Ecuador, 28 de junio de 2023.- “En Ecuador, la agitación política y una crisis de seguridad cada vez más profunda están poniendo en riesgo a los periodistas y a la libertad de prensa”, señala el informe presentado por el Comité de Protección para Periodistas (CPJ), elaborado tras su visita al país en abril de este año.
Tras una Misión que visitó el Ecuador en abril de este año para constatar la situación de la libertad de expresión y de prensa, y la crisis de seguridad que atraviesa el trabajo periodístico en el Ecuador, el Comité instó a las autoridades a cumplir con sus obligaciones de prevención, protección y judicialización de casos, y a la sociedad civil a articular esfuerzos en la contención y acompañamiento a casos de vulneración de derechos. Fundamedios, punto focal del Comité desde hace más de 10 años, fue el anfitrión del espacio en que tuvo lugar la rueda de prensa.Carlos Martínez de las Serna, director de programas, y Carlos Lauría, consultor senior para latinoamérica del CPJ, junto con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, quienes presentaron el instrumento.
Para Ricaurte, tras más de una década de violencia contra la prensa y permanente estigmatización, el país no había presenciado una crisis de tal magnitud como la que atraviesa en este momento, y que ha puesto en riesgo la seguridad de periodistas y medios de comunicación. Comentó que es el primer informe de un organismo internacional sobre la libertad de prensa en Ecuador, desde el 2018. «Salimos de una década en la cual el acoso judicial del Ejecutivo fue la tónica y llegamos en este momento a una crisis de seguridad que envuelve a todo el país, pero que afecta con especial intensidad al periodismo […]».
Para Carlos Lauría, el informe refleja el claro deterioro de la situación de prensa en el Ecuador, agravado por el contexto de inseguridad, que ha institucionalizado el silenciamiento de ciertas zonas, donde es imposible llevar adelante ningún tipo de cobertura, y el Estado es incapaz de proveer condiciones mínimas de seguridad.
Lauría lamentó, además, otro caso de violencia que ha puesto en vilo la vida de Lissette Ormaza, periodista que tuvo que abandonar su hogar y su lugar de trabajo por amenazas y atentados contra su integridad personal: «Expresamos nuestro total y absoluto respaldo a los periodistas ecuatorianos, especialmente quienes han sido víctimas de ataques y amenazas […]». Finalmente, hizo un llamado enérgico al gobierno del presidente Lasso para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el ejercicio periodístico en condiciones de seguridad, con énfasis en el actual periodo electoral. Así, hizo también un llamado a los dirigentes políticos para que se abstengan de atacar a la prensa durante la campaña electoral, e instó a la comunidad internacional a poner los ojos en el país y proveer de apoyo técnico y financiero.
Por su parte, Carlos Martínez de la Serna señaló que el título del informe, ‘Ecuador en vilo’, define una situación de angustia en la que se encuentra el periodismo: «Este mensaje es menos contundente si el Estado no hace su parte […] Es el gobierno saliente quien tiene que cumplir sus compromisos que ha hecho en varios foros, incluso en reuniones con el CPJ, y debe hacerlo antes de las elecciones […]». Agregó que ahora mismo el Ejecutivo no ha cumplido sus obligaciones, y es ineficiente en temas de garantía y protección de derechos.
Los delegados del CPJ recordaron que el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación es de exclusiva responsabilidad de la Presidencia de la República, y que sólo a través de su emisión, los distintos entes rectores de la política pública y de otras Funciones del Estado podrán garantizar la asignación presupuestaria que la implementación y trabajo continuo del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico requieren. No fue un tema menor la preocupación que las alertas de Fundamedios respecto de candidatos amenazantes y estigmatizadores les generan.
El informe es además explícito en recomendar a otros órganos de gobierno lo siguiente:
- Las autoridades de aplicación de la ley y judiciales de Ecuador deberían garantizar que los ataques y amenazas contra la prensa sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia.
- Las autoridades deberían garantizar el regreso seguro de los periodistas que se vieron obligados a huir debido a amenazas de muerte.
- Las autoridades deberían implementar plenamente el mecanismo de protección existente para garantizar que los periodistas en riesgo puedan continuar informando sin temor a represalias físicas.
Este informe recoge testimonios de primera mano sobre el grave riesgo al que se enfrenta el periodismo, y pone sobre la mesa el cómo el crimen organizado ha visto en el ataque a periodistas un recodo de impunidad.
En su visita, la misión del CPJ cumplió una agenda de reuniones con diferentes organismos y autoridades estatales.