El Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas de Ecuador se reunió el pasado 10 de abril junto a representantes de la sociedad civil. El objetivo fue discutir un borrador de Protocolo de buenas prácticas para coberturas en zonas de riesgo, propuesto por el Ministerio de Gobierno.
La reunión estuvo liderada por Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno; el canciller José Valencia; Edison Toro, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; y Cecilia Chérrez, de la Secretaría de Derechos Humanos. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Mariana Velasco, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) representaron a la sociedad civil.
El documento de 15 hojas contiene tres capítulos esenciales: introducción, objetivos y procedimiento de seguridad en donde se menciona la responsabilidad del periodista y del medio en la preparación de coberturas en zonas de riesgo, en estados de emergencia, en zona de tensión y en casos de epidemia. Sin embargo, no contempla las obligaciones que le competen al Estado como acceso a información, difusión de contenidos de interés nacional y protección hacia la vida, salud, movilidad de los trabajadores de la comunicación.
El Director Ejecutivo de Fundamedios aseguró que el Estado está obligado a proteger la seguridad de los periodistas en contextos como el de la emergencia sanitaria, porque cumplen con la función de informar. Por tanto, el Protocolo debe partir por señalar y reconocer con claridad esas obligaciones estatales por garantizar el marco de derechos tanto en cuánto a los derechos relacionados con la libertad de información y opinión, el acceso a la información y la garantía de la protección al trabajo de los periodistas, en cuanto profesión que cumple una función social prioritaria como es el informar.
En el Protocolo, esas obligaciones estatales no están mencionadas. Por ejemplo, en el documento propuesto por el Gobierno se recomienda que, en caso de pandemia, los reporteros usen fuentes oficiales, “información verificada” e ideas claras para evitar la desinformación; sin embargo, no se plantea una corresponsabilidad del Estado que debería garantizar el acceso oportuno a información oficial verificada y a las fuentes oficiales.
También se dice que, en caso de que un periodista desarrolle síntomas de la COVID-19, busque asistencia médica inmediata. Esta consejo escueto contradice lo que ha ocurrido desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país. Desde entonces, trabajadores de la prensa han tratado de acudir a hospitales, no han sido atendidos y en varios casos murieron. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo el Estado garantiza el acceso a salud a quienes informan?
El apartado que se refiere a estados de excepción es muy ínfimo y tampoco detalla responsabilidades estatales. Además, no deja de llamar la atención que el caso Nos faltan 3 no se tome como un punto de referencia en la seguridad periodística; y se desconoce que el secuestro y asesinato de tres trabajadores de Diario El Comercio en 2018 marcó un punto de inflexión e, incluso, motivó a la creación de este Comité de Protección.
Las observaciones presentadas por la sociedad civil fueron recogidas por los representantes estatales. El viceministro Pazmiño anunció que con la instalación de la primera reunión el Comité quedaba activado. Actualmente, se espera la firma de un acuerdo ministerial para que esta entidad quede formalizada.