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Comité Contra la Tortura recomienda al gobierno garantizar el trabajo de organizaciones y periodistas

por | Dic 8, 2016 | Comunicados

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El hostigamiento e intimidación a defensores de derechos humanos, periodistas y actores sociales es un tema que preocupa al Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura. El miércoles 7 de diciembre del 2016 este Comité hizo público su séptimo informe periódico sobre la tortura en Ecuador. En total son 24 observaciones que realiza al Estado con base en información proporcionada por la sociedad civil y el gobierno.

Entre estas observaciones, la número 18 se refiere específicamente a la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo. Según el Comité, existe información sobre actos de hostigamiento e intimidación en contra de estos actores sociales. En ese sentido, se hizo tres recomendaciones al Estado: “Garantizar la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerles sus actividades; b) Velar por que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las amenazas y agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil; c) Tomar las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil puedan operar libremente, absteniéndose de toda interferencia o restricción injustificada de sus actividades”.

El Comité también mostró su preocupación respecto a “los amplios poderes que los Decretos Ejecutivos núm. 16, de 4 de junio de 2013, y núm. 739, de 21 de agosto de 2015, otorgan a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales (arts. 13 y 16)”.

En otro aspecto relacionado con la libertad de expresión, en su apartado número 16, al Comité le preocupa el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y subrayó las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria de manifestantes y transeúntes en el marco de las protestas sociales ocurridas en 2015. Al respecto, se recomendó al Estado garantizar que todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria por agentes del orden y personal militar sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad; velar porque los presuntos autores sean enjuiciados, y de ser condenados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Finalmente, se pide al Estado velar porque las víctimas reciban una reparación adecuada, además de capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y regular el uso de las armas de fuego.

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