El debate
Van las notas el debate de la LOC

63

Las restricciones admisibles de cara a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) es el segundo aspecto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda en sus observaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo.

Con el objetivo de profundizar en el contenido de las observaciones presentadas por el relator Edison Lanza, el pasado 25 de julio, y aportar al debate de las reformas, FUNDAMEDIOS presenta la segunda entrega del análisis a la Relatoría:

El organismo internacional dio tres recomendaciones específicas para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión:

  1. Tener en cuenta que cualquier limitación a la libertad de expresión debe establecerse a través de una ley clara y precisa y tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad e igualdad en el acceso al proceso comunicativo.
  2. Establecer únicamente limitaciones ulteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo, justas para una sociedad democrática. Cualquier restricción, además de necesaria, debe estar redactada en términos claros y precisos, evitando cláusulas abiertas y expresiones vagas e imprecisas o ambiguas.
  3. Evitar cualquier clase de condicionamiento previo que pueda causar efectos inhibitorios en la comunicación, tales como exigencia de veracidad, exactitud y precisión en la información que difunden periodistas y medios de comunicación.

Para la Relatoría, la existencia de disposiciones poco claras o redactadas en términos ambiguos “pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura previa o que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos”.

En cuanto a la regulación de medios de comunicación, en especial aquellos que requieren una licencia o asignación de frecuencia para funcionar, la Relatoría Especial fue enfática en subrayar que este tipo de regulación «debe estar prevista en una ley clara y precisa; tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad y la igualdad en el acceso al proceso comunicativo; y establecer solo aquellas limitaciones posteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo que persigan”. En definitiva, que sean compatibles con “las exigencias justas de una sociedad democrática”.

57

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió este 25 de julio de 2018 a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

Dichas observaciones fueron divididas por la Relatoría en seis ejes: 1. Fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales. 2. Eliminación de la Supercom. 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana. 4. Fomento de autorregulación de medios públicos y privados. 5. Diferenciación en sistema de comunicación para tener medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, cada uno con roles y objetivos. 6. Pasos necesarios para el traspaso que el gobierno tiene de acciones en medios de comunicación incautados.

Con el objetivo de dar a conocer con mayor profundidad acerca de estas observaciones y aportar el debate de cara a las reformas a la LOC, FUNDAMEDIOS publicará una serie de notas para exponer de manera más amplia el análisis de la Relatoría.

Respecto al primer punto, sobre el fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales, el organismo internacional destacó que el Proyecto de Ley muestra la voluntad de adoptar las reformas necesarias para que el marco normativo sobre libertades y el funcionamiento de los medios de comunicación esté alineado a los estándares internacionales y se atiendan las preocupaciones manifestadas sobre la definición de comunicación como un «servicio público».

La Relatoría mencionó que Jurisprudencia Interamericana ha observado que las diversas manifestaciones de la libertad de expresión, que incluye el ejercicio del periodismo, la expresión escrita, artística o simbólica, entre otros, no pueden concebirse meramente como la prestación de servicios públicos porque están vinculados con un derecho inherente a todo ser humano.

En la primera parte de las observaciones al Proyecto de Reformas a la LOC, la Relatoría Especial se refirió a los principios rectores que debería tener la normativa.

El primero de ellos es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, así como lo hace el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

De igual manera, la Relatoría apuntó como un principio básico el respecto a la libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos son esenciales en una sociedad democrática, según dictmaina la jurisprudencia intreamericana.

En esa línea, y citando a la Corte Interamericana, mencionó que «la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella”.

Tras analizar los artículos 1 y 2 de la reforma propuesta por el Ejecutivo, la Relatoría concluyó que la normativa busca proteger los estándares más elevados en materia de libertad de expresión y celebró, en ese aspecto específico, la incorporación de los instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión; entre ellos el artículo 13 de la Convención Americana, como principios que deben guiar la interpretación y aplicación de la nueva normativa en materia de medios de comunicación en Ecuador.

En cuanto a las sugerencias de ese apartado, la CIDH sugirió incorporar, en el artículo 1 de la reforma como objeto de la ley, la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. “Esta definición fortalecería la interpretación general de la norma y sería un reconocimiento explícito al rol que el periodismo y los medios de comunicación juegan en el fortalecimiento de la democracia”, apuntó.

.

92

El contralor Pablo Celi participó en la sesión 177 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se discuten las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este 30 de julio sugirió a los asambleístas que las funciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) pasen al Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

Para Celi, la Cordicom, desde un punto legal y técnico, es «el organismo que mejor puede representar el principio legal. Pensamos que en la conformación de Cordicom se incluyan a gremios relacionados profesionales y de la academia especializados que hoy conforman el consejo consultivo y que podrían ampliar el debate y el análisis».

El Contralor sugirió que se realicen concursos separados para la adjudicación de frecuencias, una para medios privados y otro para públicos. Y, en ese contexto, que se defina en la ley el rol y el concepto de los públicos.

«Es necesario que se unifique el concepto de medios públicos. En el artículo 83 se habla de medios públicos oficiales y en el artículo 78 la ley se refiere a medios públicos en general. Esta ambigüedad permite confusiones para determinar la cualidad, naturaleza y  pertinencia de un medio público para establecer restricciones y así evitar proliferación de medios que no guardan relación con las entidades titulares de esos medios», explicó.

El titular de la Contraloría indicó que la naturaleza y funciones de los medios públicos y privados son distintas. «Eso es motivo de conflictos. Pensamos que lo más saludable es que se especifique en la ley las regulaciones y directrices atendiendo a las diferentes naturalezas de cada tipo de medio y vayan a concurso por separado», concluyó. 

Video completo

46

Sobre la comparecencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison lanza, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el pasado 25 de julio, se pueden sacar varios puntos claves sobre los cuales es necesario retomar o abrir discusiones más profundas.

Por ejemplo, me quedo con la invitación para que, aún con las reformas aprobadas, como país nos tomemos un tiempo adicional para repensar el diseño institucional que regirá la comunicación, los medios y el periodismo en el Ecuador.

Ahora, ese diseño institucional luce bajo el análisis de la Relatoría y la lupa del sentido común como la colcha de retazos que no deberíamos haber tejido: instituciones dispersas, sanciones o no sanciones ambiguas, autorregulación que se queda en el enunciado, correlación que se insinúa y no se concreta e instituciones por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero que juegan papeles claves como Arcotel o el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

El diseño institucional es un tema fundamental para que la Ley tenga alguna relevancia futura y por eso es necesario hablar de ello, más adelante, con más profundidad.

La verdad es que me quedaron resonando otros aspectos de la intervención de Edison Lanza que consta, además, en el documento entregado en la Asamblea bajo el subtítulo de “Creación de un entorno favorable”: “En sus Informes Anuales, la Relatoría Especial ha señalado la frecuencia con que se profería, en el pasado, por autoridades nacionales expresiones de descrédito, estigmatización, amenazas y hostigamientos contra instituciones, medios de comunicación, periodistas y personas críticas del gobierno… Asimismo, la Relatoría ha recomendado que los Estados deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas… En ese sentido, esta reforma debería incluir disposiciones para garantizar que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

He eliminado las citas a los informes y declaraciones conjuntas, pero el mensaje en este párrafo es claro: las reformas a la LOC deberían partir del reconocimiento explícito del valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática y el deber que tiene el Estado en la creación de un entorno favorable para su protección.

¿Sucede eso? ¿Bajo ese espíritu se están discutiendo las reformas? Lamentablemente, creo que no. Vale una anécdota para ilustrarlo: en esos mismos días vi el tuit de un periodista que trabajó para el pasado gobierno dónde básicamente se decía que siempre los periodistas han cometido linchamiento mediático, ayer hoy y mañana, con LOC o sin LOC.

No voy a dar nombres, porque no me interesa entrar en polémicas estériles. Solo lo cito porque es el mismo tipo de razonamiento que subyace en muchas de las intervenciones  en la Comisión de Derechos Colectivos que intentan contribuir al debate para las reformas: los medios y periodistas como enemigos públicos, cuasi criminales a los que es necesario someter a una ley dura porque, de lo contrario, son un peligro para los ciudadanos y la sociedad.

Muchos pensarán: “bien ganado se lo tienen, prensa mediocre y corrupta”. Y entonces entra el siguiente punto clave de la intervención de Lanza sobre las “Reparaciones”: “Si el Gobierno, esta Asamblea reconocen que hubo violaciones a la libertad de expresión bajo la anterior normativa, habría que generar un mecanismo ad hoc para revisar las sanciones impuestas bajo una Ley que violaba la Libertad de Expresion y no dejarlos pasar así como ‘ya se verá qué podemos hacer’. Como una manera de reparación y no repetición, sugerimos que se constituya una comisión ad hoc con expertos nacionales e internacionales que puedan aplicar los principios de reparación y no repetición”.

En el documento que acompaña la intervención del Relator, este tema queda aún mejor definido:

“La Relatoría Especial considera que la Asamblea Nacional debería habilitar un proceso para revisar la aplicación de sanciones en consideración que esas sanciones fueron el resultado de la aplicación de una ley que irrespetaba principios básicos del derecho a la libertad de expresión, por un organismo que actuó sin independencia del gobierno de entonces, y violentando normas del debido proceso. En ese sentido, la Relatoría recomienda la creación de un mecanismo ad hoc, integrado por expertos nacionales e internacionales, para la completa revisión de los centenares de casos en los que se han aplicado sanciones graves (pecuniarias, imposición de información, interrupción de emisiones y otras por el estilo). De este modo, se aplicaría un sistema de reparaciones que podría revertir el efecto inhibitorio y de afectaciones en general infringido al periodismo ecuatoriano”.

Clarísimo: las violaciones a la libertad de expresión son graves violaciones a los Derechos Humanos. Si se violó masivamente la libertad de expresión con la aplicación de una ley viciada y transgresora de derechos, no basta mirar para otro lado o decir “¡Uy, qué pena!”. No, las instituciones del Estado, Asamblea, Ejecutivo, Comisión de Participación Ciudadana, Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo deberían crear los mecanismos para que se reconozcan esas violaciones de derechos y se proceda con acciones de reparación y no repetición.

Si no partimos de estos principios tan claros, estamos condenados a que hoy mismo sigan apareciendo los que, a pretexto de la prensa “corrupta” y “linchadora”, violen de forma masiva derechos fundamentales creyendo firmemente en su propia impunidad.

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza fue recibido la tarde de este 25 de julio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación.

En su intervención el Relator saludó la iniciativa del gobierno y el legislativo de abrir un proceso para adaptar y adoptar las reformas necesarias para que la legislación esté acorde a las directrices y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerando que la actual ley ha sido motivo de preocupación por no estar alineada a estándares internacionales, desde que fue promulgada en 2013.

Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que si bien el texto presenta algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

En ese sentido celebró que el proyecto de ley suprima disposiciones que representan responsabilidades ulteriores que limitan de manera desproporcionada la libertad de prensa como la figura del linchamiento mediático. También aseguró que le parece positivo que se reserve un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, más no para medios públicos.

Para comenzar, señaló que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y sin condicionamientos previos de un Estado, por lo que criterios como la obligación de transmitir información veraz, verificada, contextualizada podría ser desproporcionada.

En esa línea, Lanza cree que la imposición de un código deontológico desde el Estado, o establecer criterios mínimos como plantea el actual proyecto de reforma del ejecutivo “podría ser un corsé” para los medios de comunicación. En su lugar, sugiere que se creen otros mecanismos como concejos de prensa, defensores de audiencias y la autorregulación desde cada medio.

En cuanto a la responsabilidad ulterior, el Relator sostuvo que esta debe ser aplicada bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y que en caso de una eventual vulneración de derechos a terceros, se debe utilizar la vía civil y excluir la vía penal.

El Relator también se refirió a los mecanismos de réplica y rectificación y cuestionó que la actual ley ha dado paso a un abuso de este mecanismo, por lo que sugirió que se revise este aspecto y se adecúe a lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual menciona que se debe dar paso a una rectificación cuando se afecte a un tercero por información inexacta o agraviante. “Sino entraríamos en la lógica de que cualquier alusión a alguien podría dar paso a usar espacios e imponer contenidos”

Lanza también observó que el proyecto de Lenín Moreno mantiene las restricciones a la circulación de información, como la que está protegida por cláusula de reserva,  o datos personales, así como en casos judiciales en etapa de investigación. Para el experto, cuando se tratan de temas de interés público no debería existir esta restricción.

Finalmente, el Relator concluyó su intervención con la sugerencia de trabajar en un diseño institucional que permita tener instituciones con absoluta independencia y autonomía del ejecutivo. Al respecto propuso estudiar modelos comparados más apropiados para blindarse de presiones políticas. “El diseño institucional es un tema que no está resuelto, hay que  incorporar una serie de cuestiones (…) es como un rompecabezas que hay que armarlo”, apuntó.

A la sesión Sesión Nro 176 de la Comisión también participó la Asambleísta de la Izquierda democrática, Wilma Andrade, quien propuso su proyecto “Chao Supercom” que, en términos generales, sugiere que en lugar de la Supercom exista un ente administrativo, en la propia Cordicom, que lleve temas administrativos y que establezca sanciones como disculpas públicas, espacios de réplica y, en casos de incumplimiento, sanciones económicas entre el 0.1 al 1% de la facturación del trimestre anterior de los medios, con posibilidad a impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo y el Contralor General encargado, Pablo Celi también fueron invitados a aportar con sus criterios. Sin embargo, no acudieron.

 

133

Increíblemente, el gran punto de discusión en las reformas a la LOC es sobre un punto sobre el cual nadie ha propuesto ninguna reforma: la tabla salarial de de los periodistas.

El malentendido vino después de unas desafortunadas declaraciones del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo de Pichincha, Roberto Manciatti, quien estuvo acompañado de dos empresarios mediáticos de la provincia de Chimborazo.

Manciatti resbaló sobre una cáscara de plátano que le puso la legisladora correísta Marcela Holguín, antigua periodista y presentadora de TV. El empresario de la comunicación (ejecutivo del canal regional RTU) peco de franqueza. Hizo notar que el salario mínimo de un periodista con título era muchísimo más alto que el de cualquier otra profesión, bordeando actualmente los 900 dólares, y que eso hacía que los medios pequeños ya no contrataran periodistas profesionales, sino estudiantes.

Pese a que Manciatti aclaró que no estaba proponiendo ninguna rebaja del salario, con lo que dijo ardió Troya y todo el mundo procedió a rasgarse las vestiduras. Faltaba más. Los correistas en primera línea clamaron sobre la dignidad del salario periodístico, aunque se pasarán 10 años haciendo trizas la dignidad de la profesión a la cual calificaron de corrupta, traidora, vendepatria y todas las linduras posibles.

Y lo dicho, el debate se elevó varios decibeles sobre un tema que no consta en ningún proyecto de reforma ni sobre el cual se ha propuesto ninguna variación. Solo para demostrarnos dónde estás las prioridades. Porque, increíblemente la Ley que sirvió durante cinco años para arrinconar al periodismo ha motivado escasa participación de los periodistas en la discusión de sus reformas.

Los principales interesados aparecen lejanos, desconectados del debate, sin mucho que decir. Recién el 01 de agosto van a ser recibidos algunos periodistas de Guayaquil: Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Sí efectivamente, han comparecido gremios y hemos estado las organizaciones de la sociedad civil, pero los principales afectados por la Ley, los periodistas de a pie, no han dicho ni pío.

Como tampoco ha hablado la academia relacionada a la Comunicación, más allá del ala correista de la FLACSO y los notables aportes del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. Pero ese silencio no es de hoy, durante 10 años pocos alzaron la voz y denunciaron lo que estaba pasando, la mayoría prefirió, una vez más, el silencio.

 

Definir el concepto de medios comunitarios, crear una defensoría del público, en lugar de la Supercom y tomar acciones afirmativas en favor de las comunidades y nacionalidades indígenas y afrodescendientes fueron algunas de las coincidencias planteadas por los participantes, durante su comparecencia ante la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las propuestas para reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), este 18 de julio de 2018.

Apawki Castro, dirigente comunicacional de la CONAIE, se refirió a la importancia de definir a los medios comunitarios cuya administración, según Castro, debe corresponder a las comunas y manejar una programación pluralista que defienda los derechos humanos y de la naturaleza.

En ese sentido, puntualizó que “si queremos equidad social, se deben priorizar acciones afirmativas” y tomar en consideración a los grupos que históricamente han sido vulnerados. Comentó que el concurso de frecuencias debería continuar y, como  una medida de reparación histórica, que se dé una designación directa de frecuencias para nacionalidades y organizaciones indígenas y afrodescendientes.

El asambleísta de Los Ríos, Werner Yela,del movimiento oficialista defendió la existencia de una Ley de Comunicación y para que se mantengan espacios interculturales. También propuso que se obligue a los municipios a pautar en medios de sus respectivos cantones. Sin embargo, la exposición del legislador se centró en el salario de los periodistas. Dijo que se debe abogar porque en la Ley conste la tabla salarial con la remuneración actual. Hecho que fue aplaudido por la asambleísta de Alianza PAIS Marcela Holguín, quien presidió la sesión de la Comisión.

Por su parte, Jaqueline Gallegos Lara, del colectivo Afrocomunicaciones, se refirió a que se debe tomar en cuenta en la reforma de la LOC que el pueblo afro es merecedor de acciones afirmativas, como el acceso directo a frecuencias. “La comunicación es un derecho y tiene que garantizarse desde el Estado”, apuntó.

La propuesta de Gallegos abarca la difusión de una campaña social en medios públicos y privados contra la discriminación; que los pueblos afrodescendientes sean beneficiarios directos de frecuencias y que se garantice el 34% del espectro radioeléctrico para frecuencias de medios comunitarios, que actualmente no existe.

Gallegos coincidió en la importancia de definir lo que es un medio comunitario para garantizar que las nacionalidades accedan a estos.

Juana Francis Bone, representante del Colectivo Mujeres Asfalto, también se refirió a la necesidad de tomar acciones afirmativas en favor de los pueblos históricamente discriminados. Pero, además, propuso la creación de un Fondo de fomento para propiciar la creación de medios comunitarios nuevos o para reforzar los actuales, tomando como ejemplo el fondo que el Estado actualmente provee para el cine.

También planteó que dicho fondo sea administrado por el Cordicom y que podría financiarse con el 20% del pago que hacen los medios privados por la concesión de frecuencias.

Francis Bone también considera adecuado eliminar la Supercom y crear una defensoría del público, como un espacio desde el público para tramitar los reclamos de los ciudadanos en casos de la emisión de contenidos discriminatorios, entre otros. “Es necesario que un organismo del Estado, con autonomía, garantice que los medios no difundan contenidos discriminatorios”, sostuvo.

Dario Robinzon Rivera, representante de las Juventudes de Esmeraldas, propuso que se mantenga el 34% para medios comunitarios y el 5% de producción intercultural y que exista una instancia administrativa que haga cumplir aquello. Para el joven afrodescendiente es importante que las producciones con contenido intercultural sean hechas por las mismas comunidades involucradas, y no por personas del mundo del marketing, como a su criterio sucede en la actualidad. “Queremos frecuencias donde la gente escuche nuestras voces. Por qué no tener radios comunitarias en las grandes ciudades”, se preguntó Rivera, quien también aboga por el cumplimiento de acciones afirmativas y la creación de un fondo de fomento para medios comunitarios.

Kleber Chica Zambrano, director de Radio Huancavilca, apoya el proyecto de ley del Ejecutivo, pero aseguró que se debería revisar el papel de la Defensoría del Pueblo, para evitar posibles vulneraciones a la libertad de expresión. Para el efecto, propuso que esta entidad actúe como un ente mediador entre el ciudadano y los medios de comunicación.

En cuanto a la distribución de las frecuencias de radio, expresó su preocupación por el financiamiento y sostenibilidad de los medios comunitarios. A su criterio, no existen suficientes actores comunitarios para ocupar el 34% de medios comunitarios, que actualmente apenas logran gestionar el 1%.

En ese sentido propuso que se dé una distribución equitativa de frecuencias con base en la capacidad de gestión instalada de cada sector, ocupación productiva real y la necesidad de conservación y expansión.

 

62

Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.

La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.

Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.

Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.

En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.

No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.

El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.

Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.

45

 

Empresarios de los medios de comunicación y representantes de los trabajadores del sector de la comunicación expusieron sus puntos de vista en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ante los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional, este 16 de julio.

Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, enfatizó en la necesidad de revisar las cuotas de distribución del espectro radioeléctrico porque «simplemente son incumplibles». Según su criterio, el 90 por ciento de los medios de comunicación en el país son privados; muchos de ellos negocios familiares. Para él, resulta “imposible” que se pueda mantener una cuota de más del 30 por ciento a medios comunitarios porque «simplemente no se pueden mantener».

El empresario explicó que en el pasado reciente el Estado tuvo los recursos para financiar medios comunitarios, pero esta vez las finanzas públicas no dan para esa inversión. Por lo tanto, esos medios deben autofinanciarse. Aspiazu criticó que existen factores políticos en torno al financiamiento de los comunitarios, los cuales “generan muchas tentaciones para que los financistas los obliguen a promocionar el proyecto político que los respalda económicamente”.

El experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines consideró que las restricciones en materia de contenido han generado una estampida de la pauta comercial hacia al sector digital. En ese contexto, la sostenibilidad de los medios tradicionales está en crisis.

Según el representante de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, Santiago de la Torre, la LOC benefició a su sector, pues priorizó la contratación de personal nacional. Por lo tanto, advirtió la necesidad de preservar dicha cuota de contratación. «En Ecuador hay muy buenos fotógrafos y camarógrafos», dijo.

Mauricio Herrera, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador, insistió en la necesidad de hacer legal y obligatorio la contratación de un seguro de riesgo para camarógrafos y fotógrafos. El personal técnico «muchas veces arriesga su vida e integridad cargando equipos muy costosos y nadie lo reconoce», explicó.

La sesión culminó con la participación del asambleísta de Alianza PAIS, Jorge Yunda, señalado por ser presuntamente artífice de un monopolio de frecuencias. El Legislador alegó que «en Ecuador hay en estos momentos más de 1300 emisoras prendidas, nadie es dueño de 900 de esas radios, entonces yo no veo monopolio». Para él es importante estimular los medios digitales que “son el futuro. Ya los jóvenes no ven radio, ni escuchan radio, ni compran prensa escrita, todo lo hacen vía web».

80

El pasado miércoles 11 de julio fue una jornada maratónica en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Comenzó con la comparencia del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, quien sacó de la chistera la solución a todos los males de concursos de frecuencias fraudulentos, división en tercios del espectro, discriminación de los comunitarios: simplemente dividimos aún más el espectro y con ello adiós a la saturación.  ¿Pero es cierto? ¿Qué implicaciones tiene este cambio de tecnología? ¿Quién será el proveedor de los nuevos transmisores? ¿Cuánto costará el cambio, que no es el paso a la tecnología digital?

Estos temas deberían ser debatidos. Más allá de las buenas voluntades, que no dudo puede tener el Ministro, en el pasado hemos visto cómo los famosos planes nacionales de distribución del espectro pueden desembocar en las ominosas “ferias de frecuencias”.

Pero así y todo, lo más sorprendente de la jornada del miércoles es que los espíritus del control y la censura siguen rondando la Asamblea, vestidos con ropajes académicos. Muchas veces.

Es realmente vergonzoso el papel cómplice que jugó una parte importante de la academia vinculada a la comunicación en la instalación del estado de propaganda y la situación de censura que se implantó en la pasada década. Bajo la supuesta democratización, auparon la represión y la sanción en contra de los medios, periodistas críticos con el poder.

Lo increíble es que, después de 10 años de pesadilla, no hay acto de arrepentimiento y contracción alguna. Todo lo contrario, el falaz dispositivo teórico sigue intacto: la libertad de expresión es libertad de empresa, las empresas privadas son violadores de derechos. Los derechos de la comunicación, por lo tanto, deben ser regulados por el Estado con un ente administrativo que presione, es decir, sancione.

Y así seguimos, como hace 10 años. Cargando falacias como las que expuso la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Palmira Charvero: la autorregulación de los medios no funciona y que estos, al ser empresas mediáticas, van a proteger sus intereses y no los derechos de los ciudadanos.

Y al final, todos lo sabemos, los derechos son asunto de burocracia, así que la propuesta es que la Ley debería facilitar los trámites burocráticos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos como el de réplica y rectificación. “Hace falta una instancia administrativa que regule el derecho a la comunicación porque, sino, caemos en la autorregulación y en la voluntad de las empresas mediáticas”.

Yo no sé si la doctora Charvero podría decir una barbaridad así en su patria y salir tan oronda del recinto. Porque la falsificación es evidente. Lo que no ha funcionado en el mundo es la regulación estatal. La autorregulación, bueno, que pregunte al Defensor del Espectador de RTVE, por poner un ejemplo.

Los colegas del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, comparecieron en la misma jornada, y no podían dar crédito a esa voluntad de control sobre el periodismo y los medios.

Para terminar de confirmarlo, estuvo la asambleísta Verónica Arias, simpatizante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y miembro de esa misma comisión, quien defendió a la actual Ley de Comunicación y la existencia de la SUPERCOM. A su criterio, no se puede eliminar esta entidad administrativa sin antes reformar la Constitución, lo cual es falso de falsedad absoluta; aunque, por supuesto, defender la indefendible SUPERCOM no es más que un acto de fidelidad política con el jefe de su partido, creador del engendro, el recién destituido alcalde de Loja,  el autoritario ‘Chato’ Castillo.

Y lo que vino después da para más, aunque ahora lo dejaremos glosado. Para Arias: “Está establecido que en casos de responsabilidad ulterior se necesita una institución que haga cumplir esas disposiciones constitucionales”. Nueva falsedad, la responsabilidad ulterior se establece en tribunales y el estándar establece que sea en lo civil y nada por lo penal. Una sanción administrativa no es más que una inaceptable doble sanción que viola cualquier principio.

Así estamos. Con los fantasmas del pasado de retorno, llenándose la boca con la palabra derechos para justificar la censura, el control y la sanción. Ojalá la Comisión invite a periodistas que puedan dar testimonio de lo que significó el lustro del régimen de censura impuesto por la LOC.