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Coalición de DDHH resalta el compromiso de la comunidad internacional con la libre expresión, equidad de género, cárceles y población LGBTQ+, en el EPU de Ecuador

por | Nov 7, 2022 | Actividades, Informes EPU

El Estado ecuatoriano se sometió a una revisión universal e integral por parte de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para analizar si ha cumplido o no con sus compromisos y obligaciones en esta materia. 

Lo hizo en cumplimento del cuarto ciclo de evaluación del Examen Periódico Universal (EPU). Setenta estados realizaron observaciones en diversas temáticas. Entre las más recurrentes estuvieron aquellas acerca de derechos de las mujeres y, especialmente, el combate a los feminicidios y la violencia (53 recomendaciones); el sistema carcelario (24 recomendaciones), libre expresión (19 recomendaciones) y derechos de la población LGBTQ+ (11 observaciones). 

Como Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos, valoramos especialmente que Ecuador haya desplazado para atender el EPU a una delegación de Alto Nivel de 5 ministros y secretarios de Estado, encabezada por el canciller, Juan Carlos Holguín. Además, vemos muy positiva la actitud del Estado de aceptar las recomendaciones generales, aunque, al mismo tiempo, señalamos inexactitudes y omisiones en la presentación del informe nacional y de las posteriores respuestas brindadas por los representantes del Estado. 

Fue notoria la preocupación de los estados respecto a los derechos de las mujeres, considerando que, de los 70 países que intervinieron durante el examen, 53 emitieron recomendaciones respecto al ejercicio de las niñas, adolescentes y mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto libre, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Recomendaron asignar los recursos necesarios que permitan ejecutar la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, recortar las brechas laborales y considerar también en todas estas acciones la realidad de las mujeres de la ruralidad y de las comunidades. Entre los países que emitieron recomendaciones respecto a los derechos de las mujeres se encuentran Portugal, México, Rumania, Turquía, Ucrania y Vietnam.

Otra clara preocupación se centró en la crisis carcelaria y las acciones que el Estado debería realizar para garantizar los derechos de los reos, a partir del cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, tomando las acciones necesarias para eliminar el hacinamiento en las cárceles y reducir los niveles de violencia, realizando capacitaciones al personal que se encuentre dentro de estos centros, así como la adopción de acciones con enfoque rehabilitador, que garanticen la reinserción social de estas personas. Un total de 24 países realizaron recomendaciones respecto a esta problemática.

Sobre este tema, varios países felicitaron la adopción de la política pública de rehabilitación social, en febrero de 2022, aunque esto lleva implícita la recomendación de que se la implemente de forma efectiva. 

El canciller, Juan Carlos Holguín, en su intervención, se refirió al censo penitenciario como una de las medidas principales en este ámbito, sin perjuicio de lo cual, creemos que mientras no exista el Sistema Nacional de Información de Personas Privadas de Libertad, previsto en la política pública, la información recogida no será útil; además, el Sistema deberá interoperar con los sistemas del Registro Civil y de la función judicial, para que la fase de ejecución penal se cumpla con el enfoque rehabilitador que exige nuestra Constitución 

En representación del Estado ecuatoriano, Holguín explicó que ha trabajado junto a otros países para establecer estrategias en temas de crimen organizado. Entre las medidas tomadas en el tema del Covid-19 habló de la vacunación, destacó que Ecuador continúa siendo el país con mayor refugiados y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que incluyó un marco de prevención y protección de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Tras informar que, apenas la Asamblea notifique, se publicará en el Registro Oficial la nueva Ley de Comunicación, Holguín indicó que el Gobierno «seguirá abanderando» la causa de la libertad de expresión y la protección de periodistas, al que calificó como un pilar fundamental de la democracia.

Tras la finalización de la sesión en Ginebra, la Coalición de Derechos Humanos realizó una rueda de prensa para hacer un balance. Gloria Ardaya, consultora e investigadora que trabajó en el informe final de Derechos Humanos que se presentó en el EPU, inició el conversatorio. Ella indicó que la presencia de los países miembros del Consejo fue muy significativa. Señala que se realizaron recomendaciones en la insistencia para que el Gobierno refuerce las capacidades técnicas de su personal para el tratamiento específico de algunos derechos. Según explicó Ardaya, también fueron insistentes en la necesidad de que el Estado otorgue los recursos necesarios para el tratamiento de los Derechos Humanos. En el tema de los derechos de las mujeres se recolectó 53 recomendaciones. 

El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, señaló que los países instaron al Estado a garantizar el derecho y la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos. A Ricaurte le preocupó el discurso del Gobierno, que indicó que sí existen mecanismos de protección al ejercicio periodístico, cuando, en la realidad, el Comité para la Protección de Periodistas no ha funcionado, ni tampoco existen políticas de prevención y reacción frente a las agresiones y amenazas que reciben los periodistas.

Señaló que, precisamente, el gran reto que debe ser asumido en este periodo es la coordinación entre las diferentes instancias del Estado y la sociedad civil para el diseño e implementación del Mecanismo de Protección a periodistas creado en las reformas recién aprobadas a la Ley de Comunicación y que el mismo esté en concordancia con las políticas y mecanismos de protección a defensores de Derechos Humanos, tal como lo ha exigido la comunidad internacional con sus recomendaciones en este Cuarto Ciclo del EPU.

María Amelia Espinosa, de la Fundación IR (Iniciativa para la Reinserción), indicó que Ecuador recibió 24 recomendaciones en temas de rehabilitación social. Entre lo que más se destacó está la erradicación del hacinamiento y garantizar los derechos de los presos.

Pamela Chiriboga, asesora de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, quien concluyó con las primeras intervenciones, expresó la preocupación de que no haya sido nombrado el tema de personas desaparecidas ni por la delegación nacional ni por el resto de países durante todo el EPU. Destacó que este tema, lastimosamente, no es de interés ni prioridad para este Gobierno, el cual ni siquiera se ha pronunciado del tema desde las campañas políticas, no hay apertura para el diálogo con los familiares, ni se ha hecho efectivo el marco normativo. Chiriboga recordó que el tema de las desapariciones ya fue mencionado desde el año 2017, cuando se reconoció que Ecuador no había adoptado medidas suficientes para cumplir con la Convención contra las desapariciones forzadas. Asimismo, en el informe de los grupos de trabajo del año 2022, también fue mencionado el tema de la falta de judicialización ágil en temas de desaparición forzada. 

Chiriboga destacó brevemente las problemáticas de la desaparición involuntaria en Ecuador, tales como la falta de implementación de procesos de verdad, memoria y justicia, falta de cumplimiento de la normativa legal existente, falta de capacitación especializada y falta de políticas públicas de prevención y sensibilización. Finalmente, la asesora mencionó que, si bien hubo más de una decena de recomendaciones relacionadas con la trata de personas, estas se enmarcaron en temas de movilidad humana y no con relación a la desaparición en Ecuador, cuyas cifras a septiembre del 2022 demuestran que existen por lo menos 463 personas desaparecidas, de las cuáles el 48% son niños, niñas y adolescentes y el 68% de los adultos reportados son mujeres, sin que haya ningún tipo de respuesta estatal especializada o con enfoque de género. 

La Coalición indicó que en temas de Derechos Humanos existen avances, pero solo son normativos y se quedan en papel.  

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