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Un apasionado por el fútbol. Hincha del Futbol Club Barcelona (España). Y fan de Lionel Messi. Juan Javier Ortega Reyes nació el 17 de diciembre de 1986.  Por la crisis económica de 1998, su familia migró a España, por lo que vivió su adolescencia en la comunidad de Valencia.

Regresó al Ecuador para cursar sus estudios universitarios en la Universidad Politécnica Salesiana, en la facultad de Comunicación Social. Años más tarde, su padre, su hermano y hermana también volvieron al país. Para ese entonces, Javier ya había culminado sus estudios de periodismo y empezó unas pasantías en Última Noticias. Ahí escribió notas sobre ligas barriales y luego se integró a la redacción de Diario El Comercio, en la sección Justicia.

Los temas relacionados con la seguridad y la justicia siempre estuvieron en su tintero. Publicó reportajes vinculados con la violencia, criminalidad, corrupción y la violación a los Derechos Humanos. Como parte de su trabajo, en el 2016 cubrió la última parte del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

En 2017 también investigó la trama de corrupción de Odebrecht. Ese mismo año logró una Maestría en Periodismo Digital, Medios y Periodismo Digital, en la Universidad de Guadalajara.

‘Javi’, de 32 años, fue disciplinado. Dividía su tiempo entre el trabajo y el entretenimiento. Trató de conjugar la pasión por el periodismo con la del balón. Los miércoles estaban marcados en su agenda para colocarse los botines, avanzar por la media cancha, armar una jugada y anotar goles para su equipo. También gustaba del atletismo, participó en algunas carreras y sumó ocho medallas.

Su silla en la redacción de El Comercio quedó vacía. Su sonrisa contagiosa ya no flota en el ambiente. En su casa, su habitación está intacta desde el domingo 25 de marzo, cuando partió hacia Esmeraldas para cumplir con su trabajo. Los carteles de Messi, las banderas, las camisetas y otros artículos del club catalán reposan en este lugar al que ahora ingresa su familia, su abuela, sus primos, sus tíos, quienes no descansarán hasta que la verdad de su secuestro y asesinato salga a la luz.

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El periodismo ecuatoriano vive nuevamente horas intensas por la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico del Diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo y asesinado en abril, en territorio colombiano por el disidente de las FARC alias Guacho.

En la tarde del 21 de junio, radio Caracol de Colombia, primero, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, después, mediante sus cuentas de twitter anunciaron que se encontraron cuatro cuerpos en la zona rural del Alto Mira, tres de ellos corresponderían a los tres periodistas. A partir de esta información se ha dado una sucesión de hechos que FUNDAMEDIOS relata en la siguiente línea de tiempo.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra de Diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las cautelares que según comunicó la CIDH estará conformada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

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El número de cédula de identidad del asambleísta Jorge Yunda aparece en el informe borrador de Contraloría, al igual que el de sus familiares cercanos como su hermana Lilian Yunda y su madre Enriqueta Beatriz Machado. Así lo reveló este 5 de junio de 2018 César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y el abogado Juan Carlos Solines, vocero del Observatorio de Frecuencias, durante una rueda de prensa.

Tras la revelación que hizo Contraloría, de la existencia de tres grupos mediáticos y empresariales que pretendían acaparar frecuencias para el concurso, a través de la formación de tramas societarias, se conoció que el grupo de Yunda solicitó 46 frecuencias de radio y TV a través de 12 empresas que se enumeran a continuación:

  1. Telecanela S.A
  2. Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A
  3. Cia Ltda Komunikest Comunicación estratégica S.A
  4. Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A
  5. Ecuaenlace S.A
  6. Sonido y Energía “Sonoenergia”
  7. Cia Ltda Komunikest Comunicación estratégica S.A
  8. Radio Ibarra Factualti S.A
  9. Radio Colón C.A
  10. JH Radio FM Pintractu S.A
  11. Gamboa Comunicacion Total Cia. Ltda
  12. Radioeventos S.A

Ricaurte reveló que, tras un cruce de información bancaria que hizo Contraloría en 10 de las empresas citadas, las firmas de responsabilidad que aparecen, corresponden a la de la madre y hermana del Asambleísta, quien ha negado ser concesionario o haber participado en mencionado concurso.

Según los documentos que fueron entregados a los periodistas, los tres personajes (Asambleísta, su madre y su hermana) están asociados en la empresa Radio Canela SA, una empresa que no es concesionaria de frecuencias, pero que actúa como la matriz del grupo, con un capital de 110 mil dólares y cuya dirección es compartida por todas las empresas citadas. Estas se ubican en el Pasaje Batallas E9 53 y 6 de Diciembre, en Quito, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

Solines apuntó que el informe borrador de Contraloría es un documento oficial que determina que tres grupos, uno de los cuales es de Jorge Yunda, utilizó una serie de mecanismos para estructurar un conglomerado empresarial con la clara intencionalidad de engañar a la autoridad y al Estado, que tiene limitaciones para el otorgamiento de frecuencias. “A través de esta estructura societaria se ha buscado burlar a la autoridad accediendo a un gran número de frecuencias, no solo las que están solicitadas en el concurso, sino que habrá que hacer exámenes para determinar las que actualmente posee este grupo empresarial encabezado por Yunda.

Parte de los hallazgos revelan que estas empresas compartían contadores, así como una serie de cesiones de acciones que Yunda entregaba, incluso sin autorización de la ARCOTEL. “Aunque haya dicho que no está solicitando frecuencias a título personal, con esta documentación se evidencia que son empresas relacionadas y que tienen un mismo hilo conductor y la misma firma dentro de los bancos con los que operan”, dijo Solines.

Ricaurte precisó hechos como el que nueve de estas compañías ya tienen concesiones de frecuencias de radio y son empresas que conforman el conjunto de la marca Radio Canela. También, que cuatro contadores prestan sus servicios a las 12 empresas del grupo y que varios gerentes presentan relación de dependencia con otras empresas del mismo grupo.

También citó un caso que considera paradigmático como es el de la empresa LESOTHO SA que tiene un capital de más de 280 mil dólares y que es la concesionaria actual de Canela, en Guayaquil. En ella, aparecen los nombres de Jorge, Lilia Yunda y Enriqueta Machado en donde se evidencia que Jorge Yunda ha cedido las acciones a un tercero y a su vez, su madre y hermana le ceden las acciones en un modus operandi que se repite.

También hay casos como el de Sebastián Guerra, Gerente de Radio Colón, cuyo nombre comercial es Armónica, quien a su vez es un productor en radio La Redonda, o el de la gerente de Lesotho SA, Mabel Obando, quien se graduó con una tesis sobre un plan de negocios para radio Armónica. “Hay muchísimas evidencias sobre la vinculación de las empresas entre sí y de de la vinculación de Yunda”, apuntó Ricaurte .

Para concluir, se precisó que hay por lo menos un caso, que se señala en el informe, en el cual el actual asambleísta Yunda contaría con acciones en una empresa concesionaria de radio. Se trata de la empresa JH Radio FM Pintractu S.A en donde se evidencia que el legislador cedió el  pasado 28 de diciembre de 2016 esas acciones a favor de una tercera persona que tiene un ingreso de 760 dólares.

Hasta mayo de 2017, Yunda aún constaba como accionista de esa empresa, lo que lo habría inhabilitado ser asambleísta. “La ley es clara en ese sentido y un contratista del Estado no puede ser candidato o funcionario.

 

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El Secretario Nacional de Comunicación, el Presidente del Consejo Nacional de Comunicación (Cordicom), el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, asambleístas de diversas bancadas parlamentarias y representantes de gremios de medios y periodistas se reunieron, el pasado martes 29 de mayo, en el Hotel Dann Carlton (Quito), con el objetivo de analizar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El encuentro fue organizado por FUNDAMEDIOS y la Fundación Fidal, con apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI).

Los invitados calificaron el encuentro como exitoso e histórico. También destacaron la importancia de la reunión y celebraron que, después de 10 años, los diferentes sectores puedan, libremente y en un ambiente de total cordialidad, intercambiar ideas en torno a las reformas a la LOC.

Los asistentes coincidieron en que el tratamiento de las reformas debe guardar apego irrestricto a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos; así como asegurar el derecho a la libertad de expresión. Además coincidieron en que se debe construir un nuevo articulado basado en el diálogo y participación de los diversos sectores y que la LOC no debe se una ley sancionadora una norma que promueva la libertad de expresión en el país.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que para las reformas a la LOC se debe tener en cuenta una triple dimensión de la libertad de expresión:

‣ El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental individual que goza de una especial protección dada su íntima relación con la autonomía personal.
‣ Se trata de un derecho-instrumento que es esencial para asegurar la protección y garantía de todo el catálogo de derechos.
‣ La jurisprudencia interamericana ha destacado la relación estructural del derecho a la libertad de expresión con el funcionamiento adecuado de los regímenes democráticos. La relación ha sido calificada por la CIDH y la Corte IDH como “estrecha”, “indisoluble”, “esencial” y “fundamental”.

Ricaurte recordó que cualquier limitación que se establezca debe estar basada en la ley, debe perseguir una finalidad legítima y se precisan razones suficientes para fundamentar que es necesaria. Puntos en los que los convocados coincidieron.

Los asistentes resaltaron que en la propuesta de articulado enviado por el Ejecutivo a la Asamblea conste la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM). Dicha institución sancionó a más de 500 medios desde la entrada en vigencia de la LOC.

Ante esto, Andrés Michelena, Secretario Nacional de Comunicación, enfatizó el compromiso del presidente Lenín Moreno de respetar la libertad de expresión, los derechos humanos. Su objetivo principal, afirmó, es impulsar el diálogo entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Del texto presentado por el Gobierno, los temas que preocupan a los asistentes son el concurso de frecuencias, la permanencia de términos punitivos (comunicación de calidad, términos morbosos), la rectificación y la réplica, la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) y los atributos de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, que analizará las reformas a la LOC, anunció que se espera la notificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para elaborar una agenda programática, a fin de delinear el procedimiento que se llevará a cabo para tramitar las modificaciones. “Buscamos que sea una Ley de Comunicación Social y no de justicia. Queremos una ley que sea garantista de derechos”, enfatizó el legislador.

Este es el primer encuentro de varios que se realizarán para analizar diversos puntos de las reformas a la LOC.

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Cambios en el ambiente y una transición lenta. Así se podría resumir el primer año del gobierno de Lenín Moreno quien, desde un inicio, marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación. Para el estado de la libertad de expresión, el bajar la polarización y el nivel de confrontación con la prensa fue una buena señal a la que hay que sumar hechos como la eliminación de los enlaces ciudadanos -como espacios de ataque y estigmatización a periodistas y ciudadanos críticos al poder-, el refrescamiento y cambios en la línea editorial de los medios en manos del Estado -acostumbrados a atacar y hacer campañas para descalificar a quienes pensaban distinto, la destitución del cuestionado Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y el envío de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con la respectiva eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidad que, desde su creación en octubre de 2013, se dedicó a sancionar y multar a los medios.

Las sanciones contra los medios de comunicación, el uso abusivo del poder estatal y las agresiones verbales, que en el gobierno de Rafael Correa ocupaban los primeros lugares, pasaron a un segundo plano. Con la salida de Carlos Ochoa de la SUPERCOM y las críticas a esta entidad, las multas y sanciones casi desaparecieron y el uso y abuso del aparataje estatal dejó de sumar cifras relevantes. Lo mismo ocurrió con las agresiones verbales que disminuyeron su intensidad tras el cambio de mando de gobierno y la eliminación de las llamadas sabatinas.

Sin embargo, esto no significa que las agresiones mencionadas no se produzcan, o que el total de agresiones dejen de ser preocupantes, de hecho, el 26 de marzo de 2018, el Ecuador vivió uno de los episodios más graves y tristes en la historia del periodismo con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, plagiados en la localidad de Mataje, ubicada en la frontera norte, en Esmeraldas por parte de grupos armados disidentes de las FARC, cuando ellos realizaban su trabajo de cobertura en la zona.

Además de este lamentable hecho, durante este primer año de gobierno de Moreno, los principales ataques se centraron en la vulneración a los derechos digitales, con hackeos, censura en internet, así como agresiones físicas, que en su mayoría, fueron perpetradas por agentes externos al Estado. Justamente, por hechos como lo ocurrido con el equipo periodístico y anteriores atentados en la frontera norte, que han cobrado la vida de cuatro militares, la principal preocupación de los últimos meses ha sido la inseguridad y el narcotráfico.

Por otra parte, a través del espacio de rendición de cuentas ¨El Gobierno informa¨ que se transmite todos los lunes, desde el 12 de junio de 2017 hasta el 14 de mayo del 2018 – primer año de gestión del presidente de la República, Lenin Moreno – se han realizado 47 enlaces, que suman 454 minutos con 1 segundo, lo que representa un total de 8 horas de un día laborable.

Los temas que más se trataron en este espacio fueron los políticos, específicamente los relacionados a la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y el informe sobre las actividades semanales del presidente Moreno y sus ministros.

Otro de los ámbitos desarrollados en “Ël Gobierno Informa” fue el aspecto social, como: Casa para todos y Misión Manuela Espejo. Y también los planes: Agua para todos y Menos pobreza más desarrollo. 

Un año en cifras

El primer año de Lenín Moreno, contabilizado desde el 24 de mayo de 2017, hasta este 24 de mayo de 2018, registró un total de 156 ataques a la libertad de expresión. Una cifra que solo se equipara al número de agresiones registradas en los inicios del correísmo, cuando, en 2009, 2010 y 2011, se reportaron 103, 151 y 156 casos, respectivamente, contrastando con las cifras de 2015 y 2016, que cerró con 499 y 491 casos. Años que representaron la época más violenta para la libertad de expresión en el Ecuador, desde que se llevan registros.

2017 fue un punto de inflexión, ya que, además del cambio de gobierno que ocurrió el 24 de mayo de 2017,  fue el primer año en donde se dio una baja en las cifras de agresiones, con 297 casos.

En marzo, abril y mayo de 2017, los últimos meses del gobierno de Rafael Correa, se reportaron 113 ataques, en contraste con los primeros tres meses del gobierno de Moreno, en donde ya se evidenció una caída mayor al 50% de las agresiones, con 54 casos, entre junio, julio y agosto. Desde ese momento ya se vio una tendencia a la baja en las cifras de ataques.

La principal agresión en este primer año de gobierno de Moreno se dio en el mundo del ciberespacio, por vulneración a los derechos digitales, con 40 casos. Dentro de estos, se incluyen 17 ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; 17 hechos de censura por internet y 6 de hackeos a portales de medios nativos digitales, así como a portales de medios tradicionales.

En este apartado cabe mencionar casos como las ciberamenazas que cada vez han ido reemplazando a las amenazas tradicionales. Es el caso ocurrido el pasado 15 de octubre de 2017 en contra de la periodista y conductora del espacio de entrevistas Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, Janeth Hinostroza. Desde la cuenta de Twitter “Alerta-911”, presumiblemente troll, se amenazó a la periodista con “meterle un tiro”. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre Hinostroza y el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom, Roberto Wohlgemuth. La periodista lo increpó en la red social por su defensa al vicepresidente Jorge Glas, quien ha sido investigado por actos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht,.

En segundo lugar se ubican las agresiones físicas, con 26 casos. De estas, el mayor número se concentra en ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos; 9 por actos de intimidación, acoso o persecución; 5 por impedimentos de cobertura y el hecho más grave de este período, con el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Las semanas más tristes para el periodismo ecuatoriano

El episodio que vivió el Ecuador el pasado 26 de marzo de 2018 ha sido calificado como uno de los más impactantes en la historia del periodismo. La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación SECOM, que informó la madrugada del 27 de marzo, de la presunción de secuestro a los comunicadores. En ese sentido, el gobierno dijo que activó todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los periodistas. “Ministros de Defensa, del Interior y el Fiscal General del Estado se reunieron con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes” apuntó el comunicado oficial.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el ministro del interior César Navas confirmó que el secuestro de los comunicadores ocurrió en la mañana del día anterior, tras pasar un retén de control militar en donde fueron advertidos sobre los peligros de circular en la zona. En su momento, aseguró que los periodistas están bien, que podrían estar en territorio colombiano y que se había dado un primer contacto con los secuestradores, sin dar más detalles. Tras esto, hizo un llamado a los medios a acudir a las fuentes oficiales para obtener la información y anunció que, en este caso, la vocería será exclusiva del Ministro del Interior, a través de la Secretaría de Comunicación. Esa misma noche, periodistas, familiares, amigos y activistas realizaron la primera vigilia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito y en la Plaza San Francisco en Guayaquil. La convocatoria se hizo bajo el hashtag #Nosfaltan3.

El  29 de marzo de 2018,  el ministro César Navas desmintió una información que fue enviada desde medios colombianos en donde se aseguró que se liberó al equipo periodístico. Al respecto, el ahora exMinistro indicó que la liberación es un dato falso y calificó como “una irresponsabilidad” la actuación de los medios colombianos y afirmó que el anuncio entorpeció las negociaciones. Eso lo dijo minutos antes de reunirse con los familiares de los secuestrados.

En la madrugada del 03 de abril de 2018, nuevamente los medios colombianos enviaron información sobre el caso. Ese día, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida, en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación.

En el video casero difundido por Noticias RCN, se observa a los tres hombres con cadenas que rodean sus cuellos y candados, con semblante de preocupación y tristeza. Se escucha a Javier Ortega, periodista secuestrado, decir: “Presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Y también la anulación de ese convenio que tiene Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”.  

Hasta ese momento se conocía de la existencia de dos videos que daban fe de que el equipo periodístico de Diario El Comercio continuaba con vida. En el primero, el cual fue presentado por autoridades ecuatorianas a los representantes de los familiares de los secuestrados, se observa que ellos no están encadenados y se los ve estables, mientras en el segundo las condiciones de los periodistas cambian.

El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, manifestó su profundo malestar. “Rechazamos enérgicamente la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación….”, rezaba el documento.

Tras días de vigilias y una escasa respuesta de parte del Estado, los familiares del equipo reporteril de El Comercio se reunieron la mañana del 10 de abril con el Presidente Lenín Moreno y su equipo ministerial en el Palacio de Carondelet y una de las propuestas hechas al Ejecutivo fue aumentar el nivel de comunicación con los captores para estar seguros del estado de salud de los plagiados.

La mañana del 11 de abril medios colombianos como Revista Semana, Radio Blu, entre otros dieron la primera alerta al divulgar un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente del país, en el que daban por hecho los asesinatos.  En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia “no quisieron salvarle la vida” a los tres comunicadores secuestrados y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte.

Navas se limitó a desmentir información respecto a que se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. “Hemos realizado operaciones de control permanente pero no ofensivas, y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas secuestrados”, apuntó el Ministro. Sobre este supuesto comunicado, la Secretaría de Comunicación también informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que las autoridades están verificando la información y que una vez que se cuenten con datos verídicos al respecto, lo darán a conocer a través de los canales oficiales.

Tras este comunicado, el 12 de abril llegó a FUNDAMEDIOS fotografías  que dieron cuenta de la situación de los tres comunicadores. Tras recibirlas de manos del medio colombiano RCN, se envió inmediatamente a verificación de las autoridades. Cerca de las 20:00, el ministro del interior, César Navas y el Coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística informaron que se realizaron análisis periciales a las fotografías, y que pudieron concluir que, por métodos pre científicos, las prendas son coincidentes con las dos personas secuestradas y por medio del análisis biométrico del rostro, existe una alta probabilidad de que sea coincidente con la identidad de otro de ellos. Horas más tarde, el presidente Lenín Moreno, quien se encontraba en Lima para la Cumbre de las Américas, anunció su retorno inmediato al país y cerca de la medianoche dio una rueda de prensa en donde dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores envíen una prueba de vida de los comunicadores.

Cerca de las 13:00 del 13 de abril y al cumplirse el plazo de 12 horas que dio el presidente Lenín Moreno, el Primer Mandatario confirmó de manera oficial el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. “Lamentablemente tenemos información que confirman el asesinato (…) los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, querían ganar tiempo”, apuntó Moreno, quien anunció que se tomarán medidas enfocadas al combate de estos grupos armados.

Un nuevo comunicado atribuido al ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de alias ‘Guacho’, anunció el 16 de abril de 2018 la suspensión de cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los comunicadores de diario El Comercio. El documento, que estaba dirigido al Comité de la Cruz Roja y familiares de los periodistas, mencionó cuatro puntos en donde detalló las razones de esta suspensión. Una de ellas es que los gobiernos de Ecuador, Colombia y los “gringos”, insisten en la represión, enviando a más tropas a la zona; también mencionan que los gobiernos de ambos países continúan “secuestrando a gente inocente. Según RCN, el comunicado ya está en conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos y familiares de los tres periodistas ecuatorianos.

Hasta el cierre de este informe, no ha sido posible recuperar los cuerpos de los comunicadores pese a los pedidos e intentos de diálogo entablados por los familiares de las víctimas, con las autoridades de Ecuador y Colombia. Por esta razón, legalmente, los periodistas están en situación de desaparecidos, no de asesinados

Mientras tanto, los familiares, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia pidieron a la CIDH la conformación de un Grupo de Expertos que acompañe las investigaciones sobre el secuestro y desaparición de los periodistas. Este pedido ha sido aceptado por el Gobierno ecuatoriano y después de una reunión de las familias con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, Colombia también se uniría a la conformación de este grupo investigador.

La disminución de la polarización o la caída de las agresiones verbales 

Las agresiones verbales, con 22 casos. Si bien esta dejó de ser la principal agresión de este período, aún ocupa un puesto importante. Dentro de esta categoría se contabilizan 10 amenazas, 8 Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas y 4 insultos o descalificaciones de particulares, cuando estos generan consecuencias negativas para la libertad de expresión.

De estas, cabe destacar la amenaza más reciente ocurrida el 18 de abril de 2018, cuando la periodista colombiana Herlency Gutiérrez, directora del sistema regional informativo Cardenal, de la ciudad de Valledupar, ubicada al nororiente de la Costa AtlÁntica de Colombia, fue amenazada de muerte por informar y dar cobertura al secuestro y asesinato de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyo crimen se le atribuye a la organización narcoterrorista liderada por alias ‘Guacho’.

Una alerta emitida por la La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) aseguró que momentos después de la finalización de la primera emisión del noticiero, un hombre, que dijo ser integrante del ELN, llamó a la emisora donde trabaja la periodista y le dijo que tenía un mensaje de alias “Guacho”. Le advirtió que debía dejar su cargo y que tenía 72 horas para abandonar la ciudad “porque están hablando mucho de Guacho…”. Según la FECOLPER, una segunda amenaza de este mismo sujeto ocurrió cinco minutos después, cuando el mismo hombre marcó nuevamente e hizo extensiva la amenaza a los miembros de la emisora y ordenó apagar el sistema radial en ese mismo lapso de tiempo, si no quieren que haya consecuencias.

Otro hecho grave ocurrió con la agresión al periodista Roberto Aguilar por parte de Omar Simon, exsecretario de la Presidencia durante el mandato de Rafael Correa, durante la concentración de simpatizantes del expresidente, la tarde del 28 de noviembre de 2017, en los exteriores de la sede del movimiento oficialista Alianza PAÍS. Aguilar fue perseguido, acosado e insultado  por el funcionario, quien cuestionó al periodista por sus crónicas en 4 Pelagatos, y posterior a la denuncia de la agresión, fue calificado de mentiroso y cobarde en redes sociales.

Durante esa concentración, los simpatizantes correístas también agredieron verbalmente a los periodistas que acudieron a cubrir el encuentro con gritos y consignas como “prensa corrupta”, “fuera prensa corrupta”, según se pudo ver en imágenes y videos que circularon en redes sociales.

El inicio del fin de la SUPERCOM y la derogatoria de la «Ley Mordaza»

En cuarto lugar se ubicaron las sanciones a medios de comunicación en aplicación a la LOC. De nuestros registros propios que se desprenden del monitoreo que hace FUNDAMEDIOS, durante el año de gobierno de Moreno, se reportaron 17 sanciones en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación. Una cifra que solía ubicarse en los primeros lugares por tipos de agresión en reportes previos, como lo ocurrido en 2016, cuando se reportaron 168 casos en la SUPERCOM, considerando el subregistro de estas sanciones debido a una falta de transparencia de esa entidad.

De los procesos más polémicos durante el primer período bajo el mando de Moreno, cabe destacar la sanción de Teleamazonas, que el pasado 12 de diciembre de 2017 fue multado con el pago del 10% de su facturación promediada de los últimos tres meses y fue obligado a difundir un video de réplica del entonces Superintendente, Carlos Ochoa, tras un proceso que inició de oficio esta misma Superintendencia, actuando como juez y parte.

La sanción ocurrió porque el canal no divulgó un video de réplica de Ochoa, quien se sintió aludido por las opiniones que en días pasados virtió la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta, en el espacio de entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, en donde cuestionó el accionar de la Supercom y sugirió que se debería reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas señaló que se concedió la oportunidad de réplica a Carlos Ochoa en donde fue invitado a ser entrevistado en el mismo espacio de opinión en donde se entrevistó a la legisladora y que es conducido por Janeth Hinostroza. Sin embargo, Ochoa se negó y, en su lugar, envió un video que el canal se ha negado a difundir por considerar que no era la forma adecuada de dar una réplica. “En un comunicado difundido la tarde del 12 de diciembre, Teleamazonas rechazó la  sanción por considerarla «ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de toda lógica», en la que se dispone una sanción para el mencionado canal de televisión.

Sobre este caso, el canal puso una acción de protección para frenar la sanción, que les fue favorable, por lo que Carlos Ochoa se vio obligado a pedir disculpas públicas que llegaron al canal través de una carta.

En otro caso, la SUPERCOM sufrió un nuevo revés el 5 de marzo de 2018, cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución y sanción emitida en contra de diario La Hora por la supuesta censura previa ejercida por no replicar una publicación del diario argentino Página 12, en relación al entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso. Dicha sentencia fue emitida durante el gobierno de Correa, el pasado 21 de abril de 2017 en contra de La Hora y  otros seis medios de comunicación como: El Comercio, El Universo, Expreso, Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro, a quienes se les ordenó una multa de 10 salarios básicos. Durante la audiencia, los jueces del Tribunal concluyeron que no se vulneraron derechos o se incurrió en censura previa por no replicar dicha información generada de un medio extranjero afín al Kichnerismo.

Todo esto ocurría mientras, desde la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un proceso de juicio político para la destitución y censura de Carlos Ochoa, no solo por su cuestionada actuación como titular de la SUPERCOM, sino porque fue señalado por la Contraloría General, con dos glosas por USD 115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7320, tras una auditoría en Gama TV.

La resolución fue notificada este lunes 11 de diciembre del 2017 a Ochoa, como consecuencia del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV. Según el examen de la Contraloría, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular.

Tras esto, el 7 de marzo de 2018, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio cesó en sus funciones a Ochoa basándose en el informe de la Contraloría. Días después, el 12 de marzo de 2018 la asamblea lo destituyó por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo.  Actualmente, Paulina Quilumba asumió el mando de la Supercom tras la salida de Ochoa.

Pese a que la SUPERCOM aún está vigente, y sigue trabajando con 321 funcionarios, según datos de diario El Comercio, ya hay anuncios oficiales para su eliminación.

El 3 de mayo de este año, el presidente Lenín Moreno dijo que se debía enmendar la Ley de Comunicación dentro de un diálogo amplio con todos los sectores hasta que se atenga a los estándares internacionales, y reconoció que durante la pasada década se vulneró «expresamente» el derecho a la libertad de prensa.

«La mejor iniciativa que podemos promover como Gobierno es avanzar en cambios normativos que se enmarquen en el respeto a los estándares internacionales de plena protección», afirmó. Aseguró en ese sentido que Ecuador pasará «de un estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres, a otro que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación, que es sin duda alguna la piedra angular de la democracia».

En ese marco, el 14 de mayo, durante su informe de labores que realiza cada lunes, el presidente Moreno anunció que en una semana enviará un proyecto de reformas a la LOC, en donde se contempla eliminar la SUPERCOM. Recordó que la ley de comunicación va a cumplir cinco años de existencia y durante este tiempo ha generado observaciones y cuestionamientos respecto de su aplicación, sobre todo relacionados a la actuación de la SUPERCOM, organismo que se suprime de acuerdo al proyecto de reforma.

En esa línea, el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), Danilo Sylva, aseguró que eliminación de la entidad reguladora restablecerá la libertad de expresión en el país. «Las superintendencias son órganos para controlar, supervisar y sancionar, y tener una para la libertad de expresión era ir contra esta misma».

La SUPERCOM fue creada en octubre del 2013 y desde sus inicios fue cuestionada por sus acciones polémicas como la primera multa por una caricatura, ocurrida en enero de 2014, con una sanción a El Universo y al caricaturista Bonil, por dibujar sobre el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. Otras sanciones polémicas se dieron a Radio La Redonda, por hablar de amantes en horario familiar, por hacer chistes sobre chinos, entre otras.

Desde octubre de 2013 hasta enero de 2018, Fundamedios contabilizó un total de 1037 procesos, ingresados en esa institución, de los cuales 561 son sanciones, 334 corresponden a multas, 137 pertenecen a amonestaciones escritas y 51 disculpas públicas. Los artículos más utilizados, para sancionar a los medios, fueron los artículos: 10, referente a normas deontológicas,  artículo 28 (con 102 sanciones) sobre la obligación en la entrega de copias de programas o impresos, y los artículos 60. con 58 casos sobre la identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Por último existen un total de 374 sanciones iniciadas por oficio y un total de 187 sanciones iniciadas por ciudadanos.

Las agresiones por abuso estatal, en quinto lugar y otros casos 

El uso abusivo del poder estatal se ubicó en este período en quinto lugar, con 16 casos, de estos, 11 se dieron por abusos de organismos de control del Estado y 5 por abuso de cadenas y otras herramientas de comunicación del gobierno, principalmente, por exigencias o imposiciones de réplicas o rectificaciones a los medios por parte de funcionarios del Estado.

La baja en la emisión de cadenas también responde a una política distinta marcada desde el gobierno de Moreno, quien cambió las sabatinas por un informe semanal de actividades que se difundió por primera vez el 12 de junio de 2017, y que se difunde todos los lunes en cadena nacional bajo el  nombre de “El Gobierno informa”con una duración de hasta 16 minutos.

El refrescamiento de las líneas editoriales y el personal directivo de los medios estatales también refleja un cambio con indicios de un mayor pluralismo. Desde el 17 de julio, se conoció públicamente que Andrés Michelena, exsubsecretario de Comunicación de Lenín Moreno en la vicepresidencia, fue designado como gerente general de los Medios Públicos, y Fernando Larenas, conocido periodista, se sumó como director a este equipo, que antes estaba liderado por Orlando Pérez, quien aseguraba una línea de militancia gobiernista. Tras esta designación, los cambios se notaron desde los primeros editoriales y análisis ya que antes no se trataban ciertos temas que resultan perjudiciales para el gobierno, como la corrupción y vinculaciones de funcionarios estatales que actualmente sí se pueden ver y leer en estos medios.

Meses después, Michelena fue nombrado Secretario de Comunicación. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 318, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó el pasado 20 de febrero a Michelena, quien reemplazó al entonces secretario, Alex Mora Moya, quien ejercía el cargo desde el 24 de mayo de 2017.

Tras su designación, el titular de la Secom anunció una comunicación más directa entre el ciudadano y el Presidente; un plan de austeridad y reformas a la LOC.

«Las instrucciones del Presidente de la República han sido muy claras, vamos a trabajar en una Secom que sirva de herramienta de comunicación ciudadana», apuntó Michelena en rueda de prensa.  El Secretario de Comunicación dijo que habrá apertura total a todos los medios, tanto públicos como privados y comunitarios, con los que trabajará de la mano en «un proceso de recrear los valores de la institución: honestidad, transparencia, veracidad y pluralidad».  

Recalcó que se buscará que «nunca más exista información que trate de dañar a ninguna persona en su honra y su honestidad». Michelena anunció que se construirá un proceso de comunicación «uno a uno con el ciudadano de a pie», además el Presidente será cercano al ciudadano en llamadas telefónicas, contactos y visitas.  También mencionó un plan de austeridad «para hacer de la comunicación no un negocio, sino un proceso de información con todos los ciudadanos».

Algunos procesos penales se resuelven 

Retomando las agresiones, en menor grado se reportaron 10 casos de censura, 6 procesos penales y 4 agresiones en la categoría de marco jurídico contrario a estándares.

Sobre los casos penales, el más grave de este período fue el del articulista Enrique Rosales Ortega, columnista de El Universo en la provincia costera de Santa Elena, quien fue detenido la tarde del 30 de noviembre de 2017 en cumplimiento de una sentencia de dos años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2016 por el delito de calumnias contra la exasambleísta del Movimiento oficialista Alianza PAIS, Vanessa Fajardo, actual asesora de la vicepresidenta Alejandra Vicuña. Sin embargo y pese a que fue detenido, este salió libre en diciembre de 2017 tras el perdón que le concedió Fajardo, a propósito de las fechas navideñas.

En este período también se dieron buenas noticias sobre casos judiciales anteriores que se originaron en el gobierno de Rafael Correa. Es el caso del exasambleísta Cléver Jiménez y el activista político y periodista, Fernando Villavicencio, quienes fueron declarados inocentes del delito de divulgación de documentos reservados de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del anterior gobierno, sobre el caso Chevron. El Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión el 22 de febrero de 2018, tras la abstención de la fiscal Thania Moreno.

Este juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio se activó tras una providencia emitida por el juez Jorge Blum, quien el pasado 27 de diciembre de 2013 ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del ahora ex legislador de oposición por Pachakutik. La prisión preventiva fue ordenada en octubre de 2016 y cambiada el año pasado por el uso de dispositivos electrónicos.

Dicho proceso inició tras un pedido del entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas para que se abra una investigación en contra de Jiménez y Villavicencio por la revelación de una serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que mostraban la injerencia directa del Ejecutivo en la Función Judicial.

Otro caso que tuvo un final favorable fue el del presidente y representante de la encuestadora CEDATOS, Ángel Polibio Córdova quien fue sobreseído de la acusación penal que pesaba en su contra por el delito de falsificación de documento privado y uso doloso de documento privado falso. Según la Fiscalía, el empresario habría alterado datos de las encuestas de las elecciones presidenciales de febrero del 2017.

El 23 de febrero de 2018, la jueza María Elena Lara dictó el auto de sobreseimiento a favor Córdova, tras determinar que la Fiscalía no demostró la materialidad de la infracción que se investigaba. La jueza Lara también resolvió que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Córdova.

Este proceso se originó en la advertencia del expresidente Rafael Correa, quien en el enlace ciudadano 518 del pasado 8 de abril de 2017, aseguró que tanto Ecuavisa como CEDATOS deberán responder a la ley, y que tendrán “responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole” por una denuncia que presentó, la en ese entonces asambleísta oficialista Rosana Alvarado por considerar que la encuestadora atentó contra la fe pública, al manipular datos de la empresa para beneficiar al candidato opositor.

Los funcionarios públicos y el Estado siguen siendo los principales agresores y los periodistas, las principales víctimas  

Los funcionarios públicos fueron los principales agresores, con 40 casos perpetrados por estos, principalmente, por parte de 15 autoridades locales, y 4 ministros de Estado. Esta cifra, aunque es elevada, se diferencia de años anteriores cuando el Presidente de la República, en la figura de Rafael Correa era el principal agresor. En el actual periodo no se contabiliza ni una sola agresión atribuible al presidente Lenin Moreno.

En segundo lugar por tipo de agresor se ubican los ataques perpetrados desde el Estado, por medida administrativa, legislativa o judicial, con 39 casos, mientras que desde los actores fuera del aparato estatal, 18 agresiones fueron causadas por desconocidos, 14 por parte de grupos, gremios, o turbas de manifestantes y 12 por políticos que no pertenecen al Estado.

También se reportaron 12 casos de compañías que limitan libertad de expresión en Internet, cifra que va de la mano con la censura en la red.

En cuanto a agresores fuera del Estado, 9 casos fueron perpetrados desde la esfera privada por parte de empresarios, y 3 por parte de personal de seguridad privada.

 

En cuanto a las víctimas, el grupo más vulnerable es el de los trabajadores de los medios de comunicación, con 55 casos de agresiones. Dentro de este grupo, se agredieron a 12 trabajadores de prensa escrita, a 11 radiodifusores y a 9 de TV.

En segundo lugar se ubican las agresiones a los medios de comunicación, con 49 casos. A pesar del cambio de gobierno, este grupo continúa siendo el más agredido, tal y como ocurría en el gobierno de Rafael Correa.

En menor medida también se agredieron a 18 personajes públicos, 14 ciudadanos y 11 ciberactivistas.

Finalmente, sobre la localización de las agresiones, la provincia de Pichincha sigue concentrando el mayor número, con el 66% de los casos, seguido por Loja, con el 5%, y Guayas y Esmeraldas con el 4, 4%. Cabe anotar que en los últimos meses, la provincia fronteriza de Esmeraldas se convirtió en una de las zonas más peligrosas tras los atentados y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Actualmente la zona está militarizada y restringida por motivos de seguridad, mientras sigan las amenazas en la frontera norte.

 

INFORME COMPLETO

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Las organizaciones y periodistas firmantes, que promovemos el ejercicio de un periodismo libre y de calidad, queremos alertar respecto del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo profesional en Venezuela. Especialmente a raíz de las amenazas y acciones penales contra los editores del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y contra el redactor del mismo medio, Roberto Deniz.

Estos periodistas venezolanos han abandonado su país como consecuencia de la demanda penal interpuesta por el empresario colombiano Alex Saab tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados en vastos sectores de la población. Las demandas son por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, que puede merecer carcelería de hasta seis años.

El sitio Armando.info, especializado en periodismo de investigación, documentó en dos reportajes publicados en 2017 la vinculación de Alex Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno venezolano de alimentos para el plan estatal de los CLAP. Los reportajes demuestran la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que la empresa obtuvo con la administración de Nicolás Maduro.

El primero de los trabajos fue publicado en abril de 2017 con el título “Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano”. El segundo fue divulgado en septiembre de 2017 con el título “De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”, poco después de que la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz, denunciara la relación entre Saab, Group Grand Limited y el propio Nicolás Maduro.

Los reportajes aparecieron en Armando.Info con la firma de Roberto Deniz, responsable de reconocidas investigaciones como la de “Los Papeles de Panamá y el Outsourcing Militar” -que en noviembre del 2017 obtuvo en Buenos Aires el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación otorgado por el IPYS y Transparencia Internacional.

Los periodistas hicieron todos los esfuerzos para que el empresario diera su versión de los hechos. Sin embargo, no atendió solicitudes realizadas mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos.

La acción penal contra los reporteros de Armando.info es la número 31 que registra IPYS Venezuela, por los delitos de difamación e injuria. Estas demandas han sido ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado en su mayoría, contra 40 periodistas y representantes de medios de comunicación. Entre los demandados destacan los casos de David Natera, director del Correo del Caroní, quien cumple condena en régimen de casa por cárcel; y los de Teodoro Petkoff y otros 21 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, quienes tienen prohibición de salida del país y congelamiento de bienes en Venezuela.

Las acciones penales que se están aplicando contra periodistas y directivos de medios empeoran aún más la situación de la libertad de expresión en Venezuela y agravan los riesgos que ya existen contra el periodismo profesional. En Venezuela no existe un Poder Judicial independiente, y los tribunales son frecuentemente empleados para castigar a la prensa que informa hechos verídicos.

Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de estándares que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados. Estos delitos deben ser eliminados de la legislación nacional de acuerdo al exhorto que hizo al Estado venezolano el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en julio de 2015. Este mismo llamado ha sido reiterado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversas oportunidades.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES
ABRAJI, Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Brasil
ANP, Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
CAINFO, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Uruguay
FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, Colombia
FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, Argentina
FUNDAMEDIOS, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Ecuador
IPLEX, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, Costa Rica
IPYS, Instituto Prensa y Sociedad, Perú
IPYS Venezuela

PERIODISTAS A TÍTULO PERSONAL

Mónica Almeida, El Universo, Ecuador
Hugo Alconada, La Nación, Argentina
Rosental Alves, Centro Knight para el Periodismo en las Americas, Estados Unidos
Daniel Coronell, Univisión, Estados Unidos
Carlos Dada, El Faro, El Salvador
Mónica González, CIPER, Chile
Ginna Morelo, Colombia
Laura Puertas, Medcom, Panamá
Ignacio Rodríguez Reyna, Quinto Elemento, México
Fernando Ruiz, Universidad Austral, Argentina
Daniel Santoro, Clarín, Argentina
Mabel Rehnfeldt, ABC, Paraguay
Fabián Werner, Sudestada, Uruguay

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La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional respaldó la labor de Fundamedios y rechazó la persecución de la que ha sido objeto en los últimos 10 años.

Este 25 de octubre de 2017, dentro de la Sesión Ordinaria Nro. 21 y tras el pedido del asambleísta Luis Pachala, resolvió, entre otras cosas, rechazar la persecución de la cual ha sido víctima Fundamedios por parte del Gobierno central, expresar la solidaridad a la organización y a periodistas por dicha persecución, así como abrir el debate para que todas las organizaciones sociales presenten sus observaciones a la Comisión para construir, en concenso, la Ley para la Aprobación y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y Sin Fines de Lucro.

Dicha resolución fue firmada por Héctor Yépez, presidente de la Comisión, Ángel Gende, vicepresidente, Elíseo Azurero, Cristian Garzón, Luis Pachala, Absalón Campoverde y Byron Suquilanda, integrantes de la Comisión.

ENGLISH VERSION

El discurso estigmatizante, los insultos y descalificaciones en contra de periodistas o activistas durante los enlaces sabatinos, y las sanciones casi diarias contra los medios de comunicación dejaron de sumar cifras exponenciales en los registros que realiza FUNDAMEDIOS, sobre agresiones a la libertad de expresión.

La Organización presenta un informe de los 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno y cómo ha sido tratada la libertad de expresión. Dentro de este reporte podrá conocer a detalle las cifras de agresiones, el comportamiento del Estado y los funcionarios públicos y cómo algunas agresiones se mantienen. En otro apartado podrá informarse sobre  La estructura del aparataje de propaganda del Estado y su línea editorial, para lo cual se realizó un monitoreo de los medios en manos del Estado, para concluir con información sobre la aplicación de La Ley de Comunicación y las sanciones y un análisis de César Ricaurte sobre la situación. 

Los primeros 100 días del gobierno de Lenín Moreno evidencian cambios, no solo por la apertura mostrada con el llamado al diálogo, la eliminación de los Enlaces Ciudadanos, o el refrescamiento de líneas en la administración de los medios públicos e incautados -que ha prometido marcar un antes y después hacia una línea editorial más plural y menos gobiernista-. La drástica caída de las cifras de ataques a la libertad de expresión plasman una nueva realidad que se podría traducir en una mejora en el ejercicio a este derecho fundamental en el Ecuador.

En lo que va de 2017, se han registrado 242 ataques, siendo los tres últimos meses del gobierno de Rafael Correa, los más violentos, con un total de 113 ataques entre marzo y mayo, frente a los los tres primeros meses del gobierno de Moreno, con una caída mayor al 50% y un total de 54 casos. Los meses de mayo, julio y agosto se reportaron apenas 22, 16 y 16 agresiones, respectivamente, marcando una drástica diferencia, frente a las agresiones reportadas en marzo (35), abril (41) y mayo (37).

 

AGRESIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El Estado y los funcionarios públicos disminuyen las agresiones 

Entre los últimos tres meses del gobierno del expresidente Rafael Correa y los primeros 100 días del gobierno de Lenín Moreno, existe una gran diferencia en cuanto al nivel de agresividad de los agresores.  Por ejemplo, entre marzo y mayo, que representan los tres últimos meses del gobierno de Correa, el principal agresor fueron los funcionarios públicos que protagonizaron 44 agresiones, seguido por la acción de instituciones del Estado (generalmente sanciones bajo la LOC) con 35, frente a las 16 agresiones perpetradas por funcionarios públicos y 11 por el mismo Estado, en el gobierno de Moreno.

De igual manera, entre el último trimestre del gobierno de Correa, el funcionario público que más veces agredió fue el exPresidente en 14 ocasiones (64 desde enero), lo que contrasta con las nulas agresiones por parte del presidente Lenin Moreno.

Un dato curioso en esta comparativa de agresores se dio con la categoría de “Político”, entendiéndose como alguien que está fuera del ejercicio del poder. En los últimos meses del antiguo Régimen no se registraron agresiones, pero en estos 100 días se han registrado 9 casos, la mayoría de los cuales han estado perpetrados por el mismo expresidente Correa.

A pesar de estos cambios y la disminución de la agresividad, los ataques provenientes del Estado y de funcionarios públicos en estos 100 días al mando de Moreno siguen siendo los protagonistas, con 11 y 16, casos respectivamente, seguido por políticos y desconocidos, con 9 y 8 casos respectivamente.

AGRESIONES RAFAEL CORREA
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AGRESIONES LENIN MORENO
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Las agresiones verbales se mantienen, pero los procesos penales y abusos del Estado disminuyen 

En cuanto a las agresiones, tanto en los últimos meses del gobierno de Correa y en los primeros de Moreno, los principales ataques se dieron por agresiones verbales y por vulneraciones a los derechos digitales. Sin embargo, la diferencia radica en el número de estos.

Entre marzo y mayo, los ataques verbales, como amenazas, insultos y descalificaciones sumaron ataques 21 (39 desde enero), mientras que en este último trimestre, se reportaron 11. Las vulneraciones a los derechos digitales en los meses finales de Correa sumaron  7, pero se incrementaron a 11 en el gobierno de Lenin Moreno.

Hay una diferencia marcada en las agresiones producidas por uso abusivo del poder estatal, las cuales sumaron 17 durante el gobierno de Correa, frente a 4 reportadas en el gobierno de Moreno,

Lo mismo ocurre con los procesos penales. Durante el último trimestre del gobierno de Correa hubo 29, frente a un caso registrado en el nuevo gobierno.

AGRESIONES RAFAEL CORREA VS LENIN MORENO
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La estructura intacta pero un uso más moderado del Estado de propaganda 

El cambio más notorio desde el primer día de gobierno de Lenín Moreno fue en cuanto al manejo de la comunicación y el uso del aparato estatal. La casi omnipresencia de la figura del Primer Mandatario a la que se acostumbraron los ecuatorianos al escuchar a Rafael Correa cada sábado durante más de tres horas, fue reducida con la eliminación de estos Enlaces Ciudadanos.

Ahora la rendición de cuentas del Presidente es informe semanal de actividades que, desde el 12 de junio, es difundido los lunes en cadena nacional bajo el  nombre de “El Gobierno informa” y con una duración de hasta 16 minutos. Esto, traducido en tiempo, por los 12 informes que se han difundido en estos 100 días, suma un total de 165 minutos, lo que equivale a menos de una sola sabatina del expresidente Correa.

En cuanto al uso de cadenas recordemos que fue un recurso muy utilizado por el Gobierno de Correa en una estrategia de polarización política, que incluía frecuentes ataques a periodistas, líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil, políticos de oposición. Durante estos primeros 100 días de la gestión del presidente Lenín Moreno, se han emitido un total de 129 cadenas. En junio se registraron 35 cadenas, en julio 52 y en agosto 42. Cifra aún muy alta, pero muy inferior  al número de cadenas emitidas durante el gobierno Correa, en cuyo gobierno se dedicó 158 días completos a la emisión de estos espacios, según consta en un estudio anterior que realizó la organización.

El refrescamiento de las líneas editoriales y el personal directivo de los medios estatales también refleja un cambio con indicios de un mayor pluralismo. Desde el 17 de julio, se conoció públicamente que Andrés Michelena, exsubsecretario de Comunicación de Lenín Moreno en la vicepresidencia, fue designado como gerente general de los Medios Públicos, y Fernando Larenas, conocido periodista, se sumó como director a este equipo, que antes estaba liderado por el periodista Orlando Pérez, quien mantenía una línea gobiernista y crítica a la oposición. Estos cambios se realizaron por un simple resolución del Directorio de la Empresa Pública, sin que medie decretos presidenciales, tal cómo nos confirmó Andrés Michelena.

Cabe anotar que la Empresa Medios Públicos está integrada por los periódicos El Telégrafo y El Tiempo; la estación Ecuador TV; la Radio Pública; PP Digital, Andes y Editogran. Antes Diario PP tenía un formato impreso, al igual que el medio de gobierno, El Ciudadano, el cual dejó de imprimirse para ser exclusivamente digital.

Tras esta designación, los cambios se notaron desde los primeros editoriales y análisis ya que antes no se topaban ciertos temas que resultan perjudiciales para el gobierno, como la corrupción y vinculaciones de funcionarios estatales que actualmente sí se pueden ver y leer en estos medios.

Para conocer si existían cambios en la línea editorial de estos medios, Fundamedios, monitoreó notas informativas y artículos de opinión de 15 fechas aleatorias, entre julio y agosto de 2017, de tres medios: dos públicos (Agencia de Noticias Andes y El Telégrafo) y uno gubernamental (El Ciudadano). De estos, se contabilizaron 79 espacios periodísticos, 50 relacionados a notas informativas y 29 a artículos de opinión.

El análisis determinó que la figura del presidente Lenín Moreno obtuvo el mayor espacio en estos medios, al obtener el 22% de la muestra; seguido del expresidente Rafael Correa con el 6%.

Para analizar a fondo la línea editorial de los medios se clasificó a las noticias informativas de acuerdo a su enfoque (negativo, positivo, neutro) y de acuerdo a la tendencia (desacredita, no desacredita, proselitismo).

De 50 notas informativas, se registró que el 44% (22) se podían considerar positivas,  38% neutro (19) y 18% negativas para el Gobierno. De esas, apenas el 4% (2) se pueden considerar notas de desacreditación curiosamente al mismo Presidente Moreno, el 90% (45) no desacredita y el 6% (3) tiende al proselitismo gubernamental.

Pero las cifras pueden lucir frías, así que analizamos el contenido de algunas notas relevantes.

El 03 de agosto de 2017, Agencia Andes publicó un contenido sobre la posición del vicepresidente Jorge Glas, tras ser retirado de sus funciones. La noticia fue categorizada como negativa/desacredita. La nota: “Esto es una lucha por la verdad, yo estoy defendiendo principios”: Glas aseguró que fue removido por pedido de la oposición y  que Moreno pretende regresar al “viejo país”.  “Me quitaron de las funciones por pedido de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la oposición (…) para el regreso del viejo país, para el país del ‘tongo’, del reparto,  y “ahí están los frutos de los diálogos, el reparto de empresas públicas”, manifestó. Una nota de este tipo durante el Gobierno de Correa hubiera sido impensable.

Ese día, Andes también publicó “Bloque de AP anuncia que buscará restablecer la relación política de su binomio presidencial”, esta nota también fue catalogada como negativa/desacredita, ya que 74 asambleístas oficialistas se refirieron a la oposición como  “rancia derecha” que busca volver a un pasado “rentista y oligárquico”, a la vez que buscaban un reconciliación entre Lenín Moreno y Jorge Glas.

Por otra parte, el análisis de las portadas y artículos de opinión de diario El Telégrafo permitió conocer que, de un total de cinco portadas, dos se asignaron para temas políticos, dos para acciones del Gobierno y una para deportes.

En lo que respecta a artículos de opinión, de un total de 29 textos, el 34% (10) es positivo, el 14% (4) neutro y el 52% (15) negativo. De ellos, 24% (7) desacredita, 72% (21) no desacredita y 3% (1) tiende al proselitismo.

‘La responsabilidad política’, artículo de opinión, se configuró como negativo/proselitista, ya que critica el llamado al diálogo por Moreno y advierte que se trata de una estrategia política que busca atacar a todo lo que se relaciona con el correísmo, incluido en este sentido a Jorge Glas. En el texto se lee: “Lo que no ganaron en las urnas quieren lograrlo sentándose en la mesa y negociar sus poderes locales, pero por el otro lado, buscan, sin duda, la revancha a los valores fundamentales de la Revolución Ciudadana”.

Cabe recalcar que los temas que se destacaron en los medios monitoreados se refieren a las actividades del gabinete presidencial, los planes sociales y económicos emprendidos por el Gobierno; así como temas de coyuntura nacional vinculados a casos de corrupción y lucha contra la corrupción.

Estos datos señalan una variación de la línea editorial de los medios en manos del Estado que, en la década pasada fueron utilizados como instrumentos para imponer la verdad del gobierno y hacer campañas de desprestigio.

Así, un estudio que hizo Fundamedios sobre el uso de los medios estatales durante la campaña electoral reveló que durante la primera semana de la segunda vuelta electoral (entre el 10 y el 16 de marzo de 2017) seis medios de comunicación en manos del Estado hicieron una campaña de desprestigio en contra del candidato a la Presidencia de oposición por Creo, Guillermo Lasso. Durante este período, se contabilizaron 71 espacios informativos en los que se hablaba del candidato de oposición frente a 70 correspondientes al candidato oficialista Lenin Moreno, de una muestra de 157. Además, se comprobó que en radio y televisión Lasso obtuvo 5 horas y 13 minutos de descrédito en tales espacios informativos, mientras Lenín Moreno, acumuló 2 horas y 45 minutos de proselitismo a su favor.

La Ley de Comunicación se debate y las sanciones se reducen

El gobierno de Moreno ha abierto a la posibilidad de debatir la tan cuestionada Ley Orgánica de Comunicación (LOC), al impulsar procesos de diálogo tendientes a reformar la LOC a través de la conformación de mesas planteadas para este fin, en las cuales Fundamedios también ha sido invitado y ha participado. Para este objetivo se han desplegado ocho mesas a nivel nacional, y con los resultados, el titular de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, Alex Mora, anunció que se prepara un paquete de reformas a la Ley de Comunicación, que deberán ser tramitadas en la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, Mora dijo que daban por cerrado el debate sobre una derogatoria de la Ley, ya que la mayoría de personas que participaron en el diálogo querían una LOC, aunque con reformas.

Los temas recurrentes en las mesas de diálogo han sido las sanciones a los medios y los organismos de control, la pauta publicitaria y la cuota de interculturalidad. También la profesionalización, el derecho a la réplica, la figura del linchamiento mediático y la producción nacional, entre otros, según recogieron varios medios.

En ese marco, asambleístas de todas las tendencias representadas en la Asamblea Nacional han conformado el Grupo Parlamentario Multipartidista por la Defensa de la Libertad de Expresión y para impulsar las reformas a la LOC. Los asambleístas Jorge Yunda, Mae Montaño, Fabricio Villamar, Wilma Andrade, Jaime Olivo, Cristina Reyes y Vicente Taiano conforman esta iniciativa que fue propuesta por la legisladora socialcristiana Cristina Reyes, quien actuará como coordinadora del grupo al considerar que se han determinado excesos en la aplicación de esta Ley.

Mientras esto sucede, la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) ha disminuido sensiblemente las sanciones a los medios. La caída de las cifras de sanciones a medios es drástica. Entre marzo y mayo, Fundamedios contabilizó 17 casos, mientras que entre junio y agosto se registraron 5.

El pasado 10 de agosto, la SUPERCOM entregó información sobre el número de procesos ingresados en esa institución desde el 15 de mayo hasta el 31 de julio de este año. Según los registros de esa entidad, hasta esa fecha, se receptaron 15 denuncias, 13 fueron presentadas por ciudadanos y dos presentados por funcionarios públicos. Dos de las denuncias fueron desechadas y archivadas, dos concluyeron en sanción y las 11 restantes se encuentran en proceso. Las denuncias fueron en contra de seis medios públicos y  15 privados, el derecho afectado al que hacen alusión los denunciantes es el derecho al honor y buen nombre y piden la aplicación del Art. 23 de la LOC, que se refiere a la rectificación de la información.

A esta disminución de sanciones se suma una sentencia que emitió el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, en Guayaquil, que este 23 de agosto anuló la sanción que impuso la Supercom hace tres años, en contra de diario El Universo, por una caricatura de autoría de Xavier Bonilla “Bonil”, referente al allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio. La multa consistía en el pago del equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del diario (USD 90 mil) y la obligación a rectificar la caricatura  titulada “Regale la Navidad”, publicada el pasado 28 de diciembre de 2013.

El Tribunal se sustentó en que el argumento de la Superintendencia, “carece de la solidez necesaria para que surja una motivación pertinente y completa, pues no existe conducta jurídicamente imputable proveniente de Diario El Universo, ameritando, ser sancionada, pues no cumple con los presupuestos del literal l), numeral 7) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que la norma jurídica, debe guardar pertinencia con los antecedentes de hecho a los que haga referencia la decisión de la autoridad pública”.

Con estos antecedentes y el contexto actual, es claro que el Ecuador entró en una nueva  etapa que da luces para pensar en una mejora en la situación de la libertad de expresión y en cambios urgentes que se deben realizar en cuanto a la aplicación de una Ley de Comunicación punitiva que, tras cuatro años de aplicación, no ha resultado efectiva para fomentar el pluralismo, sino, por el contrario, ha impulsado la censura y autocensura.

ANÁLISIS

Por César Ricaurte

Cambios en puntas de pies

Lenin soltó las bridas de un Estado y una sociedad manejadas férreamente y muchas veces a palo durante el correísmo y desató la tormenta. El expresidente y sus acólitos hablaron enseguida de traición y de varios sectores de la oposición se habló de tongo o trampa. Muchos ingenuos pensaron que habíamos pasado a un periodo de transición o primavera democrática. Pero la realidad es distinta.

Uno de los sectores donde más se aligeró el peso de las presiones y de las cuerdas fue en el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de la prensa. Esto se respalda en las cifras del presente informe de los 100 días de Moreno que presenta Fundamedios. Menos agresiones, aparato de propaganda usado de manera menos intensiva, cambios en los medios estatales, menos sanciones de los medios por la Ley de Comunicación, diálogo con dueños de algunos medios, buenas relaciones con la prensa, en general. Todo ha ayudado a generar un ambiente sustancialmente más distendido.

No es un dato menor. Y en lo personal creo que lo simbólico es central en lo político y que el discurso no solo sean palabras, sino al mismo tiempo fondo.

Pero, los pendientes son muchos. Casi todos. Al final del día, el Ecuador de estos 100 días de Lenín Moreno en el poder, es un país donde se abrió una ventana a la posibilidad de empezar una transición hacia la democracia. De ninguna forma vivimos aún una transición y menos aún una democracia plena.

Si se consolida la oportunidad de transición, los avances deben ser sustanciales para reformas para desmontar los aspectos más nocivos de la Ley de Comunicación y sus reglamentos y consolidar los posibles avances en pluralismo y protección a los sectores más débiles. Se debe dar pasos decisivos para avanzar en la transparencia y el acceso a la información, incluso como mecanismo de lucha contra la corrupción, y generar procesos de Gobierno Abierto. Se debe avanzar en el desmontaje del aparato de propaganda y en crear una estructura sólida con control parlamentario y ciudadano de los medios públicos, al tiempo que se vendan los medios incautados.

En fin, la agenda es grande y muchos aspectos están recogidos en la “Hoja de Ruta para la Libertad de Expresión 2017-2019” que fue construida por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas, directivos de medios y ciudadanos.

Por ahora, en estos 100 días, es necesario respirar el aire fresco, tratar de abrir un poco más la ventana y prepararnos para cuando realmente llegue la primavera.

INFORME ESPECIAL 100 DÍAS DE LENÍN PDF

SPECIAL REPORT 100 DAYS PDF

 

LESS ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION, BUT NO PROGRESS ON REFORMS DURING THE FIRST 100 DAYS OF LENIN MORENO’S GOVERNMENT

The stigmatizing speech, insults and disqualifications against journalists or activists during Sabatino links, and almost daily attacks against the media have grown exponentially according to FUNDAMEDIOS’s records on attacks on freedom of expression.

The first 100 days of the administration of Lenin Moreno promised changes, not only with the call for open dialogue, the elimination of the citizens link or revisiting the structure of the administration in the public means-which has promised to mark a before and after towards a more plural editorial line and less government. The drastic drop in the number of attacks on freedom of expression has given us the opportunity to reflect a new reality that could translate into an improvement in the exercise of this fundamental right in Ecuador.

So far in 2017, 242 attacks have been recorded. which includes the last three months of the administration of Rafael Correa, the most violent, with a total of 113 attacks between March and May, compared to the first three months of the Moreno administration, with a fall greater than 50% and a total of 54 Cases. In May, July and August, there were only 22, 16 assaults, respectively, marking a drastic difference, compared to the attacks reported in March (35), April (41) and May (37).

FREEDOM OF EXPRESSION ATTACKS IN 2017
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The State and public officials decrase the attacks

During the last three months of former President Rafael Correa’s administration and during the first 100 days of Lenin Moreno’s administration, there is a huge difference in the level of aggression in Ecuadorians. For example, in between March and May, which were the last three months of Correa’s presidency, the main aggressors were public officials, who staged 44 assaults, followed by action by state institutions (usually sanctions under the LOC) with 35, against the 16 attacks perpetrated by public officials and 11 by the same State, in the government of Moreno.

Similarly, during the last three months of Correa’s presidency, the public official who attacked the most was the former President on 14 occasions (64 since January), which contradicts the null aggressions on the part of President Lenin Moreno.

An interesting fact is the comparison of aggressors  with the category of «Political», understood as someone who is outside the exercise of power. In the last few months of ancient regium, there were no reported acts of aggression but in these 100 days, we have registered 9 causes, the majority of them are the same perpetrators as attacks in Correa’s administration.

In spite of these changes and the decrease of the aggressiveness, the attacks from the State and public officials in these 100 days under the command of Moreno continue to be the protagonists, with 11 and 16 cases respectively, followed by politicians and strangers, with 9 and 8 cases respectively.

AGRESORES
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AGGRESSORS
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Verbal assaults remain intact, but legal process and state’s abuse decrease 

As for the attackers, both in the last months of the government of Correa and in the first ones of Moreno, the main attacks were for verbal assaults and for violations of digital rights. However, the difference lies in the number of these.

Between March and May, the verbal attacks, like threats, insults and disqualifications, add an additional 21 attacks (39 since January), while in the last quarter, 11 attacks were reported. Violations of digital rights in Correa’s final months totaled 7, but increased to 11 in the Lenin Moreno government.

There is a marked difference in the aggressions produced by abuse of state power, which added 17 during the Correa government, compared to 4 reported in the Moreno government, the same applies to criminal proceedings. During the last quarter of the Correa government there were 29, in front of a case registered in the new government.

The communication structure remains the same but with a moderate use by the state

The most notorious change since the first day of Lenin Moreno’s rule was in the handling of communication and the use of the state apparatus. The almost omnipresence of the figure of the First President to which the Ecuadorians became accustomed to listening to Rafael Correa every Saturday for more than three hours was reduced with the elimination of these Citizen Links.

Now the President’s accountability is a weekly report of activities that, since June 12, is broadcast on Mondays in national chain under the name of «The Government informs» and with a duration of up to 16 minutes. This, translated in time, by the 12 reports that have spread in these 100 days, sum a total of 165 minutes, which is equivalent to less than a single sabatina of the ex- President Correa.

Regarding the use of channels registered by the Government of Correa in a strategy of political polarization, which include journalists, social leaders, civil society organizations, opposition politicians. During these first 100 days of President Lenin Moreno’s administration, a total of 129 channels. In June, 35 channels were registered, in July, 52 channels and in August, 42 channels. This figure is still very high, but much lower than the number of channels issued during the Correa government, whose government devoted 158 days to the emission of these spaces, according to an earlier study conducted by the organization.

The refreshment of editorial lines and the state media management staff also reflects a change with indications of greater pluralism. Since July 17, Andrés Michelena, Lenin Moreno’s former deputy secretary for communications in the vice presidency, has been publicly known as general manager of the Public Media, and Fernando Larenas, a well-known journalist, has joined the team. Before, the team was led by journalist Orlando Perez, who maintained a government line and criticism of the opposition. These changes were made by a simple resolution of the Directory of Public Enterprise, without presidential decrees, as confirmed by Andrés Michelena.

It should be noted that the Empresa Medios Públicos is composed of newspapers El Telégrafo and El Tiempo; the Ecuador TV station; the Public Radio; PP Digital, Andes and Editogran. Before Diario PP had a printed format, as did the media, El Ciudadano, has stopped being printed to be exclusively digital.

After this designation, the changes were noticed from the first editorials and analyzes since before as they were not faced certain subjects that are harmful for the government, like the corruption and links of state officials that at the moment can be seen and read in these means.

To know if there are changes in the editorial line of these media sources, Fundamedios monitors briefing notes and opinion articles from 15 random days between July and August of 2017, from three media sources, two public (Agencia de Noticias Andes y El Telégrafo) and one governmental (El Ciudadano). Of these, 79 journalistic spaces were counted, 50 related to informative notes and 29 to articles of opinion.

The analysis determined the figure that President Lenin Moreno obtained is the largest gap in these medias, with 22% of the sample, compared to 6% of former President Correa.

In order to analyze in depth the editorial line of the media, informative news was classified according to its approach (negative, positive, neutral) and according to the tendency (discredits, does not discredit, proselytizing).

From 50 informative news sources, it was recorded that 44% (22) were considered positive, 38% were considered neutral (19) and 18% were considered to negatively depict the Government. Of these, barely 4% (2) could be considered discrediting notes curiously to the same President Moreno, 90% (45) does not discredit and 6% (3) tends to governmental proselytism. But the figures may look cold, so we look at the content of some relevant notes.

On August 3rd, 2017, Agencia Andes published an article on the position of Vice President Jorge Glas after being removed from office. The news classified this as negative and discrediting of the government. The article: «This is a struggle for truth, I am defending principles»: Glas assured that it was removed by request of the opposition and that Moreno intends to return to the «old country.» «I was removed from the functions by order of Abdalá Bucaram, at the request of Guillermo Lasso, at the request of the big businessmen, at the request of the opposition … for the return of the old country, for the ‘tongo’ country, , and «there are the fruits of the dialogues, the distribution of public companies,» he said. An article of this kind during Correa’s government would have been unthinkable.

That day, Andes also published “Bloque de AP anuncia que buscará restablecer la relación política de su binomio presidencial”, this article was also classified as negative and discrediting to the government, as 74 official assembly members referred to the opposition as «rance right» that seeks to return to a «rentier and oligarchic» past, while seeking a reconciliation between Lenin Moreno and Jorge Glas.

On the other hand, the analysis of the covers and articles of opinion of the newspaper El Telégrafo allowed to know that, of a total of five covers, two were assigned for political subjects, two for government actions and one for sports.

In respects to the opinon articles, of the 29 texts, 34% (10) were positive, 14% (4) were neutral and 52% (15) were negative. Of those, 24% (7) were discredited and 72% (21) were not discredited and 3% (1) tends to proselytism.

‘La responsabilidad política’ opinion article was configured to be negative and proselytizing, as it criticizes the call for dialogue by Moreno and warns that it is a political strategy that seeks to attack everything that is related to the correism, including in this sense Jorge Glas. The article said: «What they did not win at the polls they want to achieve it by sitting at the table and negotiating their local powers, but on the other hand, seek, without a doubt, revenge on the fundamental values of the Citizen Revolution.«

It should be emphasized that the issues highlighted in the media that were monitored included the activities of the presidential cabinet, the social and economic plans undertaken by the Government; as well as national issues related to cases of corruption and the fight against corruption.

These facts point to a variation of the editorial line of the media in the hands of the State that in the last decade were used as instruments to impose the truth of the government and to make smear campaigns.

A study by Fundamedios on the use of state media during the election campaign revealed that during the first week of the second round of elections (between 10 and 16 March 2017), six media outlets in the hands of the state a campaign of discredit against the candidate for the presidency of opposition by Creo, Guillermo Lasso.During this period, 71 informative spaces were counted in which the opposition candidate was talked about in front of 70 corresponding to the candidate candidate Lenin Moreno, of a sample of 157. In addition, it was verified that in radio and television Lasso obtained 5 hours and 13 minutes of disrepute in such information spaces, while Lenin Moreno, accumulated 2 hours and 45 minutes of proselytism in his favor.

Communication’s law is on debate while sanctions decrease

Moreno´s government has opened the possibility of discussing the highly controversial Ley Orgánica de Comunicación (LOC),  by promoting dialogue processes aimed at reforming the LOC through the creation of tables set up for this purpose, in which Fundamedios has also been invited and participated. For this purpose, eight national tables have been deployed and, with the results, the head of the National Secretary of Communication, SECOM, Alex Mora, announced that a package of amendments to the Communication Law will be prepared, which should be processed in the National Assembly. At the same time, Mora said they closed the debate on a repeal of the Law, since most people who participated in the dialogue wanted to have a LOC, only with reforms.

The recurring themes on the table have been sanctions to the media and an organism to control the media, the advertising pattern and the interculturality quota. Also, the professionalism, the right to the reply, the figure of media lynching and national production, among others, according to several media sources.

With this framework, assembly members of all the groups represented in the National Assembly have formed the Multiparty Parliamentary Group for the Defense of Freedom of Expression and to promote reforms to the LOC. The Assembly members Jorge Yunda, Mae Montaño, Fabricio Villamar, Wilma Andrade, Jaime Olivo, Cristina Reyes and Vicente Taiano created this initiative, which was proposed by the social-Christian legislator Cristina Reyes, who will act as coordinator of the group considering that excesses have been determined in the application of this Law.

While this happens, the Superintendent of Information and Communication (SUPERCOM) has significantly reduced the sanctions to the media. The fall in the number of media sanctions is drastic. Between March and May, Fundamedios counted 17 cases, while between June and August 5 were registered.

On August 10th, the SUPERCOM provided information on the number of processes admitted to this institution from May 15 to July 31 of this year. According to records of an entity, up to that date, 15 complaints were received, 13 were filed by citizens and two filed by public officials. Two of the complaints were dismissed and filed, two concluded in sanction and the remaining 11 are in process. The complaints were against six public and 15 private media, the right affected to which the complainants refer is the right to honor and good name and request the application of Article 23 of the LOC, which refers to the rectification of the information.

With this reduction of sanctions, it is added to a sentence issued by the Administrative Dispute Court in Guayaquil, which occurred on August 23 and nullified the sanction imposed by the SUPERCOM three years ago, against the newspaper El Universo, authored by Xavier Bonilla «Bonil», referring to the raid on the house of Fernando Villavicencio. The fine consisted of the payment of the equivalent of 2% of the average billing of the last three months of the newspaper (USD 90 thousand) and the obligation to rectify the caricature titled «Regale la Navidad», published on December 28, 2013.

The Court argued that the Superintendent’s argument «lacks the necessary strength to give rise to a pertinent and complete motivation, since there is no legally imputable conduct coming from Diario El Universo, meriting, to be sanctioned, because it does not comply with the budgets of paragraph l), numeral 7) of article 76 of the Constitution of the Republic of Ecuador, which establishes that the legal norm, should be relevant to the factual background to which the decision of the public authority refers.

With this background and the current context, it is clear that Ecuador has entered a new stage that gives light to think of an improvement in the situation of freedom of expression and urgent changes that must be made in terms of the application of a Law of punitive communication which, after four years of application, has not been effective in promoting pluralism, but, on the contrary, has promoted censorship and self-censorship.

ANALYSIS

Changes in tiptoe

Lenin let loose the flanges of a state and a society handled fiercely and many times to stick during the correism and unleashed the storm. The ex-president and his acolytes spoke immediately of treason and of several sectors of the opposition was spoken of tongo or trap. Many naïve people thought that we had passed a period of transition or democratic spring.

But the reality is different.

One of the sectors where the weight of the pressures and the strings became more lightened was in the exercise of freedom of the press and the work of the press. This is supported by the figures in Moreno’s 100 day report presented by Fundamedios. Less aggression, less aggressive propaganda used, changes in state media, less media sanctions under the Law of Communication, dialogue with owners of some media, good relations with the press in general. Everything has helped to create a substantially more relaxed atmosphere.

It is not a minor fact. And personally I think that it is symbolic that central in the political and that the speech are not only words but at the same time background.

But, the earrings are many. Almost every. At the end of the day, the Ecuador of these 100 days Lenin Moreno in power, is a country that opened a window on the possibility of starting a transition to democracy. In no way do we still live a transition, let alone a full democracy.

If the transition opportunity is consolidated, progress must be substantial for reforms to dismantle the most damaging aspects of the Law on Communication and its regulations and consolidate possible advances in pluralism and protection for the weaker sectors. Key steps must be taken to advance transparency and access to information, including as a mechanism to fight corruption, and to generate Open Government processes. We must advance the dismantling of the propaganda apparatus and create a solid structure with parliamentary control and citizen of the public media, while selling the seized media.

Finally, the agenda is large and many aspects are included in the «Roadmap for Freedom of Expression 2017-2019» that was built by a group of civil society organizations, academics, journalists, media executives and citizens.

For now, in these 100 days, it is necessary to breathe the fresh air, try to open the window a little more and prepare for when spring really comes.