Ecuador y el proceso de reformas a la Ley de Comunicación (LOC).

El experto recalcó que las leyes que regulan temas sensibles como la comunicación y el libre flujo de información deben respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos. “El derecho de dar y recibir información sin ningún tipo de censura es esencial para el desarrollo de una democracia más vibrante, transparente y participativa”, enfatizó Kaye.

Respecto al proceso de reformas a la Ley de Comunicación se refirió a dos elementos esenciales. El primero se basa en el contenido de la comunicación. El Relator afirmó que cuando los gobiernos intentan regular contenidos hay riesgo de una sobreregulación que se puede prestar para abusos. En ese sentido, afirmó que la Relatoría saluda la eliminación de la figura del linchamiento mediático, contemplado en el artículo 26 de la norma vigente.

El segundo elemento es el institucional, específicamente la infraestructura de las comunicaciones y la división del espectro radioeléctrico para frecuencias de radio y televisión. El Relator insistió que la división tripartita del espectro necesita una revisión profunda. Sobre esto, recalcó que no es equiparable realizar concursos de frecuencias entre medios públicos, comunitarios y privados sin un criterio diferenciado para cada uno. Enfatizó que aunque las reformas a la Ley mantengan la división en tercios del espectro radioeléctrico, se deberían implementar criterios diferenciados para la concesión.

Otro asunto de preocupación para Kaye es que varios cuerpos legales en Ecuador, incluyendo la Constitución, contemplan derechos que las personas tienen para defenderse de los medios cuando existen posibles atentados en contra de su honra. El experto enfatizó que este tipo de delitos crean una presunción de culpabilidad contra los periodistas y pueden ser utilizados como herramientas para silenciar el criticismo.

Finalmente en lo que se refiere a mecanismos de autorregulación, el Relator dijo que es necesario que cada uno de los medios de comunicación tenga un mecanismo propio, pero es especialmente relevante el desarrollo de mecanismos de autorregulación que envuelvan al sector público, privado, la Academia y sociedad civil para obtener resultados favorables.

 

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En el segundo día del primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se escuchó una mayoría de voces que apoya un cambio en el cuerpo legal. Los asambleístas consideran que sirvió como un instrumento de persecución y censura a los medios.  

Durante la sesión Nro. 538 del Pleno de este 27 de septiembre, cinco de los 95 legisladores presentes se expresaron en contra de reformar la Ley y eliminar una instancia administrativa como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) o la figura de linchamiento mediático.

Los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa de la bancada Revolución Ciudadana, como Pabel Muñoz, apuntaron la necesidad de regular los medios desde el Estado. El Legislador los equiparó a las entidades financieras como servicios que requieren control. En esa línea, Juan Cárdenas se pronunció  en contra de las reformas y cuestionó la eliminación de la Supercom, pues, en sus palabras, el ciudadano estaría en indefensión. Marcela Aguiñaga dijo que es necesaria una norma que permita la sanción a los medios, de lo contrario “sería una ley declarativa”. También pidió que no se elimine la figura de linchamiento mediático, ya que los medios permiten los insultos y sentencian con sus titulares. La Asambleísta se valió de un video del expesidente Abdalá Bucaram insultándola, como ejemplo.

El socialcristiano Vicente Taiano cuestionó a quienes durante 10 años fueron “enemigos” de la libertad de expresión y dieron paso a una ley que nació con un fin controlador. “Si eliminamos la Supercom, estamos eliminando esas facultades que permitieron perseguir y controlar”, apuntó. Sin embargo, cuestionó la conformación del Consejo de Regulación (Cordicom), pues “es un error de fondo que esté presidido por el Ejecutivo y que tenga voto dirimente”.

Cristina Reyes argumentó que se debe proteger la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. “Me preocupa que legisladores sigan queriendo equiparar un derecho humano como un servicio público. Es una visión sesgada y ya sabemos que la intención fue la persecución (…) Esas voces rabiosas que se aferran a esto abusos tienen que entender que esto se acabó. La libertad de expresión no necesita normas que la regulen sino normas que la defiendan”.

La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, lamentó que no se haya tomado en cuenta su proyecto derogatorio de la ley. El socialcristiano César Rohon cuestionó que todavía no se vendan los medios incautados, pues estos se pusieron al servicio del Gobierno.

En el Pleno intervinieron representantes de nacionalidades indígenas y de medios comunitarios como Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie); Jorge Guachamín, de Corape; y Ana María Acosta, de la Coalición de Medios Comunitarios. Entre ellos hay consensos y exigen que además de la reserva del 34% del espectro radioeléctrico, se tomen acciones afirmativas para creación y fortalecimiento de dichos espacios.

Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que en el actual proyecto aún existen elementos que se podrían configurar en censura previa, como las restricciones de divulgación de información para coberturas en casos judiciales.

Tras concluir el primer debate, el proyecto de Ley vuelve a revisión de la Comisión de Derechos Colectivos para la inclusión de sugerencias antes de su debate final en el Pleno.