La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.
De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.
Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.
Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.
“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.
La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.
La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.
Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.
De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.
La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.
Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.
La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.
Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.